Seguridad

Justicia española extraditará a Bolivia a acusado de violación en el Colegio Alemán en Santa Cruz

La Justicia española entregará a Bolivia a Sebastián D. V. D., joven de 18 años acusado de haber violado a un menor de 12 años en los baños del Colegio Alemán de la ciudad de Santa Cruz. Según informó el diario El País de España, una resolución de la Audiencia Nacional emitida a finales de diciembre de 2024 “ordena la extradición” del acusado. El joven germano-boliviano huyó del país el 2023, tras no acudir a una citación judicial, por lo que fue declarado en rebeldía. Finalmente, fue hallado y detenido en España en agosto de 2024. Tras ser arrestado, Sebastián fue enviado, de forma provisional, a una cárcel de Madrid. Al respecto, la defensa del acusado se opuso a la extradición y exigió «que se ponga en conocimiento de las autoridades alemanas» su situación. No obstante, a finales de diciembre, la Fiscalía de Berlín comunicó que no iba a solicitar la entrega del joven. Según la resolución de la Audiencia Nacional, la defensa del joven también aseguró que su cliente no había cometido los hechos de los que se le acusa y advirtió de «la posible motivación política de la solicitud de extradición, el riesgo de persecución por motivos ideológicos y la posibilidad de que sea sometido a un trato inhumano y degradante en caso de ser extraditado». El caso de agresión sexual contra un niño de 12 años en esta unidad educativa fue de conocimiento público en junio del 2023. El pequeño habría sido violado en el baño de la institución por cinco de sus compañeros de colegio y se identificó a Sebastián D. como uno de los principales responsables. Sebastián es el único de los cinco sospechosos que, hoy en día, tiene más de 18 años. Las edades de los otros cuatro jóvenes que habrían participado en la supuesta agresión sexual, que ocurrió en el Colegio Alemán de Santa Cruz, oscilan entre los 14 y los 17 años. (OXÍGENO)

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Decomisan 4.000 galones de combustible boliviano en frontera peruana

Un operativo realizado por autoridades peruanas en Puno permitió la intervención de un vehículo que transportaba 4.000 galones de combustible boliviano (15.140 litros) ocultos bajo una carga de grava y arena. El motorizado había partido de Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia, y tenía como destino final la ciudad de Juliaca.   La acción fue ejecutada por la División de Investigación Criminal, la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio y la Policía Fiscal de Puno.   Detalles de la operación El operativo se realizó el sábado 4 de enero, alrededor de las 9:30. El vehículo intervenido, con placa A4Y-854, era conducido por David Flores, de 39 años, quien fue detenido bajo sospecha de cometer el delito de contrabando.   Los 4.000 galones de combustible estaban almacenados en dos contenedores ocultos entre la grava y la arena. El cargamento carecía de la documentación necesaria para acreditar su legalidad.   Modus operandi y contrabando fronterizo   Según informes oficiales, este método de ocultamiento es común entre las redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos. Las autoridades investigan el origen del combustible y trabajan en identificar y desmantelar la organización criminal involucrada, reportó Infobae.   En agosto del año pasado, el ministro de Hidrocarburos de ese entonces, Franklin Molina, informó que el contrabando dejaba una pérdida de aproximadamente $us 600 millones anuales. El contrabando en la frontera de Desaguadero no se limita a hidrocarburos; también incluye ropa, gas y otros productos que cruzan la frontera en camiones, evadiendo controles aduaneros. Una de las principales zonas de tránsito ilícito es Tilali, en Puno.    Esfuerzos por controlar el contrabando   El Gobierno boliviano ha implementado controles para frenar el «contrabando a la inversa», que no solo afecta a combustibles, sino también a productos de la canasta básica, generando encarecimiento en los mercados locales. No obstante, el problema persiste en la frontera con Perú, así como con Chile, Argentina y Brasil.   Bolivia vende la gasolina a 3,74 bolivianos y el diésel a 3,72 bolivianos, precios subvencionados considerablemente por debajo de los que se manejan en los países vecinos. Sin embargo, el país importa el 85% del diésel y el 56% de la gasolina que consume, lo que representa una erogación anual de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Desde el Gobierno boliviano se implementaron meses atrás controles para evitar el «contrabando a la inversa», que en muchos casos también afecta a productos de la canasta familiar, no solo hacia Perú, sino también a Chile, Argentina y Brasil, lo que provoca el encarecimiento de los productos en los mercados bolivianos. Sin embargo, el problema persiste.  (BRÚJULA DIGITAL)

