Seguridad

El fiscal Miguel Cardozo lleva adelante diligencias investigativas contra la exdiputada Lidia Patty, en el marco del caso de corrupción del ex Fondo Indígena. Según un requerimiento fiscal, fechado del 17 de noviembre, Patty está siendo investigada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. El fiscal Cardozo requirió a la Policía que designe un investigador para llevar adelante este caso. Patty fue mencionada en el informe de la Contraloría de hace 10 años, entre las dirigentes que habían recibido dinero del Fondo Indígena y no cumplieron con los proyectos que debían ejecutar. El proyecto donde se mencionó a Patty fue denominado “Producción de Miel en Trece Comunidades del Trópico de la Provincia Bautista Saavedra del Departamento de La Paz”. Según el informe de entonces, se solicitó Bs 919.128 para el proyecto, y se transfirió Bs 687.508. La representante legal de la obra era Lidia Patty, a nombre de la Federación de Mujeres “Bartolina Sisa”. Patty es la denunciante del caso denominado “Golpe de Estado I”, por el cual fueron encarcelados Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Añez, quienes recientemente fueron liberados. (ERBOL)

El Gobierno suspendió la posesión del nuevo ministro de Justicia, Jorge Franz García Pinto, designado en el cargo mediante un decreto que se conoció este jueves. El acto estaba programado para las 13:00 de esta jornada. La invitación fue comunicada en el canal oficial de WhatsApp del Ministerio de Justicia, pero luego el texto fue borrado. Funcionarios del Palacio de Gobierno informaron a los equipos de prensa que llegaron al lugar que fue un «error de coordinación» en la convocatoria e indicaron que comunicarán en su momento si se concreta el acto. Mediante el Decreto Presidencial N° 5491, el presidente Paz designó como ministro de Justicia a Jorge Franz García Pinto, quien había sido designado como viceministro de Régimen Interior, pero que ahora pasa a formar parte del circulo de colaboradores más estrecho del mandatario. «Se designa al ciudadano Jorge Franz García Pinto como ministro de Justicia y Transparencia Institucional, quien tomará posesión del cargo en el día, en acto oficial a celebrarse en el Palacio de Gobierno», reseña la norma. Tras la designación de la nueva autoridad, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien viajó a Brasil para participar en eventos de la COP 30, publicó un video en el que señala que respeta la decisión de Paz. No obstante, denunció que el nuevo ministro de Justicia, Jorge García Pinto tiene «un rosario de procesos» abiertos, la mayoría, en el departamento de La Paz. En un video publicado en TikTok, Lara incluso leyó una lista en la cual detalla los supuestos procesos que tiene la nueva autoridad, entre ellos casos de violencia, violación y avasallamiento, entre otros. Destitución El presidente Rodrigo Paz dijo en una contacto con la prensa este jueves que destituyó a Freddy Vidovic del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para no poner en riesgo la fe del Estado argumentando que la ahora, exautoridad, tiene una sentencia ejecutoriada. «El domingo le pregunté al señor ministro de Justicia si tenía todo en orden, uno va siempre a la palabra primero, y posterior a ello me indicó que sí, que no había una circunstancia anómala en su situación», dijo. Paz cambió a Vidovic de forma sorpresiva y, en su lugar, designó mediante decreto a Jorge García. La ahora exautoridad llegó al gabinete por sugerencia del vicepresidente Edmand Lara. De hecho, cuando se conoció la semana pasada la denuncia sobre este asunto, Lara publicó un video para defender la solvencia legal de quien fue su abogado.

El exejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, fue trasladado al penal de San Pedro por el lapso de 6 meses, acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y tráfico de influencias. Al ingresar al penal, Hurachi señaló escuetamente que esta es una medida ilegal e injusta El fiscal departamental señaló que Huarachi se acogió a su derecho al silencio, pero que en la audiencia se probó que este exdirigente es con probabilidad autor de los tres delitos del que se lo acusan. El abogado del exdirigente sindical, Andrés Zuñiga, señaló que se presentó la apelación incidental para lograr su libertad; esperarán a que los denunciantes comprueben sus acusaciones.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, obtuvo este miércoles libertad irrestricta en el proceso penal abierto por el paro de 36 días que exigía la realización del Censo de Población y Vivienda en 2022, compromiso que —según los movilizados— había sido asumido por el entonces presidente Luis Arce. El fallo dejó sin efecto todas las medidas sustitutivas que pesaban sobre la autoridad departamental, entre ellas el arraigo y la detención domiciliaria con permiso de trabajo. Camacho era investigado por el delito de terrorismo, derivado de su liderazgo durante las protestas cívicas de 2022. No obstante, la resolución judicial lo libera de dichas restricciones. Desde los valles cruceños, donde coordina la atención a la emergencia causada por la riada que dejó desaparecidos y daños severos, aseguró que la justicia “comienza a mostrar independencia” y que la presión del masismo “ya no existe”. El gobernador indicó que ahora necesita viajar al exterior para gestionar cooperación internacional ante la falta de recursos en el departamento. Su defensa, paralelo a ello, aguarda nuevas audiencias para solicitar la modificación de medidas en los procesos denominados Golpe I y Carro Bombero. En agosto pasado, la justicia había determinado sustituir su detención preventiva por arresto domiciliario con salida laboral, además de imponerle una fianza de Bs 50.000 y arraigo. Esa decisión le permitió volver a Santa Cruz para continuar sus labores. El proceso por el paro de 2022 fue impulsado por la Central Obrera Regional de El Alto, afín al Gobierno de Arce. La denuncia incluía una serie de delitos, como terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, racismo, discriminación y atentados contra la libertad de trabajo, no solo contra Camacho sino también contra otros dirigentes cívicos. El gobernador participó de la audiencia de este miércoles de manera virtual, debido a que permanece desplazado en la zona afectada por la riada. Desde Samaipata dirige labores de búsqueda y rescate junto a equipos de emergencia y autoridades municipales. (CORREO DEL SUR)

Una intensa precipitación registrada la madrugada de este lunes en el departamento de La Paz desató una mazamorra que afectó a más de 20 comunidades del municipio de La Asunta, dejando varias zonas incomunicadas. Las autoridades locales claman por maquinaria pesada para atender a la población de alrededor de 45.000 habitantes. Reynaldo Peñaranda, secretario municipal de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de La Asunta, informó que la magnitud del deslizamiento provocó serios daños:  * El lodo y la tierra ingresaron a la unidad educativa Litoral, obligando a suspender las clases.  * La urbanización Río Seco quedó aislada por el colapso de caminos.  * En la urbanización Villa Esperanza, al menos seis viviendas quedaron totalmente aplastadas y otras cuatro cubiertas de lodo, dejando a ocho familias sin hogar y sin pertenencias. Peñaranda lamentó que la falta de maquinaria pesada esté dificultando las labores de rescate y la atención inmediata en las más de 230 comunidades del municipio. (LA PRENSA)

La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, reveló que cerca del 30% del combustible subvencionado por el Estado estaría siendo desviado al contrabando, una práctica que no solo genera pérdidas millonarias, sino que también compromete a funcionarios de distintas instituciones vinculadas al sector. “No les doy datos oficiales, pero sí es lo que estamos viendo ahora, analizando”, afirmó la autoridad en declaraciones difundidas por RPO. ANH Ayala indicó que la ANH realiza una revisión exhaustiva del B-SISA y de los sistemas de control destinados a frenar el desvío de carburantes hacia países vecinos. Además, reiteró que los indicios apuntan a la participación de servidores públicos de Sustancias Controladas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la propia ANH, quienes presuntamente estarían involucrados en mecanismos irregulares para facilitar el transporte ilegal de diésel y gasolina. “Son funcionarios que están dilapidando los recursos del Estado a través de estos mecanismos”, lamentó. La autoridad también atribuyó el crecimiento del contrabando a la falta de medidas disciplinarias efectivas. “No solamente por la parte de falta de control, sino por la falta de consecuencia es que la gente se ha acostumbrado a hacer lo que le da la gana”, sostuvo. Por ello, una de las soluciones que se plantea es incluir el delito de almacenamiento de combustibles como una afectación directa al Estado, lo que significaría penas más duras. Las declaraciones llegan días después de un operativo sorpresivo en la Planta de Senkata, en El Alto, donde la ANH identificó lo que denominó “mafias organizadas” dedicadas al desvío de combustibles subvencionados. La intervención derivó en la aprehensión de un implicado y la detención domiciliaria del conductor de una cisterna, así como en la confiscación del vehículo. “A veces se hacen la burla y dicen ‘por tres bidones’. Pero por tres bidones hay gente en la cárcel y una cisterna está confiscada; entonces es una alerta a la gente que está involucrada en estas mafias”, remarcó Ayala. La ANH anunció que estos hechos serán remitidos a auditorías internas y que se prevén medidas más severas para desmontar las redes de desvío de carburantes que afectan a la economía nacional. (LA RAZÓN)

