Seguridad

“Un dolor profundo y una indignación que nos interpela como país. Mauricio Aramayo ya había sido amenazado por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar a las mafias desde su trabajo en el Senasag. Fue un servidor público recto e íntegro, que defendió la legalidad aun conociendo los riesgos. Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida. Mi solidaridad con su familia y el compromiso firme de que este crimen no quede en la impunidad. La lucha contra la corrupción no puede seguir cobrando vidas”. El mensaje de la vocera presidencial, Carla Faval, resumen la consternación que se vive tras la violenta muerte de Mauricio Aramayo. El asesinato ocurrió poco después de las 21:30 horas en la capital de Tarija. Aramayo circulaba por la Avenida Domingo Paz cuando una moto se aproximó al vehículo y disparó contra él. Trató de escapar, pero no pudo. Sujetos encapuchados que circulaban en moto abrieron fuego contra el interior del vehículo. Éste, quedó varado sobre el camellón mismo, en la intersección con la calle Ramón Rojas. Todavía herido en el auto, fue auxiliado y trasladado de emergencia en una ambulancia, pero según el informe de la Policía, el hombre falleció. Tras el hecho violento se activó el “Plan Z”. Mauricio Aramayo era un estrecho colaborador del presidente Rodrigo Paz Pereira. Se desempeñó como coordinador departamental de campaña del presidente Paz Pereira durante la primera y segunda vueltas de las elecciones generales de 2025. Después fue designado director departamental del Senasag y unas semanas después renunció al cargo para habilitarse como candidato en las elecciones subnacionales. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó el incidente y de oficio instruyó una investigación al respecto para esclarecer las causas del asesinato y dar con el paradero de los agresores. Mogro, quien llegó al lugar, lamentó el hecho de sangre que obliga a fortalecer la seguridad ciudadana. (EL DEBER)

La Comisión de la Verdad de Hidrocarburos informó que, continuando con las investigaciones, se determinó realizar acciones complementarias contra nueve involucrados en 12 contratos de Botrading con YPFB; se encaminará otro proceso por presunto desfalco de 55 millones de dólares de 80 millones que presuntamente había prestado la administración de la gestión pasada a esta empresa, informó Hugo León La Faye, procurador general del Estado. En el caso Botrading I el daño económico es de medio millón de dólares en el caso Botrading II sólo se conoce el destino de 25 millones de dólares, indicó Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos y Energías; el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, explicó que la empresa paraguaya hizo la devolución parcial de recursos. Por su parte Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, señaló que además identificaron favorecimientos de exfuncionarios públicos con la empresa. El Procurador General del Estado apuntó que existe sello azul de Interpol en contra del expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, esperan cooperación del vecino país de Brasil para su aprehensión, mientras aguardan la audiencia cautelar en su contra por el presunto sobreprecio en la compra de combustibles. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El Procurador General del Estado, Hugo León, informó que la Interpol ya emitió el “sello azul” contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en el marco del caso Botrading, para lograr su retorno al país. “En (el caso) Botrading I lo que ya está investigando el Ministerio Público, (…) se ha generado ya un sello azul, vale decir que se está pidiendo la cooperación del Gobierno del Brasil para poder ubicar el lugar donde se encuentre esta persona”, informó León al ser consultado sobre la situación de Dorgathen. El sello azul permite conseguir más información en terceros países sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal. Según denuncias, el caso Botrading ha ocasionado decenas de millones de dólares en daño económico al Estado, que pueden incluso sobrepasar los 300 millones de dólares. El pasado 4 de diciembre de 2025, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Dorgathen se dio a la fuga y se encontraría en Brasil: “Creemos, por las fotografías (que circulan en redes sociales), que habría salido de manera ilegal al Brasil”, dijo el ministro.  León indicó que se prevé que en el transcurso de la semana el Ministerio Público señale hora y día de audiencia de medidas cautelares contra el expresidente de YPFB. Afirmó que esto permitirá “activar el resto de los mecanismos para poder lograr el objetivo de todos los bolivianos, de que venga a responder de lo que ha hecho”. La Fiscalía investiga a Dorgathen y a otros funcionarios por la presunta comisión de los delitos de corrupción, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y falsedad relacionados con la creación y funcionamiento de la empresa Botrading S.A., que fue abierta en Paraguay. El caso está relacionado con las operaciones de compra de combustible que YPFB realizó a través de esta intermediaria. Las revelaciones de Brújula Digital, publicadas desde 2023, motivaron a que una comisión especial en la Cámara de Diputados investigue los contratos y el rol de la empresa, con sede en Paraguay. El procurador informó que este miércoles presentará una complementación de denuncia del caso Botrading I en contra nueve personas que fueron identificadas en la imputación presentada por el Ministerio Público. Además se presentará una nueva denuncia que se denominará Botrading II y estará a cargo del presidente de YPFB, Yussef Akly; está relacionada a un préstamo que realizó el Estado a Botrading por 80 millones de dólares de los cuales solo se pagaron 25 millones.  “Yacimientos le dio 80 millones de dólares a Botrading, para que pueda empezar con las operaciones, de los cuales, se tiene la devolución de 25 millones, y quedan ahí, flotando 55 millones de dólares”, informó.  Indicó que dentro de este nueve caso habrían más de 20 personas implicadas.  (BRÚJULA DIGITAL)

