Seguridad

La comunidad boliviana en Argentina se siente consternada por la muerte de Richard Flores, quien fue víctima de insultos xenófobos y una brutal golpiza. Denuncian que los casos de racismo y xenofobia se incrementaron desde que Javier Milei ingresó al Gobierno. Eduardo Sánchez, boliviano residente en Argentina y director de Bolivia Al Aire TV, comentó a Urgente.bo que el racismo y xenofobia siempre existieron en el vecino país contra la comunidad boliviana o algún extranjero de cualquier otra nación, pero estos residentes podían acudir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sin embargo, esta institución fue anulada tras el ingreso de Milei a la presidencia. “En este último tiempo hubo más casos porque estos si bien lo solíamos ver hace años, pero existía un organismo que se llamaba INADI para hacer una denuncia, pero dejó de existir INADI con la llegada del Gobierno de Javier Milei”, sostuvo Sánchez a Urgente.bo. INADI era un organismo estatal argentino creado para combatir la discriminación, xenofobia y racismo. Su función principal era elaborar y proponer políticas nacionales, así como impulsar acciones concretas contra la discriminación, además de recibir denuncias y mediaciones, pero fue disuelto en 2024. “Lamentable al no existir, la gente no sabe a dónde acudir. Legalmente, puede acudir a alguna oficina puntual y realizar una denuncia, pero es difícil porque la comunidad puntualmente no conoce cómo efectuar una denuncia de estas características”, señaló. Además, observó que se pretende normalizar este tipo de actos de racismo y xenofobia, ya que en redes sociales existirían cuentas que generan odio en contra de los extranjeros, los migrantes y los desenlaces son fatales como ocurrió con Flores. “Hay más situaciones de carácter xenófobo y racista contra las comunidades migrantes no solo a la boliviana, sino a los que provienen de pueblos originarios. (…) Siempre estuvo la discriminación, siempre existía, pero ahora se está queriendo naturalizar esto, no hay un organismo que controle eso”, lamentó. (LOS TIEMPOS)

En las últimas dos semanas, la Alcaldía de La Paz recibió seis denuncias contra conductores del transporte público por agresiones físicas y verbales, de las cuales cuatro involucran a choferes de las rutas interciudad.‎‎Uno de los hechos más graves fue el atropello a un funcionario del Concejo Municipal por parte de un conductor que no contaba con la tarjeta de operaciones. Ante la irregularidad, la Alcaldía determinó su suspensión definitiva, lo que le impide volver a trabajar en cualquier línea de transporte en La Paz. Otro caso alarmante fue la agresión a un pasajero, quien resultó con una lesión grave en el rostro; el responsable está detenido y será expulsado de su sindicato. Además, se aplicará una multa de 2.000 bolivianos a los sindicatos involucrados, conforme a la Resolución 119.‎‎ También se exigirá una evaluación psicológica a los conductores, ya que muchas de estas actitudes violentas evidencian intolerancia y falta de respeto hacia la ciudadanía.‎‎La comuna busca generar un cambio de cultura en el sector del transporte público para mejorar la relación entre choferes y pasajeros. JAVIER BAUTISTA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Policía aprehendió a tres personas presuntamente implicadas en la muerte de un hombre durante un violento enfrentamiento registrado en la localidad de Arapata, en los Yungas de La Paz. El conflicto surgió por disputas relacionadas con la explotación de oro en la zona. Lo informó el comandante departamental de la policía de La Paz, Gunter Agudo. Según el informe preliminar, la víctima falleció producto de un impacto de bala en la cabeza. Además, se reportaron varias personas heridas, aunque aún no se conoce con precisión el número ni la gravedad de sus lesiones. Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público brinde más detalles sobre el avance del caso. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Uno de los acuerdos arribados entre el Gobierno y cooperativas mineras fue la autorización de mayores áreas de trabajo. El viceministro de Política Minera, Marcelo Ballesteros, explicó que no se permitirá actividad minera en áreas protegidas del país. Según la política implementada por el presidente Luis Arce, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha frenado todo trámite relacionado a estas zonas, en cumplimiento de esta disposición. Aunque todo el territorio nacional es considerado potencialmente minero, cualquier concesión debe cumplir con un riguroso proceso legal que incluye requisitos ambientales, sociales y, en el caso de nuevos derechos mineros, una consulta previa obligatoria con pueblos indígenas, tal como establece el Convenio 169 de la OIT. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Alcaldía de La Paz denunció el robo del cableado subterráneo del puente San Antonio de Padua, también conocido como Gutiérrez Guerra, que une los distritos de Miraflores y San Antonio. El hecho ocurrió el pasado 3 de mayo y dejó sin alumbrado público al sector y algunas calles aledañas. Según informó el jefe de la Unidad de Servicios Eléctricos y Semaforización (USES), Jorge Rocha, el robo del cableado afectó a cinco luminarias del puente y cuatro más en las calles cercanas. La Alcaldía realizará una denuncia formal ante las instancias correspondientes y busca identificar a los responsables del delito. Mientras tanto, se están tomando medidas para restablecer temporalmente el sistema de iluminación en el sector y garantizar la seguridad de los vecinos. La Alcaldía pide a la población que denuncie cualquier hecho similar a través de la línea 155 opción 5. (LA PRENSA)

