Seguridad

Bolivia se encuentra este 2 de septiembre en el centro de la atención internacional debido a la audiencia final del juicio penal contra los exprovinciales jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons,  acusados de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Alfonso Pedrajas, conocido como “Padre Pica”.  “El dolor no prescribe (…). Hoy cientos de víctimas esperamos una luz de esperanza. Que se sepa la verdad histórica”, manifestó por su parte, Wilder Flores, presidente de la CBS. “La verdad material ha quedado expuesta en este proceso, con abrumadora prueba testifical, documental y pericial que puso en evidencia un patrón de encubrimiento de parte de los encausados (…) por el abuso sexual de Alfonso Pedrajas y otra docena de perpetradores jesuitas”, expresó Edwin Alvarado, secretario de Relaciones Internacionales de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS). Desde Francia, el Colectivo 36 de Bretaña y la líder ecuatoriana Avelina Rogel señalaron: “Estamos atentos y atentas del veredicto. Que se haga justicia en la tierra”. “Llegó el momento de la verdad, de la justicia y de la reparación a tantos años de sufrimiento”, expuso por su parte el abogado y víctima de abuso Alejandro Klock Varas, desde Rusia. También se expresaron el activista español Juan Boto Seco, la activista Camila Camarlengo,  desde Italia; desde Argentina, el Centro de Protección Familiar de La Falda  y otros. Para muchas organizaciones y víctimas, esta audiencia representa una oportunidad histórica para que la justicia boliviana siente un precedente frente al abuso sexual clerical y su encubrimiento institucional. En días recientes, la defensa de los acusados solicitó la prescripción del caso. Sin embargo, el Juzgado Cuarto de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia a las Mujeres rechazó el incidente, tras un análisis detallado del planteamiento. La instancia judicial concluyó que no correspondía la prescripción, por lo que el proceso llegó hasta su etapa final. URGENTE BO

El senador Félix Ajpi anunció que presentará una demanda internacional contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que, tras cinco años, no se ha logrado justicia para las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba. Cuestionó el accionar del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, a quien señaló como posible responsable de prevaricato, debido a decisiones que —según el senador— favorecieron a actores vinculados a los hechos de 2019. Dijo también que la mencionada autoridad fue declarado como Hijo Predilecto en un acto que participó el Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, sindicado en el caso Golpe I. El 18 de agosto de 2025, Romer Saucedo emitió un instructivo que ordenó a los tribunales departamentales revisar de inmediato las medidas de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari. Argumentó que existía un uso abusivo de la detención preventiva, y que debía garantizarse el debido proceso y la celeridad judicial. Luego del instructivo Nº 18/2025, se dispuso detención domiciliaria para Fernando Camacho en el caso Golpe I, “Decretazo” y Paro de 36 días. El exlíder cívico de Potosí, Marcos Pumari también salió de la cárcel y es acusado de incitar a la quema del TED durante 2019. En el caso de Jeanine Áñez se determinó juicio de responsabilidades por Senkata y Sacaba. Aún guarda detención preventiva porque tiene una sentencia por el caso Golpe II. Las víctimas de Senkata y Sacaba denunciaron que el instructivo responde a un “cálculo político” y que se favoreció solo a tres figuras ignorando a miles de detenidos preventivos en el país. Al respecto, tras airada protesta de detenidos en La Paz y Santa Cruz, la justicia ordenó revisar los casos de detenidos preventivos, que según la Defensoría del Pueblo, ascienden a 18 mil personas. “El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos.Él, su firma, y su conciencia, están manchadas para siempre”, expresó la representante de las víctimas, Gloria Quisbert. Por su parte, el activista por los derechos humanos y también representante de las víctimas, David Inca, afirmó que la audiencia fue un ejemplo de revictimización. “Los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas se las dejó en indefensión. La impunidad ganó con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia”, lamentó al anunciar que solo les queda acudir a la CIDH. RTP y Opinión

Cinco policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y un civil boliviano fueron enviados a prisión preventiva por 150 días en Chile, acusados de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, secuestro y en posesión de vehículo robado. Durante la audiencia en el Juzgado de Garantía de Calama, la Fiscalía chilena presentó como prueba clave los mensajes extraídos de uno de los celulares incautados. Según el periódico El Deber, El fiscal Claudio Rojas leyó en voz alta un texto que decía: “Todo estaba jodido, jodido… Ayer he hecho pasar y hoy ya se la han llevado. Así que en estos días ya voy a tener el efectivo, compa. No te preocupes” “Las lechugas” En la audiencia, los policías insistieron en que cumplían labores oficiales de interdicción y que, durante una persecución a contrabandistas, se habían visto obligados a repeler disparos, sin percatarse de que habían cruzado al lado chileno. Pero la versión se desplomó cuando la Fiscalía de Chile reveló en una audiencia que tuvo lugar el jueves 21 de agosto los audios y mensajes de WhatsApp encontrados en sus celulares. Allí se hablaba en clave de “lechugas” para referirse a marihuana. – “Hay que seguir trabajando internamente, nomás, tranquilamente, sin que alguien se dé cuenta. Capaz a alguien le han dicho que has llevado lechugas en cantidad, pues, 30 lechugas de punta a punta estaban los militares.” Este diálogo fue interpretado como evidencia de una operación previa de tráfico, donde los uniformados bolivianos habrían facilitado el paso de droga y esperaban el pago correspondiente. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sostuvo que “se trata de una investigación penal que surge de un procedimiento flagrante”, y que los vehículos utilizados no tenían señales institucionales, lo que refuerza la hipótesis de una operación encubierta. Además, se confirmó que la camioneta Toyota interceptada tenía una placa chilena adulterada y estaba reportada como robada desde 2021. Desde Bolivia, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, defendió la actuación de los policías y reiteró que se trataba de una labor oficial de interdicción. “En la persecución de nuestros efectivos a un vehículo que estaba transportando sustancias controladas hacia la República de Chile, el vehículo se detuvo por una nevada y se logró aprehender al conductor. En ese momento se acercaron carabineros de Chile, quienes les manifestaron que estaban en territorio chileno y detuvieron a nuestros efectivos”, declaró Mamani. Mientras Bolivia gestiona la liberación de los policías, Chile sostiene que existen pruebas sólidas que justifican la detención. La investigación se mantiene en reserva. Los seis bolivianos permanecerán recluidos en la cárcel de Antofagasta, mientras se profundiza el análisis de los audios, dispositivos GPS y otros elementos incautados La detención se produjo el 24 de agosto en el sector de Hito Cajón, región de Antofagasta, cuando los agentes cruzaron la frontera en una vagoneta Nissan sin distintivos, durante una supuesta persecución antidroga. En el operativo se incautaron de más de 500 kilos de marihuana, 73 kilos de pasta base, armas de guerra, 14 celulares y placas duplicadas. El Deber, El Día, Opinión