Finalmente y luego de una intensa lucha, la resistencia de las comunidades indígenas en Tariquía cedió a las presiones del Gobierno, que envió un contingente policial para abrir paso a la petrolera a la zona de influencia de la reserva nacional de flora y fauna de Tariquía. Ante la impotencia, los pobladores imploraron para que se respete sus tierras, pero no sirvió de nada. La resistencia local sostiene que este proyecto petrolero, avalado por el Gobierno, carece de legitimidad social, porque las comunidades indígenas no fueron consultadas y aunque parezca increíble los pobladores están siendo perseguidos y procesados simplemente por el hecho de defender su territorio. La importancia de Tariquía es crucial para Tarija porque protege la fábrica de agua de la región, vital para el abastecimiento de la ciudad y el ecosistema de esa región. En ese sentido los defensores de esta reserva calificaron como un acto de traición del presidente Rodrigo Paz, porque firmó un acta de compromiso en 2019 para defender las reservas. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El Ministerio Público determinó la imputación formal contra cuatro manifestantes capturados durante los enfrentamientos del lunes en el centro paceño. La detención de estas personas ocurrió en inmediaciones de la avenida Mariscal Santa Cruz, luego de una jornada de violencia entre sectores de la Central Obrera Boliviana y las fuerzas del orden. Los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para dispersar la movilización, mientras que los manifestantes emplearon explosivos y otros artefactos peligrosos. La fiscal Jhenny Benítez señaló que los involucrados instigaron a la comisión de delitos y provocaron daños a la integridad física de efectivos policiales y ciudadanos que circulaban por el lugar. Los reportes oficiales identifican a los procesados como afiliados al ente matriz de los trabajadores, quienes portaban dinamita al momento de su aprehensión. La autoridad judicial confirmó que estas acciones violan el artículo 130 del Código Penal, referido a la instigación pública a delinquir. La comisión de fiscales a cargo del caso solicitó la detención domiciliaria para los sindicados mientras se desarrolla el proceso legal. Actualmente, los cuatro sujetos permanecen bajo custodia a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación jurídica definitiva. La investigación preliminar incluye el análisis de los destrozos causados y el riesgo generado para los transeúntes durante la marcha obrera en la sede de gobierno. (LA PRENSA)

Efectivos policiales desplegaron un operativo de control en las inmediaciones de la calle Omasuyos, en la zona norte de La Paz, para realizar una requisa en el hotel de la Central Obrera Boliviana. La acción estatal busca el secuestro de artefactos explosivos presuntamente utilizados durante las movilizaciones callejeras de los últimos días. Esta intervención ocurre en un contexto de alta fricción tras la ruptura del diálogo entre el sector laboral y las autoridades nacionales por el Decreto Supremo 5503. Durante el desarrollo del despliegue policial surgieron versiones sobre una posible aprehensión del principal ejecutivo de la organización, Mario Argollo. Sin embargo, se constató que el dirigente permanece dentro de las instalaciones sindicales y la información sobre su detención fue desestimada. Los uniformados mantienen la vigilancia en el perímetro del inmueble mientras los representantes gremiales denuncian una supuesta persecución ante la convocatoria al bloqueo nacional de caminos. La situación en la sede de gobierno coincide con los primeros reportes de cortes de ruta en las vías que conectan La Paz, Oruro y Cochabamba. El resguardo de las fuerzas del orden se intensificó en puntos estratégicos para evitar el acopio de elementos peligrosos que pongan en riesgo la seguridad pública. Hasta el momento, el operativo continúa bajo estricta supervisión oficial mientras las bases obreras ratifican la continuidad de sus medidas de presión programadas para esta jornada (LA PRENSA)

