Seguridad

Los asambleístas departamentales de La Paz Israel Alanoca y Leopoldo Chui denunciaron que vocal Juan Adalid Mamani Quispecahuama, de la Sala Penal Quinta del Tribunal Departamental de Justicia, favoreció con detención domiciliaria a los dos funcionarios, Edson G.S.S., y María R.M.C., que fueron aprehendidos el 12 de este mes por el cobro irregular de montos de dinero que realizaron al interior del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz. “Hemos conocido una noticia lamentable. Los dos imputados por el delito de concusión fueron liberados. Ayer (jueves) en una audiencia de apelación se ha revocado la decisión del juez de primera instancia y les ha beneficiado con detención domiciliaria”, informó Alanoca en conferencia de prensa. Lamentó que, con esta decisión, estas dos personas puedan manipular los papeles ya que tienen acceso directo al Sedes y así perjudicar el trabajo de investigación. “Ellos pueden incluso hablar con las víctimas, pueden manipular y ahí hay un riesgo. El juez no ha obrado bien ante este hecho”, reclamó el asambleísta. El delito que cometieron estas dos personas se dio el pasado 12 de este mes, cuando fueron encontrados en flagrancia con dinero, una laptop y una lista de funcionarios a quienes exigían montos de dineros de entre 90, 100, 120, 150, 200 y 250 bolivianos como pago para asegurar sus puestos de trabajos al interior del Sedes, centros médicos y otras instancias. Tras esto, efectivos policiales intervinieron las oficinas y aprehendieron a los dos funcionarios, además de que en el lugar se halló al menos 12.000 bolivianos, producto de los cobros de un solo día. Alanoca también informó que el vocal dio una fianza de 10 mil bolivianos. “Solamente les han dado una fianza de 10 mil bolivianos, ese monto y más hemos encontrado ese día y solo habían recogido en tres horas, imagínense cuánto más habrán recogido en estos años. No sabemos el argumento que ha usado el juez, pero exhortamos a la Fiscalía que le dé celeridad a este proceso”, declaró. En tanto, el asambleísta Chui manifestó que el vocal Mamani Quispecahuama solamente se maneja con dinero para librar procesos judiciales. “Este vocal, Adalid Mamani Quispecahuama se maneja así (con dinero) a la justicia. Estos señores estaban cometiendo actos de corrupción y así son liberados, son beneficiados”, reclamó. Pidió al vicepresidente Edmand Lara responder a las peticiones que enviaron y aseguró que los mismos están en su despacho. “Señor vicepresidente: denuncia muy grave por hechos de corrupción contra Santos Quispe y funcionarios del Sedes de La Paz por corrupción de cobros exorbitantes de dinero a funcionarios públicos”, dice un memorial que tiene el sello de la Vicepresidencia.

A 11 días de los desbordes y riadas en la localidad de Achira, en Samaipata, la Gobernación de Santa Cruz informó este viernes del hallazgo de un cuerpo que podría estar relacionado con los desastres. Permanecen desaparecidas dos mujeres: Ramona Banegas, una mujer de 87 años, y Verónica Eves Peña, una joven embarazada de 21 años. Tras encontrar el cuerpo, las autoridades no pueden confirmar aún si se trata de una de esas personas, o de una tercera. “Informar a toda la población que nuestros rescatistas encontraron un cuerpo sin vida, a 12 kilómetros de la Comunidad Achiras, en la localidad Los Pinos. Nuestros rescatistas entregarán el cuerpo a las autoridades correspondientes para que hagan la identificación y den el reporte oficial”, dice un comunicado de la Gobernación. Luis Fernando Suárez, director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) informó sobre el hecho: “Es la una de la tarde y vamos a pasar el informe oficial del rescate del cuerpo que se ha encontrado en la zona”. El COED dio a conocer que cinco unidades de rescate, junto a efectivos de la Policía y Bomberos, trabajan en la zona para llevar el cuerpo hasta un punto seguro, donde comenzará la tarea de identificar la identidad. En tanto, el alcalde de Samaipata, Eustaquio Casilla confirmó el hallazgo y dijo que se hará la identificación una vez que el cadáver sea llevado a la morgue. “Estamos casi en la frontera entre Laja y Cuevas, exactamente a 18 kilómetros de Achira y las familias están esperando sobre la carretera, se va a identificar al cadáver para que luego pueda ser entregado a sus familiares”, afirmó el alcalde. Según un balance de la comuna, las inundaciones afectaron a unas mil personas y 560 familias perdieron sus viviendas durante el desastre ocurrido el pasado 17 de noviembre. Mientras tanto, maquinaria de la Alcaldía de Samaipata sigue trabajando para la rehabilitación de los caminos que fueron afectados por las lluvias. (VISIÓN 360)

