Las huellas de las autorizaciones irregulares permanecen en la base de datos y en informes internos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), que dio luz verde a desmontes en tierras fiscales chiquitanas entre 2016 y 2022, específicamente en dos puntos, ubicados entre los municipios San Rafael y San Ignacio de Velasco (Santa Ana). Uno de estos sitios es conocido como Casa Grande, con aproximadamente 10.000 hectáreas, deforestadas en su totalidad, y el otro es la exconcesión Romano, con 40.000 hectáreas, y que hace una semana pasó a ser parte del área protegida municipal de San Rafael, con la ampliación sustentada en la Ley 028/2024. En cuanto a la zona conocida como Casa Grande, y de acuerdo a los datos de la ABT, esta otorgó planes de ordenamiento predial (POP) tres veces. el primero, en 2016, con la resolución 4118, para una superficie inicial de 3.051, a solicitud de Víctor Pacheco Llerena, con Ronald Valverde Antezana como agente auxiliar para los trámites, bajo el nombre de predio Casa Grande. En 2020 hubo la segunda otorgación de POP, a través de la resolución 2309, para una superficie de 5.917 ha, solicitado por Emma Inés Chávez Silva, a través del agente auxiliar Percy Alberto Ballón Tuma, en una propiedad denominada Ojo de Agua. En 2022, la resolución 1230 dio vía libre a la solicitud de desmonte a Adan Macoñó Cambará y Carlos Núñez Vela Terrazas, a través del agente auxiliar Daniel Siles Quiroz, en el predio nombrado Casa Grande, de 5.000 ha. A estos POP se sumaron también otorgaciones de derechos o permisos de desmonte (PDM) en 2016, 2019, 2021 y 2022. En 2016, la ABT de San Ignacio de Velasco autorizó un PDM de 998 ha con la resolución 2648, nuevamente para Casa Grande. Curiosamente, con 22 resoluciones en 2019, en el mismo predio, se aprobaron los PDM20, que benefician a comunidades campesinas, en este caso a Chuturubí, a pesar de que antes se autorizó como a una propiedad mayor. En 2021, con la resolución 12221, nuevamente se dio autorización de desmonte para Casa Grande. En 2022, con una docena de autorizaciones, otra vez se volvió a la modalidad de PDM20, con la luz verde para desmontes de la Comunidad Campesina Surimana. ILEGALIDAD Luego de denuncias, dos informes técnicos internos de la ABT, el 0513/2022 y 0517/2022, concluyeron que hubo irregularidades en la otorgación de derechos forestales en la zona conocida como Casa Grande. En el primer documento, a denuncia de Pavel Salvatierra, en representación de la Asociación Social del Lugar (ASL) Santa Ana, se dejó constancia de un desmonte ilegal de más de mil hectáreas, y se dejó comparendo a Eduardo Miguel Vargas Orellana, como encargado de personal del predio Casa Grande. La segunda denuncia fue de las comunidades campesinas Itahuba, Chuturubí y Surimana, contra el supuesto predio Ojo de Agua, pero nuevamente el comparendo es entregado a Eduardo Miguel Vargas Orellana, por el desmonte ilegal de 2.127 ha. Con base en estos dos informes, el equipo jurídico de la ABT elaboró el dictamen técnico legal 289/2023, en el que concluyeron que hubo irregularidades en la otorgación de derechos, como la falta de firme en uno de los POP aprobados. Asimismo, el dictamen indica que si bien el POP Casa Grande no se superpone a reservas forestales o áreas protegidas, presenta superposición parcial en 93,88% a Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP); superposición de 1.157 ha con la ASAL Santa Ana; otra sobreposición en de 428 hectáreas con la comunidad Itahuba. “Se observa que existen desmonte iniciados antes de la emisión de la resolución del permiso de desmonte e incluso antes de la emisión de la resolución del POP (…). De acuerdo al análisis legal de la documentación presentada, no cumple con todos los requisitos, como la acreditación del derecho propietario o posesorio, ni con las resoluciones del INRA para predios en proceso de saneamiento””, dice el dictamen, y recomienda la anulación de los derechos otorgados a Casa Grande, pero además remitir antecedentes a la Autoridad Sumariante para que considere iniciar las acciones legales que correspondan contra los funcionarios que intervinieron en las aprobaciones de POP y PDM relativos al predio Casa Grande. ROMANO A unos 40 kilómetros de la zona conocida como Casa Grande se encuentra la ex concesión forestal Romano, donde el INRA otorgó resoluciones de asentamiento. Sin embargo, Lilian Rosado, quien forma parte de los Interculturales y que en su momento se benefició con estas resoluciones, explicó que no pudieron ingresar porque los brasileños habían hecho el deslinde o delimitación de las 40.000 hectáreas. Luego de verificar los datos de la ABT, EL DEBER constató que existe una autorización de desmonte para deslinde; pero a nombre de una comunidad campesina, La Salvadora, con Adan Rivera Ardaya y Conrado Patton Camacho como representantes. “Esas autorizaciones son formas camufladas para sacar madera, mientras no tengamos un ente fiscalizador de la ABT, seguirá haciendo negocios. En Romano el INRA anuló las resoluciones de los Interculturales de El Tinto porque nunca pudieron asentarse, pero es porque no dejaban entrar, todo estaba alambrado. Pidieron al INRA una inspección, e indicó que no pudo llegar”, indicó. ÁREA PROTEGIDA Con la Ley 28/2024, del 16 de septiembre de este año, la Alcaldía de San Ignacio oficializó la ampliación del Área Protegida Municipal San Rafael, incluyendo a Romano en su superficie. Mientras que el municipio apuntaba a proteger estas zonas de vocación forestal, de acuerdo a monitoreo satelital, el fuego afectó casi a la totalidad de Casa Grande y de Romano, pero también amenazó a las zonas de manejo sostenible colindantes. PERSISTE EL DESMONTE Hasta hace un mes continuaban las denuncias de los lugareños por deforestación en Casa Grande. La dirección departamental, encabezada por Vaneza Mérida, en una inspección decomisó una oruga a Rolando Martínez, hermano de la concejala del MAS en San Rafael, Yrasit Álvarez Ardaya. Sobre las autorizaciones de desmontes en Casa Grande, el director nacional de la ABT, Luis Roberto Flores Orellana, dijo en El
