Vocero presidencial advierte que las movilizaciones dejaron de ser sectoriales y asumieron un “carácter político”

El gobierno denunció este martes que los pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz “están fuera de la Constitución” y aseguró que las movilizaciones y bloqueos instalados en distintos puntos del país dejaron de tener únicamente demandas sectoriales para asumir un carácter político. El vocero presidencial José Luis Gálvez cuestionó que varios sectores movilizados no presenten reivindicaciones concretas y concentren sus exigencias en la salida del mandatario. “La gran mayoría de ellos no tiene una solicitud específica a ser atendida. Les preguntamos cuál es su demanda, cuál es el problema que debemos resolver y se limitan a plantear cosas que la Constitución no permite y el voto define”, afirmó. Gálvez sostuvo que las protestas sobrepasaron el ámbito sectorial y se trasladaron a una disputa política. “En el fondo, creemos que ya pasaron el límite de lo estrictamente sectorial y demandas que pueden ser legítimas en un sector y que deberían trabajarse para resolver, a un ámbito estrictamente político”, señaló. Asimismo, remarcó que el Gobierno no modificará el rumbo definido en las urnas.  “Nada va a cambiar la decisión tomada por el pueblo boliviano de cambiar de rumbo y adoptar un sistema plenamente democrático”, sostuvo Consultado sobre una posible intervención policial para desbloquear carreteras, el vocero aseguró que el Ejecutivo priorizará el diálogo, aunque reconoció que se evalúan distintas medidas en el marco de la Constitución. “Nosotros tenemos las puertas abiertas del diálogo y somos conscientes de las herramientas que brinda la Constitución para resguardar el quehacer de los bolivianos”, manifestó. El vocero también indicó que el país atraviesa el cierre de un ciclo político y que algunos dirigentes mantienen prácticas de confrontación. “Estamos terminando un ciclo de una manera de gobernar y es lógico que hayan dirigentes sindicales que en esa lógica creen que esta es la manera de atender los problemas. Hay que entenderlos, pero exigirles que respeten la voluntad popular”, declaró. También alertó sobre los efectos de los bloqueos en el abastecimiento de alimentos y medicamentos. “Lo que está sucediendo con los bloqueos es que están perjudicando a los bolivianos. Vimos que no están pasando los medicamentos. Hay lugares donde no están pasando los alimentos y todos lo estamos sufriendo”, cuestionó. Además pidió a los movilizados permitir el paso de ambulancias y productos esenciales.  “Tienen que dar paso a las ambulancias y a los alimentos. Lo que están haciendo no está en el marco de la legalidad ni de la sensatez para el bien de todos los bolivianos”, enfatizó. Sin embargo, los sectores movilizados ratificaron sus medidas de presión y endurecieron sus demandas. El ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” de La Paz, Vicente Salazar, aseguró que el pedido de renuncia surge desde las bases.  “No lo pide mi persona, no lo pide un dirigente, lo pide toda la población. El grito revolucionario pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz”, afirmó y descartó cualquier posibilidad de negociación con el Ejecutivo. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Mario Argollo afirmó que las bases sindicales radicalizaron las protestas. “Las bases han sobrepasado a la dirigencia. La molestia crece porque el Gobierno ha tenido la oportunidad de solucionar los problemas y lastimosamente no ha podido”, señaló. La COB mantiene un paro indefinido exigiendo un incremento salarial del 20% y otras demandas laborales, aunque en las últimas semanas también se sumó el pedido de renuncia presidencial. En medio de la escalada del conflicto, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que hasta el momento no existe una instrucción oficial para intervenir los puntos de bloqueo. “Esperamos que sea a través del diálogo que se pueda solucionar este problema”, afirmó. Sokol reportó que actualmente existen 67 puntos de bloqueo en el país, 50 de ellos en el departamento de La Paz. No obstante, advirtió que, si fracasan las negociaciones, podría ejecutarse una intervención “humanitaria” en las próximas horas. (BRÚJULA DIGITAL)

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