Sociedad

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que el servicio de transporte municipal PumaKatari suspenderá sus operaciones durante el fin de semana, debido a la imposibilidad de cargar combustible en todas sus rutas tras la eliminación de la subvención a los carburantes. A través de un comunicado en la aplicación La Paz Bus, la Alcaldía precisó que los buses no circularán los días sábado 20 y domingo 21 de diciembre, luego de que en jornadas previas, jueves y viernes, ya se registraran dificultades para garantizar la provisión de diésel que permita el funcionamiento regular del servicio. La administración municipal señaló que el lunes 22 de diciembre se retomarán las operaciones del PumaKatari, aunque bajo horarios reducidos que ya fueron comunicados con anterioridad a la ciudadanía. En ese sentido, la entidad pidió comprensión a los usuarios por los inconvenientes que pueda ocasionar la medida.  La suspensión se da tras el incremento al precio de los combustible dispuesto por el Gobierno Nacional, un hecho que la Alcaldía calificó como “muy crítico” para el sistema La Paz BUS, que tiene bajo su administración las modalidades PumaKatari y ChikiTiti.  El alcalde Iván Arias advirtió, el pasado viernes, que la eliminación de la subvención al combustible impacta de manera directa en la hoja de costos del servicio, cuya operación aún depende en gran parte de recursos municipales. Según la autoridad, la comuna sostiene reuniones para evaluar medidas paliativas que permitan evitar el colapso del transporte municipal y garantizar su continuidad. Mientras tanto, la Alcaldía reiteró que cualquier consulta ciudadana puede realizarse a través de los canales de atención habilitados. BRÚJULA DIGITAL

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que sostiene al Gobierno de Venezuela. La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro. Entre los familiares de Malpica Flores se cuentan su madre (y hermana de la primera dama), Eloisa Flores de Malpica; su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba, y su hermana, Iriamni Malpica Flores. También su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez, y su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado. Más sanciones para el círculo de Nicolás Maduro En total, EE.UU. sancionó a siete individuos, acusándolos de ser responsables o cómplices en «transacciones corruptas» dentro del Gobierno de Venezuela o de programas o proyectos públicos, según indicó la OFAC en un comunicado. Esta medida prohíbe a individuos o empresas en EE.UU. hacer transacciones con las personas sancionadas, además que congela los activos o propiedades que puedan tener en el país norteamericano. Washington ha intensificado esta semana sus acciones en oposición al Gobierno de Maduro, al que califica de «narcodictadura». Este martes, Trump ordenó la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por EE.UU., una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. Esta decisión se suma a la creciente presencia militar de EE.UU. en el Caribe, incluyendo el bombardeo de más de 30 supuestas narcolanchas que salen de Venezuela o Colombia y que han dejado más de 100 muertos. (EFE)

En conferencia de prensa el alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió una pausa a los transportistas, quienes este viernes protagonizan un paro movilizado en la sede de gobierno. La autoridad criticó los cobros “abusivos” de los choferes, quienes desde el miércoles en la noche subieron de golpe los pasajes, en respuesta al Decreto Supremo 5503, que modifica la subvención a los hidrocarburos. Por eso, Arias informó que se pidió a los transportistas que no eleven arbitrariamente el costo del pasaje, sin antes abordar la medida asumida por el Gobierno el miércoles. “Les hemos dicho mediante comunicación interna, no pueden subir el precio del pasaje y les pedimos que hagan una pausa hasta que se sienten con el Gobierno a negociar y luego veamos qué se va a hacer. Tienen que escuchar al Gobierno, sino ¿sobre qué vamos a negociar?”, dijo Arias.  El Alcalde cuestionó las medidas de hecho asumidas por el transporte paceño. Recordó que es algo que no se vio en ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, donde se mantiene un cuarto intermedio. Arias también manifestó que está a la espera de la respuesta del Gobierno a la solicitud que hicieron los alcaldes del eje central, más El Alto para ver los mecanismos de compensación a las ciudades. Actualmente, los pasajes oficiales en La Paz siguen costando 2,40 bolivianos, en tramos cortos. En ese sentido, el Alcalde reclamó a los transportistas no castigar al pueblo con elevaciones, al menos por este fin de semana. “Pedimos no castigar a la población y mantener el precio de 2,40 para precisamente evitar (daños) y luego sentarnos en la negociación cuando el Gobierno nos convoque y cuando el Gobierno haya terminado su explicación”, agregó. Frente al incremento que los choferes adoptaron estos dos días, de hasta el doble el costo del precio oficial, el Alcalde les recordó que el costo de la gasolina solo incide en la tarifa en un 30%, según un estudio efectuado por la Comuna. “Ayer (jueves) hubo un abuso por parte que le han subido cinco, seis hasta siete bolivianos. La incidencia del costo de la gasolina en la operación de minibuses y micros es del 30, 32% y eso lo tenemos en un estudio que hicimos hace siete meses atrás con ellos mismos Es decir, hay que tomar en cuenta que no es cierto que la gasolina sea un factor determinante, que porque suba 80 o 100 por ciento yo tengo que subir el pasaje en la misma proporción”, puntualizó Arias. (VISIÓN 360)

