Seguridad

Las filas y bloqueos por la falta de GLP continúan, ocasionando perjuicio en la población. La mañana de este lunes la población, cansada del desabastecimiento y la falta de respuestas por parte del gobierno, protagonizaron un bloqueo en la avenida Panamericana de la ciudad de El Alto. La escasez de este carburante se registra en varias zonas de la ciudad de La Paz y El Alto, el fin de semana vecinos de la ladera este se movilizaron exigiendo atención a sus demandas. Ante esta problemática las denuncias de contrabando de gas licuado de petróleo boliviano hacia el Perú continua activo en zonas fronterizas, donde el combustible subsidiado tiene un mayor precio, llegando en muchos casos a triplicar su precio. ÁNGE LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Fiscalía de La Paz admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras once personas, a quienes se les acusa de “autores y cómplices” de trata de personas. De acuerdo con el memorial —admitido el 30 de diciembre—  los hechos se produjeron entre 2015 y 2020. La presunta víctima fue identificada como Noemí Meneses Chávez, quien —según la acusación— fue trasladada por vía aérea desde los 14 años a distintos destinos del país para sostener encuentros íntimos con el entonces jefe de Estado. EL DEBER tuvo acceso a la denuncia, registrada con el Código Único de Caso (CUD) N° 201102012509349. El documento fue presentado en 2020 por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), quien se declaró “perseguido político” por haber impulsado la investigación durante el gobierno de Jeanine Áñez. En su exposición ante el Ministerio Público, Alcázar sostuvo que, tras iniciar las indagaciones, fue apartado de sus funciones y sometido a presiones por tocar un caso que involucraba directamente al mandatario de entonces. En el memorial, el exfuncionario describió la existencia de una presunta “organización criminal” integrada por quienes, en su tiempo, fueron autoridades y funcionarios públicos. El objetivo de esa red —según la acusación— era garantizar la logística, el traslado y el encubrimiento de los encuentros entre Morales y la adolescente. Según la denuncia, Meneses realizó al menos 37 viajes aéreos para reunirse con el exmandatario mientras él se encontraba en funciones. Varios de esos viajes se hicieron sin cumplir los requisitos legales exigidos para menores de edad. Alcázar acusó al actual dirigente cocalero de estupro tras señalar que él pudo abusar de una adolescente. En ese punto, el documento sostiene que la propia víctima reconoció ante la Policía el vínculo con Morales, aunque afirmó que la relación formal comenzó el 24 de mayo de 2020, cuando ella tenía 19 años, ya mayor de edad. Hizo esa declaración a pesar de la diferencia de edad de más de cuatro décadas con el exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS). Para el denunciante, ese argumento no desvirtúa los hechos previos ni los cargos de trata y tráfico de personas que deben ser esclarecidos. La denuncia solicita que Morales y los demás involucrados sean procesados y sancionados con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de cárcel, conforme a la legislación penal boliviana vigente para este tipo de delitos. Entre los cómplices, el memorial menciona al exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, además de otras diez personas que, según Alcázar, facilitaron el traslado de la entonces menor desde Cochabamba hacia otros departamentos del país. En la lista figuran funcionarios y exfuncionarios públicos, así como personas vinculadas a distintas reparticiones estatales. También se menciona a Rodolfo Castro, actual funcionario de Mi Teleférico; a Luis Hernán Soliz Morales, quien en 2020 figuraba como asistente personal del exmandatario, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y a servidores públicos relacionados con la Gobernación de Cochabamba y la Caja de Salud. Uno de los nombres que resalta en el documento es el de Carla Lorena Sandy, abogada que ocupó diversos cargos durante los gobiernos del MAS, entre ellos el de viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022 y directora de unidad en el Ministerio de Educación. Actualmente, según la denuncia, se desempeñaría como segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad en la que recientemente impulsó la declaración del “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas”. Respecto a Casso, la denuncia recuerda que fue gerente de BoA durante las gestiones de Morales y de Luis Arce, y menciona además que su hermano, un excoronel de la Policía, fue asesor del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, lo que, en criterio del denunciante, refuerza la hipótesis de una red de influencias que permitió facilitar los traslados. Alcázar sostuvo que allegados a Morales compraron los pasajes para Meneses y que, con apoyo interno, se burlaron los protocolos de seguridad. La denuncia señala que ni BoA ni las terminales aéreas de Cochabamba, Santa Cruz y, principalmente, La Paz exigieron el permiso para esos viajes. (EL DEBER)

