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Una comisión interinstitucional intervino las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que se ejecuta el proceso en cumplimiento al DS 5699 para examinar la cadena de comercialización y proponer soluciones estructurales inmediatas. «Hemos sido sorprendidos de que una competencia de la ANH habría sido transferida a YPFB. Hablamos de que toda la cadena de comercialización de los combustibles debería haber estado a cargo del ente regulador, sin embargo en la gestión del señor Arce Catacora se hizo una modificación para que YPFB sea quien importe y sea el mismo quien distribuya», expresó la autoridad a RTP. Calificó como inadmisible que la ANH, que absorbe millones de bolivianos del presupuesto general, maneje la trazabilidad de los combustibles mediante herramientas rudimentarias como tablas de Excel. Acotó que la intervención alcanzará a la estructura financiera de la estatal. Dijo que se fiscalizará el incremento del gasto corriente y las planillas de personal durante los últimos años para transparentar el destino de los recursos públicos. Asimismo, anunció que se someterán a revisión proyectos de inversión cuestionados. Citó como ejemplo la Planta de Biodiésel 1, con una inversión cercana a los 400.000 dólares y cuyos resultados operativos siguen bajo observación. El Gobierno dispuso la intervención estatal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por un periodo de hasta 180 días, ante deficiencias, riesgos y vulnerabilidades identificados en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas. La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria está integrada por los ministros o representantes de Hidrocarburos; Producción; Obras Públicas; y por el Viceministro de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia. La medida está establecida en el Decreto Supremo 5699, aprobado el 2 de septiembre, que crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de la ANH para dirigir, supervisar, evaluar y coordinar las acciones durante el periodo de intervención. El plazo podrá ser ampliado una sola vez hasta por 90 días mediante resolución ministerial del Ministro de Hidrocarburos, cuando persistan las causas que motivaron la intervención. También podrá concluir anticipadamente si esas condiciones son superadas. RTP-ERBOL

La intervención anunciada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no solucionará la escasez de combustibles ni la falta de dólares para importarlos, afirmó el analista económico Omar Velasco. Afirmó que urge una reestructuración profunda de toda la política hidrocarburífera y alerta sobre señales contradictorias del Gobierno. “El Gobierno tiene el control total del aparato estatal y, por tanto, de YPFB. No necesita una intervención para identificar o corregir problemas internos. Hay incapacidad administrativa”, expresó el experto a RTP Informa. Recordó que las irregularidades se concentran en la logística y que bastaría con actuar solo sobre esa unidad de YPFB y no sobre toda la corporación. «Esto genera la pregunta de fondo, ¿realmente controla el Gobierno la principal empresa del Estado o existen entes que operan al margen?». Acotó que las denuncias de desvíos y corrupción se arrastran desde gestiones anteriores y que la llegada de Rodrigo Paz no resolvió la crisis ni eliminó los focos de irregularidades. Velasco observa un doble discurso gubernamental. Criticó que mientras el Ministro de Hidrocarburos plantea privatizar la comercialización para concentrar a YPFB en exploración y refinación, el Primer Mandatario contradice esa línea al prometer a los municipios la devolución del 12% del IDH, lo que recortará los fondos destinados a la búsqueda de hidrocarburos. Aseveró que se requiere una nueva política integral hidrocarburífera que esté acompañada de ajustes macroeconómicos para generar recursos y estabilicen el tipo de cambio. De lo contrario, afirmó, las subidas del dólar seguirán alimentando más subvención y nuevos incrementos en el precio del diésel y la gasolina. MRCM-RTP