Las filas y bloqueos por la falta de GLP continúan, ocasionando perjuicio en la población. La mañana de este lunes la población, cansada del desabastecimiento y la falta de respuestas por parte del gobierno, protagonizaron un bloqueo en la avenida Panamericana de la ciudad de El Alto. La escasez de este carburante se registra en varias zonas de la ciudad de La Paz y El Alto, el fin de semana vecinos de la ladera este se movilizaron exigiendo atención a sus demandas. Ante esta problemática las denuncias de contrabando de gas licuado de petróleo boliviano hacia el Perú continua activo en zonas fronterizas, donde el combustible subsidiado tiene un mayor precio, llegando en muchos casos a triplicar su precio. ÁNGE LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Fiscalía de La Paz admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras once personas, a quienes se les acusa de “autores y cómplices” de trata de personas. De acuerdo con el memorial —admitido el 30 de diciembre—  los hechos se produjeron entre 2015 y 2020. La presunta víctima fue identificada como Noemí Meneses Chávez, quien —según la acusación— fue trasladada por vía aérea desde los 14 años a distintos destinos del país para sostener encuentros íntimos con el entonces jefe de Estado. EL DEBER tuvo acceso a la denuncia, registrada con el Código Único de Caso (CUD) N° 201102012509349. El documento fue presentado en 2020 por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), quien se declaró “perseguido político” por haber impulsado la investigación durante el gobierno de Jeanine Áñez. En su exposición ante el Ministerio Público, Alcázar sostuvo que, tras iniciar las indagaciones, fue apartado de sus funciones y sometido a presiones por tocar un caso que involucraba directamente al mandatario de entonces. En el memorial, el exfuncionario describió la existencia de una presunta “organización criminal” integrada por quienes, en su tiempo, fueron autoridades y funcionarios públicos. El objetivo de esa red —según la acusación— era garantizar la logística, el traslado y el encubrimiento de los encuentros entre Morales y la adolescente. Según la denuncia, Meneses realizó al menos 37 viajes aéreos para reunirse con el exmandatario mientras él se encontraba en funciones. Varios de esos viajes se hicieron sin cumplir los requisitos legales exigidos para menores de edad. Alcázar acusó al actual dirigente cocalero de estupro tras señalar que él pudo abusar de una adolescente. En ese punto, el documento sostiene que la propia víctima reconoció ante la Policía el vínculo con Morales, aunque afirmó que la relación formal comenzó el 24 de mayo de 2020, cuando ella tenía 19 años, ya mayor de edad. Hizo esa declaración a pesar de la diferencia de edad de más de cuatro décadas con el exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS). Para el denunciante, ese argumento no desvirtúa los hechos previos ni los cargos de trata y tráfico de personas que deben ser esclarecidos. La denuncia solicita que Morales y los demás involucrados sean procesados y sancionados con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de cárcel, conforme a la legislación penal boliviana vigente para este tipo de delitos. Entre los cómplices, el memorial menciona al exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, además de otras diez personas que, según Alcázar, facilitaron el traslado de la entonces menor desde Cochabamba hacia otros departamentos del país. En la lista figuran funcionarios y exfuncionarios públicos, así como personas vinculadas a distintas reparticiones estatales. También se menciona a Rodolfo Castro, actual funcionario de Mi Teleférico; a Luis Hernán Soliz Morales, quien en 2020 figuraba como asistente personal del exmandatario, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y a servidores públicos relacionados con la Gobernación de Cochabamba y la Caja de Salud. Uno de los nombres que resalta en el documento es el de Carla Lorena Sandy, abogada que ocupó diversos cargos durante los gobiernos del MAS, entre ellos el de viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022 y directora de unidad en el Ministerio de Educación. Actualmente, según la denuncia, se desempeñaría como segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad en la que recientemente impulsó la declaración del “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas”. Respecto a Casso, la denuncia recuerda que fue gerente de BoA durante las gestiones de Morales y de Luis Arce, y menciona además que su hermano, un excoronel de la Policía, fue asesor del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, lo que, en criterio del denunciante, refuerza la hipótesis de una red de influencias que permitió facilitar los traslados. Alcázar sostuvo que allegados a Morales compraron los pasajes para Meneses y que, con apoyo interno, se burlaron los protocolos de seguridad. La denuncia señala que ni BoA ni las terminales aéreas de Cochabamba, Santa Cruz y, principalmente, La Paz exigieron el permiso para esos viajes. (EL DEBER)