El Gobierno nacional negó de forma categórica que esté preparando la declaratoria de un estado de sitio o de excepción, en respuesta a denuncias públicas del expresidente Evo Morales, y aseguró que no existe ni se evalúa la aplicación de medidas represivas. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa afirmó que el camino del Estado es el diálogo, la ley y la preservación de la paz social, en un contexto que exige orden y madurez política. “El Gobierno nacional aclara a la opinión pública que no existe ni se evalúa la aplicación de ningún estado de excepción, ni medidas de represión”, señala el pronunciamiento difundido este domingo. La cartera de Defensa calificó las afirmaciones del exmandatario como desinformación deliberada, orientada a generar alarma, tensión y confrontación entre organizaciones sociales y sectores laborales. La reacción oficial se produjo luego de que Morales denunciara que el presidente Rodrigo Paz estaría preparando un “estado de sitio” mediante Decreto Supremo, supuestamente respaldado por miembros de las Fuerzas Armadas. Según el exmandatario, “generales patriotas” le habrían advertido de la intención de aplicar medidas excepcionales frente a las movilizaciones en el país. En su respuesta, el Ministerio de Defensa consideró irresponsable que se difundan versiones falsas sobre supuestas acciones represivas y cuestionó que Morales evite referirse a un problema estructural: el crecimiento “indiscriminado y fuera de control” de los cocales. El comunicado recuerda que durante gestiones pasadas se ampliaron las hectáreas “legales” sin cumplir los límites y denuncia que, en la coyuntura actual, se habría impedido el ingreso de fuerzas de erradicación al Chapare, debilitando la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno alertó que, de mantenerse esta situación, Bolivia podría superar las 40.000 hectáreas de coca y alcanzar niveles de producción cercanos a 300 toneladas de cocaína, lo que representaría una amenaza directa a la paz, la seguridad y la imagen internacional del país. Asimismo, el Ministerio de Defensa exhortó al expresidente a actuar con responsabilidad, dejar de difundir “mentiras” y no utilizar a las organizaciones sociales como instrumentos de presión o confrontación. “La mentira desestabiliza. La verdad, el orden y la ley fortalecen la Patria”, concluye el comunicado, ratificando el compromiso gubernamental con el orden democrático, la lucha frontal contra el narcotráfico y la paz social. (EL DEBER)

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, solicitó agilidad en las investigaciones contra Franklin Flores, exdirector de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, tras su reciente captura. La autoridad ministerial manifestó el compromiso del Gobierno para colaborar con el esclarecimiento de irregularidades detectadas en la administración de recursos estatales. El proceso surge a raíz de denuncias por enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias vinculados al manejo de subsidios para insumos básicos. La cartera de Desarrollo Productivo actúa como parte acusadora en este caso, debido a indicios de malversación en los fondos destinados a la subvención del pan. Serrano puntualizó que el Órgano Judicial debe aplicar medidas estrictas contra el exfuncionario, ante el incumplimiento previo de su arresto domiciliario. El Gobierno nacional aguarda la cuantificación total del perjuicio económico causado al Estado para determinar la magnitud de las sanciones correspondientes bajo el principio de independencia de poderes. El objetivo central de estas acciones legales reside en la protección de los recursos públicos que garantizan la estabilidad de precios para la población boliviana. El Viceministerio garantizó el flujo de información necesaria hacia los tribunales para transparentar la gestión de la entidad estatal y sancionar a los responsables de los malos manejos. El sistema judicial deberá emitir un dictamen a la brevedad posible para esclarecer las sospechas de corrupción que afectan el patrimonio del país. (LA PRENSA)