En una audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva por tres meses para el chofer que, el pasado lunes, atropelló a un funcionario municipal. El hecho ocurrió cuando se realizaba un operativo contra el trameaje, en la ciudad de La Paz. El conductor está acusado por los delitos de tentativa de homicidio en un accidente de tránsito, omisión de socorro y omisiones. Se prevé que en horas de la tarde sea trasladado al penal de San Pedro, donde deberá cumplir la detención preventiva, mientras se investiga lo sucedido. El funcionario, quien fue atropellado, pertenece al equipo de la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roxana Pérez, la que según dijo ante el incumplimiento del alcalde Iván Arias en realizar los debidos controles, ella ejerció la fiscalización. El hecho ocurrió en la plaza Garita de Lima, cuando el chofer que era cuestionado por la concejala aceleró y huyó del lugar, en su recorrido pasó por encima al trabajador. Pérez manifestó que se buscará la máxima sanción porque se trata de un hombre que no respeta la vida. (VISIÓN 360)

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, revocó este viernes la licencia sin goce de haberes por cinco días que había solicitado la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien favoreció con un falló al expresidente Evo Morales. La autoridad judicial informó que Moreno solicitó una licencia de cinco días que fue concedida, pero que este viernes fue suspendida a mediodía, ya que la jueza debe presentarse a trabajar desde el mediodía de este viernes, tras cumplirse dos días y medio de su permiso. Quezada señaló que la decisión de revocar la licencia de la jueza es producto de una evaluación institucional, independientemente de las investigaciones que se vayan a realizar. En la línea del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, Quezada aseguró que para el TDJ cruceño hay una posición firme: “nuestros niños son primero”. El martes se informó que Moreno emitió un auto constitucional que anuló la imputación, el proceso y la orden de aprehensión en contra de Morales, quien era procesado por el delito de trata de personas con agravante, luego de revelarse que había tenido una hija con una menor de edad, en 2016, cuando era presidente. Agregó que, en ejercicio de las facultades que le confiere su cargo, dispuso la restitución inmediata de la jueza Moreno a su fuente laboral, a partir del mediodía de este viernes. Se desconocía el paradero de la jueza Moreno, de quien se dijo que había viajado a la ciudad de La Paz y que no tenía boleto de retorno. (BRÚJULA DIGITAL)

Tras conocerse el fallo que anula la imputación y la orden de apremio en contra del expresidente Evo Morales, por un proceso de trata de personas con agravante, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, rechazó el dictamen, mientras que el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció una investigación a la jueza que emitió la resolución. “No compartimos la posición de jueces, que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia, burlarse de la justicia. PRIMERO NUESTROS NIÑOS”, escribió Saucedo en sus cuentas de redes sociales. Por su lado, el Presidente del Consejo de la Magistratura anunció que investigará a la jueza Lilian Moreno, quien emitió el auto constitucional a favor de Morales. Baptista aseguró que su autoridad será “tajante” a la hora de sancionar a autoridades jurisdiccionales que incumplen la ley. Este miércoles, el abogado de Morales, Jorge Pérez, informó que la Justicia cruceña aceptó un auto constitucional que anuló obrados en contra del exmandatario. La decisión fue asumida por la jueza del juzgado 14 Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad de Santa, Lilian Moreno Cuéllar, quien ya en octubre del año pasado había fallado a favor de Morales al dejar sin efecto una orden de aprehensión por el mismo caso de trata con agravante, informó EFE. Tras el fallo, Pérez y Nelson Cox, otro abogado de Morales, afirmaron que el expresidente puede salir del trópico de Cochabamba, donde se encuentra desde octubre de 2024, pues no existe ninguna orden de aprehensión en su contra. (BRÚJULA DIGITAL)