Seguridad

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) erradicó y destruyó más de 25 toneladas de marihuana en estado natural que fueron incautados en la comunidad de Mojón K’asa, municipio de Toro Toro, departamento de Potosí, informaron medios estatales. El operativo se ejecutó en una superficie aproximada de 37.500 metros cuadrados de cultivos ilegales, donde además se identificó una estructura destinada al procesamiento y acopio de la sustancia. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó a través de sus redes sociales que no se trataba de un sembradío aislado, sino de una organización orientada a incrementar el valor comercial de la droga mediante procesos de concentración. Durante la intervención, los efectivos hallaron y destruyeron una construcción rústica que funcionaba como laboratorio artesanal para la producción de marihuana concentrada. En el lugar se incautaron y eliminaron 11 lavadoras utilizadas en el procesamiento de la droga, cuatro tanques de agua con capacidad de 650 litros cada uno, cuatro refrigeradores tipo conservadora, diez bolsas de yute con marihuana, además de sustancia concentrada positiva para esta droga y diversa infraestructura destinada al secado y almacenamiento. El viceministro Justiniano destacó que este tipo de operaciones apunta a debilitar la estructura económica de las organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias controladas. “Cuando se afecta la producción, se afecta la economía del narcotráfico. Aquí no se retrocede”, enfatizó la autoridad. (FELCN)

Cuando falta poco para que se cumplan dos años de la desaparición de Odalys Vaquiata, se anunció que el próximo 13 de abril se iniciará el juicio oral por su feminicidio. Franklin Chacalluca, abogado de la familia de la víctima, informó este miércoles que “el tribunal que va a conocer el desarrollo del presente juicio ya ha fijado fecha de inicio del juicio público oral y contradictorio”. El abogado y la familia de Odalys exigirán la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto contra el principal acusado, expareja de la joven, quien deberá asistir a la audiencia en modalidad virtual. Chacalluca advirtió que pedirá al juez que el resto del juicio se desarrolle de manera presencial “por la complejidad del proceso y por el volumen de pruebas que serán expuestas”. Además, agregó que tiene previstas numerosas declaraciones testificales. En meses pasados, el Ministerio Público formalizó la acusación contra Joel P., principal acusado, y otros imputados de complicidad. Odalys desapareció el 30 de marzo de 2024 durante un viaje a Tocaña, en la región de los Yungas. Se sabe que a medio camino discutió con su pareja y se bajó del vehículo en el que ambos se trasladaban. Pese a numerosos rastrillajes, no se pudo dar con su cuerpo. (BRÚJULA DIGITAL)

El piloto del avión Lockheed C-130 Hercules siniestrado el viernes en El Alto, Erick Rojas, afirmó ante la comisión de fiscales que modificó la ruta de aterrizaje debido a una fuerte tormenta y que, una vez en tierra, los frenos no respondieron por el estado resbaladizo de la pista. La información fue difundida por el abogado del piloto, Ricardo Maldonado, en entrevista con la red Unitel. Según explicó, al momento de la maniobra final “se activan los frenos, no responden porque la pista estaba como una pista de patinaje, llena de hielo”, en medio de una tormenta con granizada persistente y lluvia. “El aspecto climatológico (…) es lo que ha hecho tomar la decisión de aterrizar, dar un viraje y aterrizar” por otra pista, sostuvo el jurista, quien aseguró que su defendido “ha tomado la mejor decisión” en un escenario crítico. De acuerdo con la versión presentada, tras tocar tierra el piloto intentó frenar sin éxito, presuntamente por la acumulación de hielo y una eventual falta de información precisa sobre el estado de la pista desde la torre de control. Ante esa situación, optó por realizar un giro utilizando el pedal derecho para evitar el inicio de la pista y dirigir la aeronave hacia un sector con menor presencia de personas, vehículos y edificaciones, con el objetivo de reducir daños y proteger vidas. La declaración de Rojas se enmarca en un proceso penal abierto por la muerte de una persona durante el accidente. Maldonado precisó que actualmente se están recibiendo testimonios y que los primeros convocados a declarar fueron los tripulantes de la nave. El abogado señaló además que su defendido se someterá a todos los requerimientos de la autoridad competente y que aportará información técnica adicional y declaraciones ampliatorias conforme avance la investigación. Respecto a la víctima fatal —una de las más de 20 personas afectadas por el siniestro—, indicó que el caso aún se encuentra en fase preliminar y que, hasta el momento, no se ha tipificado si se trata de homicidio, asesinato u homicidio culposo. (CORREO DEL SUR)