La empresa de telecomunicaciones aportó al Estado boliviano la suma de Bs 437,7 millones durante la gestión 2025. Los ingresos fiscales son fundamentales para la inversión pública en escuelas, hospitales, carreteras, seguridad y otros. El Presupuesto General del Estado (PGE) es el mapa de ruta para la inversión pública en el país durante cada gestión. El mismo se nutre con financiamiento de todo el sector formal: público, privado, además de préstamos internacionales. Así mismo, sectores como salud, educación, infraestructura y conectividad, servicios básicos y producción, y las distintas entidades autónomas, se ven beneficiados por esta distribución. Cada año, los Grandes Contribuyentes realizan un aporte significativo al Estado boliviano a través de sus impuestos. De esta manera la empresa de telecomunicaciones Tigo, se encuentra dentro de los 10 mayores tributarios, con un aporte de Bs 437,7 millones, según el Ranking de los 100 mayores contribuyentes de Bolivia 2025 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), consolidando así su compromiso con el desarrollo del país. María Claudia Nürnberg, Gerente de Comunicación Institucional y ESG de Tigo, comentó que la empresa entrega al fisco, impuestos como el IVA, IT, IUE, ICE, IEHD, ayudando estos recursos a fortalecer las capacidades del Estado, para la ejecución de obras y programas que impactan en la calidad de vida de millones de personas. También indicó que estos compromisos y logros tributarios se alinean con la visión de Gobernanza, Social y Ambiental que buscan generar desarrollo con responsabilidad. “Cuando una empresa cumple sus obligaciones tributarias, está ayudando a pavimentar una carretera, a equipar un hospital, a garantizar que una escuela tenga las mejores condiciones. Es algo que a veces no se ve o no se toma en cuenta, pero todos estamos contribuyendo para estos fines, desde la persona que compra un Paquetigo de datos hasta el que adquiere un Plan Hogar de Tv Cable, Internet y Megas ilimitado”, dijo Nürnberg. Por otra parte, además de cumplir con los impuestos, Tigo lleva adelante diversos programas de desarrollo social, que benefician a la población en otras áreas. Algunos son; Maestros Conectados que capacita a profesores de escuelas públicas y privadas en herramientas de educación virtual; Conéctate Seguro@, que son talleres interactivos enfocados en concientizar a niños, niñas, adolescentes, padres y educadores sobre el uso responsable del Internet. Conectadas, un programa especializado en capacitar a mujeres emprendedoras en el uso de herramientas tecnológicas básicas y digitales; además de realizar campañas de reciclaje y desecho seguro de routers, cables y dispositivos obsoletos y de incentivar la eficiencia de recursos con la reducción del consumo de agua, energía eléctrica y combustible en sus oficinas y radiobases. TIGO

El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, ante las deficiencias en sus operaciones y con el objetivo de fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes. La medida está establecida en el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, que además crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria encargada del seguimiento de la gestión de la petrolera estatal durante la vigencia de la intervención. El plazo podrá ser ampliado excepcionalmente una sola vez hasta por 90 días, mediante resolución ministerial del Ministro de Hidrocarburos, siempre que persistan las causas que motivaron la intervención. También podrá concluir antes de los 180 días si son superadas las condiciones que dieron lugar a su establecimiento. El decreto señala como fundamento de la intervención las “deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes” que generan riesgos para el interés público y la seguridad energética. La intervención, según la norma, no implica la supresión de YPFB ni la modificación de su naturaleza jurídica o de su estructura institucional. Comisión con ministerios La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB estará integrada por los ministros o representantes de los ministerios de Economía; Producción; Hidrocarburos; Obras Públicas; y por el Viceministro de Transparencia. La comisión debe priorizar sus tareas en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de combustibles. Entre sus objetivos estará recomendar auditorías técnicas a la cadena logística de importación y distribución para identificar redes de contrabando, desvío, acopio y otras irregularidades, además de individualizar las responsabilidades del personal involucrado. También podrá recomendar la incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de auxilio, así como solicitar apoyo de entidades estatales de control y fiscalización. La comisión podrá revisar los procesos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles, así como formular recomendaciones para corregir deficiencias administrativas, técnicas, financieras, operativas y logísticas. Asimismo, podrá evaluar decisiones y operaciones que hayan podido afectar el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética o los recursos del Estado, además de revisar el cumplimiento de las funciones de autoridades, ejecutivos, administrativos y personal técnico u operativo de YPFB. Entre sus atribuciones también figura la posibilidad de recomendar la remoción de personal. El decreto establece que el presidente y el personal administrativo, técnico y operativo de YPFB estarán obligados a entregar la información requerida por la comisión en los plazos y condiciones que esta determine. El incumplimiento podrá generar responsabilidades administrativas y/o penales. Auditorías y posibles responsabilidades La comisión podrá recomendar auditorías técnico-legales, financieras, administrativas, operativas y logísticas. Si los resultados evidencian posibles responsabilidades, deberá elaborar un informe que identifique los hechos, las personas involucradas, la documentación de respaldo y las acciones recomendadas. Los resultados serán remitidos, cuando corresponda, a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y otras autoridades competentes. El decreto establece finalmente que la intervención no demandará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, debido a la política de austeridad, y que cualquier gasto será cubierto con los presupuestos institucionales de las entidades que integran la comisión. ERBOL