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FOTO: CNN Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, ha sido llamado a juicio para responder en un caso que arrancó en el 2018 y en el que se le señala de fraude procesal y soborno a testigos. El llamado lo ha hecho la Fiscalía, institución dirigida por Luz Adriana Camargo desde hace tan solo un mes. Durante el periodo del fiscal anterior, Francisco Barbosa, en el mismo caso la Fiscalía había pedido en dos ocasiones el cierre de la investigación, pero dos jueces de circuito negaron esa petición y mantuvieron el proceso en el limbo. El nuevo llamado de este martes cambia el rumbo para el expresidente, quien ahora tendrá que volver a los tribunales para defenderse de las acusaciones, y no solo para argumentar junto a la Fiscalía que el caso no tiene lugar y debe precluirse. “Importante precisar que esta determinación tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve”, dijo la oficina de prensa de la Fiscalía al compartir la noticia. Monsalve es un exparamilitar quien ya ha declarado contra Diego Cadena, exabogado de Uribe, alegando que el penalista le pidió, a nombre del expresidente, testificar contra el senador de izquierda Iván Cepeda. Deyanira Gómez es expareja de Monsalve, y también ha sido testigo clave en los casos contra Uribe y Cadena. La historia completa lleva ya una década. En 2014 Cepeda, entonces senador de izquierdas, llevó a cabo un debate en el Legislativo en el que señalaba alianzas entre el expresidente Uribe, entonces colega suyo en el Senado, y el paramilitarismo, de acuerdo con varias entrevistas que realizó y decidió publicar. Uribe reaccionó duramente: salió del Capitolio durante el debate para presentar una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema, acusándolo de manipular testigos. Pero, en un giro inesperado de esta trama política y judicial, en 2018 la Corte volteó el caso en contra del expresidente: cerró el proceso contra Cepeda y dijo tener evidencia para abrir uno contra Uribe. Señalaba que el actor que intentaba conseguir falsos testigos era el mismo expresidente. En 2020, cuando la Corte encontró más elementos para detener a Uribe en prisión domiciliaria, este último renunció al puesto que ocupaba como senador. Así, su caso pasaba a la Fiscalía, y la Corte Suprema no seguiría investigándolo. Uribe, se entendió en este momento, esperaba un investigador más favorable. El fiscal general era Francisco Barbosa, uno de los mejores amigos del presidente del momento, el uribista Iván Duque. Y, efectivamente, la Fiscalía pidió en dos ocasiones cerrar el caso (precluirlo), que consta de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Pero cuando esa petición pasó por los despachos de los jueces, los dos consideraron que no había que cerrar el caso porque la Fiscalía no demostraba que hubiera hecho todo a su alcance para aclarar si había suficiente evidencia relevante para llevar al expresidente a juicio. Un mes después del cambio de fiscal, ahora con Luz Adriana Camargo, el juicio finalmente arrancará. Camargo fue ternada por el actual presidente Gustavo Petro, elegida por la Corte Suprema, y es una jurista reconocida por su valiente trayectoria contra la corrupción. Hace casi dos décadas, en la Corte Suprema ella era una de las investigadoras de la parapolítica: casos en los que políticos se aliaron con los ejércitos paramilitares, varios de ellos cercanos al expresidente Uribe y hoy en la cárcel. Años después fue reconocida por su trabajo como investigadora en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), que puso a varios políticos en juicio por corrupción. En los dos casos trabajó junto al hoy ministro de Defensa, el jurista Iván Velásquez. “Estoy francamente sorprendido”, dijo a Caracol Radio el senador Cepeda al escuchar la noticia, diciendo que no esperaba una decisión de la Fiscalía pronto. El expresidente Uribe no se pronunció inmediatamente. Pero sí reaccionaron al instante algunos de los congresistas uribistas. “No le encuentro explicación lógica ni jurídica [a la decisión de la Fiscalía]. Convirtieron este proceso de jurídico a político”, dijo a la revista Semana el representante uribista Hernán Cadavid, en defensa del jefe de su partido, Centro Democrático, argumentando que no había consistencia en que la Fiscalía pidiera antes la preclusión y ahora el juicio. Por el momento no hay claridad sobre la estrategia jurídica que seguirá Uribe ni fechas para las audiencias de un juicio que promete concentrar la atención del país sudamericano. (EL PAÍS)