Seguridad

La Administración para el Control de Drogas (DEA) ya se encontraría en Bolivia. En horas de la tarde el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó la llegada de la institución estadounidense al país. Ahora la Policía Boliviana anuncia que ambas entidades trabajarán de manera conjunta para combatir el narcotráfico. «Vamos a establecer trabajos de coordinación acerca de las actividades conjuntas en el país», indicó el subcomandante general de la Policía Boliviana, Juan Peña Rojas, este viernes. “Bolivia empieza a ser parte de una lucha antidrogas en un esquema internacional y yo celebro realmente eso, celebro que venga la DEA, bienvenida la DEA porque nos ayuda a trabajar en una lucha que ya de por sí estaba muy debilitada en el pasado, en las gestiones anteriores”, acotó el Viceministro en una entrevista televisiva. La DEA había sido expulsada de Bolivia en 2008 bajo el gobierno del expresidente Evo Morales por presunta injerencia en la política nacional.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó este viernes que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ya se encuentra en Bolivia como parte de un trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico. “La DEA ya está acá. Bolivia empieza a ser parte de una lucha antidrogas en un esquema internacional y yo celebro realmente eso, celebro que venga la DEA, bienvenida la DEA porque nos ayuda a trabajar en una lucha que ya de por sí estaba muy debilitada en el pasado, en las gestiones anteriores”, indicó la autoridad. Justiniano señaló que el trabajo se desarrollará de manera coordinada con la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que cuenta con ocho unidades especializadas, para interiorizar las necesidades latentes para fortalecer la lucha antinarcóticos. Además, la autoridad precisó que este proceso busca restablecer la confianza internacional en Bolivia e indicó que se realizan análisis e indagaciones sobre personal en unidades sensibles, con apoyo de la cooperación externa, para garantizar una fuerza antidrogas capacitada, sin vínculos con la corrupción ni el narcotráfico

«Un dolor profundo y una indignación que nos interpela como país. Mauricio Aramayo ya había sido amenazado por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar a las mafias desde su trabajo en el Senasag. Fue un servidor público recto e íntegro, que defendió la legalidad aun conociendo los riesgos. Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida. Mi solidaridad con su familia y el compromiso firme de que este crimen no quede en la impunidad. La lucha contra la corrupción no puede seguir cobrando vidas». El mensaje de la vocera presidencial, Carla Faval, resumen la consternación que se vive tras la violenta muerte de Mauricio Aramayo. El asesinato ocurrió poco después de las 21:30 horas en la capital de Tarija. Aramayo circulaba por la Avenida Domingo Paz cuando una moto se aproximó al vehículo y disparó contra él. Trató de escapar, pero no pudo. Sujetos encapuchados que circulaban en moto abrieron fuego contra el interior del vehículo. Éste, quedó varado sobre el camellón mismo, en la intersección con la calle Ramón Rojas. Todavía herido en el auto, fue auxiliado y trasladado de emergencia en una ambulancia, pero según el informe de la Policía, el hombre falleció. Tras el hecho violento se activó el «Plan Z». Mauricio Aramayo era un estrecho colaborador del presidente Rodrigo Paz Pereira. Se desempeñó como coordinador departamental de campaña del presidente Paz Pereira durante la primera y segunda vueltas de las elecciones generales de 2025. Después fue designado director departamental del Senasag y unas semanas después renunció al cargo para habilitarse como candidato en las elecciones subnacionales. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó el incidente y de oficio instruyó una investigación al respecto para esclarecer las causas del asesinato y dar con el paradero de los agresores. Mogro, quien llegó al lugar, lamentó el hecho de sangre que obliga a fortalecer la seguridad ciudadana. (EL DEBER)