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) decidió iniciar una huelga indefinida con movilizaciones en rechazo a las medidas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz. El sector también pidió la renuncia del mandatario y la abrogación del Decreto Supremo 5503. “Se declaró huelga general indefinida movilizada hasta la renuncia del Gobierno y de todo el aparato gubernamental, y también la abrogación del Decreto Supremo 5503 y otros decretos supremos últimamente aprobados que solo benefician a algunos sectores privilegiados y golpean al pueblo boliviano”, afirmó el secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye. Paye dijo que tras un ampliado, también se concluyó realizar de inmediato la organización mediante comisiones de conflicto y movilizaciones para llevar adelante las marchas nacionales del sector minero asalariado a nivel nacional. Además, de definir las estrategias de lucha y las medidas que se van a asumir, como bloqueos de carreteras y otras acciones, que se harán conocer en su momento. La noche del miércoles 17 de diciembre, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, dio a conocer un paquete de medidas económicas con el objetivo de enfrentar la crítica situación del país. Entre ellas, anunció la eliminación de la subvención a los combustibles. URGENTE.BO

La Federación Departamental de Choferes de La Paz definió la instalación de 44 puntos de bloqueo para este viernes 19 de diciembre, en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, que establece ajustes en los precios de los combustibles, entre otras medidas. La determinación fue asumida en un ampliado que reunió a sus nueve federaciones, además de la Federación Andina y Chuquiago Marka. “En un Ampliado Ordinario con sus nueve Federaciones, la Federación Andina, y Chuquiago Marka se ha tomado la determinación de ir a un paro de 24 horas, a partir de las 00.00 del jueves, pidiendo la abrogación del decreto ‘maldito’ 5503”, declaró el ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo de La Paz, Edson Valdez. El Decreto Supremo 5503 establece una serie de medidas orientadas a modificar el actual modelo económico, con énfasis en el ajuste fiscal, el sector energético y la administración de los recursos del Estado. La norma contempla el ajuste en el precio de los carburantes, una medida que afecta de forma directa al sector del transporte, debido al incremento drástico de los costos operativos para los choferes. Esta situación ha derivado en un alza inmediata de las tarifas de pasajes y fletes, frente a lo cual el sector anunció la aplicación de la denominada “tarifa revolucionaria”. “La tarifa revolucionaria va adelante en todas las modalidades que tiene el transporte de La Paz, transporte urbano, transporte intermunicipal, transporte interprovincial y transporte interdepartamental”, afirmó Valdez, quien además advirtió con la radicalización de las medidas de presión si el Gobierno no retrocede en la aprobación del decreto. “Si el gobierno no abroga este ‘decreto maldito’ a partir del día lunes vamos a llevar adelante un paro general indefinido”, sentenció el dirigente. (VISIÓN 360)

