Los más de 250 migrantes venezolanos deportados de forma irregular a El Salvador desde Estados Unidos bajo el argumento de pertenecer a la organización criminal del Tren de Aragua se han vuelto una suerte de moneda de cambio para el Gobierno de Nayib Bukele. El presidente salvadoreño propuso el domingo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, un intercambio de “presos políticos”, esto es, los que permanecen en la megacárcel creada en 2023 y conocida oficialmente como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a cambio de presos que se encuentran en Venezuela, entre ellos muchos cercanos a la oposición. Caracas ha rechazado este lunes la propuesta calificándola de “cínica”. En un comunicado publicado por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el ministerio público ha solicitado la “inmediata liberación” de los migrantes que El Salvador mantiene detenidos. Saab ha asegurado que el Cecot es “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana (…) a quienes, como experto en traficar con seres humanos, [Bukele] utiliza para recibir a cambio sumas millonarias de dinero”. Por recibir a los deportados por el Gobierno estadounidense, El Salvador recibe una compensación de seis millones de dólares (algo más de cinco millones de euros). Saab, que no hizo referencia alguna al estatus legal, las circunstancias en las que se encuentran encarcelados ni al paradero de algunos de los presos políticos venezolanos, asegura que le comunicó su preocupación por la situación de los migrantes a Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien a su vez en repetidas ocasiones ha hecho peticiones a Caracas para que libere a los presos políticos detenidos arbitrariamente. “A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito”, afirmó el presidente de El Salvador en su mensaje del domingo. A su vez, Bukele solicitó a su homólogo venezolano “la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos”, entre los cuales, aseguró, se encuentran Rafael Tudares, yerno del candidato opositor Edmundo González y a quien las autoridades venezolanas acusan de estar vinculado con redes de narcotráfico; el periodista y dirigente del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, y la abogada Rocío San Miguel, acusada de participar de un intento de magnicidio en contra de Maduro. El número de presos políticos en Venezuela se multiplicó por cuatro después de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, en las que la oposición asegura que venció y que el triunfo de Maduro no es más que una victoria fraudulenta. Entre agosto y septiembre del año pasado, Venezuela llegó a tener 1.500 presos políticos. Hacia el mes de diciembre, las autoridades chavistas comenzaron a revisar casos judiciales y se produjo una excarcelación de varias decenas de personas. Por su parte, los familiares de los ciudadanos venezolanos detenidos en el Cecot apenas han tenido noticias de ellos desde su deportación por parte del Gobierno estadounidense. Varios de los migrantes les avisaron antes de subir al avión de que serían expulsados a Venezuela, tras lo cual aparecieron en El Salvador. Familiares de los deportados han rechazado las acusaciones que vinculan a los migrantes deportados con El Tren de Aragua ―una organización criminal nacida en Venezuela con presencia en varios países de la región― y el palacio de Miraflores ha organizado actos públicos y manifestaciones para exigir su liberación. La deportación de ciudadanos venezolanos al Cecot de El Salvador desde Estados Unidos ha producido reacciones encontradas entre muchas figuras públicas de Venezuela. Los sectores de la oposición más críticos con María Corina Machado -que siga siendo la líder con más fuerza entre los críticos del chavismo- le recriminan su postura neutral en este tema, calificándola de subordinada a Donald Trump. Machado ha respondido que hace todas las gestiones posibles para salvar el destino de los prisioneros inocentes, pero ha dicho que no es un tema que se deba dirimir públicamente para que el esfuerzo pueda tener eficacia. El presidente Bukele ha sido uno de los más férreos aliados del presidente Donald Trump en la región. El 14 de abril, visitó a su homólogo en la Casa Blanca, donde reafirmó su compromiso de recibir en El Salvador más migrantes deportados y rechazó la posibilidad de devolver a Estados Unidos a Kilmar Armando Abrego García, un trabajador de la construcción salvadoreño que llevaba 14 años en el país y que fue deportado por error a su país de origen. “¿Cómo voy a meter de contrabando a un terrorista en Estados Unidos? Por supuesto, no voy a hacerlo”, manifestó Bukele en el Despacho Oval, pese a que las autoridades judiciales no han dado por probados los presuntos vínculos de Abrego con la Mara Salvatrucha, una de las pandillas a las que Bukele ha declarado la guerra. Diversas organizaciones han denunciado las repetidas violaciones de los derechos humanos que se producen en las cárceles salvadoreñas desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Cristosal, la principal organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador, ha documentado la muerte de decenas de presos por torturas, golpes o asfixia mecánica por estrangulación. En el Cecot―prisión que han visitado la secretaria de Seguridad de Trump, Kristi Noem, y la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich― cientos de personas permanecen detenidas por una cuestión tan difusa como la “asociación ilícita” o por el hecho de tener tatuajes. (EL PAÍS)
