Política

Reforma a la CPE: Vocal calcula hasta 150 días para convocar al referéndum

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, señaló este viernes que una eventual reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) impulsada desde la Asamblea Legislativa no tiene un plazo mínimo ni máximo para su tratamiento, debido a que el tiempo dependerá del debate parlamentario. Explicó que, una vez aprobada la propuesta de reforma constitucional, esta debe pasar por el control del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que tiene alrededor de 45 días para emitir una respuesta. Posteriormente, el proyecto pasaría al Órgano Electoral para la organización del referéndum. «Tengamos en cuenta lo siguiente: las propuestas de reforma constitucional que nacen en el Legislativo, primero, no tienen un tiempo mínimo o máximo y, por lo tanto, están sujetas al tiempo de debate. Pero, una vez que se aprueba ese proyecto de ley de reforma constitucional, con la pregunta del referéndum que se hace a los bolivianos y bolivianas, si se acepta o no esa propuesta, esta pasa por el control del Tribunal Constitucional», detalló el vocal del TSE. Prosiguió e indicó que el Tribunal Constitucional tiene más o menos 45 días para poder dar una respuesta y luego pasa al Órgano Electoral. El Órgano Electoral tiene, en principio, 150 días para poder llevar a cabo ese proceso. Sin embargo, detalló, puede acortarse porque la modalidad del referéndum para la aprobación de la reforma constitucional tiene algunas peculiaridades que hacen que pueda acortarse el tiempo. El vocal también se refirió a la posibilidad de que la consulta incluya una o varias preguntas. En ese sentido, consideró conveniente que el referéndum contemple una o, como máximo, dos preguntas, con el objetivo de facilitar que la población conozca las propuestas y pueda asumir una posición clara. «La experiencia que hemos tenido en Bolivia es la de hacer una pregunta, máximo dos, para que la población pueda estar informada y dar una posición clara sobre si acepta o no la reforma que se les está planteando», sostuvo. Consultado sobre la viabilidad de una reforma constitucional en la actual coyuntura, Goitia aclaró que se trata de una opinión personal y no de una posición institucional del Tribunal Electoral, pero consideró que la modificación de la CPE es «importante, urgente y necesaria» para afrontar la crisis que atraviesa el país. A mediados de este mes, el diputado Carlos Alarcón presentó un proyecto de ley de reforma parcial de la CPE, que plantea modificar disposiciones vinculadas con el modelo económico y el sistema de justicia. La propuesta plantea que 30 artículos de la Constitución dejen de tener rango constitucional y pasen a adquirir rango de ley especial, cuya modificación requeriría una mayoría calificada. Según Alarcón, la iniciativa busca modificar disposiciones que, a su criterio, forman parte de un modelo económico «hiperestatista y sobreideologizado» impulsado durante los gobiernos del MAS. El debate sobre una eventual modificación de la CPE se produce 17 años después de la promulgación de la Constitución de 2009, en un escenario en el que el Gobierno impulsa cambios en materia económica y plantea una redistribución de recursos y responsabilidades bajo el esquema denominado 50/50. EJU TV

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Libre pedirá interpelación de dos ministros por el rol de Cerimedo

La bancada de Libre informó que solicitará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la interpelación de los ministros de la Presidencia Fernando Aramayo y de Gobierno Marco Antonio Oviedo por el rol del asesor Fernando Cerimedo en la administración del presidente Rodrigo Paz. “En este caso, al de la Presidencia para saber si (Cerimedo) tenía algún contrato o decisión dentro del gabinete y el gobierno de Rodrigo paz y también al ministro de Gobierno para saber cuánto de flujo migratorio tiene”, indicó la jefa de bancada en la Cámara de Senadores Tomasa Yarhui. La solicitud se presenta mientras Cerimedo enfrenta tres procesos. Uno está relacionado con el ataque armado contra su expareja Nadia Beller; otro corresponde a una denuncia por violencia doméstica y el tercero es por presunto enriquecimiento ilícito. Además, es investigado por su presunta protección a vuelos de aeronaves dedicadas al narcotráfico en Santa Ana, Beni. Beller acusó a Cerimedo de intentar asesinarla y denunció una presunta red de corrupción que, según su versión, involucraría al mandatario y a su esposa María Elena Urquidi. También afirmó que su expareja era quien gobernaba en el país. “Todos los bolivianos merecemos saber la verdad de qué pasó con el señor Cerimedo. Si estaba conduciendo el país como señalan las declaraciones de Beller y además involucra otros temas. Necesitamos que el país sepa la verdad”, dijo Yarhui. La senadora indicó que son varias las denuncias en torno a Cerimedo que deben ser aclaradas. El rol de Cerimedo El miércoles, luego de más de una semana de silencio ante las denuncias de Beller, Paz difundió un video en el que minimizó el rol de Cerimedo. Aseguró que colaboró en la segunda vuelta electoral y al inicio del gobierno, pero que no fue funcionario ni tuvo poder para representar al gobierno. Las declaraciones de Paz fueron refutadas por Beller, quien difundió capturas de pantalla de chats con su expareja que, según ella, demostrarían el peso que tenía en el gobierno. Además, diversos legisladores cuestionaron al mandatario. En redes sociales se viralizaron imágenes, algunas compartidas por Beller, en las que se ve a Cerimedo junto a Paz y otras autoridades en reuniones de alto nivel. Brújula Digital

