El Ministerio Público investigará las denuncias sobre “torturas, vejámenes y tratos inhumanos” que sufrió el fallecido director del Fondo Indígena (Fondioc) Marco Aramayo durante los siete años que estuvo preso bajo cargos de corrupción que derivaron en unos 256 procesos judiciales en todo el territorio nacional.
“La familia interpuso esta denuncia que ha sido admitida y se encuentra como un caso abierto. Esperemos que se empiece a investigar quien ha sido el perpetrador de esa estrategia jurídica, sino de esa estrategia tan inhumana a la que se ha sometido Marco Aramayo durante todo ese tiempo”, informó ayer el abogado Héctor Castellón, quien patrocinó al exdirector del Fondioc y que ahora representa a su familia.
El exfuncionario falleció en prisión en abril de 2022. Sufrió, especialmente, cuando era trasladado a las audiencias convocadas en distintos puntos del país. En muchas ocasiones viajó maniatado y fue obligado a pagar el refrigerio de sus custodios, según testimonios que él mismo entregó a organismos de derechos humanos.
“Tendrá que ser Régimen Penitenciario que informe, en primera instancia, quiénes estaban a cargo de su custodia durante los últimos siete últimos años y se informe por parte de las autoridades jurisdiccionales de todo el país cuál ha sido el movimiento en cuanto a las solicitudes de salidas medidas, por ejemplo, durante los viajes en los que Marco estuvo maniatado”, señaló Castellón a los periodistas.
Aramayo fue a prisión preventiva tras denunciar el desfalco millonario que sufrió el Fondioc. El caso apuntó a autoridades del gobierno de Evo Morales y dirigentes de las organizaciones sociales que son parte del Movimiento Al Socialismo (MAS). De hecho, la exministra Nemesia Achacollo estuvo en prisión por este caso.
El hombre, que murió en prisión a los 54 años, dejó los testimonios de las agresiones y torturas a las que fue sometido. Desde violencia psicológica hasta sexual. Incluso sobrevivió a un intento de homicidio. El Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) acopió las evidencias.
“Esperemos que también se identifiquen delitos como obstrucción a la justicia en el sentido de que se ha generado una cacería inhumana con cientos de procesos para esconder las implicaciones de lo que fue el desfalco al Fondo Indígena”, dijo Castellón.
EL DEBER