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Corrupción en la UMSA: Suman denuncias contra la persona que ejerció la docencia de forma irregular

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) enfrenta un nuevo caso de irregularidades en su cuerpo docente. Mauricio A. E. G., exdocente de la carrera de Comunicación Social, será procesado por su designación irregular como catedrático y ampliarán las investigaciones. El jefe de la Unidad de Transparencia de esta casa de estudios superiores, Franz Laura, informó que se ampliarán las investigaciones a la Comisión de evaluación, así como a otros docentes y estudiantes que podrían estar involucrados en estos actos irregulares. Las acusaciones también incluyen denuncias de estudiantes que señalaron al docente por intentar manipular la conformación de centros estudiantiles en beneficio de sus intereses. La Unidad de Transparencia de la UMSA reveló que, hasta la fecha, recibió 70 denuncias relacionadas con actos irregulares dentro de la universidad. De estas, 25 fueron rechazadas, mientras que cinco a seis pasaron al Ministerio Público para su respectiva investigación. Por otro lado, la ex pareja del docente procesado manifestó su disposición a acudir a instancias judiciales para aportar más pruebas sobre las irregularidades cometidas por el acusado, así como para denunciar actos de violencia ejercida en su contra. La UMSA, en coordinación con las autoridades pertinentes, continuará investigando estos casos para garantizar la transparencia y la integridad en todos sus procesos internos. JUAN CANCARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Director del SERNAP fue castigado en el cepo por ser cómplice del extractivismo, recuerda diputada Lero

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Toribia Lero (CC), recordó este martes que el expresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) y actual director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez Cobo, fue sancionado con el cepo, en 2015, por ser cómplice del extractivismo. “Johnson Jiménez siendo dirigente (en 2015), en vez de defender (a los indígenas…), apoyaba estos proyectos extractivistas que vienen del gobierno. Inclusive había una denuncia de los hermanos que le habían puesto al cepo al señor Johnson Jiménez cuando era dirigente (…) porque era cómplice de que se estaban vulnerando los derechos colectivos (de los pueblos indígenas)”, declaró Lero a la ANF. En septiembre del 2015, el entonces presidente de la Cpilap fue sometido al cepo como parte de la justicia comunitaria del pueblo Tacana por respaldar el sí al estatuto autonómico paceño y el Decreto Supremo 2366 de exploración y explotación de petróleo en áreas protegidas del país. Según un reporte de la radio Erbol, de ese año, el hecho ocurrió en la comunidad La Mercedes del municipio Ixiamas, que es parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II, cuando los indígenas del lugar inmovilizaron a Jiménez durante una hora en el cepo. Jiménez fue elegido diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) para el periodo 2020-2025, pero en septiembre del 2023 dejó la diputación para asumir el cargo como director ejecutivo del Sernap. Actualmente la autoridad es blanco de críticas por los despidos “injustificados” a cuatro guardaparques: Marcos Uzquiano Howard, Guido García Carballo, Gonzalo Gutiérrez Quispe y Aníbal Alfredo Alfaro Vega. Uzquiano afirmó la semana pasada que esa determinación tiene el objetivo de encubrir la mala gestión del Jiménez al frente del Sernap que, en vez de defender a los guardaparques, se convirtió en su verdugo y dejó de lado las políticas públicas de lucha contra el tráfico de fauna silvestre, la minería ilegal y los avasallamientos. La diputada Lero recordó que Jiménez tiene antecedentes negativos en relación a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas; por ejemplo, mientras fungió como diputado nacional se nominó como el portavoz único y oficial de los indígenas. “Jiménez, y lo siento mucho, es un déspota. Cuando fungía de diputado me ha prohibido públicamente mencionar sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonia, se creía el dueño absoluto, él se creía el portavoz oficial y único”, denunció Lero. Dijo que conoce el recorrido que tiene Jiménez, que en su criterio siempre estuvo al servicio del gobierno del MAS. “Por eso decimos que el gobierno instrumentaliza a los indígenas y usa a Johnson para abrir las puertas de las áreas desprotegidas para que ingrese la minería ilegal”. La ANF desde la pasada semana ha venido insistieron para una entrevista con el director ejecutivo del Sernap, sin embargo, el área de comunicación con diferentes argumentos sigue alargando la espera. (Anf)

