Seguridad

La asunción presidencial de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, que para unos constituía parte de un golpe de Estado, ahora es reinterpretada por la Justicia como un acto necesario para preservar la democracia. La sentencia absolutoria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a favor de Jeanine Áñez, reivindica la sucesión presidencial que se desarrolló en 2019, al considerar que esos actos no constituyeron delito, sino que respondieron a una necesidad constitucional ante el vacío de poder, con la finalidad de preservar el orden democrático y evitar un caos mayor al que existía. Áñez estaba condenada a 10 años de cárcel en el caso denominado Golpe de Estado II, bajo el argumento de que había asumido la presidencia de manera ilegal por no seguir la línea sucesoria de acuerdo con la norma. Sin embargo, en su reciente revisión, el TSJ expuso las razones por las cuales considera que la sucesión presidencial fue necesaria en 2019, más allá de los formalismos. En noviembre del 2019, Áñez era vicepresidenta segunda del Senado, pero asumió la presidencia del Estado porque ya habían renunciado las autoridades que le precedían en jerarquía. Todo esto ocurrió mientras el país estaba convulsionado, después de las protestas que denunciaban fraude electoral y la dimisión de Evo Morales. Según la absolución del TSJ, las actuaciones de Áñez en 2019 “respondieron a un contexto de crisis institucional extrema, en el cual las decisiones políticas y administrativas tenían como finalidad inmediata restablecer la continuidad del Estado Constitucional de Derecho”. Sostiene que, en noviembre de 2019, se “debieron adoptar decisiones urgentes e inusuales” ante una situación excepcional de vacío de poder y colapso del orden constitucional, tras la renuncia del Presidente y Vicepresidente del Estado, además de las principales autoridades del Senado y Cámara de Diputados. Con ese argumento, el TSJ consideró que entonces se configuró un “estado de necesidad constitucional”, el cual permite “determinadas actuaciones extraordinarias destinadas a preservar la existencia misma del orden democrático, más allá de la rigurosidad formal de la norma jurídica”. Señaló que, en el caso de Áñez, si bien “se refleja en el incumplimiento omisivo de reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, ante una situación de protesta y crisis política social, no se podía exigir el cumplimiento de esa reglamentación. En ese entendido, la absolución propone entender la actuación de Jeanine Áñez “no desde la rigidez del formalismo, sino desde la finalidad material de proteger la continuidad del Estado y evitar el vacío de poder”. Es así que, en el análisis del máximo Tribunal, la sucesión presidencial, más allá de las imperfecciones procedimentales, “respondió a una necesidad constitucional y política de preservar el orden democrático, evitar un mayor caos ante las amenazas de diferentes sectores de la sociedad y restablecer la gobernabilidad”. “… los actos de Jeanine Áñez Chávez se realizaron en un contexto extraordinario de vacío institucional y crisis de Estado, donde su conducta (más que dolosa) respondió a la necesidad de preservar la continuidad del Estado Constitucional de Derecho y evitar un colapso político y social”, recalca el documento. Recalca que las formalidades de sucesión no podían haber sido exigidas, puesto que las renuncias de autoridades en noviembre de 2019 fueron públicas y la Asamblea no podía sesionar con normalidad. Entonces era materialmente imposible cumplir a cabalidad la norma. Áñez había sido sentenciada por el tipo penal de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, pero el TSJ consideró que el delito no fue adecuadamente tipificado, porque Áñez no lesionó ningún bien jurídico protegido, sino actuó por estado de necesidad constitucional. En ese marco, el TSJ decidió absolver a Áñez de la sentencia del caso denominado “Golpe de Estado II” y ordenar su libertad. ERBOL