El Ministerio de Defensa precisó que la aeronave siniestrada el pasado viernes cumplía el trayecto desde Santa Cruz hacia la ciudad de La Paz. Con esta aclaración, el titular de esa cartera, Marcelo Salinas, descartó las especulaciones sobre el origen del vuelo y confirmó la entrega de la caja negra y las grabaciones de voz a las instancias correspondientes. El proceso de peritaje busca establecer con exactitud los factores que provocaron la caída del transporte militar en la zona de El Alto. Debido a la complejidad del suceso, se realizarán al menos tres investigaciones independientes para garantizar la transparencia de los resultados. Además del trabajo de la junta oficial, la compañía de seguros y el fabricante del avión ejecutarán sus propios análisis para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Estas instituciones poseen autonomía plena, por lo que todas las entidades estatales tienen el deber de facilitar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. La evaluación de los dispositivos de registro de vuelo se llevará a cabo fuera del país, ante la falta de laboratorios especializados en territorio nacional para este tipo de intervenciones. El envío de las piezas al fabricante permitirá un estudio profundo que podría demorar entre tres y seis meses antes de arrojar conclusiones definitivas. Esta medida asegura que la reputación técnica de la flota y los compromisos de las aseguradoras se basen en datos técnicos precisos y certificados internacionalmente. (LA PRENSA)

“Los responsables van a caer”, advirtió el presidente del Estado, Rodrigo Paz, al pedir que se identifique y procese a quienes estén involucrados en hechos irregulares en la distribución de carburantes en YPFB. Paz Pereira, aseguró que su Gobierno garantizará total transparencia en la distribución de carburantes en el país, en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades. La autoridad afirmó que se están realizando controles estrictos para evitar cualquier tipo de especulación o manejo indebido en la comercialización. Asimismo, comprometió que se asumirán las acciones necesarias para garantizar resarcimientos y proteger a la población ante cualquier perjuicio derivado de estas situaciones. YENNY TICONA-RTP

El Ministerio Público investiga un atraco a mano armada ocurrido el pasado 25 de febrero, en el que cuatro antisociales se llevaron Bs 700 mil tras arrebatar una mochila a uno de los mineros, quien resultó herido en la pierna por disparo de arma de fuego al intentar evitar el robo. Los cuatro antisociales fueron identificados por las víctimas, quienes se dirigían en un motorizado hacia la empresa HANSA, en la avenida 6 de Marzo, para realizar la compra de maquinaria pesada. Otro de los cooperativistas sufrió una herida en el rostro durante el intento de impedir el ilícito. La fiscal de materia, Megumy Flores, informó que los autores fueron reconocidos por los mineros y que se llevan adelante las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer el hecho. Según el informe del Hospital Agramot, el minero herido por arma de fuego se encuentra estable y en proceso de recuperación, indicó la médico de turno, Yaimara Álvarez. YENNY TICONA-RTP

