La comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) pide a la Fiscalía que los abusos cometidos por el exsacerdote uruguayo Juan José Sant’Anna Trindade en el internado “Monseñor Ángel Gelmi”, de Tapacarí, Cochabamba, sean recalificados de abuso deshonesto a violación a niño, niña o adolescente, con todos sus agravantes. La solicitud llega cuando el excura, acusado de agredir a más de 30 menores, se encuentra preso en Uruguay y a la espera de su extradición a Bolivia. De acuerdo con fuentes consultadas por Urgente.bo, la extradición ya tiene fecha y “en menos de 15 días, Sant’Anna arribaría a Bolivia”. Sin embargo, se reveló que su defensa pretende alegar problemas psiquiátricos para retrasar el proceso. El Ministerio Público y la Cancillería boliviana gestionan los trámites con el gobierno uruguayo, en coordinación con la Interpol. “Pedimos que en la primera audiencia el Fiscal y la Defensoría de Tapacarí amplíen la acusación y adecuen el tipo penal a la gravedad real de los hechos: violación Infante Niño, Niña y Adolescente, con agravantes por ser el autor encargado de la educación o custodia de la víctima, por estar ésta en relación de dependencia con el perpetrador, por grave trauma psicológico y por debilitación permanente de la salud”, explicó Edwin Alvarado, secretario de Relaciones Internacionales de la CBS. Los testimonios, revisados por peritos y psicólogos, muestran patrones claros de violación serial hacia las víctimas. “No revelaremos detalles para evitar revictimización; pero los relatos son consistentes, coincidentes y demoledores”, añadió Alvarado. La CBS sostiene que la primera acusación fiscal, hecha hace más de 15 años, mal tipificó los hechos como abuso deshonesto, figura que entonces se usaba porque la ley boliviana no contemplaba aún el delito de abuso sexual a menores. Wilder Flores, representante de la organización, dijo que el fiscal y los querellantes tienen la atribución de ampliar la acusación durante el juicio, y en un caso de abuso eclesial sistemático como éste, es indispensable hacerlo. Sant’Anna llegó a Bolivia en 2005, cuando tenía 36 años, y fue ordenado sacerdote en una diócesis de Tapacarí. Poco después asumió funciones en el internado Ángel Gelmi, donde convivían más de un centenar de niños y adolescentes. Las investigaciones establecen que entre 2006 y 2007 abusó de estudiantes de entre 6 y 18 año. Según el expediente de extradición, el cura llevaba a los niños a su habitación con engaños, cerraba la puerta y los agredía sexualmente. Se conoce que ingresaba de noche a los dormitorios y escogía a uno o dos jóvenes para llevárselos, siempre cuidando de trancar la puerta. El exsacerdote fue declarado rebelde el 23 de febrero de 2011, lo que interrumpió la prescripción del caso. Por esa razón, la justicia boliviana considera que los delitos no han prescrito y pueden ser juzgados. “Con la acusación inicial, el imputado solo podría recibir hasta seis años de prisión. Con la recalificación y sus agravantes, la pena llega a 30 años sin derecho a indulto. No es solo una diferencia jurídica: es una cuestión de justicia para las víctimas y de precedente normativo para Bolivia”, subrayó Pedro Lima, vocero de la CBS. Desde Tapacarí, el presidente de Control Social, Alberto Andrade, exigió la máxima pena para Sant’Anna y pidió celeridad en el proceso de extradición. “Rechazamos todo acto de abuso sexual, así como cualquier forma de encubrimiento y silencio cómplice. En representación de las organizaciones sociales del municipio, reafirmamos nuestro compromiso de lucha contra todo tipo de violencia sexual en contra de nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas vulnerables”, manifestó. OPINIÓN