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Evismo anuncia marcha contra las “políticas neoliberales”

Pese a que está vigente un estado de excepción, organizaciones del ala evista decidieron realizar una marcha el próximo viernes 4 de septiembre en la ciudad de Cochabamba, en repudio a lo que consideran como “políticas económicas neoliberales del Gobierno”. El anunció se realizó tras una reunión con la participación de Evo Morales, las seis federaciones del Trópico y organizaciones campesinas aliadas, donde también se declararon en “movilización permanente”. En su resolución, los evistas condenaron las políticas que consideran “neoliberales, empobrecedores y privatizadoras y el retorno al Estado neocolonial, discriminador y entreguista de nuestros recursos naturales”. También repudiaron la presunta injerencia de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y El Comando Sur en Bolivia. Rechazaron, asimismo, la eliminación del Ministerio de Planificación por considerarlo un acto de injerencia e imposición extranjera. Entre sus demandas también está abrogar el decreto supremo 5676, del ajuste del precio de Diesel y otras normas que afectan la economía popular. Los evistas pidieron tapiñen órdenes de arraigo para el presidente Rodrigo Paz, su familia y gabinete ministerial, ante lo que denominaron “escandalosos hechos de corrupción”. ERBOL

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Cívicos cruceños dan hasta el domingo para abrogar decreto del diésel

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó a EL DEBER que el sector productivo cruceño dio plazo hasta este domingo al Gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5676, que establece bandas de precios para los combustibles. En caso de que la norma no sea anulada, Cochamanidis explicó que, en una reunión del directorio cívico, se analizará la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.  Cochamanidis dio plazo hasta este domingo al Gobierno para que atienda el pedido de los sectores productivos y defina una solución al Decreto Supremo 5676. La medida responde, según explicó, a la falta de reglamentación de la norma, situación que estaría generando incertidumbre, distorsiones de precios y un mayor incentivo al contrabando. «No es que haya pedido el Fondo Monetario Internacional (FMI) un decreto específicamente en esto. Es que mejoren las condiciones. Lo que tenía que haber era un trabajo coordinado entre técnicos con los sectores para que se llegue a un acuerdo y se vea el equilibrio que tiene que ser para todos. El reclamo acá es que sea para todos igual», señaló. El DS 5676 fija un precio referencial temporal de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y compradores por volumen. El cívico advirtió que, si hasta este domingo no existe una respuesta del Gobierno sobre dicho decreto, se pondrá en consideración la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad, máxima instancia de decisión y deliberación del Comité pro Santa Cruz, que reúne a representantes de los principales sectores socioeconómicos, institucionales y provinciales del departamento. Reunión con YPFB y posible Asamblea Cochamanidis confirmó que el lunes se realizará una nueva reunión de directorio del Comité pro Santa Cruz, en la que también se evaluarán los avances de las conversaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Gobierno respecto a los 10 puntos planteados por el sector productivo.  «Tenemos ya marcada una reunión de directorio para el día lunes, con la segunda reunión con YPFB y el Gobierno para ver los avances de los 10 puntos que hicimos el lunes de la anterior semana. Y, en base a ese avance, vamos a ver qué convence pero el tema del decreto es otro. La propuesta es que si el decreto no es abrogado hasta el día lunes, en el directorio vamos a tratar la petición del sector agropecuario que es llamar a una Asamblea», señaló el cívico.  La reunión está marcada para las 09:00 de este 31 de agosto. Mientras que con YPFB se abordará el tema del combustible, con el Gobierno se prevé abordar el tema del DS 5676  a pedido del sector agropecuario. El cívico explicó que, si hasta ese momento el Decreto Supremo 5676 no fue abrogado, el directorio analizará la solicitud del sector agropecuario para convocar a una Asamblea de la Cruceñidad. Aclaró que todavía no existe una fecha definida, pero consideró probable que el pedido sea aceptado. “El Gobierno sí tiene en sus manos de que no lleguemos a esa instancia. Y repito, no es solo Santa Cruz. El problema es a nivel nacional. De esta manera alimentan al país. Esto no es una batalla. El Gobierno tiene que entender que todos queremos ir para el mismo lado”, manifestó. «El Gobierno tiene que tratar con todas la realidades» Ante este escenario, el dirigente planteó que el Gobierno debe dejar de imponer medidas y sentarse a trabajar con los sectores productivos para encontrar un precio equilibrado para los carburantes. Entre las propuestas que serán discutidas dentro de los 10 puntos planteados al Ejecutivo se encuentra la eliminación de impuestos y controles vinculados al combustible, además de la eliminación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El presidente cívico también pidió al Gobierno que permita la participación de los sectores en la búsqueda de soluciones a la crisis económica y de abastecimiento. Aseguró que las organizaciones no buscan una confrontación con el Ejecutivo, sino alcanzar acuerdos que permitan reducir el impacto sobre la población. «No es una guerra. El Gobierno tiene que sacarse eso de la cabeza: los sectores de Santa Cruz o del resto del país no quieren enfrentarlo. El Gobierno tiene que entender que tiene que tratar con todos de realidades. Hay gente muy, muy capaz en cada una de las instituciones, en cada uno de los sectores acá, donde técnicamente se pueden sentar a buscarle un equilibrio a esto con el gobierno», manifestó.  EL DEBER