El Gobierno nacional negó de forma categórica que esté preparando la declaratoria de un estado de sitio o de excepción, en respuesta a denuncias públicas del expresidente Evo Morales, y aseguró que no existe ni se evalúa la aplicación de medidas represivas. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa afirmó que el camino del Estado es el diálogo, la ley y la preservación de la paz social, en un contexto que exige orden y madurez política. “El Gobierno nacional aclara a la opinión pública que no existe ni se evalúa la aplicación de ningún estado de excepción, ni medidas de represión”, señala el pronunciamiento difundido este domingo. La cartera de Defensa calificó las afirmaciones del exmandatario como desinformación deliberada, orientada a generar alarma, tensión y confrontación entre organizaciones sociales y sectores laborales. La reacción oficial se produjo luego de que Morales denunciara que el presidente Rodrigo Paz estaría preparando un “estado de sitio” mediante Decreto Supremo, supuestamente respaldado por miembros de las Fuerzas Armadas. Según el exmandatario, “generales patriotas” le habrían advertido de la intención de aplicar medidas excepcionales frente a las movilizaciones en el país. En su respuesta, el Ministerio de Defensa consideró irresponsable que se difundan versiones falsas sobre supuestas acciones represivas y cuestionó que Morales evite referirse a un problema estructural: el crecimiento “indiscriminado y fuera de control” de los cocales. El comunicado recuerda que durante gestiones pasadas se ampliaron las hectáreas “legales” sin cumplir los límites y denuncia que, en la coyuntura actual, se habría impedido el ingreso de fuerzas de erradicación al Chapare, debilitando la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno alertó que, de mantenerse esta situación, Bolivia podría superar las 40.000 hectáreas de coca y alcanzar niveles de producción cercanos a 300 toneladas de cocaína, lo que representaría una amenaza directa a la paz, la seguridad y la imagen internacional del país. Asimismo, el Ministerio de Defensa exhortó al expresidente a actuar con responsabilidad, dejar de difundir “mentiras” y no utilizar a las organizaciones sociales como instrumentos de presión o confrontación. “La mentira desestabiliza. La verdad, el orden y la ley fortalecen la Patria”, concluye el comunicado, ratificando el compromiso gubernamental con el orden democrático, la lucha frontal contra el narcotráfico y la paz social. (EL DEBER)

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, solicitó agilidad en las investigaciones contra Franklin Flores, exdirector de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, tras su reciente captura. La autoridad ministerial manifestó el compromiso del Gobierno para colaborar con el esclarecimiento de irregularidades detectadas en la administración de recursos estatales. El proceso surge a raíz de denuncias por enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias vinculados al manejo de subsidios para insumos básicos. La cartera de Desarrollo Productivo actúa como parte acusadora en este caso, debido a indicios de malversación en los fondos destinados a la subvención del pan. Serrano puntualizó que el Órgano Judicial debe aplicar medidas estrictas contra el exfuncionario, ante el incumplimiento previo de su arresto domiciliario. El Gobierno nacional aguarda la cuantificación total del perjuicio económico causado al Estado para determinar la magnitud de las sanciones correspondientes bajo el principio de independencia de poderes. El objetivo central de estas acciones legales reside en la protección de los recursos públicos que garantizan la estabilidad de precios para la población boliviana. El Viceministerio garantizó el flujo de información necesaria hacia los tribunales para transparentar la gestión de la entidad estatal y sancionar a los responsables de los malos manejos. El sistema judicial deberá emitir un dictamen a la brevedad posible para esclarecer las sospechas de corrupción que afectan el patrimonio del país. (LA PRENSA)