El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que no deporte a un grupo de alrededor de 50 inmigrantes venezolanos que se hallan en el centro de detención Bluebonnet de Texas. Las autoridades planeaban trasladarlos a El Salvador utilizando una ley de 1798 prevista para tiempos de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros, para encarcelarlos en la prisión de alta seguridad de Nayib Bukele. Con su decisión, publicada en la madrugada de este sábado, se abre un periodo de espera hasta que un tribunal inferior, el correspondiente al Quinto Circuito o distrito judicial de Estados Unidos, se pronuncie. “Se ha presentado ante el Tribunal una solicitud en nombre de un grupo putativo de detenidos que solicitan una orden judicial contra su expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. El asunto se encuentra actualmente pendiente ante el Quinto Circuito. Una vez que el Quinto Circuito se pronuncie, se invita a la fiscal general a presentar una respuesta a la solicitud ante este Tribunal lo antes posible. Se ordena al Gobierno que no expulse de los Estados Unidos a ningún miembro del grupo putativo de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal”, dice la decisión del Supremo. La resolución del tribunal señala que han votado en contra de la orden los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, de ideología extremadamente conservadora. Alito publicará un voto particular explicando las razones de su desacuerdo. Los otros siete magistrados, cuatro conservadores y tres progresistas, han apoyado la decisión. El revés del Supremo se produce en un momento de creciente resistencia ante la deriva autoritaria de Trump. Los jueces federales han sido, desde el principio de su segundo mandato, uno de los obstáculos a su agenda radical. Las presiones y amenazas del presidente buscan someter a universidades, firmas de abogados, empleados federales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Muchos han elegido llegar a un acuerdo para evitar las represalias, pero un creciente número de instituciones se niega a doblegarse a los caprichos y exigencias del presidente. El caso más simbólico es el de la Universidad de Harvard. Tras recibir el pasado viernes una carta con todo tipo de exigencias sobre admisión, contrataciones, programa de estudio y otras materias que ponían en cuestión de arriba a abajo el modelo de la institución, Harvard decidió plantarse ante Trump. El presidente amenaza con represalias de todo tipo: cortar la financiación, eliminar su régimen fiscal privilegiado y hasta impedir la matriculación de estudiantes extranjeros. Aun así, la universidad está dispuesta a luchar y en Yale y el MIT, otras dos de las universidades más prestigiosas, ya hay también llamamientos a resistirse a Trump. El presidente ha tomado represalias también contra las firmas de abogados que trabajaron en casos contra Trump y sus aliados, prohibiéndoles arbitrariamente por decreto acceder a los edificios federales y aplicándoles otras restricciones. La mayoría de las represaliadas han accedido a gravosas concesiones para salvar su negocio, pero recientemente el bufete Perkins Coie decidió luchar en los tribunales contra las represalias y más de 500 despachos han firmado una declaración en su apoyo, señalando las amenazas al Estado de derecho. La mayor agencia de noticias de Estados Unidos, Associated Press, también ha llevado a la Administración a los tribunales por castigarla por seguir llamando golfo de México al golfo de México, y no golfo de América como quería el presidente. Ha obtenido un triunfo provisional para recobrar el acceso perdido, pero el Gobierno de Trump ha maniobrado para no cumplir la resolución judicial, excluyendo a todas las agencias de noticias del cuerpo de periodistas con acceso más directo al presidente. La movilización también ha crecido en la calle. El senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez han emprendido la gira Combatir la oligarquía que ha atraído multitudes. Organizaciones ciudadanas de todo tipo también están saliendo a la calle con manifestaciones por todo el país. Tras el éxito de convocatoria de hace dos semanas bajo el lema ¡Manos fuera!, este sábado vuelve a haber protestas en los 50 Estados en llamado Día de acción contra las políticas y los abusos del Gobierno de Trump. Deportaciones En el caso de los inmigrantes, Trump está usando una ley aprobada para tiempos de guerra para expulsar inmigrantes por la vía rápida. Los acusa de pertenecer a bandas armadas, pero sin probarlo en un procedimiento judicial ni ofrecer garantías a los detenidos. La Administración deportó por error a un inmigrante salvadoreño que estaba legalmente en Estados Unidos, pero en lugar de intentar que lo devuelvan, se ha dedicado a denigrarle insistentemente. Dos jueces federales se negaron a intervenir el viernes cuando los abogados de los inmigrantes venezolanos iniciaron una desesperada campaña legal para impedir su deportación en el asunto en que ha actuado ahora el Supremo. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos aún no se ha pronunciado al respecto. Uno de los jueces, James Boasberg, que se ha significado frente a los abusos de poder de Trump, dijo que el caso planteaba preocupaciones legítimas, pero que no podía pronunciarse al respecto después de que el Supremo dictaminase recientemente que las órdenes contra la deportación solo podían provenir de titulares de las jurisdicciones donde se encontraban los inmigrantes. La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha invocado tres veces anteriormente en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la II Guerra Mundial para recluir a civiles japoneses-estadounidenses en campos de internamiento. La Administración de Trump argumentó que les daba poder para expulsar rápidamente a los inmigrantes que identificaran como miembros de la banda, independientemente de su estatus migratorio. En una decisión reciente, un Tribunal Supremo dividido permitió a Trump, con cinco votos a favor y cuatro en contra, seguir utilizando la ley, pero sin pronunciarse sobre el fondo. Aquella resolución sí señalaba que los inmigrantes deben tener la oportunidad de impugnar su deportación antes de ser expulsados del país y que deben contar con un “tiempo razonable” para acudir a los tribunales. La resolución de la mayoría señalaba que “a pesar de toda la retórica de las [juezas] disidentes”, lo importante es que