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PDC alista propuesta para ampliar estado de excepción

Ante la posible reactivación de conflictos, un grupo de parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (PDC) está elaborando una propuesta para ampliar el estado de excepción. Entre tanto, legisladores de oposición cuestionaron al Gobierno por su supuesta «incapacidad» para resolver los problemas del país. «Se está evaluando que el estado de excepción se pueda ampliar, los bolivianos queremos vivir en paz. Se está trabajando en una propuesta entre varios asambleístas. Si comienzan a generarse conflictos va a ser un motivo para ampliar, están poniendo fechas para convocar a movilizaciones», afirmó el diputado del PDC Manolo Rojas a la ANF. El 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz declaró el estado de excepción por 90 días y el plazo fenece el 20 de septiembre. Sin embargo, diferentes sectores anunciaron que se movilizarán apenas concluya ese tiempo por la falta de atención del Ejecutivo a los problemas del país. El artículo 10 de la Ley 1740 señala que, de forma excepcional, se podrá ampliar el plazo de esa medida previa autorización de la Asamblea Legislativa por votación de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. En ese sentido, su colega Claudia Bilbao respaldó la propuesta y aseguró que el país no está en las condiciones de enfrentar bloqueos ni protestas debido a la delicada situación económica, tal como ocurrió entre mayo y junio cuando los conflictos se extendieron por 53 días. Rojas sostuvo que el proyecto planteará extender la medida por otros 90 días más, es decir, hasta fin de año ya que en esa época se incrementa el flujo económico y se evitará que los comerciantes, transportistas y sectores productivos se perjudiquen. Sin embargo, la diputada de Alianza Popular (AP) Claudia Herbas cuestionó la «incapacidad» del Gobierno para resolver los conflictos y consideró que no es oportuno ampliar el estado de excepción, ya que los sectores sociales se movilizarán con o sin la vigencia de la medida.  La senadora del PDC Ana Crispín también rechazó la propuesta y criticó el incumplimiento de los acuerdos con los sectores sociales. Además, dijo que el detonante de las protestas son la falta de combustible y el precio diferenciado de diésel, que no solo afecta a los agroindustriales, sino a la población. Si bien el planteamiento generó rechazo de algunos parlamentarios, otros lo respaldan. La diputada de la alianza Libre Sofia Rocha reveló que ese tema ya es objeto de debate en las diferentes bancadas y consideró que es necesario ampliar la medida. A su criterio, las movilizaciones impulsadas por los afines a Evo Morales tienen un propósito político de acortar el mandato de Rodrigo Paz, advirtió que se agravarán si no se mantiene la medida. El jefe de bancada de APB – Súmate, Diego Bráñez, también apoyó la propuesta y que está siendo evaluada por sus colegas, prevé que en los próximos días se asumirá una posición oficial. ANF

