Medio Ambiente

Efectivos de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) rescataron 58 tortugas de río conocidas como “petas” que eran comercializadas de manera ilegal en la feria 16 de Julio, en la ciudad de El Alto. La autoridades informaron que el operativo permitió además la aprehensión de una mujer, quien fue sorprendida ofreciendo los ejemplares silvestres al público. Dijeron que los animales se encontraban en condiciones inadecuadas, lo que representaba un riesgo para su supervivencia. Tras el rescate, las tortugas fueron trasladadas a dependencias de POFOMA para su evaluación y posterior entrega a las autoridades competentes, con el fin de garantizar su protección y posible reinserción a su hábitat natural. El director regional de POFOMA El Alto, Renán Guachalla, recordó que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre está prohibida por ley. Anunció que se continuarán realizando operativos de control en ferias y mercados para frenar estos delitos y preservar la biodiversidad del país. YENNY TICONA-RTP

El Cóndor Andino habita en 14 áreas protegidas del país, recuerda el Sernap en su Día, que se celebra este 4 de febrero. Aseguran que es una especie vulnerable, pero clave para el ecosistema. La directora ejecutiva del Sernap, Cecilia Miranda, informó que esta especie se encuentra con presencia confirmada en importantes áreas protegidas nacionales, entre ellas, mencionó al Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba (ANIN Apolobamba), el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado (PN-ANMI Madidi), el Parque Nacional Cotapata (PN-ANMI Cotapata). Además, habita en el Parque Nacional Sajama (PN Sajama), en el Parque Natural Tumari (PN Tunari), en el Parque Nacional Carrasco (PN Carrasco), en el Parque Natural Amboró (PN-ANMI Amboró), en el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar (ANMI El Palmar), en el Parque Natural Toro Toro (PN Toro Toro). También se registra su presencia en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe (PN-ANMI Aguaragüe) y en la Reserva Biológica Cordillera de Sama. Miranda destacó su “su rol ecológico como ave carroñera es fundamental para el equilibrio sanitario de los ecosistemas altoandinos, y su figura posee un profundo significado espiritual y cultural en la cosmovisión andina”. El Sernap informa que, en coordinación con los gobiernos municipales, áreas protegidas y organizaciones aliadas, desarrollará diversas actividades orientadas a promover la conciencia ambiental, difundir el valor ecológico y cultural del cóndor andino y fortalecer las acciones previstas por la nueva ley. “El Cóndor Andino es una de las especies más emblemáticas de la región altoandina. Está categorizado como vulnerable a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y como casi amenazado en Bolivia”, consideró Miranda. Día Nacional del Cóndor Andino La declaratoria del Día Nacional del Cóndor Andino se encuentra establecido en la Ley Integral de Protección y Conservación de esa especie, norma que establece medidas para garantizar su conservación en el territorio nacional, informa un boletín de prensa del Sernap. La Ley 1525 promulgada en noviembre de 2023, establece que el cóndor andino “Kuntur Mallku (Vultur gryphus”, declara a la especie como un “símbolo y como Patrimonio Natural y Cultural”, por lo que establece medidas de protección, educación ambiental, investigación científica y coordinación interinstitucional, para garantizar su conservación en todo el territorio nacional. También se establece la responsabilidad del Estado de coordinar programas, planes y acciones para la protección del cóndor andino, incluyendo la prohibición absoluta de su caza, la protección de su hábitat natural y la incorporación de contenidos educativos sobre fauna silvestre en el Sistema Educativo. Asimismo, la norma habilita mecanismos de investigación científica y contempla sanciones penales contra el tráfico y el envenenamiento de fauna silvestre, con penas que pueden alcanzar hasta ocho años de privación de libertad. Proyecto de ley municipal para su conservación El director del Parque Nacional Carrasco, Tomás Calahuma, informó que, en el marco de las actividades conmemorativas a este día, se presentará el proyecto de Ley Municipal para la Conservación del Cóndor Andino, que propone, entre otros aspectos, declarar de interés municipal su conservación. Ese municipio, propone proteger sitios críticos como dormideros, áreas de alimentación y corredores de vuelo, establecer restricciones para evitar perturbaciones y envenenamientos, y promover educación ambiental, sensibilización comunitaria y vigilancia municipal”. El proyecto, según la explicación del Sernap, busca complementar y “operacionalizar” la Ley N° 1525 a nivel local, fortaleciendo la protección de la especie en un municipio clave para su distribución. VISIÓN 360

