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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el jueves un nuevo estado de excepción por 60 días para combatir el crimen organizado, medida que afecta a nueve de las 24 provincias del país, incluidas Quito y Guayaquil, las principales ciudades, así como a cuatro municipios de otras tres provincias. Durante la vigencia del estado de excepción quedarán suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin autorización judicial previa e interceptar comunicaciones. Las Fuerzas Armadas también se desplegarán para realizar operativos contra organizaciones criminales, en coordinación con la Policía. El decreto fue emitido en vísperas del inicio de los tres días festivos por Semana Santa, en momentos en que millones de ecuatorianos se movilizan por el país. Las provincias bajo la medida se concentran principalmente en la costa, donde operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, que utilizan Ecuador como ruta para enviar cocaína —producida principalmente en Colombia— hacia Europa y Estados Unidos. Entre las jurisdicciones incluidas figuran Esmeraldas y El Oro, fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente, así como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha (donde se ubica Quito) y Sucumbíos, provincia amazónica donde recientemente se desarrollaron operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para destruir campamentos de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC. Desde 2024, con la declaración de “guerra” al crimen organizado, Noboa decretó varios estados de excepción de diferente alcance, llegando en algunos casos a cubrir todo el territorio nacional. El objetivo es frenar la crisis de violencia criminal, aunque Ecuador continúa encabezando las estadísticas de homicidios en Latinoamérica, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025. El toque de queda anterior, impuesto desde el 15 de marzo en cuatro provincias de Ecuador para enfrentar la delincuencia, concluyó la madrugada del lunes pasado, dejando más de un millar de detenidos. La medida, que abarcó Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, finalizó a las 05:00 hora local tras dos semanas de restricciones nocturnas. Según el Ministerio del Interior, hasta el 29 de marzo se registraron 1.283 detenidos, en su mayoría por violar el toque de queda. El Ministerio de Defensa reportó la captura de 806 personas y la destrucción de 47 objetivos militares, como caletas de armamento, centros de mando de grupos armados y pistas clandestinas. Durante la vigencia del toque de queda, las autoridades incautaron 651 armas blancas y de fuego, 5.069 municiones, 5.401 explosivos, más de 25.000 dólares en efectivo, y destruyeron cinco pistas clandestinas y 256 bocaminas en zonas de minería ilegal. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que se alcanzaron los resultados esperados y que las operaciones de control continuarán en todo el país. “Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”, declaró en la radio Forever. Reimberg subrayó que en 2025 lograron capturar “a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos”. Ecuador ratificó el acuerdo con la UE para intercambiar datos con Europol En materia de seguridad internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó el pasado 27 de marzo un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para el intercambio de datos, en respuesta al avance del crimen organizado y al creciente papel del país como punto estratégico en las rutas del narcotráfico hacia el viejo continente. La decisión se formalizó mediante un decreto presidencial, tras el proceso institucional que contó con el aval de la Corte Constitucional, la cual determinó el 29 de enero que el acuerdo no requería aprobación legislativa previa. Esto permitió al Ejecutivo proceder con la ratificación directa del instrumento, firmado originalmente en septiembre de 2025. El acuerdo establece un marco de cooperación entre Ecuador y Europol, la agencia europea de coordinación de inteligencia criminal, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, incluidos datos personales, para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo. (INFOBAE)

