Seguridad

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que durante la gestión 2025 en Bolivia se registraron 81 casos de Feminicidio y 29 de Infanticidio, los mismos que son investigados de manera oportuna por parte de las Fiscalías Especializadas de Vida en los nueve departamentos del país y como resultado se tienen que los agresores fueron plenamente identificados y procesados, de estos el 98,76% en Feminicidios y el 85,18% en Infanticidios. “Durante el 2025 el Ministerio Público ha llevado un trabajo exhaustivo y meticuloso en la investigación de los casos de Feminicidio e Infanticidio, este esfuerzo se ha centrado no solo en la identificación de los responsables que sean procesado y cumplan una sanción ejemplificadora, sino también en la búsqueda de justicia para las víctimas aplicando el nuevo modelo de investigación estratégica”, expresó Mariaca. La autoridad aseguró que, “como institución en este nuevo año se hace un llamado a todas las personas que conozcan un hecho de violencia a denunciar para poder salvar una vida. Se recuerda con firmeza que la vida de las mujeres y de los niños es un derecho fundamental que debe ser respetado”, refirió. FEMINIDICIOS La gestión 2025 cerró con un total de 81 casos de Feminicidio registrados a nivel nacional, que muestran una reducción frente a los 84 casos reportados en el 2024. El departamento de La Paz se mantiene como la región con mayor incidencia, acumulando 31 casos, seguido por Santa Cruz con 17, Cochabamba con 13, Potosí 8, Oruro 6, Tarija 3, Chuquisaca 2 y Beni 1, mientras Pando cero casos. El análisis mensual revela picos de violencia crítica durante el mes de junio, que registró 11 víctimas. En cuanto a la edad de las víctimas entre 31 y 40 años representan el 33,33% de los casos, seguido por el grupo de 21 a 30 años con un 28,39%, de 13 a 20 años representa el 17,28%, entre otros que van desde los 41 a los 61 años y más. Según el reporte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las causas de muerte de la mayoría de las víctimas fueron por asfixia con el 51,85%, golpes o traumas 23,45%, arma blanca 11,11%, arma de fuego 4,93%, quemaduras 3,70%, intoxicación por sustancia 2,46% y otros 2,46%. Respecto a la relación con el autor del hecho en el 64,18% de los casos es el conviviente, enamorado o esposo de la víctima, evidenciando el mayor riesgo. De acuerdo a la situación procesal de los casos el 98,76% se tiene la identificación de los responsables, quienes se encuentran bajo detención preventiva, en etapa de investigación o cumpliendo condena. INFANTICIDIOS Bolivia cerró el 2025 con un total de 29 víctimas de Infanticidio en 27 casos penales, lo que representa una reducción respecto a los 38 hechos registrados el año 2024. El departamento de Cochabamba tiene la mayor cantidad con 9 víctimas, seguido por La Paz y Santa Cruz con 7 casos cada uno, 3 en Potosí, 2 en Oruro y 1 en Chuquisaca, mientras Beni, Pando y Tarija sin casos. El análisis temporal muestra que agosto fue el mes más violento para la niñez con 6 víctimas. El perfil de las víctimas revela que el 44,82% de los menores de edad, tenían entre 0 y 2 años, el 24,13% de 9 a 12 años, el 17,24% de 6 a 8 años y el 13,79% de 3 a 5 años de edad. Las causas de muerte de las víctimas señalan que el 44,82% fue por golpes o traumas, asfixia 27,58%, intoxicación por sustancia 17,24%, arma de fuego, arma blanca y otros 3,44% cada uno. El análisis del entorno del agresor señala que los responsables fueron la madre con el 20,68%, el padre 17,24%, padrastro 13,79% o ambos progenitores 10,34%, entre otros. La aplicación del nuevo modelo de investigación estratégica del Ministerio Público permitió que el 85,18% de los casos Infanticidio cuente con los responsables plenamente identificados, ya sea cumpliendo detención preventiva o sentencia.