El nuevo viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila habló sobre el rol de Bolivia en el contexto de sus compromisos internacionales; señaló que el Estado boliviano no ha honrado adecuadamente el Convenio de Minamata, para la reducción progresiva del uso del mercurio en la minería del oro, hasta su eliminación. Anunció una estrategia para establecer el principio de autoridad en la zona. “El Convenio de Minamata tiene sus años y lamentablemente el Estado boliviano hasta la fecha no ha podido honrar adecuadamente este compromiso internacional que tiene valor jurídico en el derecho internacional público”, señaló en entrevista con Agencia de Noticias Ambientales, en alusión al Gobierno del MAS (Evo Morales y Luis Arce). Bolivia ratificó el Convenio de Minamata sobre el mercurio en 2015 a través de la Ley 759 del 18 de noviembre de ese año, tras haberlo suscrito en 2013, comprometiéndose a controlar y reducir el uso de este tóxico metal para proteger la salud humana y el medioambiente.  “Partamos desde su propia reflexión de que en el país no se ha hecho mucho o, por decirlo de mejor forma, no se ha hecho nada bien por aplicar este Convenio y por controlar adecuadamente la utilización del mercurio en nuestro país, especialmente en la explotación del oro en el norte de Bolivia”, dijo. El compromiso principal del Convenio de Minamata es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio mediante la reducción y eliminación de su uso en productos y procesos, el control de la oferta y el comercio de mercurio, la gestión ambientalmente racional de los residuos que lo contengan y la remediación de sitios contaminados, ofreciendo apoyo técnico y financiero a países en desarrollo para cumplir estos objetivos.  El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) en el estudio “El comercio del mercurio” de Óscar Campanini alertó que, en los últimos cinco años, Bolivia se ha convertido en el segundo mayor importador de mercurio a nivel mundial, siendo que este tóxico ha causado graves problemas de salud, sobre todo en comunidades indígenas de la Amazonía y el norte de La Paz, además de haber generado otros impactos asociados. Al respecto dijo “Esto no nos puede llevar a otra cosa que no sea el de reconocer una realidad muy compleja y muy peligrosa desde la perspectiva medioambiental”. Ávila Antelo dijo que, por informaciones recientes, tiene conocimiento del avance de la minería aurífera en los ríos amazónicos, especialmente en el Norte de La Paz y Pando. Exámenes en cabellos realizados por el Instituto de Toxicología de la Universidad de Cartagena, Colombia, con el apoyo del CEDIB y en coordinación con la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) evidenciaron los altos niveles de contaminación por mercurio en las comunidades ribereñas de la Amazonía, debido principalmente al consumo del pescado. El pueblo en contacto inicial Ese ejjas fue identificado como el más impactado por el mercurio, seguido por los Uchupiamonas, Tanacas, Tsimanes y así sucesivamente, quienes no están involucrados de manera directa en la actividad minera, pero son quienes sufren las consecuencias del avance aurífero y el uso indiscriminado de la sustancia tóxica. Los niveles de contaminación están muy por encima del máximo permitido, como es de una parte por millón (1ppm), según los rangos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Un estudio piloto reciente realizado por las mismas instituciones y la participación de la UMSA, sobre la exposición a mercurio y el estado de salud de mujeres de comunidades indígenas que habitan en las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios en la Amazonía reveló que nueve de cada 10 mujeres indígenas en edad fértil, presenta concentraciones superiores a los límites seguros, lo cual las predispuso a múltiples enfermedades asociadas. