El Concejo Municipal de La Paz aprobó este miércoles 10 de julio una ley para recuperar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio paceño. La norma establece que el Órgano Ejecutivo Municipal realice gestiones para que el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Samapa) retome el control en la provisión de esos servicios básicos.
“Que sea el Gobierno Municipal que administre el tema del saneamiento de agua que hace 11 años ha sido arrebatado”, expresó el concejal Óscar Sogliano. En abril de 2013, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) intervino la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), y fijó seis meses para conformar una empresa metropolitana; sin embargo, aquello no ocurrió.
Asimismo, el legislador edil enfatizó que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” dispone que es competencia de los gobiernos autónomos municipales “proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en el nivel central del Estado”.
CORRUPCIÓN EN EPSAS
En abril pasado, luego de conocerse dos casos que provocarían un cuantioso daño económico y podrían derivar en la quiebra técnica de la Empresta Pública Social de Aqua y Saneamiento S.A. (EPSAS), la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Sulay Mamani, solicitó un informe al ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Alan Lisperguer, para que detalle el historial de irregularidades que se han detectado desde 2013 y el estado del proceso de intervención de esta empresa.
Asimismo, en agosto del año pasado, trabajadores desvinculados de Epsas denunciaron irregularidades y corrupción que se da en la firma, desde antes de la gestión de Bladimir Iraizos.
En visita a EL DIARIO, los extrabajadores de Epsas con documentos, videos y audios en mano, advirtieron que en la firma continúan las irregularidades que se daban en la gestión de Bladimir Iraizos, extremos que van en desmedro de todos los usuarios.
“Recientemente, fuimos despedidos por oponernos a instructivos que exigían modificar los criterios de evaluación de un proyecto para la gerencia técnica, por un monto de 19 millones de bolivianos. El interventor, Jaime Gutiérrez es soberbio, abusivo y anda convocando a todas las empresas contratistas para revisar sus contratos, todo esto en coordinación con el Gerente Administrativo Financiero (GAF) y un asesor que argumenta que fue enviado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), para controlar las actividades del nuevo interventor”, lamentó uno de los obreros.
(RTP, El Diario y Visión 360)
