28 de abril de 2026

La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, destituyó a todos los integrantes de la Junta Nacional de Ciencias de Estados Unidos, conocida oficialmente como National Science Board, un organismo independiente creado hace más de siete décadas para supervisar y asesorar políticas científicas y tecnológicas del país. La información fue confirmada por dos integrantes removidos del organismo en declaraciones difundidas por la agencia Reuters. Según explicaron, los 22 miembros actuales recibieron el pasado viernes un correo electrónico notificando que quedaban fuera del consejo “con efecto inmediato”, sin que se les informara una razón específica para la decisión. La National Science Board fue creada en 1950 como un órgano independiente encargado de orientar la gobernanza de la National Science Foundation (NSF) y asesorar tanto al presidente estadounidense como al Congreso en asuntos relacionados con ciencia, tecnología e ingeniería. El organismo estaba conformado por más de 20 especialistas designados para periodos de seis años. Entre sus integrantes había representación de: La función principal de la junta consistía en emitir recomendaciones sobre investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico en Estados Unidos. Qué dijeron los miembros despedidos por el Gobierno de Trump Una de las integrantes removidas, Yolanda Gil, investigadora del Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California, confirmó que todos los miembros fueron destituidos simultáneamente. Otro de los miembros separados del cargo, Keivan Stassun, académico de la Universidad de Vanderbilt, afirmó que el movimiento no le sorprendió debido a otras decisiones tomadas recientemente por la administración Trump respecto a organismos federales y científicos. “Al ver acciones similares de la Administración en todo el Gobierno federal y especialmente respecto a la investigación científica, parecía solo cuestión de tiempo”, señaló Stassun. El académico también confirmó que el correo enviado el viernes no incluía explicación alguna sobre la decisión. Expertos hablan de presión sobre instituciones independientes Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, distintos especialistas y analistas políticos han advertido sobre presiones crecientes hacia organismos independientes dentro del Gobierno federal. Expertos citados por medios estadounidenses consideran que la actual administración busca reorganizar instituciones mediante: La salida completa de la Junta Nacional de Ciencias ocurre en medio de debates sobre autonomía institucional, investigación científica y control político en agencias federales. Qué respondió la Casa Blanca tras la destitución de la Junta Nacional de Ciencias Luego de que se conociera la destitución masiva, la National Science Foundation remitió preguntas directamente a la Casa Blanca. Un funcionario del Gobierno estadounidense declaró que las atribuciones otorgadas a la junta cuando fue creada por el Congreso podrían requerir actualizaciones. La administración también aseguró que el trabajo de la National Science Foundation continuará operando sin interrupciones pese a la salida de todos los integrantes del consejo asesor. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha detallado si habrá nuevos nombramientos inmediatos ni cuándo se integrará una nueva junta. La remoción total de la National Science Board ha generado preocupación entre sectores académicos y científicos debido al papel estratégico que desempeña el organismo dentro del sistema de investigación de EEUU. El consejo participaba en discusiones relacionadas con: La decisión también ocurre en un contexto donde Estados Unidos mantiene competencia tecnológica global con países como China en áreas vinculadas con inteligencia artificial, semiconductores, energía y desarrollo científico. Aunque la administración de Donald Trump sostiene que la operación de la National Science Foundation seguirá funcionando normalmente, la destitución de los 22 integrantes de la Junta Nacional de Ciencias ya abrió un nuevo debate en EEUU sobre independencia institucional, ciencia y control político dentro del Gobierno federal. AGENCIAS

El Gobierno australiano anunció este martes un nuevo plan para obligar a gigantes tecnológicos como Google, Meta o TikTok a pagar por contenidos informativos, mediante un gravamen del 2,25 % sobre sus ingresos locales si no alcanzan acuerdos con medios de comunicación. La medida, anunciada hoy por el Ejecutivo de Anthony Albanese, forma parte del borrador legislativo del denominado Incentivo de Negociación con los Medios de Noticias (NBI, por sus siglas en inglés), abierto a consulta pública hasta el 18 de mayo, y busca reemplazar el actual sistema de negociación con plataformas digitales, considerado insuficiente por el Gobierno. Según el esquema propuesto, las grandes plataformas podrán evitar el impuesto si firman acuerdos comerciales con editores de noticias, con incentivos adicionales para pactos con medios más pequeños. El Gobierno espera que el modelo genere hasta 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) anuales para el sector periodístico. El plan responde a la creciente distribución de noticias a través de redes sociales y motores de búsqueda, donde, según el Ejecutivo, las plataformas se benefician del contenido periodístico sin compensar adecuadamente a sus creadores. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendió en una rueda de prensa que “es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al trabajo del periodismo”. El nuevo modelo se aplicaría a empresas con ingresos anuales superiores a 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) y una amplia base de usuarios en el país, lo que actualmente incluye a las principales tecnológicas globales. En caso de que las plataformas opten por no firmar acuerdos, los fondos recaudados mediante el gravamen serían redistribuidos entre los medios, en función de criterios como el empleo de periodistas. El Gobierno sostiene que la iniciativa es clave para garantizar la viabilidad del periodismo y preservar un ecosistema informativo diverso, considerado esencial para el funcionamiento democrático del país. VISIÓN 360