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) también promovió estudios con la UMSA, que ratificaron los altos niveles de contaminación por mercurio, en promedio de 1,9 ppm y 9,8 ppm, en las poblaciones Ese ejjas, Tacanas, Lecos, Mosetenes, Tsimanes y Uchupiamonas. “Minamata, es uno de los temas centrales” El titular de la autoridad ambiental -posesionado el 14 de noviembre- dijo que está “acomodando la casa”, en la reconstrucción de la vivienda, para lo cual se requiere solvencia, tranquilidad y responsabilidad. Sobre el cumplimiento del Convenio de Minamata en su gestión respondió: “Es uno de los temas centrales de nuestra responsabilidad que vamos a asumir en el marco de la norma y de las expectativas que tiene la ciudadanía con relación a este problema de la minería ilegal y sobre todo de la utilización inadecuada del mercurio”. En esa línea dijo que el Viceministerio a su cargo coordina con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para conocer la incidencia de la explotación ilegal del oro en la utilización del mercurio es dramática. “He solicitado que me pasen información que existe acá en el Viceministerio y todos los datos son concluyentes; de que hay daños al medio ambiente, a la fauna circundante, especialmente a los peces, donde se han encontrado ya cantidades importantes de mercurio”, informó. La nueva autoridad afirmó que el Estado tiene la obligación de buscar una estrategia para controlar el uso del mercurio y aplicar el Convenio de Minamata en el marco de la normativa que se tiene. “Tenemos vigente entrar a esa zona para persuadir en principio, porque ese es otro de los elementos que no se puede desconocer en una estrategia de reponer el principio de autoridad en la zona, ya que lamentablemente el principio de autoridad no existe en esa zona”, anunció. En análisis del entrevistado, los gobiernos anteriores dejaron a las cooperativas hacer lo que veían conveniente. “Tienen mucho poder, tienen mucho poder no sólo económico, sino que han tenido mucho poder político”, apuntó. El sector cooperativista a través de sus organizaciones Ferreco, Fecoman, Fedecomin y Asoban, entre otras, ha sido aliado estratégico de Evo Morales y Luis Arce. En más de 20 años de la hegemonía del MAS, el sector aurífero logró no sólo una expansión territorial, sino

La resolución 06/2026 del juzgado Agroambiental de Entre Ríos dispuso este viernes la suspensión de las actividades de la empresa Petrobras en el pozo Domo Oso X3 en la comunidad de Tariquía, en el departamento de Tarija. La disposición incluye otras 16 resoluciones para que, en el plazo de 30 días, se presenten las pruebas. “Disponer con carácter inicial, preventivo y precautorio, la medida cautelar ambiental de paralización temporal de actividades correspondiente al ‘proyecto de perforación exploratoria pozo Domo Oso x-3, bloque exploratorio San Telmo norte, provincia O’Connor del departamento de Tarija’, medida cautelar provisional que se dispone por un plazo de 30 días calendario”, señala la resolución publicada por la Defensoría del Pueblo. El 6 de enero la empresa petrolera Petrobras ingresó a la reserva de Tariquía. La custodia de policías acrecentó la molestia de los comunarios y dio paso a un nuevo conflicto por la explotación de gas y petróleo. Ahora el Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya acudió a la justicia agroambiental para detener los trabajos que se realizan dentro de la reserva. La resolución judicial señala que en el lapso de los 30 días, todas las partes deben presentar sus pruebas para detentar propiedad o pedido de impedimento para la exploración petrolera. Luego de esos alegatos, señala la resolución firmada por el juez Clever Osorio, se tomará una decisión de fondo. La demanda fue presentada contra Mauricio Medinaceli Monroy, ministro de Hidrocarburos, José Fernando Romero Pinto, ministro de Planificación del Desarrollo, José Ernesto Ávila Antelo, viceministro de Medio Ambiente; Yussef Akli Flores, presidente de YPFB; mientras que también aparece como “litisconsorte pasivo” la empresa Petrobras. Las comunidades indígenas están como “terceras interesadas” y se convocó a 11 dirigentes indígenas de otras tantas comunidades que serían las directamente afectadas con las actividades petroleras. El tribunal agroambiental pidió al ministerio de Hidrocarburos toda la documentación que acredita la explotación petrolera y al parlamento todos los antecedentes del contrato de explotación petrolera, San Telmo Norte. El voluminoso fallo de 30 hojas contempla las 17 resoluciones que deben cumplir los dirigentes y las autoridades involucrados en el caso Tariquía que se presenta como un conflicto no resuelto en el actual Gobierno. EL DEBER

