Seguridad

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, garantizó hoy la seguridad del material electoral y el normal desarrollo de las elecciones del próximo domingo. Para ello, se desplegarán 25,044 policías, quienes se encargarán de la vigilancia en los recintos de votación y la custodia del material antes, durante y después de la jornada electoral. Ríos informó que el 100% de los 38,000 uniformados que conforman la fuerza policial estarán acuartelados el domingo 17 de agosto. De este total, el personal asignado a la vigilancia electoral trabajará para ejecutar las operaciones según lo establecido en los autos de buen gobierno de cada departamento. La Policía también contará con personal de civil para brindar “distintos informes en función de algunas alteraciones o posibles conflictos”. Respecto a posibles incidentes, el ministro indicó que se ha reforzado la presencia policial, tanto de manera uniformada como de civil, en las “zonas sensibles” del país. Esta medida preventiva busca evitar cualquier alteración del orden público que pueda afectar la jornada de votación. (LA PRENSA)

La Justicia rechazó este martes el recurso de apelación presentado por la defensa de Ruth Nina, exdirigente de PAN-BOL y aliada al expresidente Evo Morales, ratificando su detención preventiva por tres meses en el penal de San Sebastián Mujeres, en Cochabamba. La audiencia, desarrollada de forma virtual, concluyó con la confirmación de la medida cautelar dictada a finales de julio, negando la posibilidad de que Nina recupere su libertad. La acusada enfrenta cargos por instigación pública a delinquir, amenazas y delitos electorales, luego de declarar en un acto político en Lauca Ñ que, en las elecciones del 17 de agosto, “en vez de contar votos, se van a contar muertos”. Según la denunciante y activista María Leonilda Galindo, el fallo judicial fue menor al solicitado por las partes acusadoras, que pedían seis meses de reclusión, pero aún así es considerado un avance para garantizar un proceso electoral pacífico. “De alguna manera nos tranquiliza, porque es una forma de asegurar que este domingo las elecciones se desarrollen con normalidad”, señaló. Durante la audiencia, la defensa intentó desvirtuar los argumentos que sostienen la detención —falta de domicilio fijo, empleo estable y arraigo familiar—, pero el juez desestimó sus alegatos y mantuvo la medida preventiva. Organizaciones como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) ven en la decisión judicial un mensaje firme contra declaraciones que, aseguran, podrían incitar a la violencia y alterar la paz social en plena coyuntura electoral. Nina, detenida desde el 26 de julio, permanecerá recluida al menos hasta que se cumpla el plazo fijado, mientras la investigación del Ministerio Público continúa en curso. (BRÚJULA DIGITAL)

La Federación de Trabajadores mineros de Bolivia (FSTMB) denunció que trabajadores de la Cooperativa San Andrés tomaron ayer por la mañana la Mina Andacaba de Potosí, yacimiento operado por una empresa privada. En su irrupción los cooperativistas dinamitaron maquinaria, compresoras de aire, destruyeron cámaras de seguridad y robaron mineral. La Central Obrera Departamental (COD) de Potosí advierte que la violencia podría generar víctimas si el gobierno permite que se consolide el despojo. “Estos hechos que atentan contra la vida y la integridad de nuestros compañeros, han derivado en el ataque y el avasallamiento, con el uso indiscriminado de dinamita por parte de los cooperativistas y otros medios de violencia, que ponen en riesgo, no solamente a los trabajadores, sino también a las comunidades cercanas. Este tipo de acciones son penadas por Ley en el Estado Plurinacional de Bolivia”, dice el pronunciamiento de la FSTMB. De acuerdo a la denuncia de Eriberto Chavarría, dirigente de la COD potosina, los avasalladores tomaron violentamente el polvorín donde se almacena material explosivo para las operaciones mineras, lo que pone en grave riesgo a los trabajadores de la mina y a los propios invasores, cuya violencia ha ido creciendo conforme pasan las horas. Por su parte Fernando Barrientos, comandante Departamental de la Policía en Potosí anunció el despliegue de 60 efectivos policiales a Andacaba, aunque reportes desde el sector dan cuenta de que la violencia por parte de los avasalladores no cesa pese a la presencia de los agentes policiales en el sector. Contra la impunidad Los mineros sindicalizados criticaron duramente la falta de seguridad jurídica en la minería que afecta las operaciones de una empresa legalmente establecida en el país “además de condenar y rechazar los privilegios que gozan las cooperativas mineras que son impunes ante estos hechos delincuenciales”, de acuerdo a la FSTMB. La Federación de Mineros recuerda que siempre ha denunciado el vandalismo y la violencia que violan las leyes bolivianas, incluyendo la Constitución Política del Estado y por tanto exigen que en el transcurso de hoy el gobierno “ponga fin a esta arremetida en cumplimiento de sus obligaciones”. El comunicado también pide a las autoridades, pero particularmente al Ministerio de Minería “no parcializarse en favor de los cooperativistas, que siempre han cometido este tipo de delitos”. “La FSTMB advierte que no tolerará estas acciones delincuenciales de avasallamiento, ni atentado contra la minería asalariada de nuestras empresas privadas y estatales. Si las autoridades no actúan de forma inmediata y contundente, será la propia clase obrera minera la que se movilice para defender lo que por derecho y justicia nos corresponde. NOS DECLARAMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA Y ALERTA responsabilizando a las autoridades y a los avasalladores de los saldos trágicos que pudiera haber”, advierten en su comunicado.

