En una conferencia de prensa conjunta, el Gerente General de la Gestora Pública, Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, junto al Procurador General del Estado, Hugo César León La Faye, y el Subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Marcelo Longaric Saucedo, informaron sobre el laudo arbitral favorable obtenido dentro del proceso legal seguido contra la empresa panameña Sysde Internacional Inc. La resolución judicial obliga a la firma extranjera al pago de 3,9 millones de dólares por concepto de resarcimiento económico.
Al respecto, el Procurador General del Estado destacó la trascendencia del dictamen para el país: “La Procuraduría General del Estado junto a la Gestora Pública ha obtenido un laudo arbitral favorable que representa un resarcimiento superior a $us 3.9 millones en beneficio del Estado. Este resultado surge de un proceso arbitral iniciado por la Gestora en contra de la empresa Sysde Internacional Inc.”, afirmó la autoridad.
El fallo, emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, surge a raíz del incumplimiento de contrato por parte de la empresa proveedora, la cual debía entregar un software especializado para la migración de datos hacia el Sistema Integral de Pensiones de la Gestora.
Origen del conflicto y acciones legales
Durante la conferencia de prensa, el gerente general de la Gestora Pública, Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, detalló de manera cronológica los antecedentes que motivaron la demanda internacional: “El momento en el cual se hace la transición entre las AFP a la Gestora, producto de la constitución de la nueva Ley 065, el 2017 se inicia el contrato para la implementación de un sistema para la migración de la información. Desafortunadamente, después de dos años, no se logra la implementación de este sistema. Es así que el 2019 se rescinde el contrato a la empresa Sysde. En esos dos años se evidenció el incumplimiento de entregables, es por ello que el 2021 la Gestora inicia el proceso de arbitraje para solicitar un resarcimiento por el tiempo perdido y por los gastos erogados para la implementación de este sistema”, explicó de forma detallada.
Fernández complementó la información puntualizando el desglose financiero del fallo alcanzado en favor de la institución: “La Gestora recupera parte del monto invertido en este contrato, por la falta de entregables, impuestos y multas por incumplimiento que suman 3,9 millones de dólares”.
Asimismo, se subrayó que el proceso fue litigado en su totalidad por profesionales y abogados nacionales de la PGE y el equipo técnico-jurídico de la Gestora Pública, sin la necesidad de efectuar contrataciones de consorcios externos o extranjeros, demostrando la alta capacidad y soberanía jurídica de las instituciones del Estado.
Estrategia de recuperación de los recursos
Respecto a la efectivización de la deuda, se aclaró que, si bien no existe una fecha límite estricta, el retraso genera intereses económicos de forma continua. Ante este escenario, el Subprocurador Roger Longaric Saucedo explicó que la ejecución del laudo arbitral vinculante será efectuada internacionalmente en los próximos meses, aplicando metodologías especializadas y estrategias legales orientadas a identificar y congelar el patrimonio de la empresa proveedora a nivel internacional. Este procedimiento busca garantizar la compensación total de los recursos financieros del Estado boliviano, resguardando los detalles específicos bajo estricta reserva por estrategia procesal.
Con esta acción coordinada, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y la Procuraduría General del Estado reafirman su compromiso inquebrantable de trabajar en la defensa, protección y precautela de los intereses legítimos de todo el pueblo boliviano.