La Fiscalía de Santa Cruz revisa la resolución que cerró el caso de caza ilegal de jaguares, tras denuncias de omisiones en la investigación contra una empresa argentina señalada por organizar cacerías clandestinas en el ANMI San Matías. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, indicó que, tras verificar que dicha resolución figura en los sistemas digitales del Ministerio Público, solicitó que los informes del caso sean remitidos a su despacho para su análisis y eventual reapertura o revocatoria, si se constatan irregularidades. “Dentro de los plazos y términos legales, previa notificación de todos los sujetos procesales para que puedan apelar u objetar la resolución, esta Fiscalía Departamental verificará si se realizaron todos los antecedentes y actuados necesarios para descubrir la verdad histórica y material de los hechos, así como para individualizar responsabilidades”, explicó Zeballos a El Deber. El fiscal aclaró que la resolución no es definitiva y que se encuentra sujeta a apelación u objeción por parte de quienes se hubieran apersonado como parte civil en el proceso. “Si constatamos ausencia de diligencias relevantes, con seguridad la resolución será revocada para que continúen las investigaciones”, advirtió. Un caso de caza ilegal El caso investiga a la empresa Caza & Safari, cuyo propietario, el argentino Jorge Néstor Noya, es señalado como uno de los principales operadores de una red internacional de tráfico de fauna silvestre. En Argentina, Noya enfrenta procesos judiciales por liderar lo que se considera el mayor caso de caza y tráfico ilegal de fauna detectado en ese país. Según una investigación desarrollada por Mongabay, Noya habría llevado durante décadas a clientes extranjeros —principalmente estadounidenses y europeos— a cazar jaguares en el oriente boliviano, especialmente en el ANMI San Matías. La caza de un jaguar en Bolivia habría llegado a costar hasta 50.000 dólares por “trofeo”. El jaguar es una especie protegida en Bolivia. Se estima que en el país sobreviven poco más de 3.000 individuos, y especialistas han pedido que su categoría pase de vulnerable a en peligro de extinción. Denuncias y pruebas presentadas El abogado boliviano Rodrigo Herrera, representante legal de los denunciantes —la activista Lisa Mirella Corti y el guardaparque Marcos Uzquiano—, explicó, precisamente a Mongabay, que la denuncia penal en Bolivia fue presentada en diciembre de 2024. Posteriormente, se conformó una comisión de investigación integrada por la Fiscalía del municipio de San Matías, la Fiscalía especializada en delitos ambientales de Santa Cruz y la Fiscalía General, con sede en Sucre. Herrera señaló que, durante la investigación, la parte demandante presentó numerosas pruebas, entre ellas fotografías, testimonios y un informe oficial de la Fiscalía argentina, que incluiría información extraída del teléfono celular de Noya y confirmaría su presencia en Bolivia en noviembre de 2023, realizando actividades de caza ilegal. Sin embargo, en julio de este año, el proceso dejó de figurar en el sistema digital del Ministerio Público. “En la Fiscalía de Santa Cruz nos dijeron que el fiscal de San Matías había cerrado el caso por insuficiencia de pruebas, pero nunca fuimos notificados formalmente”, afirmó Herrera, quien anunció que insistirán en reactivar el proceso y solicitar la extradición de Noya. Por su parte, Lisa Mirella Corti, integrante del colectivo El llanto del Jaguar, denunció que en Bolivia no se realizaron allanamientos ni se destinaron recursos para investigar el caso. “Tenemos fotografías profundamente crueles: se ve a Noya y a sus clientes posando con jaguares muertos en Bolivia. Es un crimen transnacional y no se lo puede cerrar de esta manera”, sostuvo. Contraste con la investigación en Argentina Mientras en Bolivia el caso fue cerrado en primera instancia, en Argentina la investigación avanzó con 12 allanamientos en varias provincias, el embargo de 37 vehículos, un inmueble de alto valor en la costa atlántica, tres predios de caza, y la incautación de 44 armas de fuego y 7.951 taxidermias, señala el reportaje. La causa se tramita en la Fiscalía Federal N.º 1 de Lomas de Zamora y el Juzgado Federal N.º 2 del mismo distrito. Según esa investigación, Noya habría ingresado a Bolivia de manera irregular, incluso en avionetas sin registro migratorio, utilizando rutas cercanas a zonas controladas por redes del narcotráfico. Fiscalía advierte posibles sanciones En todo caso, Zeballos informó que verificó personalmente la existencia de la resolución en los sistemas JL2 (Justicia Libre) y ecosistema Roma, y que pidió informes a los fiscales asignados y a la comisión investigadora para conocer los fundamentos del cierre del caso. “Si se verifica negligencia, omisión o irregularidades en el proceder de los fiscales, se emitirán las advertencias correspondientes y se evaluará el inicio de procesos”, advirtió. Las partes notificadas tendrán un plazo de cinco días para objetar la resolución, y la Fiscalía contará con un plazo legal de diez días para definir si corresponde reabrir o revocar la causa. “El objetivo del Ministerio Público es precautelar la biodiversidad, el ecosistema y el medio ambiente, no solo en nuestra región sino también fuera del país”, concluyó el fiscal departamental. EL DEBER