Seguridad

A su llegada a La Paz de la cárcel del Abra en Cochabamba, el general Juan José Zúñiga se presentó a la FELCC para firmar unos papeles que le servirán para pedir posteriormente su detención domiciliaria. Zúñiga señaló que en el país anunciaban movilizaciones de diferentes sectores, en especial de los chóferes por la falta de carburantes, por tal motivo habría surgido la idea de movilizar a los militares para hacer creer que el Gobierno tenía apoyo de las Fuerzas Armadas: días antes del 26 lo citaron a Casa Grande del Pueblo donde le ordenaron por parte del ahora expresidente Luis Arce que mivilice a las tropas y los tanques crédulo fue en busca del entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien le aseguró que debía cumplir la orden del presidente. Tras la movilización de los tanques y la tropa, Zúñiga se habría dado cuenta que esto era una trampa. «Mientras el exministro Eduardo del Castillo golpeaba el tanque donde yo estaba, los funcionarios públicos se movilizaban en nuestra contra, Castillo quería que mis soldados reaccionen y existiera un enfrentamiento. Cuando fui a Casa Grande sabían de este hecho Arce, Marianela Prada, Hugo Moldiz y Novillo yo sólo cumplí órdenes», relató.

Un juez determinó este miércoles la detención domiciliaria para el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, dentro del proceso investigativo por presuntas irregularidades en el uso de harina subvencionada entregada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La decisión fue asumida tras una extensa audiencia virtual, en la que la autoridad jurisdiccional estableció que existen elementos de convicción suficientes que hacen presumir la probabilidad de autoría del dirigente; sin embargo, se determinó que no corresponde su reclusión en un centro penitenciario. Según la resolución, Ríos deberá cumplir detención domiciliaria sin custodio y sin salida laboral, además de arraigo, que deberá ser certificado ante la Dirección General de Migración, pago de una fianza de Bs 60.000 y presentarse dos veces al mes ante la Fiscalía para su registro biométrico. En el mismo caso, su hijo Ricky R. M. también fue beneficiado con detención domiciliaria, el pago de una fianza de Bs 30.000, arraigo y la obligación de presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público para el registro biométrico. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Como parte de las investigaciones por supuestas irregularidades en torno al Fondo Indígena, este miércoles la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la exdiputada Lidia Patty. Según el Ministerio Público, la exlegisladora recibió una importante suma de dinero en su cuenta personal. «La señora Lidia Patty ha adecuado su conducta a los delitos que han sido denunciados, como conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado», señaló el fiscal Miguel Cardozo. El funcionario explicó que, durante la intervención a las oficinas del Fondo Indígena en La Paz, se secuestró documentación relacionada con un proyecto para la producción de tomates y hortalizas que debía ejecutarse en ocho comunidades de departamentos no especificados. La iniciativa tenía un costo estimado de más de un millón de bolivianos. Sin embargo, según la documentación secuestrada, Lidia Patty habría recibido una parte significativa de ese monto en su cuenta personal. “Se tiene ya establecido que habría recibido más de 700.000 bolivianos en su cuenta”, detalló el fiscal Miguel Cardozo. No es el único caso: Patty es investigada por varios proyectos que debían ejecutarse entre 2009 y 2011, aunque el número exacto no fue especificado por el Ministerio Público. (VISIÓN 360)

La Fiscalía Departamental de La Paz y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen intervinieron este miércoles las oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), como parte del proceso judicial que se sigue contra la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, por incumplimiento de contratos en ocho proyectos. “Es sobre ocho proyectos en ocho comunidades en los que se ha establecido un daño económico al Estado, se habrían hecho diferentes depósitos en sus cuentas bancarias”, declaró el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo, quien lideró la intervención. Agregó que aún no hay una orden de aprehensión contra la exdiputada y tampoco una citación para que declare. El pasado 20 de noviembre, el Ministerio Público inició una investigación penal contra la exdiputada. Según el requerimiento fiscal del 17 de noviembre, se la investiga por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. La denuncia fue presentada por el propio Fondo Indígena. Aquel 2015  El caso salió a la luz en febrero de 2015, cuando la Contraloría General del Estado detectó 153 obras no ejecutadas, lo que causó un perjuicio de 71 millones de bolivianos al Estado. Entre los acusados figura la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, quien ya fue detenida preventivamente por este caso.   (VISIÓN 360)