El presidente Luis Arce promulgó, en las últimas horas, la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante los conflictos sociales de 2019 y 2020. Esta normativa busca garantizar justicia, dignidad y reparación para las personas afectadas. “Promulgamos la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos cometido en rupturas del orden constitucional, reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la dignidad de quienes han sufrido estas injusticias”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales. La norma establece que su aplicación se extiende a toda persona que haya sido víctima directa o indirecta de violaciones a los derechos humanos durante los acontecimientos ocurridos entre el 1 de septiembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020, periodo que comprende la administración transitoria de Jeanine Áñez. Arce remarcó que la nueva ley reafirma el compromiso del Estado con los valores democráticos y los derechos fundamentales. Con la promulgación presidencial, la norma entra en vigencia y permite al Estado implementar mecanismos de reparación integral para las víctimas de los hechos de violencia registrados en Sacaba y Senkata, entre otros episodios considerados como graves violaciones a los derechos humanos. La nueva normativa establece una serie de mecanismos de reparación que incluyen compensación económica, atención médica y psicológica, acceso a la educación, reconocimiento público, y programas de reintegración social. Además, se incluye la garantía de no repetición de estos crímenes, buscando no solo reparar a las víctimas, sino también evitar que tales violaciones se repitan en el futuro. “La reparación integral no obligará a la víctima a renunciar al derecho de exigir justicia para establecer responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a los autores y cómplices de las graves violaciones a los derechos humanos, en instancias jurisdiccionales nacionales o internacionales”. ABI

La comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) pide a la Fiscalía que los abusos cometidos por el exsacerdote uruguayo Juan José Sant’Anna Trindade en el internado “Monseñor Ángel Gelmi”, de Tapacarí, Cochabamba, sean recalificados de abuso deshonesto a violación a niño, niña o adolescente, con todos sus agravantes. La solicitud llega cuando el excura, acusado de agredir a más de 30 menores, se encuentra preso en Uruguay y a la espera de su extradición a Bolivia. De acuerdo con fuentes consultadas por Urgente.bo, la extradición ya tiene fecha y “en menos de 15 días, Sant’Anna arribaría a Bolivia”. Sin embargo, se reveló que su defensa pretende alegar problemas psiquiátricos para retrasar el proceso. El Ministerio Público y la Cancillería boliviana gestionan los trámites con el gobierno uruguayo, en coordinación con la Interpol. “Pedimos que en la primera audiencia el Fiscal y la Defensoría de Tapacarí amplíen la acusación y adecuen el tipo penal a la gravedad real de los hechos: violación Infante Niño, Niña y Adolescente, con agravantes por ser el autor encargado de la educación o custodia de la víctima, por estar ésta en relación de dependencia con el perpetrador, por grave trauma psicológico y por debilitación permanente de la salud”, explicó Edwin Alvarado, secretario de Relaciones Internacionales de la CBS. Los testimonios, revisados por peritos y psicólogos, muestran patrones claros de violación serial hacia las víctimas. “No revelaremos detalles para evitar revictimización; pero los relatos son consistentes, coincidentes y demoledores”, añadió Alvarado. La CBS sostiene que la primera acusación fiscal, hecha hace más de 15 años, mal tipificó los hechos como abuso deshonesto, figura que entonces se usaba porque la ley boliviana no contemplaba aún el delito de abuso sexual a menores.                  