Nombre del autor:Redes002

El Ministerio de Transparencia está llevando a cabo una investigación sobre 16 denuncias relacionadas con irregularidades en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran la venta sospechosa de un avión, vuelos vacíos que generaron un costo de 2.500 millones de bolivianos y una programación de vuelos engañosa que ha resultado en constantes retrasos. Intervención del Gobierno El Gobierno nacional ha decidido intervenir las oficinas centrales de BoA, ubicadas en Cochabamba, después de detectar una serie de irregularidades graves que fueron heredadas de la gestión anterior. Esta intervención busca abordar los problemas que han afectado a la aerolínea y a sus usuarios. El Viceministerio de Transparencia ha recibido 16 denuncias formales que apuntan a una administración deficiente. Esta situación ha perjudicado a miles de pasajeros y ha causado un daño económico significativo al Estado. Retrasos y cancelaciones Uno de los hallazgos más graves de la investigación explica la razón detrás de los numerosos retrasos y cancelaciones en los últimos meses. Según el viceministro Yamil García, la anterior gerencia planificó vuelos como si la empresa contara con 13 aviones operativos, cuando en realidad solo tenía 8. Esta discrepancia llevó a la venta de pasajes para aviones que no estaban disponibles, generando un “cuello de botella” que afectó a más de 4.500 pasajeros. Recuperación de aeronaves El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que ya se han recuperado algunas naves y actualmente cuentan con 12 aviones operativos. Esto ha reducido la cifra de pasajeros afectados a 1.500. La meta del Gobierno es llegar a “cero afectados” para el 5 de enero de 2026. Daño económico significativo La investigación ha revelado un presunto daño económico de 2.531 millones de bolivianos entre 2023 y 2025. Este daño se debe a que el anterior directorio autorizó rutas internacionales con una ocupación muy baja. Por ejemplo, en la ruta a La Habana (Cuba), aviones con capacidad para 168 pasajeros volaban con apenas 17 personas. Estos “vuelos fantasma” generaron gastos operativos que no se podían recuperar, afectando gravemente las finanzas de la aerolínea estatal. Venta sospechosa de un avión Transparencia también ha cuestionado la venta de una aeronave que se realizó en diciembre de 2024 por 7,4 millones de dólares. Este precio de venta está muy por debajo de los valores de referencia del mercado. El viceministro García ha señalado lo ilógico de esta decisión: “Uno vende algo cuando ya no es imprescindible”. Sin embargo, BoA vendió ese avión precisamente cuando necesitaba más naves para cumplir con sus horarios, lo que agravó la crisis de servicio. Posible sabotaje interno El Gobierno no descarta que las fallas en la programación de vuelos hayan sido un “sabotaje interno” con el objetivo de desprestigiar a la empresa. Por esta razón, se han anunciado denuncias penales contra los responsables, identificando a los implicados con “nombre y apellido”. Además, se llevarán a cabo auditorías especiales para revisar cada contrato y decisión administrativa. Los hallazgos de estas auditorías serán incorporados a la instancia correspondiente para asegurar que los exejecutivos rindan cuentas. Futuro de BoA A pesar de las denuncias, el ministro Zamora ha asegurado que no hay planes de privatizar BoA. El objetivo de la intervención es limpiar la administración, normalizar los horarios de vuelo y devolver a los ciudadanos una aerolínea confiable. (LA PATRIA)

El subteniente de la Policía, Joaquín Castellón, obtuvo su libertad tras una audiencia cautelar virtual de más de cuatro horas. El oficial era investigado por el presunto delito de homicidio, derivado del uso de su arma de reglamento durante los enfrentamientos registrados el pasado fin de semana en Cotapachi, Cochabamba, donde dos comunarios perdieron la vida en medio de un operativo de desbloqueo. Pese a la gravedad de la acusación, la autoridad jurisdiccional determinó que el uniformado podrá defenderse en libertad bajo el cumplimiento de varias medidas sustitutivas. Entre las restricciones impuestas figuran la prohibición de abandonar el país, el impedimento de acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos y la obligación de presentarse ante el juzgado dos veces por semana para registrar su asistencia. Esta resolución judicial se produce en una jornada de alta tensión social marcada por las advertencias de los cooperativistas mineros de Potosí, quienes amenazan con movilizarse hacia la ciudad de La Paz si el Gobierno no atiende sus demandas sectoriales. Asimismo, el escenario político se ve sacudido por denuncias de corrupción contra exautoridades de comunicación y el distanciamiento público del vicepresidente Edmand Lara frente a la gestión del presidente Rodrigo Paz. (LA PRENSA)

La Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Personal imputó al expresidente Luis Arce por el delito de abandono de mujer embarazada y solicitó que se le imponga arraigo y una fianza de 25 mil bolivianos, dentro del proceso iniciado por la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Brenda Lafuente. La pena de cárcel que enfrenta va de tres meses a tres años. “Dadas las características de la iteración criminal, el Ministerio Público requiere: Prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de comunicarse con personas determinadas, fianza económica de Bs 25.000 y arraigo, prohibición de salir del país”, señala el apartado que detalla las medidas cautelares solicitadas. La orden judicial detalla que “existen suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado, Luis Alberto Arce Catacora, es con probabilidad autor del delito atribuido, dadas las circunstancias, los objetos y elementos de convicción reunidas y por la conducta asumida por el imputado antes, durante y después del hecho”. Además, señala un “riesgo evidente de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad”. Asimismo, se detalla: “Corresponde precisar que el delito inmerso en el Art. 250 del Código Penal, abandono de mujer embarazada, es claro al establecer que: ‘El que fuera del matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de sels (6) meses a tres (3) años’”. El caso En septiembre, Lafuente denunció al exmandatario, cuando todavía era presidente, por abandono de mujer embarazada y por pensiones familiares impagas. Señaló, además, que Arce se negaba a someterse a una prueba de ADN para determinar la paternidad de un menor que habría procreado con la denunciante. La mujer sostiene que la relación sentimental comenzó en 2023 y que, producto de esa relación, procreó un hijo. Denunció que “los dejaron en el total abandono durante todo el embarazo”. A fines de octubre, Lafuente se presentó en la Casa Grande del Pueblo y denunció que Arce se negaba a someterse a una prueba de ADN para verificar su paternidad, “señalando motivos de esterilidad”. El 4 de noviembre, Arce propuso pagar una pensión familiar de 2.635 bolivianos (el 10% de su salario como presidente) para la manutención del hijo de Lafuente. El exmandatario guarda detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro de La Paz, en el marco del caso de desfalco al Fondo Indígena, cuando era ministro de Economía. (VISIÓN 360)

La Fiscalía de Distrito de La Paz ordenó la aprehensión de un sargento y el arresto de otros cinco funcionarios policiales, incluidos altos mandos del penal de Chonchocoro, tras la huida de dos reclusos brasileños vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC). Entre los custodiados por el Ministerio Público se encuentran el director del recinto y el jefe de seguridad, quienes deben prestar declaraciones informativas para esclarecer su grado de responsabilidad en el evento. Las pericias iniciales en el lugar revelaron puertas forzadas y el hallazgo de un arma blanca, indicios que apuntan a una planificación previa del escape ocurrido la madrugada de este miércoles. El fiscal anticorrupción de El Alto, Rodrigo Condarco, confirmó que los internos utilizaron una escalera de madera para escalar el muro perimetral que separa el régimen cerrado del área externa. Ante esta situación, unidades de élite como la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desplegaron operativos de rastrillaje en las ciudades de Viacha, La Paz y El Alto. Las labores de vigilancia se intensificaron especialmente en las rutas que conectan con Desaguadero y otros puntos fronterizos con Perú, con el objetivo de evitar que los prófugos abandonen el territorio nacional. Esta crisis de seguridad penitenciaria coincide con el inicio del plazo oficial para la inscripción de candidaturas de cara a las elecciones subnacionales. Mientras las fuerzas del orden concentran sus esfuerzos en la captura de los extranjeros, la Cámara de Diputados intenta avanzar en la agenda legislativa tras reuniones entre jefes de bancada. La Policía Boliviana mantiene una alerta máxima en las zonas limítrofes, considerando los antecedentes de alta peligrosidad de ambos sujetos y sus posibles conexiones con redes criminales internacionales fuera de las fronteras bolivianas. (LA PRENSA)