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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el aumento del ingreso mínimo prometido a los trabajadores hace unas semanas. El monto sumará 240 dólares para los salarios y 70 dólares para las pensiones. Rodríguez no especificó, sin embargo, qué parte de los aumentos son bonificaciones de alimentación y otras que ha implementado el Gobierno. Lo previsible es que este incremento del ingreso mínimo tenga un impacto en la base salarial de los venezolanos, cuyo mínimo está congelado en 130 bolívares, el equivalente a 0,27 centavos de dólar. Hace cuatro años ese salario suponía una ganancia de 30 dólares, pero la hiperinflación ha acabado reduciéndolo a monedas. Tras cuatro años sin aumentos, la mandataria había dicho que se haría un “aumento responsable”. “No habíamos podido tener un aumento de este nivel”, dijo Rodríguez. El ajuste es significativo para la precariedad que hay, pero sigue quedando por debajo del costo de la canasta básica familiar, que ronda los 700 dólares. Este jueves los sindicatos intentaron por segunda vez llegar a Miraflores para reclamar un salario justo y exigir elecciones. La movilización fue bloqueada desde el comienzo. Los pocos manifestantes que lograron concentrarse fueron cercados en todos los flancos por cordones policiales que superaban en número a los manifestantes. El Gobierno también convocó a una manifestación para la que cerró por completo un sentido de la principal autopista de Caracas para ponerle en broche final a una serie de movilizaciones por el país en las que han pedido el fin de todas las sanciones contra Venezuela. Desde una tarima colocada sobre la vía, Rodríguez hizo el anuncio y también se refirió a la protesta. “A quienes protestaron hoy, tienen razón. Tenemos que lograr que el salario vuelva a tener poder adquisitivo”, dijo Rodríguez y pidió a las inspectorías laborales escuchar las demandas de los trabajadores sobre las condiciones laborales. También prometió trabajar en una nueva convención colectiva “para el crecimiento económico en beneficio de los trabajadores”. “Es la hora de pensar qué vamos a hacer en el futuro, en el 2030, 2040 y 2050. He llamado a esta etapa el renacer de Venezuela; vamos a dejar atrás la década perdida producto de las sanciones”. La composición del aumento no es un asunto menor y aún hay dudas sobre el impacto del anuncio. Los funcionarios públicos son un buen ejemplo de la ingeniería salarial en Venezuela, construida por el chavismo. Aunque todos ellos cobran el salario mínimo de 130 bolívares, cuentan con dos bonificaciones: 40 dólares para alimentación y 150 dólares del llamado “bono de guerra”. Eso sumaba un ingreso de 190 dólares que son distribuidos a través del Sistema Patria, la plataforma digital con la que el chavismo sustituyó el pago de la nómina. Las transferencias son electrónicas, en bolívares calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela, aunque la economía se rige por el mercado paralelo. A partir de esta base, el incremento anunciado representaría 50 dólares adicionales para estos casos. El esquema de remuneraciones a través de bonos que hace el Gobierno desde hace años es totalmente opaco. No todos reciben los mismos ingresos, ni se saben cuáles son los criterios para asignarlos. Este nuevo anuncio también está lleno de dudas. La mandataria no especificó en cuánto quedaría el salario mínimo como indicador base de la economía, pero señaló que también sería aplicado al sector privado. Sobre las pensiones, Rodríguez dijo que el aumento de 70 dólares, que asegura representa un incremento del 40%, sigue siendo insuficiente: “No es suficiente, nos falta mucho y por eso pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos y abuelas”. En el anuncio fue acompañado por el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, quien informó que se suscribió un acuerdo en la mesa para los consensos laborales y sociales con la firma tanto de sindicatos bolivarianos como de sindicatos de la oposición y representantes del sector empleador. (EL PAÍS)

El Congreso de Brasil aprobó este jueves una reducción de las penas por golpismo impuestas al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) y a cientos de sus seguidores, en un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro. A cinco meses de las elecciones que deben enfrentar al actual mandatario y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, los legisladores abrieron las puertas a una rebaja para el líder ultraderechista condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema el año pasado. La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto. Durante el debate, el senador derechista Sérgio Moro afirmó que el veto del mandatario era «cruel» y que la reducción era una «cuestión de justicia», al considerar que el Supremo impuso condenas «absurdas» a personas «simples». Del otro lado, Gleisi Hoffmann, diputada del Partido de los Trabajadores y persona de confianza de Lula, afirmó que la medida «atentaba» contra la Constitución y la democracia, «minimizaba» la intentona golpista y permitía que esto sucediera nuevamente en un futuro. Intento de golpe De acuerdo con la sentencia del Supremo, Bolsonaro lideró un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, para tratar de mantenerse en el poder. Ese intento culminó el 8 de enero de 2023 en el ataque a las sedes del Congreso, el Supremo y la Presidencia en Brasilia por parte de miles de seguidores del expresidente, muchos de los cuales también fueron condenados. Tras la sentencia, Bolsonaro cumplió unos 120 días de reclusión, pero desde el pasado 27 de marzo el juez le autorizó a pasar al régimen de prisión domiciliaria de forma temporal, mientras se trata de sus problemas de salud. Es el segundo golpe político que el Congreso propina al Gobierno esta semana, después de que la víspera los senadores rechazaran al candidato de Lula al Supremo, la primera vez en más de un siglo que el nombramiento presidencial de un magistrado no es aprobado. La debilidad del Gobierno progresista en un Parlamento dominado por la derecha se