La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un informe preliminar luego de su visita a Bolivia realizada del 1 al 9 de diciembre del 2024. Según estimaciones, los incendios afectaron más de 10 millones de hectáreas. En este informe previo, el Relator Especial Javier Palummo, quien encabezó la delegación que visitó el país, expresa su preocupación por la magnitud y las múltiples causantes de los incendios que este año, manifestado que la deforestación sin precedentes está “impulsada por un marco normativo que facilita el desmonte y la quema de bosques, (un paquete de normas) conocidas como ‘leyes incendiarias», a la par de una gran demanda de la expansión de la frontera agrícola por parte del agronegocio y la ganadería”. La visita de la comisión buscaba identificar y analizar el impacto ambiental, social, cultural y económico que tuvieron los incendios, particularmente en las zonas más afectadas del país. Para ello, visitaron las ciudades de La Paz, Santa Cruz y San Ignacio de Velasco. Además, sostuvieron reuniones con múltiples autoridades, entre ellas el vicepresidente del Estado, el ministro de Medio Ambiente y Agua, el gobernador de Santa Cruz, entre otros. Las conclusiones del informe preliminar mencionan que, además del costo ambiental generado por la quema de más de 10 millones de hectáreas, los efectos del desastre incluyen el desplazamiento de poblaciones locales y el cambio en los modos de vida de los desplazados. Entre estos cambios se incluyen los impactos negativos en la educación de los niños y en la salud mental de las personas afectadas, que tuvieron que evacuar y dejar atrás sus hogares. Al analizar las causas, la oficina de la CIDH destaca que “la expansión de la frontera agrícola, impulsada por la demanda de tierras para monocultivos como la soja y la ganadería extensiva, ha sido un factor clave en la propagación de los incendios forestales en Bolivia”. A estos hechos se suman los chaqueos, las sequías prolongadas y la demora en la adopción de medidas ante un desastre natural. Durante los incendios, el presidente Arce declaró una situación de emergencia nacional, que permita el uso de fondos de emergencia y la recepción de ayuda internacional. No obstante, la Redesca resalta la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos niveles gubernamentales. Existen criterios diferentes para la toma de decisiones y adopción de medidas, debido a un marco jurídico que ocasiona que la implementación de políticas a nivel nacional dependa de las declaraciones de emergencia departamentales, mientras que estas a su vez dependen de las declaraciones municipales, ocasionando demoras importantes en la respuesta que se brinda a los desastres. Destacan también las reuniones que tuvieron los representantes de la CIDH con el sector indígena. En ellas, no se contó con la presencia de funcionarios públicos y tampoco se permitió grabar audio o video para así mantener el anonimato de los afectados, cuyos testimonios y declaraciones quedaron en la confidencialidad. De cara al informe final de la comisión, que aún no se ha publicado, las comunidades afectadas piden la abrogación del paquete de leyes incendiarias, el fortalecimiento de las leyes que protegen a poblaciones vulnerables y al medio ambiente. CIDH OBSERVA INCUMPLIMIENTO DE PAUSA AMBIENTAL El pasado 11 de septiembre, mediante el decreto supremo 5225, se declaró una Pausa Ambiental en el territorio nacional. La misma prohíbe que se emitan permisos para las quemas controladas por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. Sin embargo, la comisión de la CIDH señaló que durante su visita pudieron evidenciar que aún se realizan chaqueos en el país, destacando la insuficiencia de los mecanismos de control y monitoreo. (El País – Tarija)
