Seguridad

El exlíder cívico potosino, Marco Pumari, salió este viernes del penal de Cantumarca, donde permaneció recluido por casi cuatro años con detención preventiva. A partir de ahora, podrá enfrentar los procesos judiciales en su contra bajo la medida de arresto domiciliario. En las afueras de la cárcel, Pumari fue recibido por su familia y un grupo de seguidores que celebraron su salida, en medio de muestras de apoyo. La liberación se concretó luego de que la justicia emitiera dos decisiones favorables a su situación jurídica, en el marco de los procesos por el caso denominado “Golpe de Estado I” y por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, ocurrida durante los conflictos postelectorales de 2019. Con esta determinación, Pumari continuará vinculado a los procesos judiciales, pero en libertad domiciliaria, lo que le permitirá preparar su defensa fuera de la cárcel tras una prolongada permanencia en prisión preventiva. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Karla Robledo, abogada de Luis Fernando Camacho, señaló que se cancelaron dos fianzas económicas de los procesos penales, Golpe de Estado 1 y 36 días de paro, que tenían como detenido preventivo a la exautoridad departamental. “Pagamos las fianzas y el desarraigo del gobernador Camacho, ahora queda cumplir con las determinaciones del juez en el caso Carro bombero”, indicó la abogada. La defensa de Camacho sostuvo que si se cumple con todos los requisitos, se podría ya hablar de que Luis Fernando Camacho podría estar trasladándose a la capital cruceña este viernes: tras salir de Chonchocoro se trasladaría al aeropuerto de El Alto. Entretanto, Régimen Penitenciario informó que no se tuvo ningún comunicado oficial de los juzgados que ya determinaron la libertad de Camacho.

La Fiscalía Departamental, el Tribunal de Justicia y Régimen Penitenciario de La Paz han iniciado un trabajo conjunto para revisar los procesos de los detenidos preventivos. El objetivo es descongestionar las cárceles a través de salidas alternativas, como el procedimiento abreviado y la conciliación. Esta iniciativa surge tras un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó la revisión de los casos de personas con detención preventiva en todo el país. Según el fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, las tres instituciones cruzarán información para establecer la cantidad exacta de reclusos en esta situación. Como parte del plan, se ha programado una visita al centro penitenciario de Patacamaya para el 8 de septiembre, donde se socializarán estas opciones con los privados de libertad. La medida busca agilizar la resolución de la situación jurídica de los reclusos y reducir el hacinamiento en los penales. (LA PRENSA)

Tras una extensa audiencia desarrollada este martes en el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, la autoridad jurisdiccional determinó otorgar la libertad pura y simple a Marco Antonio Pumari, mientras que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberá cumplir detención domiciliaria dentro del proceso denominado Golpe de Estado I. De acuerdo con los abogados defensores, la decisión fue asumida por unanimidad de los jueces, luego de valorar los argumentos expuestos durante la audiencia. El caso, conocido como Golpe de Estado I, investiga los hechos ocurridos en noviembre de 2019 que derivaron en la dimisión del entonces presidente Evo Morales y la posterior asunción de Jeanine Áñez en la Presidencia del Estado. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA POPULAR

Dos personas fueron aprehendidas en el municipio de Viacha, La Paz, mientras transportaban 10.000 litros de combustible en un camión sin la documentación legal necesaria.  El camión, que se presume salió de Patacamaya, tenía como destino final la región de los Yungas para ser utilizado en operaciones mineras ilegales, según informó el coronel Gunther Agudo, comandante departamental de la Policía de La Paz. El conductor del camión también tenía en su poder Bs 20.000, cuya procedencia no pudo explicar. Ambos individuos fueron puestos a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para su investigación. Serán procesados por el delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de combustible. (LA PRENSA)