La justicia determinó este martes que el expresidente Luis Arce deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro bajo detención preventiva. La decisión se formalizó tras declararse improcedente el recurso de apelación presentado por su defensa, en el marco de la investigación que enfrenta el exmandatario por presuntas irregularidades financieras en el caso Fondioc. El fiscal de la causa, Miguel Cardozo, informó a la red Unitel que la Sala Penal Cuarta resolvió ratificar la medida cautelar al considerar que se mantienen vigentes todos los riesgos procesales que motivaron su encarcelamiento. Durante la audiencia, la defensa de Arce buscó que el sindicado pudiera defenderse en libertad y cuestionó la competencia del tribunal. Los abogados argumentaron que, debido a su condición de exministro, le correspondía un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa, amparándose en la Ley 2445 para el procesamiento de altos dignatarios. No obstante, esta solicitud fue desestimada por el juez de garantías. La autoridad jurisdiccional estableció que los hechos deben ser investigados por la justicia ordinaria. “El señor Arce presentó una acción de incompetencia, señalando que debería ser juzgado bajo la Ley 2445, que establecía que los ministros deben ser procesados por la Asamblea Legislativa; sin embargo, el juez evidenció que la denuncia es actual y que debe ser investigado por la vía ordinaria”, explicó al canal televisivo el fiscal Cardozo. Cabe recordar que Luis Arce fue remitido a la cárcel de San Pedro la tarde del 12 de diciembre, con una orden de detención por un lapso de cinco meses. El Ministerio Público investiga su presunta participación en el desvío de recursos públicos del extinto Fondioc hacia cuentas particulares, hechos que habrían ocurrido cuando formaba parte del directorio de la entidad en su calidad de ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. (CORREO DEL SUR)

El activista Fernando Hamdan salió de la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, este martes 30 de diciembre, luego de permanecer casi 18 meses en detención preventiva, en el marco del proceso que investiga los hechos registrados en junio de 2024 durante la toma de la plaza Murillo, de la cual es acusado como presunto coautor junto al exjefe militar Juan José Zúñiga. “La lucha por los presos políticos continúa. (…) Hay mucha gente que ha sufrido por más de cinco años, la tragedia de la justicia boliviana y la sociedad civil”, aseguró Hamdan a su salida del penal y afirmó que Mario Bascopé, Rodrigo Méndez, entre otros presos políticos deben salir de la cárcel. La liberación se produjo tras una decisión de un tribunal de sentencia, que determinó la aplicación de medidas sustitutivas mientras continúa el proceso judicial, al considerar que se cumplían los requisitos para modificar su situación jurídica. De acuerdo con la resolución judicial, el activista deberá cumplir detención domiciliaria, además de pagar una fianza económica, tiene arraigo, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cada 15 días y la prohibición de acercarse a personas y lugares vinculados a la investigación por la toma de la plaza Murillo. Tras recuperar su libertad, distintos medios de comunicación registraron la salida de Hamdan del recinto penitenciario, donde se lo observó satisfecho por la determinación judicial. Posteriormente, manifestó que se dirigiría a la terminal de buses de La Paz para trasladarse a la ciudad de Santa Cruz, lugar donde residirá y cumplirá su detención domiciliaria mientras avanza el proceso. (BRÚJULA DIGITAL)

La Procuraduría General del Estado puso en marcha una auditoría forense y legal a la empresa Botrading S.A., subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de una investigación por un presunto daño económico que podría ascender hasta $us 857 millones. De acuerdo con un boletín institucional, desde el viernes 26 de diciembre equipos técnicos de la Procuraduría se encuentran en oficinas de la estatal petrolera en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se desarrolla una revisión “exhaustiva” de la documentación, contratos y procedimientos relacionados con el funcionamiento de la empresa investigada. En ese contexto, el procurador general del Estado, Hugo León, sostuvo una reunión de coordinación con el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, con el objetivo de articular acciones conjuntas en los procesos judiciales en los que la institución interviene como representante del Estado. “El trabajo es técnico, serio y responsable. Estamos coordinando con el Ministerio Público para fortalecer los procesos en los que el Estado es parte”, afirmó la autoridad. Botrading S.A., con sede en Paraguay, es una empresa subsidiaria de YPFB que se adjudicó contratos de alto monto con la corporación estatal. Actualmente, la firma se encuentra bajo investigación por un presunto perjuicio económico que alcanzaría hasta $us 857 millones. La indagación también se sustenta en el trabajo de una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que elaboró dos informes preliminares en los que se identificaron al menos nueve irregularidades en 12 contratos firmados entre YPFB y la empresa. Las autoridades señalaron que las acciones de auditoría y coordinación interinstitucional continuarán en los próximos días conforme avancen las investigaciones. (CORREO DEL SUR)

El Ministerio Público presentó formalmente la acusación en contra de Joel S.P.G. por la presunta comisión del delito de feminicidio, tras la recolección de pruebas, en el marco de la investigación de la desaparición de Odalys Vaquiata. Los padres del sindicado, que tiene 26 años, fueron acusados en grado de complicidad.  El fiscal Luis Carlos Torrez informó que, durante la etapa de investigación, se recogieron 134 pruebas documentales, que incluyen informes criminalísticos, registros de llamadas y hasta conversaciones en chats de redes sociales.   Además se presentaron 32 pruebas testificales que apuntan a la participación directa de los acusados en la desaparición y muerte de la joven, ocurrida el 30 de marzo de 2024. Se está a la espera del juicio oral.   Todas las pruebas y testimonios apuntan contra Joel S.P.G., a quien se señala como el autor material del asesinato de Odalys Vaquiata. El acusado aún no reveló el paradero de los restos de la joven, que desapareció en 2024.   El Ministerio Público no solo presentó la acusación formal contra Joel, sino que también lo hizo en contra de sus progenitores. (VISIÓN 360)

