“Es lavado de dinero”, dice la Cámara Automotor sobre posible nacionalización de chutos

La probable nacionalización de vehículos indocumentados desató una polémica en el país. El Gobierno argumentó que sería la última vez y que no deberían nacionalizarse coches robados.

El vicepresidente de la Cámara Automotor Boliviana, Erick Saavedra, denunció que detrás de esta propuesta existe un negociado de “lavado de dinero” y que se busca beneficiar no a personas de escasos recursos, sino al narcotráfico y la minería ilegal.

Para el analista económico Martín Moreira, la posible nacionalización de vehículos indocumentados provocará la saturación del parque automotor, estimulará la competencia desleal y legitimará la ilegalidad.

El especialista en movilidad urbana Freddy Koch expresó su rechazo ante cualquier proyecto de ley que busque regularizar vehículos indocumentados en Bolivia. Advirtió sobre las graves implicancias técnicas, económicas y sociales de esta medida.

“Estos vehículos han sido descartados en sus países de origen por dos motivos: no cumplen reglas técnicas de seguridad o sus niveles de contaminación son excesivos”, expresó el experto en una entrevista con RTP Informa.

Según Koch, el costo aproximado para legalizar un vehículo indocumentado rondaría los 2.000 dólares (19.560 bolivianos). Sin embargo, advirtió que esta cifra no sería un incentivo suficiente para que muchos propietarios regularicen sus vehículos. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, declaró que si se avanza con la nacionalización de autos chutos “esta debería ser la última vez” y que se aplicarán condiciones estrictas: no se nacionalizarán vehículos robados ni vinculados a ilícitos, y los propietarios deberán pagar tributos omitidos y multas.

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia rechazó de forma contundente cualquier proyecto de ley para regularizar vehículos indocumentados o autos chutos y advirtió que no aceptará la medida, aunque se apruebe.

Bolivia realizó tres procesos de nacionalización de autos chutos mediante decretos en los gobiernos de Jorge Quiroga (1998) y Carlos Mesa (2004), y con una ley impulsada por Evo Morales en 2011, según un recuento de Bolivia Verifica. Se informa que estos procesos generaron ingresos extraordinarios para el Estado, pero también críticas por fomentar la ilegalidad. Según la Cámara Automotor Boliviana (CAB), el contrabando de vehículos evita una recaudación anual de entre 460 y 500 millones de dólares.

El diputado Reinaldo Seas, de Alianza Libre, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen extraordinario de regularización y nacionalización de vehículos indocumentados y maquinaria agrícola.

La iniciativa ya fue enviada a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. Según Seas, en el país circulan entre 800.000 y 1.200.000 vehículos indocumentados que podrían regularizarse y generar una recaudación superior a los $us 6.000 millones.

El documento dice que solo podrán acogerse a la medida los vehículos sin denuncia de robo —en Bolivia ni en países vecinos— y que hayan ingresado al país hasta el 1 de mayo de 2026. De concretarse, los recursos se distribuirían 50% para carreteras de la Red Vial Fundamental y 50% para los municipios, a través de la UPRE.

ÁNGEL LOZANO-RTP