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Pobladores de villa Piquendo encontraron el cuerpo del bebé de 8 meses desaparecido en el río

Se trata del pequeño Josué Laura Apaza, de tan solo 8 meses, que fue arrastrado por la corriente del río. El hecho se registró en el municipio de Alto Beni, en la población de villa Piquendo el lunes por la tarde. Debido a lo avanzado de la tarde, las tareas de búsqueda y rescate se iniciaron a primeras horas de la mañana de este miércoles. Los vecinos se organizaron en grupos para iniciar la búsqueda y luego de varias horas de rastrillaje finalmente la tarde de este miércoles encontraron el cuerpo sin vida de Josué a unos 15 kilómetros río abajo, a la altura de la comunidad Ingavi. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Aprehenden a docente de la UMSA que es acusado de recibir puntos de manera ilegal para dar catedra

Un docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), fue aprehendido este lunes tras presentarse a declarar ante la Fiscalía, luego de ser acusado de recibir puntos de manera ilegal por parte de la comisión evaluadora de méritos. La información fue confirmada por Franz Laura, jefe de la Unidad de Transparencia de la UMSA. Laura detalló que la denuncia surgió luego de una exhaustiva investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de evaluación de los méritos académicos, que involucra a varios docentes de la mencionada carrera. A raíz de este caso, otros profesionales también están siendo investigados por su presunta participación en el otorgamiento ilegal de puntos. Las autoridades universitarias han reiterado su compromiso con la transparencia y la justicia en todos los procesos internos, y han asegurado que continuarán colaborando con las investigaciones judiciales para esclarecer los hechos y tomar las medidas pertinentes. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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3 guardias golpean a joven, lo dejan con 35 días de impedimento y jueza da libertad a dueño de pub que incitó a golpearlo

El pasado viernes, 27 de diciembre, M. O. C. ingresó a la discoteca ‘Boulevard’, ubicado en la calle 21 de Calacoto en la zona Sur, y para beber escogió bebidas de menor costo. Luego, según relató del joven, el dueño del pub quiso obligarlo a consumir bebidas alcohólicas de mayor precio y ante su negativa, el señor H. ordenó a tres de sus guardias de seguridad que lo saquen y en la puerta del local le dieron una golpiza la cual fue incitada por el dueño. Pese a las severas heridas que le provocaron múltiples fracturas en el rostro y en el cuerpo, debido a los puñetes y patadas, sus agresores no auxiliaron al joven ni llamaron a los médicos para que lo socorran. M. O. C. fue hospitalizado por otras personas y los médicos forenses le dieron 35 días de impedimento debido a la gravedad de sus heridas. Él tampoco pudo ser operado de urgencia debido a que varias partes de su cuerpo y rostro estaban fracturados, muy hinchados y moreteados por los “salvajes golpes” que le propinaron los tres guardias. Hecha la denuncia en los estratos judiciales y pese a los 35 días de impedimento y un video que corrobora la brutal golpiza, la juez Lorena Camacho liberó al propietario de la discoteca ’Boulevard’, el señor H., anuló su imputación y detención por el delito de Intento de Homicidio y le otorgó libertad pura y simple. Los familiares indicaron que la juez dijo que “los derechos del agresor son más importantes” y que las investigaciones del Ministerio Público debían anularse. La familia de M. O. C. protestó por “la injusta decisión de la jueza” y clama por justicia para su joven familiar. A la fecha, uno de los guardias fue aprehendido y los familiares temen que pronto le otorguen libertad, tal como al dueño del local. Los otros dos agresores se dieron a la fuga y están con orden de aprehensión. “La justicia no puede beneficiar a los agresores en lugar de proteger a las víctimas. Pedimos justicia para M. O. C., y que los que lo dejaron tan herido dejen de ser beneficiados por sus influencias de poder”, exclamó uno de los familiares. J. REZENDES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Denuncian a dirigentes evistas por avasallar y controlar hoteles en el Trópico de Cochabamba