El Gobierno de Javier Milei declaró este jueves persona non grata al encargado de negocios de Irán en Buenos Aires y lo conminó a dejar el país. La tensión diplomática entre Argentina e Irán escala a medida que Milei exacerba su alineamiento con Estados Unidos e Israel, en pleno conflicto bélico en Oriente Medio. La Casa Rosada había declarado como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní el martes y, en las últimas horas, Teherán había condenado “enérgicamente la acción ilegal e infundada del Gobierno argentino”. La expulsión del máximo representante diplomático iraní en el país sudamericano es el nuevo peldaño de la escalada. “La República Argentina ha declarado persona non grata al señor Mohsen Soltani Tehrani, consejero y encargado de negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”, indicó en un comunicado oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. La medida fue adoptada como respuesta al pronunciamiento previo de la Cancillería iraní que, según el Ejecutivo argentino, contenía acusaciones “falsas, ofensivas e improcedentes”. El Gobierno de Milei indicó que la controversia “se suma a la persistente negativa” de Irán “a cooperar con la justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”. Por el ataque a la mutual judía en Buenos Aires, en 1994, los tribunales locales acusan a altos funcionarios iraníes. Según el comunicado oficial, “Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”. El Gobierno de Benjamin Netanyahu celebró la expulsión del representante diplomático de Irán. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, estimó este jueves que la medida es “valiente e inspiradora” y elogió a su incondicional aliado: “Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es un modelo en la defensa de los valores de la libertad y la lucha contra el terrorismo”. El enfrentamiento entre Argentina e Irán, enmarcado en el seguidismo de la política exterior de Milei a las definiciones de Donald Trump en Estados Unidos, ya tuvo varios capítulos desde la asunción del presidente ultra, a fines de 2023. El inmediatamente anterior fue en enero último, cuando el Ejecutivo argentino señaló como entidad terrorista a la Fuerza Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Ya entonces, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Ismail Baghaei, había tachado a la decisión como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”. Este miércoles, después de que Argentina incluyera también a la Guardia Revolucionaria entre las organizaciones terroristas, la cartera de Exteriores de Irán condenó la decisión y advirtió que dañaría las relaciones bilaterales. Milei se ha definido como “el presidente más sionista del mundo” y, sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha declarado: “Vamos a ganar”, “somos enemigos de Irán”. Dirigentes de distintos sectores de la oposición a la ultraderecha en Argentina han alertado sobre los riesgos que supone para el país la postura del mandatario, en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Los cuestionamientos a esa alianza geopolítica sin matices han sido formulados incluso por sectores que apoyan numerosas medidas de Milei, como el PRO, el partido liderado por el expresidente Mauricio Macri. En el último informe de la Fundacion Pensar, el secretario de Relaciones Internacionales del partido, Fulvio Pompeo, compartió el posicionamiento contra “el régimen dictatorial de Irán”, pero destacó: “Hay una gran diferencia entre tener una posición clara respecto al conflicto y querer participar activamente en él sin agregar capacidad real de influencia sobre el resultado de la guerra, y poniendo a nuestro país como un blanco de ataque”. (EL PAÍS)

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha destituido este jueves a la fiscal general, Pam Bondi, debido a su frustración con el liderazgo de la abogada, incluyendo lo que él percibe como una falta de agresividad a la hora de perseguir a sus enemigos, así como por su gestión de los archivos del caso Epstein, informan distintas fuentes. Bondi, que según el presidente pasará a ocupar un nuevo puesto, “sumamente necesario e importante”, en el sector privado, será sustituida interinamente por el fiscal general adjunto, Todd Blanche. Trump había conversado en los últimos días con sus colaboradores sobre la posibilidad de destituir a Bondi, y el miércoles habló personalmente con ella acerca de tal eventualidad. En dicha conversación —que una fuente describió como “dura”—, Trump indicó a la abogada que no le quedaba mucho tiempo en el cargo y que la reemplazaría próximamente. Asimismo, las mismas fuentes informaron de que se le comunicó que, más adelante, se le asignaría un puesto diferente pero en la órbita de la administración de justicia. Según dos de estas fuentes, durante la conversación Trump planteó la posibilidad de nombrarla jueza. Si bien Todd Blanche, que dirigió la defensa de Trump en dos juicios, entre ellos el del pago de dinero negro a una actriz porno, asume por ahora la dirección del departamento, varias fuentes han revelado que Trump está considerando nombrar al administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas), Lee Zeldin, aunque