Wilder Flores, representante de la organización, dijo que el fiscal y los querellantes tienen la atribución de ampliar la acusación durante el juicio, y en un caso de abuso eclesial sistemático como éste, es indispensable hacerlo. Sant’Anna llegó a Bolivia en 2005, cuando tenía 36 años, y fue ordenado sacerdote en una diócesis de Tapacarí. Poco después asumió funciones en el internado Ángel Gelmi, donde convivían más de un centenar de niños y adolescentes. Las investigaciones establecen que entre 2006 y 2007 abusó de estudiantes de entre 6 y 18 año. Según el expediente de extradición, el cura llevaba a los niños a su habitación con engaños, cerraba la puerta y los agredía sexualmente. Se conoce que ingresaba de noche a los dormitorios y escogía a uno o dos jóvenes para llevárselos, siempre cuidando de trancar la puerta. El exsacerdote fue declarado rebelde el 23 de febrero de 2011, lo que interrumpió la prescripción del caso. Por esa razón, la justicia boliviana considera que los delitos no han prescrito y pueden ser juzgados.                           «Con la acusación inicial, el imputado solo podría recibir hasta seis años de prisión. Con la recalificación y sus agravantes, la pena llega a 30 años sin derecho a indulto. No es solo una diferencia jurídica: es una cuestión de justicia para las víctimas y de precedente normativo para Bolivia”, subrayó Pedro Lima, vocero de la CBS. Desde Tapacarí, el presidente de Control Social, Alberto Andrade, exigió la máxima pena para Sant’Anna y pidió celeridad en el proceso de extradición.                                 “Rechazamos todo acto de abuso sexual, así como cualquier forma de encubrimiento y silencio cómplice. En representación de las organizaciones sociales del municipio, reafirmamos nuestro compromiso de lucha contra todo tipo de violencia sexual en contra de nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas vulnerables”, manifestó. OPINIÓN

Boliviana de Aviación aclaró que la fisura en la ventanilla del vuelo OB 608 fue causada por un impacto externo durante el aterrizaje en Viru Viru y no representó riesgo para los pasajeros. La empresa explicó que el sistema de ventanillas cuenta con triple capa y está diseñado para resistir este tipo de eventos sin comprometer la seguridad. De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa estatal, la ventanilla correspondiente a la fila 16 recibió un impacto externo que provocó una fisura en el vidrio exterior. BoA explicó que las ventanillas de sus aeronaves cuentan con tres capas de vidrio y que el sistema está diseñado para resistir este tipo de eventos sin afectar la presurización de la cabina. “Este evento no representó ningún riesgo para la seguridad del vuelo ni para los pasajeros”, señaló la aerolínea, que además recalcó su compromiso con la transparencia y la seguridad operacional. Por precaución y para realizar una revisión técnica detallada, la aeronave fue desviada a la base central de Cochabamba, donde se procederá a su mantenimiento y evaluación del daño. La empresa lamentó las versiones “inexactas o malintencionadas” que circularon en redes sociales y que, según indicaron, buscan generar desconfianza en los usuarios. En redes sociales, algunos pasajeros difundieron imágenes del desperfecto ocurrido durante el trayecto, lo que motivó la respuesta de BoA para aclarar la situación y asegurar que las operaciones se desarrollaron con normalidad. La aerolínea estatal reiteró que sus aeronaves cumplen con los más altos estándares de seguridad y que el sistema de ventanillas está diseñado para soportar impactos sin comprometer la integridad estructural ni la seguridad de los pasajeros. BRÚJULA DIGITAL

Richard Mamani celebró su primer cumpleaños en libertad el pasado 24 de octubre. No hubo fiesta ni reencuentro familiar. “No pude estar con ellos por tema de trabajo. Estoy ahorita en el campo, en Tarija”, dijo con resignación. Vive con sus padres, pero debe viajar constantemente para conseguir ingresos mínimos. Hoy evita contestar llamadas desconocidas. Vive con miedo. El verdadero autor del delito por el que fue condenado no está en la cárcel, y Richard teme que lo busque para vengarse. “Tengo miedo hasta de pasear, porque el culpable verdadero está libre. No sé hasta cuándo va a pasar eso.” La odisea comenzó el 27 de julio de 2016, cuando Richard fue detenido en Llanquisa, Chuquisaca, mientras visitaba a su abuela. “Nunca me habían arrestado, ni siquiera por consumo de alcohol. Ahí empezó toda