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, calificó de avasallamiento el accionar de dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) quienes, durante las últimas horas, llevaron a cabo controles no autorizados y requisaron habitaciones de hoteles en el Trópico de Cochabamba, en busca de infiltrados que, según ellos, pretenden capturar al expresidente Evo Morales. Los dirigentes evistas justificaron sus acciones alegando la necesidad de prevenir amenazas contra Morales, quien enfrenta acusaciones por trata de personas y estupro. El accionar de estos grupos, que incluyó la inspección de las habitaciones y la identificación de personas sin el debido proceso legal, ha generado preocupación en varios sectores, incluidos los empresarios hoteleros. Asimismo, se hizo un llamado a la Cámara Hotelera para que formalice la denuncia correspondiente sobre las irregularidades ocurridas en sus establecimientos, con el fin de que se tomen las medidas adecuadas y se resguarde la seguridad y los derechos de los ciudadanos y los empresarios. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Legisladores rechazan hostigamiento de evistas a hoteles del Chapare

Legisladores del oficialismo y la oposición rechazaron la incursión de seguidores de Evo Morales a hoteles en el Chapare en busca de supuestos policías que pretenderían detener a Evo Morales. El senador Felix Ajpi, del MAS, sostuvo que vio en redes sociales cómo seguidores del expresidente ingresaban a hoteles y hostales buscando a policías. “No pueden ingresar a propiedad privada”, sostuvo. Por su parte, el diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana, resalto que “El Chapare no sólo alberga a narcotraficantes, sino que ahora protege a Evo Morales, que es procesado por el delito de trata y tráfico. La Policía debe cumplir con su función de ejercer y hacer cumplir la ley, nadie puede interponerse, esto es un delito que también debe ser castigado”. Lidia Tupa, diputada del MAS arcista, señaló: “Lamento, como mujer, que niñas no tengan justicia y menos por personas que encubren delitos, estos actos en el Chapare no hacen otra cosa que agravar la situación jurídica de Evo Morales, un excompañero de lucha que no creímos que iría a comportarse así con las menores de edad”.

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Gobierno amplía vigencia del carnet de discapacidad a seis años y agiliza trámites

El Gobierno Nacional, a través de un Decreto Supremo aprobado este jueves, estableció que el carnet de discapacidad para personas con discapacidad moderada y grave tendrá una vigencia de seis años. Además, los carnets vencidos seguirán siendo válidos hasta el 31 de diciembre de 2025, según informó la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro. La medida busca garantizar los derechos de más de 114.000 personas con discapacidad en el país, de las cuales cerca de 38.000 ya cuentan con carnets vencidos. Este Decreto permitirá que dichas personas mantengan el acceso a los beneficios y derechos que les otorga la ley. Asimismo, el Decreto instruye la creación de una normativa para desburocratizar los trámites de calificación, registro y carnetización. La ministra Castro indicó que en un plazo máximo de tres días hábiles se presentará una Resolución Ministerial que agilizará estos procesos, reduciendo el tiempo de espera para los solicitantes. Con este nuevo marco normativo, el Gobierno reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad de derechos para las personas con discapacidad, fortaleciendo el acceso a los servicios y beneficios que necesitan. (LA PRENSA)

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