Un juez negó este viernes el recurso que presentó la defensa de los exprovinciales jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos españoles, para la prescripción del juicio que se les sigue por supuesto encubrimiento de los casos de pederastia del fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas. “El juez ha escuchado a las partes y ha determinado que es improcedente (el recurso de los exprovinciales) porque la prescripción ha precluido”, dijo a EFE Pedro Lima, vocero de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS). Por lo anterior, el juicio penal contra los dos exaltos mandos jesuitas en Bolivia se reinstalará el martes 2 de septiembre, a las 8.00, para el desarrollo de la etapa final de alegatos y sentencia. El caso de los jesuitas españoles en Bolivia “Las víctimas estamos con la esperanza de que se pueda impartir justicia y tengamos la luz al final de esta oscuridad, porque ha sido un proceso muy fuerte y desgastante”, agregó Lima. El juicio contra los dos exprovinciales de la Compañía de Jesús comenzó en enero, pero sufrió varias postergaciones debido al estado de salud de los religiosos, ambos con más de 80 años. Lee también: Procurador lamenta suspensión del juicio del caso “Pica” contra sacerdotes jesuitas por encubrimiento Las denuncias por pederastia contra jesuitas en Bolivia han estado en la mira después de que el diario El País publicó el 30 de abril de 2023 una investigación sobre un diario de Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró contra decenas de niños cuando dirigió el Colegio Juan XXIII, desde 1971. La CBS sostiene que las víctimas de Pedrajas son casi doscientas y no las 85 que el sacerdote señaló en su diario, mismas que corresponden a agresiones que sucedieron en las décadas de los años setenta, ochenta y noventa del siglo XX, en el desaparecido Colegio Juan XXIII, en la ciudad de Cochabamba. El testimonio de las víctimas Las víctimas de pederastia sostienen que existen “por lo menos doce encubrimientos a jesuitas por parte de ambos imputados (Alaix y Recolons)”, entre ellos el también jesuita español Luis María Roma, fallecido en agosto de 2019. En febrero de ese año, EFE dio a conocer el caso de Roma por una denuncia de un exmiembro de la orden que pidió el anonimato con base en una treintena de fotografías en las que dijo reconocer al supuesto agresor de varios menores de entre seis y doce años, cuyas víctimas figuran en decenas de descripciones que el cura también registró en su diario. Lee también: Comienza en Bolivia el juicio contra jesuitas españoles por “encubrimiento” de pederastia En este caso, la Compañía de Jesús admitió que no se aplicaron los protocolos para canalizar la denuncia penal tras efectuar una investigación interna en la que no se hallaron víctimas. El caso posteriormente lo cerraron y nuevamente lo reabrió la Fiscalía en 2024. Al respecto, Lima dijo que la CBS está atenta al caso de Roma “que aún no se ha cerrado” y que se tiene a víctimas “que están dispuestas a declarar”. Por su parte, la Compañía de Jesús en Bolivia ha dejado de referirse a estos casos desde hace varios meses en sus redes sociales, su página institucional en internet y mediante sus voceros, que eran los canales oficiales de difusión de información. VISIÓN 360

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, convocó a los bolivianos que emigraron por la persecución judicial a retornar al país. En un mensaje en su cuenta de X, afirmó que la justicia recuperó su independencia y que ya no será “un instrumento de persecución”. Aseguró que en Bolivia se restableció el debido proceso.  “Con plena convicción, podemos afirmar que la justicia ha recobrado su independencia. Nunca seremos instrumento de persecución, ni de derecha ni de izquierda. En el año del Bicentenario, hacemos un llamado a todos nuestros compatriotas que están fuera del país para que retornen a celebrar con sus familias y su pueblo”, escribió Saucedo. Saucedo publicó su mensaje de forma coincidente con el retorno del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la capital cruceña, tras salir del penal de Chonchocoro.  La autoridad estuvo detenida de forma preventiva desde el 29 de diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I, iniciado por denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, por los presuntos delitos de terrorismo, cohecho activo y uso indebido de bienes del Estado durante la crisis de noviembre de 2019. Saucedo instruyó a los tribunales departamentales revisar los tiempos procesales de los casos contra Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez y el exdirigente cívico Marco Antonio Pumari. Tras esa orden, este viernes 29 de agosto también fue liberado Pumari, quien estaba detenido preventivamente desde el 21 de diciembre de 2021 en el penal de Cantumarca. Además, la justicia emitió fallos favorables a Áñez, por Senkata y Sacaba, aunque la exmandataria aún debe permanecer recluida en el penal de Miraflores por una sentencia en primera instancia de 10 años de cárcel en el caso Golpe de Estado II. Brújula digital