El municipio cruceño de Samaipata se declaró en emergencia tras las intensas lluvias que provocaron el desborde de las cabeceras principales de los ríos Piraí y Achira, dejando dos mujeres desaparecidas y daños severos en viviendas, puentes, iglesias y zonas rurales. El Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata emitió una declaratoria de desastre mediante la Ley Municipal 13/2025, publicada en su página oficial. «Se declara situación de declaratoria de desastre municipal por efectos naturales, (intensas lluvias y desborde de quebrada y ríos) en la jurisdicción de Samaipata», señala el artículo primero de la norma. Las comunidades más afectadas son Achiras, Cuevas y Palermo, así como la zona valle y sur del municipio, incluyendo varios barrios urbanos. El desborde interrumpió totalmente el acceso a Samaipata, aunque maquinarias pesadas trabajan para habilitar los caminos. La normativa permitirá gestionar recursos económicos, técnicos y logísticos ante la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, para atender la emergencia. Además, activa un plan de atención de desastre natural que incluye pérdidas en la producción agrícola, autoriza modificaciones presupuestarias y obliga al Ejecutivo municipal a remitir informes detallados sobre las acciones y gastos ejecutados. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se encuentra en el lugar coordinando las tareas de auxilio. El presidente del Estado, Rodrigo Paz, llegó con una gran comitiva a Samaipata e instruyó el despliegue de ayuda humanitaria. (LOS TIEMPOS)

El presidente Rodrigo Paz instruyó la atención inmediata a las familias afectadas por el desborde de las cabeceras principales de los ríos Piraí y Achira en el municipio cruceño de Samaipata, y confirmó el despliegue de ayuda humanitaria. “Lo primero es atender a las personas, hallar a los desaparecidos, darle confianza al pueblo boliviano que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Pedirle a Dios que nos colabore porque es un momento donde sí tenemos que actuar”, afirmó Paz en contacto con los medios en Santa Cruz. El Mandatario destacó que las acciones se desarrollan en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Órgano Ejecutivo, y agradeció al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la cooperación plena en el lugar de los hechos. “Sé que él (Camacho) está desplazado en el lugar, yo estoy yendo para darle encuentro y ver, en territorio, necesidades, levantar reporte inmediatamente para que los recursos lleguen con un destino específico de colaboración humanitaria”, agregó. El Gobierno conformó una comisión de emergencia para atender la situación, integrada por personal de los ministerios de Defensa, de Gobierno y de Obras Públicas, bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia. Esta medida busca garantizar asistencia inmediata a las comunidades afectadas y coordinar los recursos necesarios. El desborde impactó especialmente a las comunidades de Achiras, Cuevas y Palermo, así como a la zona valle y sur del municipio cruceño, incluyendo varios barrios urbanos. En Achira, los equipos de rescate encontraron al menos 10 viviendas destruidas, desaparecidos y decenas de familias atrapadas entre lodo y escombros, luego de casi 12 horas de la emergencia. Atención humanitaria El Presidente enfatizó que la prioridad es la atención humanitaria y sanitaria, para evitar infecciones y cubrir necesidades básicas. “Primero atención inmediata para poder darles seguridad y garantías para que esas familias se sientan cobijadas por su Gobierno y su Estado. Lo que primero necesitamos es ayuda humanitaria”. Ayuda internacional Asimismo, Paz hizo un llamado a la colaboración internacional y de organismos multilaterales, debido a que los recursos del Estado son limitados. “Estamos ordenando la economía, estamos ordenando los recursos, pero en esta situación de emergencia necesitamos una colaboración extra”, añadió. En ese contexto, anunció que se realizará un recorrido por la ruta afectada para evaluar los daños en las infraestructuras y que toda la información se elevará a instituciones internacionales. (CORREO DEL SUR)