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A su llegada a La Paz de la cárcel del Abra en Cochabamba, el general Juan José Zúñiga se presentó a la FELCC para firmar unos papeles que le servirán para pedir posteriormente su detención domiciliaria. Zúñiga señaló que en el país anunciaban movilizaciones de diferentes sectores, en especial de los chóferes por la falta de carburantes, por tal motivo habría surgido la idea de movilizar a los militares para hacer creer que el Gobierno tenía apoyo de las Fuerzas Armadas: días antes del 26 lo citaron a Casa Grande del Pueblo donde le ordenaron por parte del ahora expresidente Luis Arce que mivilice a las tropas y los tanques crédulo fue en busca del entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien le aseguró que debía cumplir la orden del presidente. Tras la movilización de los tanques y la tropa, Zúñiga se habría dado cuenta que esto era una trampa. “Mientras el exministro Eduardo del Castillo golpeaba el tanque donde yo estaba, los funcionarios públicos se movilizaban en nuestra contra, Castillo quería que mis soldados reaccionen y existiera un enfrentamiento. Cuando fui a Casa Grande sabían de este hecho Arce, Marianela Prada, Hugo Moldiz y Novillo yo sólo cumplí órdenes”, relató.

Un juez determinó este miércoles la detención domiciliaria para el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, dentro del proceso investigativo por presuntas irregularidades en el uso de harina subvencionada entregada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La decisión fue asumida tras una extensa audiencia virtual, en la que la autoridad jurisdiccional estableció que existen elementos de convicción suficientes que hacen presumir la probabilidad de autoría del dirigente; sin embargo, se determinó que no corresponde su reclusión en un centro penitenciario. Según la resolución, Ríos deberá cumplir detención domiciliaria sin custodio y sin salida laboral, además de arraigo, que deberá ser certificado ante la Dirección General de Migración, pago de una fianza de Bs 60.000 y presentarse dos veces al mes ante la Fiscalía para su registro biométrico. En el mismo caso, su hijo Ricky R. M. también fue beneficiado con detención domiciliaria, el pago de una fianza de Bs 30.000, arraigo y la obligación de presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público para el registro biométrico. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Como parte de las investigaciones por supuestas irregularidades en torno al Fondo Indígena, este miércoles la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la exdiputada Lidia Patty. Según el Ministerio Público, la exlegisladora recibió una importante suma de dinero en su cuenta personal. “La señora Lidia Patty ha adecuado su conducta a los delitos que han sido denunciados, como conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado”, señaló el fiscal Miguel Cardozo. El funcionario explicó que, durante la intervención a las oficinas del Fondo Indígena en La Paz, se secuestró documentación relacionada con un proyecto para la producción de tomates y hortalizas que debía ejecutarse en ocho comunidades de departamentos no especificados. La iniciativa tenía un costo estimado de más de un millón de bolivianos. Sin embargo, según la documentación secuestrada, Lidia Patty habría recibido una parte significativa de ese monto en su cuenta personal. “Se tiene ya establecido que habría recibido más de 700.000 bolivianos en su cuenta”, detalló el fiscal Miguel Cardozo. No es el único caso: Patty es investigada por varios proyectos que debían ejecutarse entre 2009 y 2011, aunque el número exacto no fue especificado por el Ministerio Público. (VISIÓN 360)

La Fiscalía Departamental de La Paz y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen intervinieron este miércoles las oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), como parte del proceso judicial que se sigue contra la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, por incumplimiento de contratos en ocho proyectos. “Es sobre ocho proyectos en ocho comunidades en los que se ha establecido un daño económico al Estado, se habrían hecho diferentes depósitos en sus cuentas bancarias”, declaró el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo, quien lideró la intervención. Agregó que aún no hay una orden de aprehensión contra la exdiputada y tampoco una citación para que declare. El pasado 20 de noviembre, el Ministerio Público inició una investigación penal contra la exdiputada. Según el requerimiento fiscal del 17 de noviembre, se la investiga por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. La denuncia fue presentada por el propio Fondo Indígena. Aquel 2015  El caso salió a la luz en febrero de 2015, cuando la Contraloría General del Estado detectó 153 obras no ejecutadas, lo que causó un perjuicio de 71 millones de bolivianos al Estado. Entre los acusados figura la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, quien ya fue detenida preventivamente por este caso.   (VISIÓN 360)

El dirigente de la Confederación de Panificadores, Rubén Ríos, espera para este miércoles su audiencia cautelar por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y daño económico al Estado. Tras su salida de celdas de la FELCC para declarar ante la Fiscalía, rechazó que haya conformado un clan familiar para la venta y reventa de harina subvencionada. “Yo no conformé ningún clan familiar, soy inocente”, sostuvo. En días pasados el Ejecutivo denunció que Ríos habría adquirido harina de EMAPA en menos de Bs 100 y lo revendió al mismo Estado en Bs 300. El director departamental de la FELCC, Gabriel Neme, informó que en este caso se continúa en la búsqueda del exgerente de EMAPA, Franklin Flores, en territorio nacional: “Coordinamos con Migración e Interpol para dar con el paradero de este ciudadano”.