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) condenó las agresiones cometidas por policías contra periodistas, durante la cobertura al accidente aéreo suscitado en el viernes en la ciudad de El Alto. Los trabajadores de la presenta, además, fueron agredidos y hostigados por civiles que intentaban apoderarse del dinero que transportaba la aeronave. Los hechos se registraron durante la cobertura al lamentable accidente del avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que dejó 22 muertos y 37 heridos, cuyas causas aún se investigan. Agresión de civiles “Mientras equipos periodísticos realizaban la cobertura del accidente, personas que intentaban apropiarse del dinero transportado, atacaron a la prensa con inusitada violencia. Una unidad móvil de Bolivia TV fue objeto de agresiones directas, poniendo en riesgo la integridad física de su personal técnico y de prensa. Asimismo, periodistas de otros medios de comunicación fueron atacados a pedradas, sufriendo graves heridas en el ejercicio de su labor”, señala parte del comunicado emitido por ANPB. En contacto con EL DEBER, la presidente de la representación de los trabajadores de la prensa, Zulema Alanes, confirmó que las nueve asociaciones de periodistas expresaron su preocupación y condena por los actos violentos perpetrados contra el personal de los medios de comunicación, quienes cumplían labores informativas en el lugar del siniestro durante estos días. Asimismo, deploró la “actitud represiva y violenta de funcionarios policiales y fiscales” que agredieron a fotoperiodistas e impidieron su trabajo, pese a estar acreditados. Agresiones policiales Por su lado, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) también emitió un comunicado para “expresas su enérgico repudio a la agresión física y a la restricción del trabajo periodístico ejercidas por miembros de la Policía Boliviana contra un fotoperiodista de una agencia internacional de noticias”. Según el comunicado, el fotoperiodista fue uno de los primeros en llegar al lugar del siniestro y, pese a portar su cámara profesional y exhibir su credencial, fue agredido por un efectivo policial (ya identificado) que en reiteradas ocasiones le impidió cumplir su labor, llegando incluso a proferirle agresiones verbales y físicas. Según el testimonio recabado, el policía golpeó al fotoperiodista en el pecho, intentó expulsarlo de la zona mediante empujones y jalones, e incluso lo atenazó del cuello con la mano para impedir que captara imágenes del avión, de los vehículos siniestrados y de las personas que, a pocos metros, intentaban recoger parte de la carga dispersa en el lugar. “Asimismo, el policía estuvo a punto de trasladarlo por la fuerza a un vehículo oficial, lo que no se concretó gracias a la intervención de otros periodistas. De acuerdo con testigos, la acción fue vehemente y con la intención de dañarlo”, detalla el pronunciamiento. En ese contexto, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que se criticó el actuar del policía y anunció el inicio de una investigación sobre esta agresión. Tal como lo expresaron las dos representaciones de periodistas, EL DEBER constató los actos de agresión tanto por parte de civiles como de funcionarios policiales, de la Fiscalía y las Fuerzas Armadas contra periodistas. Estos actos limitaron la labor informativa e incurrieron en graves vulneraciones a los derechos que asisten a los trabajadores de la prensa, plasmados en la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado (CPE) y tratados internacionales. Respaldo Tanto la ANPB como la ACPI expresaron su respaldo a los trabajadores de la prensa que también sufrieron agresiones y pedradas por parte de personas que intentaban apoderarse del dinero que transportaba la nave militar. Asimismo, se solidarizaron “con las familias de las personas afectadas en este momento de profundo dolor para el país”, con la esperanza de que su trabajo ayude a esclarecer las circunstancias de esta fatalidad, de manera pronta, transparente y efectiva. Alanes concluyó que, en el caso de fiscales, policías y militares, las actitudes violentas que estos funcionarios comenten contra periodistas, muchas veces son encubiertas de forma sistemática y estructural, al tratar de justificar las agresiones con informes tergiversados en los que se estigmatiza a los comunicadores y su labor. Advirtió que la ANPB tiene los medios legales para hacer respetar los derechos de los trabajadores de la prensa, incluso si estos tratan de ser vulnerados por funcionarios de Gobierno o el propio Estado. EL DEBER