ha agravado recientemente, ante la proximidad de una campaña intensa y de resultado incierto, con dos candidatos que las últimas encuestas sitúan en empate técnico. (EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que no van a “proteger a nadie” pero que “tiene que haber pruebas”, al referirse a la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. “Solo si existen pruebas contundentes se va a proceder contra” Rubén Rocha Moya, dijo la mandataria. El gobernador de Sinaloa fue acusado este miércoles de cargos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armas, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. en un comunicado. Tanto Rocha como los otros mencionados en el documento negaron las acusaciones. “Si no existen pruebas contundentes, es evidente que el objetivo es político”, aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, en la que resaltó reiteradamente el lema “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”. “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”. Según el DOJ, el gobernador y los otros mencionados en la acusación presuntamente conspiraron con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos. Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos, a los que calificó como un ataque contra su persona y contra la “cuarta transformación”, el movimiento que abandera el partido oficialista Morena. La presidenta de México explicó que la Fiscalía General de la República procederá a analizar la documentación recibida desde EE.UU. Para “establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud” de extradición de Rocha y otros funcionarios señalados en la acusación. “Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional”, dijo Sheinbaum. “México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”, insistió. “Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”. Consultada por la publicación en X del embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, Sheinbaum dijo que no ha tenido comunicación con él y consideró que sus declaraciones son desafortunadas. “Un embajador no puede tener una actitud injerencista”, dijo la mandataria. Johnson señaló en un comunicado difundido en redes sociales que la corrupción facilita las actividades criminales y debe ser combatida. “Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, dijo el diplomático. Las acusaciones llegan en un momento de tensión entre México y EE.UU., acrecentada tras la muerte de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua. Sobre este punto, Sheinbaum destacó que ese caso “todavía no se aclaró”. La acusación de EE.UU. La acusación de EE.UU. dice que Los Chapitos, una fracción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán —condenado a cadena perpetua en Estados Unidos—, apoyaron a Rocha Moya desde que fue candidato a gobernador y que Rocha presuntamente acudió a reuniones con líderes de ese grupo delictivo y prometió apoyarlos. “Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de Los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con Los Chapitos en la administración de Rocha Moya han protegido a Los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas”, detalla el documento. (CNN)

Una jueza del Distrito de Columbia dictaminó este jueves prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado. Allen compareció en una audiencia de unos 15 minutos en la que aceptó la medida cautelar que había pedido la fiscalía en su contra, por lo que permanecerá en prisión. La renuncia de Allen a disputar la decisión supone un giro con respecto al escrito judicial que presentó su equipo legal el miércoles para impugnar la prisión preventiva sin fianza, solicitada como medida cautelar por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro. Allen, que se personó en la corte vistiendo un mono naranja, enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede acarrearle la cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y uso de armas. No obstante, la propia Pirro aseguró hoy en una entrevista con la cadena Fox News que se planean presentar «muchos más cargos» contra él una vez entre en escena el gran jurado, el grupo de ciudadanos que debe determinar si la fiscalía cuenta o no con causa probable para acusar formalmente a Allen de uno o varios delitos federales graves. El acusado intentó irrumpir armado el pasado sábado en el salón del hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con presencia de Trump, la primera dama, Melania; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno, además de unos 2.000 invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios. El relato de la Fiscalia Según el relato de la fiscalía, pasadas las 20.30 horas, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad y se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta. Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala. El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre los asistentes. El acusado dejó programados varios correos electrónicos antes del ataque en los que pedía disculpas a familiares y amigos, y detallaba que su objetivo eran los miembros de la Administración de Trump y el propio presidente, a quien llamó «pedófilo, violador y traidor». De acuerdo a documentos judiciales, Allen planificó el ataque durante semanas y cruzó el país en tren, desde California hasta Washington, para poder viajar armado -portaba una escopeta, una pistola, cuchillos y dagas-sin pasar por controles de seguridad de los aeropuertos. Además, reservó dos noches en el hotel donde se celebraba la gala para poder entrar en las instalaciones como huésped, sin ser invitado a la cena. (EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II de la NASA, a los que felicitó por el éxito de la primera misión que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo y los humanos que han viajado más lejos de la Tierra. «Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared (Isaacman, el administrador de la NASA), quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección», declaró Trump junto a los astronautas desde el Despacho Oval. Los cuatro tripulantes de Artemis II son Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). El presidente recalcó las habilidades mentales y físicas que deben tener los astronautas para llevar a cabo una misión como esa y bromeó con que él mismo podría participar en un futuro. «Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?», ironizó. Artemis II culminó el paso 10 de abril con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972. Esta busca dar un impulso a las próximas misiones del Programa Artemis que persigue alunizar dos veces en 2028, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna. La tripulación superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra. (EFE)