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que durante la gestión 2025 en Bolivia se registraron 81 casos de Feminicidio y 29 de Infanticidio, los mismos que son investigados de manera oportuna por parte de las Fiscalías Especializadas de Vida en los nueve departamentos del país y como resultado se tienen que los agresores fueron plenamente identificados y procesados, de estos el 98,76% en Feminicidios y el 85,18% en Infanticidios. “Durante el 2025 el Ministerio Público ha llevado un trabajo exhaustivo y meticuloso en la investigación de los casos de Feminicidio e Infanticidio, este esfuerzo se ha centrado no solo en la identificación de los responsables que sean procesado y cumplan una sanción ejemplificadora, sino también en la búsqueda de justicia para las víctimas aplicando el nuevo modelo de investigación estratégica”, expresó Mariaca. La autoridad aseguró que, “como institución en este nuevo año se hace un llamado a todas las personas que conozcan un hecho de violencia a denunciar para poder salvar una vida. Se recuerda con firmeza que la vida de las mujeres y de los niños es un derecho fundamental que debe ser respetado”, refirió. FEMINIDICIOS La gestión 2025 cerró con un total de 81 casos de Feminicidio registrados a nivel nacional, que muestran una reducción frente a los 84 casos reportados en el 2024. El departamento de La Paz se mantiene como la región con mayor incidencia, acumulando 31 casos, seguido por Santa Cruz con 17, Cochabamba con 13, Potosí 8, Oruro 6, Tarija 3, Chuquisaca 2 y Beni 1, mientras Pando cero casos. El análisis mensual revela picos de violencia crítica durante el mes de junio, que registró 11 víctimas. En cuanto a la edad de las víctimas entre 31 y 40 años representan el 33,33% de los casos, seguido por el grupo de 21 a 30 años con un 28,39%, de 13 a 20 años representa el 17,28%, entre otros que van desde los 41 a los 61 años y más. Según el reporte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las causas de muerte de la mayoría de las víctimas fueron por asfixia con el 51,85%, golpes o traumas 23,45%, arma blanca 11,11%, arma de fuego 4,93%, quemaduras 3,70%, intoxicación por sustancia 2,46% y otros 2,46%. Respecto a la relación con el autor del hecho en el 64,18% de los casos es el conviviente, enamorado o esposo de la víctima, evidenciando el mayor riesgo. De acuerdo a la situación procesal de los casos el 98,76% se tiene la identificación de los responsables, quienes se encuentran bajo detención preventiva, en etapa de investigación o cumpliendo condena. INFANTICIDIOS Bolivia cerró el 2025 con un total de 29 víctimas de Infanticidio en 27 casos penales, lo que representa una reducción respecto a los 38 hechos registrados el año 2024. El departamento de Cochabamba tiene la mayor cantidad con 9 víctimas, seguido por La Paz y Santa Cruz con 7 casos cada uno, 3 en Potosí, 2 en Oruro y 1 en Chuquisaca, mientras Beni, Pando y Tarija sin casos. El análisis temporal muestra que agosto fue el mes más violento para la niñez con 6 víctimas. El perfil de las víctimas revela que el 44,82% de los menores de edad, tenían entre 0 y 2 años, el 24,13% de 9 a 12 años, el 17,24% de 6 a 8 años y el 13,79% de 3 a 5 años de edad. Las causas de muerte de las víctimas señalan que el 44,82% fue por golpes o traumas, asfixia 27,58%, intoxicación por sustancia 17,24%, arma de fuego, arma blanca y otros 3,44% cada uno. El análisis del entorno del agresor señala que los responsables fueron la madre con el 20,68%, el padre 17,24%, padrastro 13,79% o ambos progenitores 10,34%, entre otros. La aplicación del nuevo modelo de investigación estratégica del Ministerio Público permitió que el 85,18% de los casos Infanticidio cuente con los responsables plenamente identificados, ya sea cumpliendo detención preventiva o sentencia.

La justicia determinó este martes que el expresidente Luis Arce deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro bajo detención preventiva. La decisión se formalizó tras declararse improcedente el recurso de apelación presentado por su defensa, en el marco de la investigación que enfrenta el exmandatario por presuntas irregularidades financieras en el caso Fondioc. El fiscal de la causa, Miguel Cardozo, informó a la red Unitel que la Sala Penal Cuarta resolvió ratificar la medida cautelar al considerar que se mantienen vigentes todos los riesgos procesales que motivaron su encarcelamiento. Durante la audiencia, la defensa de Arce buscó que el sindicado pudiera defenderse en libertad y cuestionó la competencia del tribunal. Los abogados argumentaron que, debido a su condición de exministro, le correspondía un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa, amparándose en la Ley 2445 para el procesamiento de altos dignatarios. No obstante, esta solicitud fue desestimada por el juez de garantías. La autoridad jurisdiccional estableció que los hechos deben ser investigados por la justicia ordinaria. “El señor Arce presentó una acción de incompetencia, señalando que debería ser juzgado bajo la Ley 2445, que establecía que los ministros deben ser procesados por la Asamblea Legislativa; sin embargo, el juez evidenció que la denuncia es actual y que debe ser investigado por la vía ordinaria”, explicó al canal televisivo el fiscal Cardozo. Cabe recordar que Luis Arce fue remitido a la cárcel de San Pedro la tarde del 12 de diciembre, con una orden de detención por un lapso de cinco meses. El Ministerio Público investiga su presunta participación en el desvío de recursos públicos del extinto Fondioc hacia cuentas particulares, hechos que habrían ocurrido cuando formaba parte del directorio de la entidad en su calidad de ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. (CORREO DEL SUR)