hay otros candidatos bajo consideración. La posibilidad de reemplazar a Bondi por Zeldin surgió por primera vez en enero, pero luego se evaporó a medida que la cobertura mediática sobre el caso Epstein perdía relieve en las noticias, para alivio de la Casa Blanca. Sin embargo, el lunes comenzó a circular nuevamente en el Ala Oeste el rumor de que Trump deseaba sustituir a Bondi por Zeldin, muy criticado por secundar el negacionismo climático del republicano. En los últimos días, Bondi había preguntado en privado a sus colaboradores si veían su puesto en peligro —según revelaron fuentes a la CNN—, lo que sugería que no tenía claro su futuro. Bondi estuvo presente durante el discurso a la nación que Trump pronunció en la noche del miércoles sobre la guerra de Irán, al igual que horas antes, por la mañana, en la audiencia del Tribunal Supremo sobre la revocación del derecho de ciudadanía por nacimiento, a la que asistió Trump. Su cese es el segundo en un mes en la cúpula de la Administración republicana tras el de la secretaria de Seguridad Nacional y responsable de la política migratoria, Kristi Noem, el pasado 5 de marzo. Trump se ha mostrado frustrado con Bondi en múltiples frentes, según diversas fuentes. En particular, está molesto por la gestión que hizo de los expedientes del caso Epstein y también ha manifestado su enfado por lo que considera falta de celo a la hora de investigar y procesar a sus adversarios políticos. Leal colaboradora del republicano, Bondi no obstante trastocó la cultura de independencia del Departamento de Justicia respecto a la Casa Blanca, supervisó despidos masivos de funcionarios de carrera y actuó con agresividad —no suficiente, al parecer— para perseguir a los adversarios de su jefe. Bondi, ex fiscal general de Florida, asumió el cargo el año pasado prometiendo que no haría política al frente del Departamento de Justicia; sin embargo, rápidamente ordenó investigaciones contra los adversarios de Trump, desatando una ola de indignación ante la sospecha de que la agencia encargada de hacer cumplir la ley estaba siendo utilizada como herramienta de venganza para promover la agenda política y personal del presidente. Contradicciones sobre el ‘caso Epstein’ Algunos miembros del círculo íntimo de Trump llevaban tiempo molestos por la gestión que Bondi hizo de los expedientes de Epstein, al considerar que sus declaraciones sobre el asunto contribuyeron a alimentar la impresión de que la Administración estaba reteniendo indebidamente material, ocultándolo a la opinión pública. El delicado caso convirtió a Bondi en blanco de la ira de los más conservadores, a pesar de su estrecha relación con Trump. A muchos les frustró, en particular, que en una entrevista concedida a Fox News en febrero de 2025 afirmara que tenía una lista de clientes de Epstein sobre su escritorio, “lista para ser revisada”, y que posteriormente el departamento asegurara que tal lista no existía. Consciente de la contradicción, Bondi aclaró que se refería a toda la documentación relacionada con la investigación del caso —como los registros de vuelos— y no a una lista de clientes específica. Pese a que la mayoría de los medios de comunicación daban por hecha la inminente caída en desgracia de la fiscal general, al ser preguntado el miércoles acerca del posible cese por The New York Times, Trump dijo: “La fiscal general Pam Bondi es una persona maravillosa y está realizando un buen trabajo”. Con respecto a la persecución de adversarios políticos, los críticos denuncian que el republicano ha desdeñado normas vigentes desde hace décadas, diseñadas para blindar a las fuerzas del orden federales frente a las presiones, y en su caso injerencias, políticas. Cuando hizo campaña para la reelección, prometió represalias contra quienes le habían sentado en el banquillo, en referencia a los tres juicios que afrontó —y perdió— en el interregno entre su primer mandato en la Casa Blanca y su reelección en noviembre de 2024: por abuso sexual a una columnista, por pago de dinero negro a una actriz porno y por inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades. Fue declarado culpable en todos ellos, pero su reelección dejó en suspenso la condena por el caso Stormy Daniels. Ya de vuelta en la Casa Blanca, el republicano ha continuado señalando públicamente a quienes percibe como sus adversarios y ha presionado al Departamento de Justicia que dirigía Bondi para que presente cargos contra ellos: mostrar poco celo en la ofensiva ha sido, según las fuentes, un pecado mortal que Trump no ha perdonado a Bondi. Desde que asumió la presidencia por segunda vez en enero de 2025, los fiscales federales han puesto en la mira al exdirector del FBI James Comey,