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La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) exige al Gobierno que emita de manera inmediata el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo y cumpla con el Decreto Supremo 3920, para garantizar condiciones de mercado estables para los productores. En conferencia de prensa, el presidente de Anapo, Fernando Romero, reclamó que “hasta la fecha, el Ministerio de Desarrollo Productivo no emitió el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo, para liberar la exportación de grano de soya en un equivalente al 60% de la producción de 2024”, como lo establece el Decreto Supremo (DS) 3920 de 2019, promulgado en un acuerdo con este sector productivo. “La exportación directa del grano de soya es una necesidad para los pequeños productores y una garantía de estabilidad para el sector. El Gobierno debe cumplir su rol facilitador y evitar trabas burocráticas que afectan a miles de familias productoras”, demandó Romero. En representación de los aproximadamente 14.000 productores de soya, Romero expresó su preocupación ante la falta de la autorización para exportar grano de soya este año. “Esta situación genera incertidumbre en miles de agricultores y pone en riesgo la sostenibilidad del sector”, aseveró a su vez Hugo Flores Porco, presidente de la filial de productores de San Julián. El DS 3920 de 2019 dispone que la exportación de soya está permitida una vez que quede garantizado el abastecimiento del mercado interno. Esto fue validado por los agricultores; sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural no ha emitido el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo, lo que impide la venta del excedente a mercados internacionales. El sector soyero respalda su demanda con cuatro puntos clave: 1.         El abastecimiento interno está garantizado. A pesar de las dificultades climáticas que se atravesó en las campañas de verano de 2023-2024 y de invierno de 2024, se produjo más de dos millones de toneladas de soya. La demanda local es de casi 800 mil toneladas; por ello, hay suficiente producción para el mercado interno y un excedente listo para la exportación. 2.         Los productores necesitan recibir un precio justo. La falta de autorización para exportar soya afecta los precios en el mercado interno y perjudica sobre todo a los pequeños y medianos productores, quienes enfrentan costos de producción en constante aumento. Sin acceso a mercados externos, muchos corren el riesgo de no cubrir sus costos, lo cual puede afectar a las futuras siembras, incluyendo las del invierno (trigo, sorgo, girasol, maíz y otros). 3.         El sector requiere estabilidad para continuar su recuperación. En 2024, la sequía provocó pérdidas grandes en la producción de soya. Aun así, los agricultores apostaron por seguir produciendo, y proyectaron la cosecha de 2,5 millones de toneladas en la campaña de verano 2024-2025. Pero, para que la recuperación sea sostenible, necesitan reglas claras y previsibles. 4.         La exportación impulsa el empleo y el crecimiento económico. La industria oleaginosa es clave para la generación de divisas y empleo en Bolivia. Las exportaciones de soya no solo benefician a los agricultores, sino a toda la cadena agroindustrial. Con ello, contribuyen al desarrollo del país. El presidente de la filial Norte de Anapo, Juan Pablo Espinoza, lamentó: “cada día de demora perjudica económicamente a los pequeños productores, que hemos luchado contra condiciones muy duras el año pasado, debido a la sequía, la falta de dólares y la escasez de diésel”. Anapo espera que esta solicitud sea atendida a la brevedad posible para evitar mayores perjuicios a los agricultores y a la economía nacional. “El sector soyero es un pilar fundamental de la economía nacional. Los productores queremos seguir trabajando, generando empleo y aportando al país, pero necesitamos certidumbre para hacerlo”, enfatizó su presidente. RTP