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Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto del Estado Reformulado

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La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este sábado el proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2026, presentado en abril por el Órgano Ejecutivo, y lo remitió para su revisión en la Cámara de Senadores.

La Cámara Alta realizará el tratamiento del proyecto de ley después del receso parlamentario dispuesto del 6 al 20 de julio.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien participó en la sesión parlamentaria, informó que el proyecto modificatorio del PGE 2026, presentado por el Gobierno del expresidente Luis Arce, contemplaba la reducción del déficit fiscal de más de Bs 20.000 millones.

“Lo que hemos hecho, en una primera etapa, es una reducción del Presupuesto General del Estado. Hemos planteado un nuevo presupuesto que contempla una reducción del déficit fiscal de más de **Bs 20.000 millones”, sostuvo ante el plenario.

La autoridad expuso los fundamentos técnicos del proyecto de ley, entre los que destacan que la iniciativa responde a la necesidad de ajustar las proyecciones fiscales y transparentar la situación financiera heredada de la anterior gestión, luego de un proceso de revisión del presupuesto vigente, según un boletín de prensa de la Cámara Baja.

“Los presupuestos del Estado se construyen en un proceso de agregación de abajo hacia arriba, es decir, desde las instituciones a nivel territorial, departamental y municipal; obviamente este es un proceso que normalmente se inicia entre junio y julio”, explicó.

La Cámara Baja informó que el proyecto aprobado plantea los anticipos financieros de las entidades territoriales autónomas, saldos de caja y bancos del sistema único de salud universal y gratuito, y las obligaciones de las entidades territoriales autónomas con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Además, incluye la inscripción de recursos específicos, un régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado, el cierre de fideicomisos públicos y la conversión de obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva.

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