esa pesadilla”, recuerda. Fue trasladado directamente al penal de Morros Blancos, donde vivió nueve años de encierro por una denuncia falsa de violación. La víctima era su prima, quien años después reveló que fue coaccionada por su hermana para acusar a Richard, encubriendo al verdadero agresor: su cuñado. “Solo querían que me eche la culpa, pero yo me preguntaba: ¿Cómo me echo la culpa de algo que no cometí?” El 19 de octubre, Richard fue revictimizado al intentar votar. Tuvo que volver al penal, donde aún figuraba en el padrón. “Para entrar a votar tuve que pagar. Yo quería iniciar una denuncia, pero me quedé así nomás”, dice con impotencia. En prisión, Richard fue golpeado, humillado y silenciado. Intentó suicidarse. Pero encontró apoyo en el padre Miguel Sotelo, quien lo acompañó espiritualmente y lo integró a un grupo de terapia. “Richard nunca tuvo problemas. Era tranquilo, sencillo, introvertido. Desde que escuché su versión, le creí.” También recibió el respaldo de la abogada Rosmery Peralta, quien patrocinó su caso ad honorem y logró la anulación de la sentencia. “Cuando lo conocí en 2023, estaba desmotivado, con depresión severa. Había intentado suicidarse. El Estado lo había abandonado.” El 28 de febrero de 2023, la víctima dio una conferencia pública en Tarija: “El verdadero autor es mi cuñado Ángel Gabriel Gómez Martínez y mi hermana Tredina M. B., que se hace llamar ´Gabi´, me obligó a denunciar a un inocente.” La justicia tardó dos años y ocho meses en revisar el caso. El 27 de julio de 2025, Richard fue liberado en el centro polifuncional que él mismo ayudó a construir dentro del penal. La decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz Martínez, entregó el mandamiento de libertad y reconoció que la víctima fue coaccionada por su hermana cuando era menor de edad. “Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. La Justicia no puede permitirse errores irreparables.” La abogada Peralta anunció una demanda contra el Estado por reparación integral, conforme al artículo 95 del Código Penal y tratados internacionales. “Richard Mamani va a exigir la reparación integral. El Estado está en la obligación de restituir sus derechos.” La Defensoría del Pueblo solicitó un informe al Consejo de la Magistratura, que concluyó que los jueces que sentenciaron a Richard tienen responsabilidad disciplinaria. Se anunció capacitaciones continuas para prevenir errores judiciales. Según la Casa del Hombre, el caso de Richard pone en vilo la aplicación de la Ley 348. La organización afirma que existen 21.000 casos similares, donde hombres han sido afectados por denuncias falsas y procesos judiciales sin evidencia científica. “Richard Mamani no es la única víctima de una denuncia falsa”, advierten. Mientras tanto, Richard espera que el Estado compense el encierro injusto, que lo reconozca como víctima, y que le permita reconstruir su vida sin discriminación ni exclusión laboral. “Las autoridades me dijeron que me iban a dar algo, pero de momento no cuento con nada. Tampoco tengo título ni libreta de servicio militar y eso hace que me sea más complicado conseguir un trabajo«. Con datos de El Deber

En tiempo récord, el proyecto de ley de “Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidios” fue sancionado este miércoles en la Cámara de Senadores y se dispuso su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación. En menos de una hora y luego de aprobarse en la sesión su tratamiento por dispensación de trámite, la norma fue aprobada en sus estaciones grande y detalle. No hubo ninguna observación entre los senadores presentes.  Los 21 artículos, cuatro disposiciones transitorias, una disposición final y una disposición derogatoria recibieron el apoyo mayoritario de los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. “No podemos dejar en la intemperie a familias o víctimas por hechos de feminicidio, es importante, fundamental y vital que el Estado se encargue y, por tanto, a partir de la sanción, corresponde la promulgación de manera inmediata”, dijo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Son al menos 60 instituciones como la Fundación Voces Libres, el Observatorio para la Accesibilidad de los Derechos de las Mujeres y la red ERBOL que forman parte de la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia y que impulsaron la redacción de la ley. La directora de ERBOL, Inés Gonzáles, recordó que el trabajo para impulsar la ley fue conjunto con otras organizaciones aliadas y legisladores que decidieron apoyar la ley y llegar hasta su promulgación.    “Ha sido un esfuerzo de dos años y creo que es la prueba más fehaciente de que si hacemos alianzas como sociedad civil y nos organizamos como sociedad civil, podemos lograr cosas interesantes como la de hoy en favor de huérfanos y huérfanas víctimas de feminicidio”, añadió. La norma apunta establecer medidas de atención integral y protección social, por parte del Estado, dirigidas a las hijas e hijos que quedan huérfanos como consecuencia de los delitos de feminicidio, asesinato del varón y en casos de homicidio-suicidio de una persona que atravesó una situación de violencia. Entre las medidas se destaca la creación de un bono económico mensual, no inferior al 20% del salario mínimo nacional vigente. Además, garantiza la provisión de paquetes alimentarios, atención psicológica y legal gratuita y especializada, y el acceso prioritario al Sistema Único de Salud (SUS) con cobertura total. Asimismo, se garantiza su permanencia en el sistema educativo y la priorización en programas de vivienda social para los tutores a cargo. La legislación establece que los beneficios se aplican a las hijas e hijos menores de 18 años y extiende el apoyo hasta los 25 años, si se encuentran cursando estudios superiores. El documento espera su promulgación. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en el primer semestre de 2024 (hasta el 30 de junio) se registraron 45 feminicidios, lo que equivale a un feminicidio cada cuatro días, aproximadamente. En el 91? los casos, el agresor ha sido identificado, se encuentra con detención preventiva y/o cumpliendo sentencia condenatoria. Según la citada fuente, la mayoría de los casos ocurrieron en los departamentos de La Paz (11), Cochabamba (10) y Santa Cruz (9). La edad de las víctimas oscila, principalmente, entre 21 y 30 años de edad, quiere decir que ellas se encontraban en la plenitud de sus vidas. ERBOL

La Cámara de Senadores aprobó el informe de la comisión que investiga los hechos ocurridos del 26 de junio. El senador Félix Ajpi aseveró que se descartó un “intento de golpe de Estado”. “Hemos descartado, no ha sido en ningún momento un golpe de Estado, Luis Arce dijo que era un golpe de Estado, las investigaciones que hemos hecho con los que están privados de libertad, que no hubo una preparación, en absoluto”, expuso Ajpi. El documento fue aprobado en la sesión ordinaria 212. Fue trabajado por la comisión conformada por nueve senadores, quienes hicieron entrevistas y recabaron información. La senadora Andrea Barrientos dijo que el informe marca una investigación profunda en el Senado, para lograr acuerdos respecto a un hecho que manchó la historia nacional. “Ha habido una investigación profunda que ha realizado el Senado, a la cabeza del senador Torres que esperemos le sirva al próximo gobierno para hacer procesos jurídicos correspondientes”, indicó. Ajpi añadió que hubo un movimiento militar, aparentemente de “carácter distractivo”. Supuestamente, con un entrenamiento en la plaza Murillo. Una de las recomendaciones, según el senador, es una investigación al exministro Eduardo del Castillo porque él ordenó la detención de militares. URGENTE.BO