El Gobierno nacional identificó algunos municipios del Valle de Cochabamba, especialmente en la región del trópico, como zonas de riesgo de conflicto durante las elecciones generales del próximo 17 de agosto, por lo que reforzó la presencia de fuerzas de seguridad e Inteligencia. “Actividades de Inteligencia han permitido focalizar algunas áreas de conflicto que están siendo ya controladas. Se está trabajando bajo dos mecanismos: uno preventivo, que incluye la presencia institucional, y otro de control posterior a la votación para evitar intentos de sabotaje”, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera. Entre los municipios señalados como críticos están: Villa Tunari, Shinahota, Chimoré e Ivirgarzama, además de la localidad de Lauca Ñ y otros sectores donde se detectaron intentos de desestabilización. Para prevenir incidentes antes, durante o después de las elecciones nacionales, se ejecutan operativos coordinados entre la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aguilera recordó que el sistema de transmisión de resultados es inmediato, lo que neutraliza intentos de desconocer los comicios mediante acciones violentas, como la quema de ánforas. “La transmisión se hace de manera inmediata, lo que garantiza la validez del voto. Cualquier medida de presión no solo es antidemocrática, sino también inefectiva”, señaló. El viceministro advirtió que en algunos puntos se intenta “sitiar” la democracia con amenazas. “Hay sectores que no quieren festejar esta fiesta democrática, como lo haremos todos los bolivianos. Frente a esto, estamos actuando con firmeza, pero también con respeto a la institucionalidad y al derecho al voto”, recalcó. Riesgo en tres departamentos El pasado 15 de julio, Aguilera reveló por primera vez que el Gobierno había identificado las zonas de riesgo electoral en los departamentos de Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, este último tiene más zonas radicales por la presencia de grupos simpatizantes del expresidente Evo Morales. “Se ha realizado un estudio de Inteligencia para definir los municipios en los que existe un mayor riesgo, uno de ellos es Villa Tunari, centro (de actividad) de las Seis Federaciones (de cocaleros del Chapare), además de Sacaba, Shinaota y Chimoré. Tenemos otras comunidades mineras e indígenas, fundamentalmente en (el municipio de) Llallagua (Potosí). En Santa Cruz también figuran Yapacaní y la zona del Plan Tres Mil, pero ya tenemos un plan para garantizar elecciones absolutamente normales”, afirmó Aguilera. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el vocal Gustavo Ávila, confirmó a EL DEBER que se realizan reuniones de coordinación, con el personal de las FFAA y la Policía Boliviana, para capacitar a los efectivos en la cadena de custodia del material electoral que será empleado. El 17 de agosto, día de las elecciones, el control de la seguridad estará bajo la responsabilidad directa del TSE, con el respaldo operativo de las fuerzas del orden. (EL DEBER)

Un trágico choque frontal en la carretera interprovincial El Alto – Guaqui ha dejado un saldo de tres personas fallecidas y al menos siete heridas. El accidente ocurrió este jueves, cuando un vehículo particular colisionó de frente con un minibús. Según el comandante de Bomberos Antofagasta, Pavel Tovar, los tres ocupantes del vehículo particular, dos hombres y una mujer, perdieron la vida en el impacto y sus cuerpos tuvieron que ser rescatados por los bomberos. Los heridos, todos pasajeros del minibús, fueron trasladados a una clínica cercana. La Policía investiga las causas del accidente, aunque se presume que la colisión pudo haberse originado por la invasión de carril, ya que la carretera es de doble sentido. (LA PRENSA)

El Juzgado de Sentencia Anticorrupción 25 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz condenó a los exfuncionarios Eduardo Díaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada, a dos y ocho años de cárcel, respectivamente, por la compra con sobreprecio de 500 respiradores de fabricación china durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, en la gestión de la presidenta Jeanine Áñez. A la vez, otros cinco exfuncionarios que eran procesados por este mismo hecho, denominado el caso de los “Respiradores chinos”, fueron absueltos: Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas. El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, expresó su satisfacción por este hecho, que dijo marca el cierre de este proceso iniciado ya hace como cinco años. “Ha finalizado todo lo que implica la etapa y la finalización del juicio oral, público y contradictorio, por lo que se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de los principales (acusados) El señor Arraya, privándole de su libertad por ocho años y así consecutivamente otros implicados”, informó.Para el caso de los absueltos, dijo que se presentará “el recurso correspondiente”, pero destacó que tras varios años se haya logrado la sentencia por delitos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por los que el país fue afectado con una pérdida de más de 6 millones de dólares. En octubre de 2023 el Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria, entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19, entre otras. “De acuerdo a las pruebas presentadas en la acusación, los respiradores adquiridos en el primer semestre del año 2020, no solo no cumplían con las especificaciones técnicas, sino que además presentaban un presunto sobreprecio, ya que fueron adquiridos por un precio unitario de $us. 30.000 cuando su costo en el mercado no sobrepasaba de los $us. 8.900”, explicó entonces el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrián Barrientos. Barrientos. (VISIÓN 360)