Una delegación de ciudadanos argentinos, aproximadamente 11 personas, no pudo salir del aeropuerto de El Alto y fue devuelta a Viru Viru para retornar a su país. Según un comunicado de la Cancillería del Estado boliviano, los visitantes no habrían cumplido con los requisitos de permanencia en territorio nacional.
Después de que las autoridades bolivianas denegaran el ingreso de los activistas argentinos, la Cancillería de la República Argentina no emitió un reclamo; por el contrario, consideró que la decisión del Estado boliviano se tomó en el marco de su soberanía.
En la Asamblea Legislativa, la senadora Ana María Crispín sostuvo que la delegación debía verificar la vulneración de derechos humanos de los bloqueadores. Por su parte, la diputada Patricia Patiño (PDC) informó que los ciudadanos argentinos tenían que hacer un seguimiento a las donaciones enviadas por el vecino país.
Diputados del PDC y Libre, como Catherine Pinto y José Luis Porcel, lamentaron la injerencia política que pretendían ejercer en Bolivia. Señalaron que estos ciudadanos, supuestamente defensores de derechos humanos, desconocen que en el país los bolivianos son víctimas y rehenes de los bloqueadores.
Rossío Vía-RTP
