El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, obtuvo este miércoles libertad irrestricta en el proceso penal abierto por el paro de 36 días que exigía la realización del Censo de Población y Vivienda en 2022, compromiso que —según los movilizados— había sido asumido por el entonces presidente Luis Arce. El fallo dejó sin efecto todas las medidas sustitutivas que pesaban sobre la autoridad departamental, entre ellas el arraigo y la detención domiciliaria con permiso de trabajo.
Camacho era investigado por el delito de terrorismo, derivado de su liderazgo durante las protestas cívicas de 2022. No obstante, la resolución judicial lo libera de dichas restricciones. Desde los valles cruceños, donde coordina la atención a la emergencia causada por la riada que dejó desaparecidos y daños severos, aseguró que la justicia “comienza a mostrar independencia” y que la presión del masismo “ya no existe”.
El gobernador indicó que ahora necesita viajar al exterior para gestionar cooperación internacional ante la falta de recursos en el departamento. Su defensa, paralelo a ello, aguarda nuevas audiencias para solicitar la modificación de medidas en los procesos denominados Golpe I y Carro Bombero.
En agosto pasado, la justicia había determinado sustituir su detención preventiva por arresto domiciliario con salida laboral, además de imponerle una fianza de Bs 50.000 y arraigo. Esa decisión le permitió volver a Santa Cruz para continuar sus labores.
El proceso por el paro de 2022 fue impulsado por la Central Obrera Regional de El Alto, afín al Gobierno de Arce. La denuncia incluía una serie de delitos, como terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, racismo, discriminación y atentados contra la libertad de trabajo, no solo contra Camacho sino también contra otros dirigentes cívicos.
El gobernador participó de la audiencia de este miércoles de manera virtual, debido a que permanece desplazado en la zona afectada por la riada. Desde Samaipata dirige labores de búsqueda y rescate junto a equipos de emergencia y autoridades municipales.
(CORREO DEL SUR)