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Miguel Hurtado, presentó una acción de libertad a través de su abogado, Álex Mejía, buscando dejar sin efecto de manera inmediata tanto el mandamiento de aprehensión que pesa en su contra como la solicitud para activar la alerta migratoria.  La decisión surge después de que un juzgado de La Guardia, en Santa Cruz, emitiera cuatro órdenes de detención contra magistrados que se prorrogaron en sus cargos. El recurso legal, presentado ante una sala constitucional del Beni, pide en un punto central que se notifique a la Policía para el «cese de la persecución» y se anule la orden de detención. Adicionalmente, se solicita la desactivación de la alerta migratoria y el «resguardo de derechos fundamentales y garantías» del exfuncionario. Pese a las órdenes judiciales, la Policía informó que hasta el mediodía de este miércoles no existía notificación oficial sobre los mandamientos de aprehensión. (LA PRENSA)

El abogado Abel Loma, impulsor del proceso penal contra el exejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi, lamentó que al momento el gobierno no haya impulsado ser parte querellante del daño económico al Estado de varios hechos de corrupción en el gobierno del MAS, que por casi 20 años manejó la justicia en el país: «Los casos de corrupción en el gobierno del MAS concluirán con su tiempo procesal y la población y el Estado no observaremos que se pueda procesar a los culpables». Por su parte, el abogado Jorge Valda propone al Gobierno que así como se pretende la conformación de una comisión de la verdad se habrá también otro proceso de investigación acerca de los cientos de casos de detenciones ilegales a presos políticos en el gobierno de Evo Morales y de Luis Arce El expresidente de YPFB Santos Ramírez, quien fue detenido por el caso Catler y después de estar detenido más de 10 años, señaló que la corrupción en YPFB hizo que autoridades de Estado como el expresidente Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera camuflaran los actos de corrupción en la estatal petrolera para adquirir medios de comunicación y empresas. Según el exdirigente del MAS, «esas son las pruebas que entregaría a la denominada comisión de la verdad de hidrocarburos».

Milton Andrade, abogado defensor del coronel Pavel Vásques, informó que fue admitida la denuncia contra el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, y contra el comandante de la Policía, general Augusto Russo, por los presuntos delitos de discriminación y coacción. Para el afectado, las acciones de ambas autoridades representan «un atentado contra el derecho al trabajo”. “La denuncia ha sido admitida el día de hoy y se están cumpliendo los pasos protocolares, como la asignación de un fiscal y un investigador. El control jurisdiccional lo tiene el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal”, declaró el abogado del oficial, Milton Andrade. El jurista añadió que, a partir del lunes, comenzarán con las diligencias correspondientes. De acuerdo con la denuncia, el oficial fue trasladado en 2021 a diversas unidades, como la Fiscalía Departamental Policial en Pando, el Comando de Adiestramiento de Canes en la zona Sur de La Paz, la Estación Policial Integral (EPI) Tarapacá y el Comando Departamental de La Paz, entre otras, sin justificación. Estos cambios, según Andrade, fueron dispuestos por el entonces comandante general de la Policía, coronel Jhonny Aguilera. Pese a los reiterados intentos por obtener una explicación, no hubo respuestas. El actual comandante de la Policía, general Augusto Russo, también fue puesto en conocimiento del caso y, en abril de este año, designó al coronel Vásques como subcomandante departamental de la Policía en Beni, un cargo acorde a su rango.