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz descarta anular el decreto que sube el precio del diésel: «Se lo puede mejorar, pero no se abrogará, no se puede retroceder»

En la reunión con los alcaldes, el presidente Rodrigo Paz dio su última palabra sobre el decreto 5676 y descartó retroceder en la medida, poniendo a los ediles contra las cuerdas porque —dijo— o se financia la subvención o las obras en salud, educación o desarrollo que requiere la población. A este escenario planteado por el mandatario se sumó la revelación del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, en la misma reunión: «El decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI)» para acceder al crédito acordado. La compleja situación fue expuesta en la reunión con los alcaldes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), quienes llegaron a la cita con pedidos de avanzar en la política del 50-50 y abrogar el decreto 5676, el cual es rechazado por diversos sectores. Paz afirmó que en este momento no aplica medidas con «anestesia» y que la situación económica es compleja, por lo que, «si Rodrigo Paz mañana está o no está, es lo de menos; el que venga igual va a tener que tomar la misma decisión». «El decreto se puede mejorar, pero no se puede retroceder, porque si no nos estaríamos engañando. Yo retrocedo en ese decreto, les voy a quitar plata a ustedes [las alcaldías]», advirtió a los acaldes que acudieron a la cita en la ciudad de La Paz. Y añadió: «Tenemos que decidir si esa plata se va a ir para el combustible o a hospitales, colegios, carreteras (…). Cortamos y hacemos un cambio ahora, nos aguantamos, y en los siguientes meses salimos adelante». En medio de este sombrío panorama económico, el presidente planteó a los alcaldes la posibilidad de acceder a recursos a través de la nacionalización de vehículos indocumentados, medida que diferentes sectores habían rechazado en el pasado inmediato. «Si quieren recursos, con los autos chutos les va a entrar harto recurso a sus municipios. Evidentemente, no queremos que este país se vuelva un país de autos chutos, pero están acá», consideró sobre esta propuesta de campaña electoral. La reafirmación de la posición de Paz se da en momentos en los que el sector agroindustrial cruceño cierra filas en torno al rechazo del decreto 5676. La Central Obrera Boliviana (COB) también se pronunció en contra, y en Yapacaní amenazan con protestas. Mientras tanto, las fuerzas militares y policiales intervinieron el bloqueo en la carretera entre Santa Cruz y Beni, establecido también en rechazo al decreto. (VISIÓN 360)

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JP Velasco

JP Velasco promete “inundar” Santa Cruz con diésel y gasolina en las próximas semanas

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció públicamente su compromiso de garantizar el suministro de combustible en el departamento y aseguró que se trabajará para revertir la escasez que afecta a distintos sectores productivos. El pronunciamiento surge en medio de las quejas de productores y transportistas por la falta de diésel, además del rechazo al incremento a 18 bolivianos por litro para grandes consumidores, dispuesto por el Gobierno. A través de sus redes sociales, la autoridad afirmó: “Estamos trabajando intensamente y puedo asegurarles que, en las próximas semanas, vamos a inundar el departamento de Santa Cruz con diésel y gasolina”, destacando que se están acelerando acciones para estabilizar el abastecimiento. Velasco recordó además que ya se había planteado la conformación de una alianza entre la Gobernación y el sector privado para facilitar la importación de combustible hacia el departamento. Si bien no brindó detalles adicionales sobre los mecanismos en ejecución, sostuvo que el objetivo es dar una solución estructural al problema. En esa línea, señaló que están “haciendo todo lo necesario para garantizar el abastecimiento y devolver la tranquilidad a nuestra gente de manera irreversible y para siempre”. (ERBOL/CORREO DEL SUR)

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Aramayo

Ministro de la Presidencia admite que el decreto que subre el precio del diésel es una exigencia del FMI