Un dictamen pericial forense elaborado por el auditor del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que en la primera compra de 60 buses PumaKatari se produjo un daño económico al Estado por Bs 47.857.446,00, situación que complica la situación legal del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, según reveló el denunciante y presidente de la Fejuve de La Paz, Jesús Vera. Señaló que, con base en esta pericia, solicitará la detención preventiva de Revilla en la audiencia de medidas cautelares programada para el 4 de marzo a las 10:00 ante el Juzgado 13 de Anticorrupción de La Paz. Indicó además que el fiscal asignado ya cuenta con el informe suscrito por Silvestre Flores Castro, auditor forense del IDIF, remitido mediante carta oficial CITE: AUD.FOR.IDIF-N°220/2024, de fecha 14 de octubre de 2024 y una copia del dictamen fue puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Según explicó, el dictamen desglosa el presunto daño económico en Bs 404.918,03 por multas y penalidades derivadas del incumplimiento de contrato por parte de la empresa proveedora; Bs 4.550.000,00 por la no ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato; Bs 6.960.000,00 por la no ejecución de la boleta de correcta inversión; y Bs 35.942.527,97 por un pago sobredimensionado (sobreprecio) en la compra de cada vehículo. La suma de estos montos alcanza los 47,8 millones de bolivianos y corresponde a la primera adquisición realizada en 2012, cuando Revilla pagó 70 mil dólares aproximadamente de sobreprecio por cada bus. Esa compra es investigada a solicitud de la Procuraduría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que se adhirieron en calidad de víctimas a la denuncia impulsada por el dirigente vecinal. Vera sostuvo que la auditoría forense fue solicitada por el Ministerio Público con el objetivo de determinar si existió daño económico, si el proceso de contratación fue correctamente conducido y si hubo sobreprecio. Afirmó que el informe, respaldado por cerca de 400 páginas de documentación, concluye que sí hubo daño económico, que el proceso de contratación fue irregular y que la compra no contó con el respaldo de un Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA). El dirigente añadió que en la licitación se presentó un prototipo de bus, pero el vehículo finalmente entregado tendría capacidades inferiores a las ofertadas y no respondería a la topografía de la ciudad, lo que -según afirmó- implicó que el municipio recibiera un bien distinto al adjudicado. También anunció que solicitarán auditorías sobre la segunda, tercera y cuarta compra de los buses PumaKatari. En cuanto a la situación procesal, Vera indicó que pedirán la aprehensión de Revilla, señalando que se mantiene vigente una orden emitida por el Ministerio Público y que el exalcalde no se habría presentado a declarar ante la Fiscalía en los últimos 90 días. Dijo que Luis Revilla estuvo prófugo y volvió después de cuatro años y “tiene el poder de hacer suspender dos veces las audiencias cautelares o es un beneficiario de la manipulación y protección del poder político para encubrir a una persona que ha utilizado el cargo para enriquecerse porque hasta ahora no ha presentado ningún documento de descargo para desvirtuar todas estas acusaciones que pesan contra”. El proceso se sigue contra Luis Antonio Revilla Herrero, Alberto Ferrufino Montoya, Raúl Harold Toro Luna y otros, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros. ERBOL

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, recuperó su libertad la noche del viernes luego de permanecer aprehendida durante dos días por procesos vinculados a demandas laborales interpuestas por exfuncionarios municipales, según despacho de Radio Frontera de la red Erbol. La autoridad edil fue detenida el jueves en el Aeropuerto Capitán Aníbal Arab Fadul, cuando retornaba de la ciudad de La Paz, y posteriormente trasladada bajo custodia al penal de Villa Busch. Su liberación se produjo después de que la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio suscribiera compromisos de pago progresivo por aproximadamente 7 millones de bolivianos, monto relacionado con beneficios sociales y salarios adeudados a exservidores públicos. A su salida del recinto penitenciario, Reis agradeció públicamente el respaldo de sus seguidores, quienes la aguardaban en inmediaciones del penal. Visiblemente emocionada, afirmó que la experiencia le permitió conocer de cerca las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad y reflexionar sobre la situación del sistema penitenciario. Tras recuperar su libertad, una caravana de motocicletas y vehículos acompañó a la alcaldesa en un recorrido de más de cinco kilómetros desde Villa Busch hasta el centro de Cobija. ERBOL

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó 20 autopsias médico legales a las personas fallecidas en el siniestro del avión Hércules ocurrido la tarde del viernes en la ciudad de El Alto.  Según el reporte oficial, 12 correspondieron a varones, siete a mujeres adultas y una a una bebé recién nacida. Participaron 23 médicos forenses y siete peritos criminalistas en las labores desarrolladas tanto en el lugar del accidente como en la morgue de la ciudad de La Paz, donde se practicaron las autopsias. Los equipos periciales realizaron el levantamiento legal de los cuerpos en el lugar del siniestro y posteriormente efectuaron procedimientos con estricto apego a protocolos científicos, incluyendo la toma de muestras biológicas y la recolección de evidencias que contribuirán al esclarecimiento de los hechos. La directora nacional del IDIF, Ana Katherine Ramírez, se trasladó hasta El Alto para verificar el trabajo conjunto del equipo forense, en coordinación con la Fiscalía Departamental de La Paz, fiscales asignados al caso y efectivos policiales. El Ministerio Público aseguró que se garantizará una investigación técnico-científica adecuada, así como la correcta cadena de custodia de todas las evidencias recabadas, conforme a los procedimientos establecidos por ley. Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que continúa coordinando acciones con la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas de Bolivia y otras instituciones competentes, con el fin de establecer responsabilidades y brindar respuestas claras a las familias de las víctimas y a la sociedad. ABI