Además de poner fin a la subvención a los hidrocarburos, el Decreto Supremo 5503 elimina el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo y libera la exportación de maíz, sorgo, azúcar y carne de res. El Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo fue impuesto por las anteriores administraciones con el fin de que se precautele el abastecimiento en el mercado interno como condición para exportar. El presidente Rodrigo Paz señaló la noche del miércoles que esas medidas eran la muestra del “Estado tranca” que, además, afectaba a la actividad productiva del país. En consecuencia, el decreto dispone en su artículo 52 dejar “sin efecto la exigencia del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo como requisito previo para el despacho de exportación ante la Aduana Nacional, quedando plenamente restablecido el principio de libertad de exportación establecido en la normativa vigente. (Exportación de maíz, sorgo, azúcar y carne)”. A la par, la norma encomienda al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua reglamentar “el mecanismo para garantizar el abastecimiento interno mediante la implementación del Certificado de Abastecimiento Interno, asegurando que este procedimiento no implique regulación, ni fijación de precios, sino únicamente el monitoreo y verificación del suministro suficiente para el mercado nacional”. Con estas medidas se apunta a fomentar la actividad agrícola y agroindustrial con destino a la exportación. Los ministerios de Desarrollo Productivo Rural y Agua y de la Presidencia, en coordinación con la Aduana Nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco Central de Bolivia y otras entidades competentes, implementarán mecanismos de intercambio de información; de monitoreo del abastecimiento interno; de registro y seguimiento de la producción agrícola y agroindustrial; y de control estadístico y trazabilidad de las exportaciones. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, implementarán programas de promoción de exportaciones, priorizando productos agroindustriales con valor agregado; diversificación productiva; sustitución selectiva de importaciones; y de desarrollo de mercados estratégicos. El Decreto Supremo 5503 también elimina el requisito de Autorización Previa de Importación emitida por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex), con el fin de agilizar el comercio exterior, reducir trámites innecesarios y eliminar barreras administrativas que afectan al abastecimiento del mercado interno. En esa línea quedan sin efecto los procedimientos administrativos establecidos en el marco del Decreto Supremo 2752, de 1 de mayo de 2016, y sus modificaciones posteriores, mediante los cuales se delegó al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y al Senavex la emisión de Autorizaciones Previas de Importación para diversas partidas y subpartidas arancelarias. Esta eliminación del requisito de Autorización Previa de Importación abarca a las prendas y complementos de vestir, calzados, muebles, máquinas de lavar ropa, entre otras. La importación de estas mercancías quedará sujeta únicamente a las disposiciones del régimen aduanero general y la normativa técnica vigente. EJU TV

La Central Obrera Boliviana (COB) anunció este jueves que enfrentará el decreto de ajuste económico emitido por el Gobierno, que elimina la subvención a los combustibles, y criticó en particular la actitud del presidente Rodrigo Paz. En Oruro, el pronunciamiento fue realizado por el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien calificó la norma como un “decreto de hambre” y responsabilizó al Ejecutivo por las consecuencias sociales que puedan derivarse. “Ha sido un día negro. Sentimos un profundo dolor por nuestro pueblo boliviano”, afirmó Argollo, al señalar que la medida afecta directamente a las familias que viven en condiciones de necesidad. Según el dirigente sindical, el incremento en los precios de los combustibles tendrá un efecto multiplicador que impactará en el costo de vida y “ha arruinado la Navidad del pueblo boliviano”. Argollo acusó a Rodrigo Paz de actuar de manera “cobarde” y de dar la espalda al pueblo, puesto que antes le pidió su voto y ahora le estaría traicionando. “Les has clavado un puñal en la espalda”, expresó, en referencia al presidente, a quien responsabilizó políticamente por el ajuste. Incluso usó el apelativo de “Tilín” con el presidente Paz, como se hacía antes con Luis Arce. “Está en tu conciencia compañero presidente. Creemos que tanto han dicho Tilín al anterior gobierno, el único tilín eres vos. porque te estás dejando dominar por la vieja derecha”, manifestó. El ejecutivo de la COB aseguró que la organización se siente fortalecida y que, junto a sectores afiliados y no afiliados, encarará la lucha contra el decreto. “Ahora sí le decimos a este gobierno de frente que vamos a hacer frente a este decreto de hambre”, sostuvo. En ese marco, anunció que este viernes se realizará un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, instancia en la que se definirán las estrategias de movilización. “Nos han querido ver en las calles, en las carreteras; ahí los van a tener, porque Bolivia se respeta”, advirtió. Argollo también afirmó que la COB había manifestado con anterioridad su disposición al diálogo y al consenso, pero consideró que esa etapa “ya ha acabado” tras la promulgación del decreto. Asimismo, responsabilizó al Gobierno central por cualquier hecho de sangre que pudiera registrarse. La COB anunció que denunciará ante la comunidad internacional la situación del país y llamó a legisladores, policías y fuerzas armadas a ponerse “del lado del pueblo organizado en defensa de los derechos” de Bolivia. ERBOL