Estados Unidos dio este miércoles un golpe contundente a las relaciones bilaterales con México al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narcotráfico. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señala en su escrito, hecho público por el Departamento de Justicia, a un grupo de funcionarios del Estado por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Entre los acusados también está el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de seguridad y de la policía en el Estado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha respondido que Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de los acusados, pero ha señalado que Estados Unidos no ha enviado “elementos de prueba” en su petición para determinar su culpabilidad. Rocha ha defendido su inocencia y asegura que la acusación es un ataque a la Cuarta Transformación. Los cargos contra Rocha que han dado a conocer este miércoles Clayton y el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer estas armas. Los delitos tienen una pena mínima de 40 años y la fiscalía podría llegar a pedir la cadena perpetua. El senador Inzunza, también exsecretario general de Sinaloa, enfrenta los mismos cargos y penas. La SRE ha asegurado en un escrito que este martes ha recibido las solicitudes de detención con fines de extradición para varias personas por parte del Gobierno de Estados Unidos a través de la Embajada. Sin embargo, ha apuntado que los documentos de Washington no cuentan con elementos que prueben la responsabilidad en los delitos de las personas respecto de las cuales se pide su captura. La solicitud será revisada por la Fiscalía General de la República para dilucidar si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano. Rocha, por su lado, ha insistido en su rechazo a las acusaciones y asegura que violan la soberanía de México. “Carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, ha subrayado en su perfil de X. Inzunza también ha defendido su inocencia en sus redes sociales. “Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes”, ha expresado. En la lista de funcionarios sinaloenses, todos acusados con los mismos delitos y con la posibilidad de enfrentar esas mismas condenas, están también el exsecretario de Administración y Finanzas del Estado, Enrique Díaz Vega; el fiscal adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Saavedra; los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la policía del Estado, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante de alto rango de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Milán. Este último está señalado por las autoridades de Estados Unidos de participar en el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar de la misma. Las autoridades de Estados Unidos señalan que el Cartel de Sinaloa se ha aliado con los políticos y funcionarios “corruptos”, quienes han “vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos” que llegaron a los millones de dólares. También acusan a los agentes de policía mexicanos de participar en la violencia y en las represalias del grupo criminal con secuestros y asesinatos, así como de proteger cargamentos de droga y de permitir que los narcotraficantes cometieran actos de violencia “brutales” a sus anchas y sin consecuencias. Las fuerzas de seguridad recibían órdenes de políticos o fiscales, quienes protegían a los líderes del Cartel de Sinaloa de ser investigados, arrestados o enjuiciados. También los acusan de darles información clave a los cabecillas del Ejército y las fuerzas de seguridad para facilitarles las operaciones. Terrace Cole, el alfil de Donald Trump en su cruzada contra los carteles de la droga, ha señalado que Rocha fue elegido gobernador de Sinaloa en 2021 con ayuda de Los Chapitos, la facción de los descendientes de Joaquín El Chapo Guzmán, le ayudaron “secuestrando e intimidando a sus rivales”. A cambio, Rocha se reunió con ellos y les prometió protección. Según la investigación de la DEA, el fiscal Zaavedra recibía 11.000 dólares al mes por informar a los miembros del grupo criminal de las operaciones policiales que se planeaban con ayuda de Estados Unidos. Por su lado, el comandante de la policía municipal de la capital del Estado, Juan Valenzuela Milán, cobraba 1.600 dólares al mes por dar acceso ilimitado a sus agentes y que el grupo los usara para “mantener el orden en Culiacán” con arrestos, secuestros y asesinatos. La acusación formal llega menos de un año después de que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, decidiera declararse culpable tras pasar dos años en la prisión de Illinois. El pequeño de los Guzmán fue el primero de la familia en pactar con el Gobierno estadounidense a cambio de información, y le siguió de cerca su hermano mayor, Joaquín Guzmán López, también miembro de Los Chapitos. Un mes después, el líder de la facción rival del grupo, Ismael El Mayo Zambada, también aceptó declararse culpable para eludir la pena de muerte. “La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”, confesó en el tribunal. Cole ha señalado en el comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos que el Cartel de Sinaloa, en una guerra interna encarnizada entre las facciones del Chapo y de su antiguo socio, ha recordado que el grupo es una organización terrorista que se alimenta de la corrupción y el soborno del Estado. “Los acusados ​​presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para