Uno de los acuerdos arribados entre el Gobierno y cooperativas mineras fue la autorización de mayores áreas de trabajo. El viceministro de Política Minera, Marcelo Ballesteros, explicó que no se permitirá actividad minera en áreas protegidas del país. Según la política implementada por el presidente Luis Arce, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha frenado todo trámite relacionado a estas zonas, en cumplimiento de esta disposición.
Aunque todo el territorio nacional es considerado potencialmente minero, cualquier concesión debe cumplir con un riguroso proceso legal que incluye requisitos ambientales, sociales y, en el caso de nuevos derechos mineros, una consulta previa obligatoria con pueblos indígenas, tal como establece el Convenio 169 de la OIT.
WILMA CATARI
PERIODISTA DEL SISTEMA RTP