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, confirmó este jueves que el Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención del diésel para grandes consumidores, responde a las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La declaración se dio durante una reunión con representantes de alcaldías en la ciudad de La Paz, donde la autoridad volvió a referirse a la complicada situación económica del país, marcada —según dijo— por una “asfixia fiscal”. En ese contexto, Aramayo señaló que el financiamiento del organismo internacional “viene atado a muchos otros elementos”, los cuales implican decisiones difíciles. “Han sido decisiones complejas que se han tenido que tomar, poco populares y para nada gratas”, sostuvo. Asimismo, remarcó que “el Decreto 5676 al que hacía referencia el presidente de la FAM es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI en tanto liberación de precios de los hidrocarburantes”. El ministro también defendió la medida al asegurar que el modelo de subvención ya no es viable. “No es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande (…) y está desangrando el Tesoro General del Estado”, afirmó. (CORREO DEL SUR)

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Sin censura ni voto de confianza, Oviedo supera interpelación por el caso “Maderas”

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, superó este miércoles la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el caso “Maderas”, sin que se alcance los dos tercios necesarios para aprobar una censura o un voto de confianza. “Al no existir dos tercios, no existe voto de confianza, tampoco existe censura. Ese es el resultado”, informó el presidente de la Asamblea, Edmand Lara, tras la votación, con lo que la sesión fue declarada concluida. De acuerdo con el informe de Diputados y Senadores, 153 asambleístas participaron en la votación: 36 respaldaron la censura, 82 votaron por el orden del día puro y simple y 35 se abstuvieron. El resultado no alcanzó los dos tercios requeridos para la censura. Durante la interpelación, Oviedo denunció que la Fiscalía chilena se negó a entregar muestras de la madera incautada en ese país para someterlas a análisis en laboratorios y verificar la presencia de sustancias controladas. La autoridad también cuestionó el reporte sobre 108 toneladas de droga y sostuvo que los escáneres de los recintos aduaneros de Tambo Quemado, en Bolivia, y Chungará, en Chile, no detectaron irregularidades. Además, informó que la Felcn ejecutó 7.546 operativos contra el narcotráfico en el país ERBOL

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Ministro Justiniano

Ministro Justiniando advierte con el uso de la fuerza para despejar el bloqueo en ruta Santa Cruz-Beni

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, advirtió que se recurrirá a la fuerza si los productores agropecuarios de la provincia Marbán no levantan de forma pacífica el bloqueo que instalaron esta madrugada en la ruta que conecta Santa Cruz con Trinidad, en rechazo al Decreto Supremo (DS) 5676 sobre el precio del diésel. Justiniano informó que hasta el lugar se envió un contingente policial y militar, aunque señaló que primero se apuesta por el diálogo. “Ya ha habido un acercamiento”, afirmó. Consultado por un periodista sobre si se utilizaría la fuerza pública en caso de que los sectores mantengan las medidas de presión, respondió: “Es lo que corresponde, es lo que corresponde”. El ministro recordó que aún rige el estado de excepción, decretado por 90 días el 20 de junio, y sostuvo que los bloqueos están prohibidos. “No vamos a permitir los bloqueos en ninguna parte del país. Y además, esto es importante también, estamos identificando a quiénes son las personas que están llamando a este tipo de situaciones que están prohibidas en el país, para que, con el debido proceso, la justicia tome acciones, este, y cartas en este asunto”.   Justiniano remarcó que el estado de excepción permite las protestas pacíficas, pero no los bloqueos. “Protestas pacíficas sí, bloqueos no, y sobre todo diálogo, siempre. Es lo que hemos dicho el día de ayer y eso los estamos lo estamos cumpliendo”. El bloqueo se instaló en las primeras horas de este miércoles cerca del puente San Pablo, en el límite entre Beni y Santa Cruz. A la medida de presión se sumaron sectores sociales y organizaciones del municipio de San Andrés. Debido a la protesta, las salidas de buses desde la terminal cruceña fueron suspendidas. Los productores exigen la abrogación del DS 5676, que elimina la subvención al diésel para tres grupos de compradores que adquieren más de 120 litros al mes. Para estos consumidores, el precio referencial del diésel, que fluctuará según el mercado internacional, es de Bs 18 por litro. Este miércoles, el ministro de Economía Christian Morales indicó que antes de abrogar el DS 5676, el gobierno realizará modificaciones a la norma, entre ellas las relacionadas con el cálculo para fijar el precio. Este martes, el viceministro de Régimen Interior y Policía Hernán Paredes aseguró que el decreto deberá ser modificado o incluso abrogado. (BRÚJULA ADIGITAL)

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