El activista Fernando Hamdan salió de la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, este martes 30 de diciembre, luego de permanecer casi 18 meses en detención preventiva, en el marco del proceso que investiga los hechos registrados en junio de 2024 durante la toma de la plaza Murillo, de la cual es acusado como presunto coautor junto al exjefe militar Juan José Zúñiga. “La lucha por los presos políticos continúa. (…) Hay mucha gente que ha sufrido por más de cinco años, la tragedia de la justicia boliviana y la sociedad civil”, aseguró Hamdan a su salida del penal y afirmó que Mario Bascopé, Rodrigo Méndez, entre otros presos políticos deben salir de la cárcel. La liberación se produjo tras una decisión de un tribunal de sentencia, que determinó la aplicación de medidas sustitutivas mientras continúa el proceso judicial, al considerar que se cumplían los requisitos para modificar su situación jurídica. De acuerdo con la resolución judicial, el activista deberá cumplir detención domiciliaria, además de pagar una fianza económica, tiene arraigo, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cada 15 días y la prohibición de acercarse a personas y lugares vinculados a la investigación por la toma de la plaza Murillo. Tras recuperar su libertad, distintos medios de comunicación registraron la salida de Hamdan del recinto penitenciario, donde se lo observó satisfecho por la determinación judicial. Posteriormente, manifestó que se dirigiría a la terminal de buses de La Paz para trasladarse a la ciudad de Santa Cruz, lugar donde residirá y cumplirá su detención domiciliaria mientras avanza el proceso. (BRÚJULA DIGITAL)

La Procuraduría General del Estado puso en marcha una auditoría forense y legal a la empresa Botrading S.A., subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de una investigación por un presunto daño económico que podría ascender hasta $us 857 millones. De acuerdo con un boletín institucional, desde el viernes 26 de diciembre equipos técnicos de la Procuraduría se encuentran en oficinas de la estatal petrolera en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se desarrolla una revisión “exhaustiva” de la documentación, contratos y procedimientos relacionados con el funcionamiento de la empresa investigada. En ese contexto, el procurador general del Estado, Hugo León, sostuvo una reunión de coordinación con el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, con el objetivo de articular acciones conjuntas en los procesos judiciales en los que la institución interviene como representante del Estado. “El trabajo es técnico, serio y responsable. Estamos coordinando con el Ministerio Público para fortalecer los procesos en los que el Estado es parte”, afirmó la autoridad. Botrading S.A., con sede en Paraguay, es una empresa subsidiaria de YPFB que se adjudicó contratos de alto monto con la corporación estatal. Actualmente, la firma se encuentra bajo investigación por un presunto perjuicio económico que alcanzaría hasta $us 857 millones. La indagación también se sustenta en el trabajo de una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que elaboró dos informes preliminares en los que se identificaron al menos nueve irregularidades en 12 contratos firmados entre YPFB y la empresa. Las autoridades señalaron que las acciones de auditoría y coordinación interinstitucional continuarán en los próximos días conforme avancen las investigaciones. (CORREO DEL SUR)

El Ministerio Público presentó formalmente la acusación en contra de Joel S.P.G. por la presunta comisión del delito de feminicidio, tras la recolección de pruebas, en el marco de la investigación de la desaparición de Odalys Vaquiata. Los padres del sindicado, que tiene 26 años, fueron acusados en grado de complicidad.  El fiscal Luis Carlos Torrez informó que, durante la etapa de investigación, se recogieron 134 pruebas documentales, que incluyen informes criminalísticos, registros de llamadas y hasta conversaciones en chats de redes sociales.   Además se presentaron 32 pruebas testificales que apuntan a la participación directa de los acusados en la desaparición y muerte de la joven, ocurrida el 30 de marzo de 2024. Se está a la espera del juicio oral.   Todas las pruebas y testimonios apuntan contra Joel S.P.G., a quien se señala como el autor material del asesinato de Odalys Vaquiata. El acusado aún no reveló el paradero de los restos de la joven, que desapareció en 2024.   El Ministerio Público no solo presentó la acusación formal contra Joel, sino que también lo hizo en contra de sus progenitores. (VISIÓN 360)

La tarde de este viernes, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral consideró las respuestas que presentó el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y determinó por unanimidad descalificar las explicaciones y, en consecuencia, decidió que el partido liderado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, no podrá participar de las elecciones subnacionales. Fuentes de la autoridad electoral explicaron a este medio que Morena no podrá participar en las elecciones “por incumplimiento de presentación de Balance y actas de sus Congresos en cumplimiento de su Estatuto”. El miércoles 24 de diciembre, el TSE envió una nota a Morena con el pedido de que resuelva las dos observaciones señaladas (la presentación de balances financieros y actas de asambleas nacionales y departamentales para la elección de candidatos) si busca ser habilitada para presentar sus listas. Este viernes, Morena presentó la respuesta al TSE, pero los argumentos no fueron los que esperaban la autoridad electoral. Morena había logrado una alianza con el líder cocalero Evo Morales para que mediante esta sigña el evismo inscriba a sus candidatos para la elección de alcaldes y gobernadores en todo el país. (URGENTE.BO)