La tarde de este viernes, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral consideró las respuestas que presentó el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y determinó por unanimidad descalificar las explicaciones y, en consecuencia, decidió que el partido liderado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, no podrá participar de las elecciones subnacionales. Fuentes de la autoridad electoral explicaron a este medio que Morena no podrá participar en las elecciones “por incumplimiento de presentación de Balance y actas de sus Congresos en cumplimiento de su Estatuto”. El miércoles 24 de diciembre, el TSE envió una nota a Morena con el pedido de que resuelva las dos observaciones señaladas (la presentación de balances financieros y actas de asambleas nacionales y departamentales para la elección de candidatos) si busca ser habilitada para presentar sus listas. Este viernes, Morena presentó la respuesta al TSE, pero los argumentos no fueron los que esperaban la autoridad electoral. Morena había logrado una alianza con el líder cocalero Evo Morales para que mediante esta sigña el evismo inscriba a sus candidatos para la elección de alcaldes y gobernadores en todo el país. (URGENTE.BO)

El miércoles, una lluvia intensa provocó que riachuelos y arroyos, que conectan al Río Tipuani, colapsaron y su crecida afectó a la comunidad la Rinconada dejando más de 70 familias damnificadas y más de 10 casas completamente destruidas, según indicó una dirigente del lugar, Claudia Pérez, quien además denunció que no hay presencia de Estado del nivel central ni departamental. “Estamos en medio de la tristeza, en medio de familias damnificadas, han perdido todo. Más de 70 familias, más de 10 casas han colapsado”, indicó Pérez en contacto con EL DEBER, a quien señaló también que la mayoría de las casas, que permanecen bajo el agua, están por colapsar, lo que el número de domicilios afectados podría aumentar en los siguientes días. Agregó que el miércoles, dos barrios de la comunidad La Rinconada, de Tipuani, quedaron afectados en su totalidad y que ahora, debido a la continuidad en las lluvias y la crecida de los ríos, el municipio también está en peligro de sufrir una inundación. “La población de Tipuani también está corriendo peligro por el tema del río y la lluvias, es que tres arroyos que crecen en la Rinconada, el Sunturo, el Río Seco y Naranjani que crecen porque ahora está lloviendo constantemente”, indicó. Contó que la noche del miércoles el lugar se quedó sin energía eléctrica, por lo que trabajaron durante toda la Noche Buena tratando de reconectar y darles energía a la población. “No hay tiendas, la gente necesita vituallas, colchones para poder dormir, están desprotegidos, además, lo han pedido todo”, declaró Pérez. Según la dirigente, no ha dejado de llover durante estos días y que, desde que la Rinconada sufrió el desastre, no habido presencia de autoridades ni del Gobierno central ni de la Gobernación. “No ha habido presencia de Estado, nada del Ministerio de Salud, de Defensa Civil, de Defensa, de nada. No ha habido nada. No tenemos ayuda del Estado hasta el momento. Esperamos que el presidente y las actuales autoridades vengan”, denunció Pérez. Sobre la Gobernación, Pérez señaló que solamente dejó “piedras fundamentales para obras” y que solamente hizo esas cosas, además de que no ha rehabilitado el puente Cangalli que sufrió daños durante las lluvias de 2024. “No hay, prácticamente se han olvidado de que existe Tipuani. Los únicos que tal vez están apoyando en este momento es el sector minero, pese que también es parte de este problema y es que deberíamos tratar todos de buscar soluciones entre todos. La Gobernación no ha hecho nada, solo ha dejado piedras fundamentales, nada más”, indicó. Además, consultada sobre la labor de la Alcaldía de esa región, Pérez señaló que esa instancia ejecutiva no tiene dinero para contratar maquinaria y tampoco para comprar combustible. “La Alcaldía está velando para que el agua no ingrese a sus oficinas, porque si sigue lloviendo, se va a entrar (el río), en eso están preocupados”, declaró. Incluso, mencionó que las más de 70 familias damnificadas fueron trasladadas a un espacio de la cooperativa minera Monte Carlo San Juanito, donde pasaron la Noche Buena. “Hay gobernación, no hay gobierno central. El municipal está tratando de instalar bombas para sacar el agua de su región”, recalcó. (EL DEBER)