El vicepresidente electo Edmand Lara, denunció que un grupo de policías, entre ellos el general Jhonny Aguilera, fueron sus «verdugos» que le armaron un caso judicial, como represalia por sus denuncias de corrupción en la entidad de orden cuando era capitán. Lara hizo esta referencia mediante un live de TikTok, a tiempo de recordar la injusticia que sintió y que le motivó para entrar en la política. Recordó que, siendo capitán, se había dedicado a colaborar con la gente y evitar que sea víctima de extorsión en esferas policiales. Sin embargo, le abrieron un proceso por usurpación de funciones. Contó que entonces fue aprehendido con violencia y sufrió una lesión en la cabeza. Después fue puesto ante un juez, supuestamente presionado, para que dicte su detención, sin embargo, logró obtener medidas cautelares y mantenerse en libertad. Lara acusó a Aguilera y otros policías de estar detrás de este proceso en su contra. “Y los promotores de todo este caso que me armaron, de las torturas, de la aprehensión y del proceso injusto, fueron, así con nombre y apellido, el general Jhonny Aguilera Montesinos, el mayor Salazar, que era jefe de la División Anticorrupción del Plan 3000 aquí de Santa Cruz, el coronel Edson Claure que es Comandante en Cochabamba. Otro de mis verdugos fue el coronel Jhonny Ortuño Cartagena, que también lo denuncié por corrupción, el subteniente Merlo, el subteniente Siles y la sargento Maribel Huayllani Silvestre, que fue la que se prestó a todo esto. Ellos fueron los que orquestaron ese proceso que fue armado”, manifestó. También incluyó posteriormente al coronel Erik Holguín en el grupo de policías, que habría arremetido en su contra. Dijo que tanto era el odio en su contra, que no les importó que su esposa días antes fue internada por un grave estado de salud. “No les importó que yo estaba con 10 pesos en el bolsillo, no les importó que yo era padre de cuatro hijos, no les importó que yo vivía en un lugar alejado y que todos los días tenía que caminar largas distancias con mis hijos para encontrar transporte público”, lamentó. Según Lara, sufrió estos hechos porque “había tocado sus intereses tan grandes de estos corruptos”, que buscaba “hacer fortuna a costa de la extorsión al pueblo boliviano”. Dijo que “tanta era la maldad de Jhonny Aguilera” que se olvidó que era compañero de curso de su sobrino y había tenido trato personal con él. “¿Por qué? porque le tocaban sus intereses, porque como comandante general Jhonny Aguilera recibía cada semana dinero corrupto. Y primó sus intereses corruptos antes que un policía honesto, que lo único que hizo fue cumplir su deber y denunciar la corrupción, ese policía fui yo”, agregó. Reveló que, entonces, lloró muchas veces de impotencia. “Me daba tanta vergüenza llorar delante de mis hijos, que no podía dormir y dos o tres de la mañana me encerraba en el baño a llorar y le decía a Dios ¿por qué eres tan injusto conmigo? ¿qué he hecho yo?”. Lara recordó cuando fue dado de baja de la Policía y la dificultad de volverse a levantar, vendiendo ropa usada y que su esposa haya trabajado de chofer. Dijo que, para levantarse, estudió Derecho y logró graduarse. ERBOL

El narcotraficante peruano Erick Moreno, más conocido como “El Monstruo”, habría vivido “cómodamente” en Santa Cruz, donde se movía sin problemas debido a una presunta red policial que lo protegía, reveló el reportaje de Punto Final.  Su ex pareja y madre de su hija relató que el narcotraficante fue detenido en el condominio Sevilla de la capital cruceña; sin embargo, fue liberado siete horas después, luego de pagar una “fuerte suma” de dinero. “Fue un operativo limpio”, indicó su expareja y confirmó que los efectivos policiales exigieron dinero para permitirle escapar. Asimismo, sostuvo que el operativo no contó con la presencia de medios ni comunicados oficiales y sin registros públicos. Moreno huyó de Perú por rutas no oficiales hasta Santa Cruz, con su expareja y otras personas. Habría usado identidades falsas y mantenido vínculos con empresarios y contactos locales para permanecer oculto durante el tiempo que estuvo en Bolivia. “Vivía con lujos, tranquilo, como si nada pasara”, dijo una persona de su entorno cercano. En Paraguay, el narcotraficante fue visto junto una joven de 25 años que sería la receptora del dinero obtenido de sus cobros ilegales en Lima Norte. Un informante entregó la ubicación de Moreno y permitió su captura días después. El reportaje señala un presunto acuerdo previo  para repartirse la recompensa de un millón de soles ofrecida por el Gobierno peruano. URGENTE.BO