La Comisión de la Verdad de Hidrocarburos informó que, continuando con las investigaciones, se determinó realizar acciones complementarias contra nueve involucrados en 12 contratos de Botrading con YPFB; se encaminará otro proceso por presunto desfalco de 55 millones de dólares de 80 millones que presuntamente había prestado la administración de la gestión pasada a esta empresa, informó Hugo León La Faye, procurador general del Estado. En el caso Botrading I el daño económico es de medio millón de dólares en el caso Botrading II sólo se conoce el destino de 25 millones de dólares, indicó Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos y Energías; el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, explicó que la empresa paraguaya hizo la devolución parcial de recursos. Por su parte Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, señaló que además identificaron favorecimientos de exfuncionarios públicos con la empresa. El Procurador General del Estado apuntó que existe sello azul de Interpol en contra del expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, esperan cooperación del vecino país de Brasil para su aprehensión, mientras aguardan la audiencia cautelar en su contra por el presunto sobreprecio en la compra de combustibles. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El Procurador General del Estado, Hugo León, informó que la Interpol ya emitió el “sello azul” contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en el marco del caso Botrading, para lograr su retorno al país. “En (el caso) Botrading I lo que ya está investigando el Ministerio Público, (…) se ha generado ya un sello azul, vale decir que se está pidiendo la cooperación del Gobierno del Brasil para poder ubicar el lugar donde se encuentre esta persona”, informó León al ser consultado sobre la situación de Dorgathen. El sello azul permite conseguir más información en terceros países sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal. Según denuncias, el caso Botrading ha ocasionado decenas de millones de dólares en daño económico al Estado, que pueden incluso sobrepasar los 300 millones de dólares. El pasado 4 de diciembre de 2025, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Dorgathen se dio a la fuga y se encontraría en Brasil: “Creemos, por las fotografías (que circulan en redes sociales), que habría salido de manera ilegal al Brasil”, dijo el ministro.  León indicó que se prevé que en el transcurso de la semana el Ministerio Público señale hora y día de audiencia de medidas cautelares contra el expresidente de YPFB. Afirmó que esto permitirá “activar el resto de los mecanismos para poder lograr el objetivo de todos los bolivianos, de que venga a responder de lo que ha hecho”. La Fiscalía investiga a Dorgathen y a otros funcionarios por la presunta comisión de los delitos de corrupción, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y falsedad relacionados con la creación y funcionamiento de la empresa Botrading S.A., que fue abierta en Paraguay. El caso está relacionado con las operaciones de compra de combustible que YPFB realizó a través de esta intermediaria. Las revelaciones de Brújula Digital, publicadas desde 2023, motivaron a que una comisión especial en la Cámara de Diputados investigue los contratos y el rol de la empresa, con sede en Paraguay. El procurador informó que este miércoles presentará una complementación de denuncia del caso Botrading I en contra nueve personas que fueron identificadas en la imputación presentada por el Ministerio Público. Además se presentará una nueva denuncia que se denominará Botrading II y estará a cargo del presidente de YPFB, Yussef Akly; está relacionada a un préstamo que realizó el Estado a Botrading por 80 millones de dólares de los cuales solo se pagaron 25 millones.  “Yacimientos le dio 80 millones de dólares a Botrading, para que pueda empezar con las operaciones, de los cuales, se tiene la devolución de 25 millones, y quedan ahí, flotando 55 millones de dólares”, informó.  Indicó que dentro de este nueve caso habrían más de 20 personas implicadas.  (BRÚJULA DIGITAL)

Finalmente y luego de una intensa lucha, la resistencia de las comunidades indígenas en Tariquía cedió a las presiones del Gobierno, que envió un contingente policial para abrir paso a la petrolera a la zona de influencia de la reserva nacional de flora y fauna de Tariquía. Ante la impotencia, los pobladores imploraron para que se respete sus tierras, pero no sirvió de nada. La resistencia local sostiene que este proyecto petrolero, avalado por el Gobierno, carece de legitimidad social, porque las comunidades indígenas no fueron consultadas y aunque parezca increíble los pobladores están siendo perseguidos y procesados simplemente por el hecho de defender su territorio. La importancia de Tariquía es crucial para Tarija porque protege la fábrica de agua de la región, vital para el abastecimiento de la ciudad y el ecosistema de esa región. En ese sentido los defensores de esta reserva calificaron como un acto de traición del presidente Rodrigo Paz, porque firmó un acta de compromiso en 2019 para defender las reservas. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El Ministerio Público determinó la imputación formal contra cuatro manifestantes capturados durante los enfrentamientos del lunes en el centro paceño. La detención de estas personas ocurrió en inmediaciones de la avenida Mariscal Santa Cruz, luego de una jornada de violencia entre sectores de la Central Obrera Boliviana y las fuerzas del orden. Los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para dispersar la movilización, mientras que los manifestantes emplearon explosivos y otros artefactos peligrosos. La fiscal Jhenny Benítez señaló que los involucrados instigaron a la comisión de delitos y provocaron daños a la integridad física de efectivos policiales y ciudadanos que circulaban por el lugar. Los reportes oficiales identifican a los procesados como afiliados al ente matriz de los trabajadores, quienes portaban dinamita al momento de su aprehensión. La autoridad judicial confirmó que estas acciones violan el artículo 130 del Código Penal, referido a la instigación pública a delinquir. La comisión de fiscales a cargo del caso solicitó la detención domiciliaria para los sindicados mientras se desarrolla el proceso legal. Actualmente, los cuatro sujetos permanecen bajo custodia a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación jurídica definitiva. La investigación preliminar incluye el análisis de los destrozos causados y el riesgo generado para los transeúntes durante la marcha obrera en la sede de gobierno. (LA PRENSA)

Efectivos policiales desplegaron un operativo de control en las inmediaciones de la calle Omasuyos, en la zona norte de La Paz, para realizar una requisa en el hotel de la Central Obrera Boliviana. La acción estatal busca el secuestro de artefactos explosivos presuntamente utilizados durante las movilizaciones callejeras de los últimos días. Esta intervención ocurre en un contexto de alta fricción tras la ruptura del diálogo entre el sector laboral y las autoridades nacionales por el Decreto Supremo 5503. Durante el desarrollo del despliegue policial surgieron versiones sobre una posible aprehensión del principal ejecutivo de la organización, Mario Argollo. Sin embargo, se constató que el dirigente permanece dentro de las instalaciones sindicales y la información sobre su detención fue desestimada. Los uniformados mantienen la vigilancia en el perímetro del inmueble mientras los representantes gremiales denuncian una supuesta persecución ante la convocatoria al bloqueo nacional de caminos. La situación en la sede de gobierno coincide con los primeros reportes de cortes de ruta en las vías que conectan La Paz, Oruro y Cochabamba. El resguardo de las fuerzas del orden se intensificó en puntos estratégicos para evitar el acopio de elementos peligrosos que pongan en riesgo la seguridad pública. Hasta el momento, el operativo continúa bajo estricta supervisión oficial mientras las bases obreras ratifican la continuidad de sus medidas de presión programadas para esta jornada (LA PRENSA)