El dirigente de la Confederación de Panificadores, Rubén Ríos, espera para este miércoles su audiencia cautelar por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y daño económico al Estado. Tras su salida de celdas de la FELCC para declarar ante la Fiscalía, rechazó que haya conformado un clan familiar para la venta y reventa de harina subvencionada. «Yo no conformé ningún clan familiar, soy inocente», sostuvo. En días pasados el Ejecutivo denunció que Ríos habría adquirido harina de EMAPA en menos de Bs 100 y lo revendió al mismo Estado en Bs 300. El director departamental de la FELCC, Gabriel Neme, informó que en este caso se continúa en la búsqueda del exgerente de EMAPA, Franklin Flores, en territorio nacional: «Coordinamos con Migración e Interpol para dar con el paradero de este ciudadano».

Un trágico caso de feminicidio se registró en La Paz, donde un joven de 21 años, identificado como Iván G. C. U., fue aprehendido por la Policía bajo la acusación de haber asesinado a su pareja, Yesica P. C., también de 21 años, y posteriormente enterrar su cadáver. Detalles del Crimen El crimen ocurrió el 28 de noviembre, alrededor de las 03:00, en el departamento de la víctima, ubicado en la zona Chamoco Chico de La Paz, cerca del Cementerio General.  La pareja habría sostenido una discusión y pelea. La autopsia realizada por el IDIF determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento braquio/antebraquial, confirmando una muerte violenta.  Se presume que Iván G. C. U. asfixió a Yesica y, al percatarse de su muerte, trasladó el cuerpo en un yute en taxi hasta la Terminal Interprovincial de El Alto. Posteriormente, abordó un minibús alrededor de las 05:30 con destino al cantón Lacaya, en el municipio rural de Pucarani, donde procedió a enterrar el cuerpo en un terreno baldío. (LA PRENSA)

Mediante un memorándum, el Comandante General de la Policía, Mirko Sokol, prohibió a los policías “solicitar, exigir, aceptar o insinuar” la entrega de dinero a la población, a servidores públicos policiales o a miembros de la institución. “Queda terminantemente prohibido; solicitar, exigir, aceptar o insinuar la entrega de dinero, dádivas económicas, beneficios o cualquier tipo de favor, ya sea: A la ciudadanía en general, sin excepción. A servidores públicos policiales o miembros de la institución, independientemente del grado o función”, señala el circular.  El memorándum con fecha 29 de noviembre, fue dirigido al comando general, direcciones generales y nacionales y comandos departamentales de la Policía.  La disposición se da con la finalidad e mantener la “conducta integra, transparente y alineada” con los valores éticos de la institución.  “La inobservancia a esta disposición, dará lugar a la aplicación de la Ley N° 101 de Régimen Disciplinario de la Policia Boliviana y de las responsabilidades establecidas en el Decreto Supremo N° 23318-A (Responsabilidad de la Función Pública)”, culmina el circular.  El memorándum se da a conocer un día después de la posesión de Sokol como Comandante de la Policía, tras centrar su discurso en la lucha contra la corrupción y anunciar que impulsará un cambio profundo en la institución para enfrentar este problema.  “Camaradas, a partir de hoy, la orden que les da su comandante general es que queda totalmente prohibido cobrar un solo centavo a algún ciudadano boliviano, por ningún motivo. Y peor aún, a ningún servidor público policial”, afirmó Sokol el viernes tras su posesión. Además, recordó que la corrupción “no aparece sola”, porque es un delito que involucra “dos actores: el que da y el que recibe, el que pide y el que entrega”. Por lo que pidió no intentar “arreglar todo de la manera más sencilla” mediante sobornos.  “Si un ciudadano se ha encontrado también cometiendo un delito de cohecho, pues va también a someterse a lo que establece la normativa vigente”, agregó. (BRÚJULA NOTICIAS)

La Fiscalía de La Paz ordenó la aprehensión del dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, por su presunta participación en contratos irregulares con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para la provisión de harina subvencionada. Detalles de la Investigación El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó que, aunque se realizaron allanamientos en el domicilio de Ríos, el dirigente no fue hallado. Sin embargo, en el operativo se logró el secuestro de un vehículo, documentos, y otras pruebas relevantes para la investigación.  Principales Denunciados:  El fiscal señaló que los dos principales denunciados en este caso son el exgerente de Emapa, Franklin Flores, y el dirigente Rubén Ríos. (LA PRENSA)