Dos personas perdieron la vida tras un choque frontal registrado la tarde del miércoles 24 de diciembre en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, en el sector de Merkaymaya, municipio de Uncía, en el norte del departamento de Potosí. El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:00 e involucró a un camión y una vagoneta. De acuerdo con ese reporte, la fuerza del impacto dejó ambos vehículos unidos por sus estructuras, lo que provocó la muerte instantánea de al menos dos ocupantes. Imágenes difundidas en redes sociales muestran daños materiales de extrema gravedad en las carrocerías de los motorizados involucrados. Testigos y conductores que transitaban por la zona auxiliaron a las víctimas en los primeros minutos tras la colisión, mientras se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia, según reportes. Posteriormente, personal de rescate trabajó en la liberación de los cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos. Efectivos de la Policía Boliviana tomaron control del lugar para realizar los peritajes técnicos y recolectar evidencias. (BRÚJULA DIGITAL)

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta este miércoles tres puntos de bloqueo de rutas por protestas sociales contra la aplicación del ajuste en el precio de los carburantes en Santa Cruz, Oruro y Beni. Desde el bloqueo en San Julián, avisan que no retrocederán y que incluso pasarán la Nochebuena en las protestas. Los sitios que registran cortes son: San Julián (km 143), en Santa Cruz; el puente Florida de Riberalta, en Beni; y Machamarquita, sector Playa Verde, en Oruro. Ayer, martes, había seis bloqueos en Sucre, pero este miércoles está todo despejado, al igual que en Cochabamba, tradicional centro de movilizaciones, donde no se reportan protestas. Según la radio cocalera Kawsachun Coca, la Policía intervino esta madrugada un bloqueo en Tarabuco, en Sucre. “Ni un paso atrás” en San Julián Desde San Julián, el líder del comité de bloqueo, Pastor Vargas, advirtió que “no darán un paso atrás”. “Hemos formado un equipo técnico y los abogados están revisando el decreto supremo (5503), pero nosotros continuamos, no hay un levantamiento de nada. Vamos a esperar que los ministros nos llamen y nos expliquen”, declaró el dirigente a la red América. Vargas también descartó un cuarto intermedio en la medida: “No hay ningún cuarto intermedio; no por el feriado vamos a perjudicar a nuestros compañeros”. La promulgación del ajuste en el precio de los hidrocarburos ha desatado una ola de protestas en el país. Mientras el Gobierno ha logrado acuerdos con varios sectores, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene las medidas de presión. Una marcha convocada por ese ente ayer y compuesta principalmente por mineros generó enfrentamientos en La Paz, que terminaron con cuatro policías heridos y dos manifestantes detenidos. El presidente Rodrigo Paz expresó el martes que “un grupo de desaforados” intenta generar violencia, mientras continúa socializando la medida con todos los sectores. (VISIÓN 360)

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, afirmó el día martes que la ejecución de cualquier orden de aprehensión entre ellas la que se tiene en contra del expresidente Evo Morales por el delito de trata con agravante, es responsabilidad de la Policía Boliviana.  Al ser consultado sobre la orden de aprehensión contra Morales, el fiscal dijo: “Yo he manifestado siempre la predisposición de poder trabajar con relación a la ejecución de cualquier mandamiento de aprehensión. Nótese que es un trabajo de la Policía boliviana el ejecutar cualquier orden de aprehensión, sea laboral, sea por asistencia familiar, sea por una resolución emitida por una autoridad judicial o fiscal”.  Sin embargo, indicó que en el caso de Morales, la Fiscalía está “con la predisposición de cualquier momento cuando se considere que el Ministerio Público tenga que realizar un allanamiento para ir y ejecutar dicha orden, ahí vamos a estar”. La autoridad explicó que el Ministerio Público cumple el rol de coordinación y acompañamiento dentro del debido proceso y que cualquier actuación debe ser con respaldo legal y garantías constitucionales. “Tenemos que tener todas las garantías constitucionales y toda clase de actividad que realice el Ministerio Público tiene que estar respaldada en este caso por la Policía boliviana quienes son los directos mandados a ejecutar esta orden de aprehensión contra esta persona”, agregó Mariaca. Asimismo explicó que las ordenes de aprehensión son emitidas a los comandos departamentales de la Policía, a través de sus grupos especiales y de inteligencia, evalúan y proceden a su ejecución conforme a los protocolos establecidos. “Todas llegan a los comandos departamentales y son ellos que a través de sus grupos especiales de inteligencia primero consideran para luego dar cumplimiento a la misma. Nosotros vamos a continuar trabajando”. El Fiscal General recordó que Evo Morales ya se encuentra acusado por el Ministerio Público y que actualmente se aguarda que el tribunal de sentencia competente emita el auto de apertura de juicio, instancia en la que la Fiscalía sostendrá su acusación ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. (BRÚJULA DIGITAL)