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Medio Ambiente

Incendios en Bolivia arrasan más de 4 millones de hectáreas

Los incendios en Bolivia ya han arrasado más de 4 millones de hectáreas (ha), informó la Fundación TIERRA a través de una nota de prensa. A diferencia de años pasado se observó que los focos de calor se multiplicaron mucho más antes en el año, lo cual resulta alarmante. El investigador de TIERRA, Efraín Tinta, reportó que los departamentos más afectados son Santa Cruz, con 2,6 millones de hectáreas quemadas; Beni con 1,3 millones ha; y La Paz con 18.99 ha. Son 69 los municipios más afectados: 36 en Santa Cruz, 17 en Beni, 11 en Pando, tres en Cochabamba, uno en La Paz, y uno en Cochabamba. San Matías, en Santa Cruz, es uno de los municipios más afectados. El fuego devoró el 47% de su territorio, igual a 1,2 millones de ha. En el municipio de San Rafael, Santa Cruz, «los niños tienen conjuntivitis y los adultos afecciones bronquiales severas. Hay comunidades donde se suspendieron las clases y no llega ayuda», dijo el cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV). Se prevé que en Santa Cruz los incendios aumenten en las próximas semanas y no desciendan sino hasta finales de noviembre. Las áreas protegidas nacionales más afectadas por el fuego son: Área de Manejo Natural Integrado San Matías, donde el fuego arrasó con 904.015 ha, casi un 45% de su territorio. La segunda área protegida es Otukis, con 96.944 ha afectadas por incendios. Y finalmente está El Choré con 21.558 ha. (La Nube)

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Bolivia se abre a los mercados de carbono ante la resistencia de grupos ambientalistas

La reciente apertura de Bolivia a los mercados de carbono ha generado discusiones sobre la conveniencia de su utilización, mientras que algunos expertos sostienen que es una oportunidad para que las poblaciones indígenas consigan beneficios, los grupos ambientalistas aseguran que no son una garantía para preservar el medioambiente. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la semana pasada un fragmento de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, sobre la “no mercantilización de las funciones ambientales” que prohibía las formas de financiación internacional como los mercados de carbono. La Vicepresidencia de Bolivia, impulsora de la ley, objetó la decisión del Constitucional porque no se valoraron sus argumentos, mientras que la Defensoría del Pueblo exhortó al TCP a hacer una aclaración sobre su resolución. Por su parte, organizaciones ambientalistas consideraron que la sentencia viola la Constitución y pidieron que la población se movilice contra esta y otras medidas que consideran van contra el medioambiente. Cada tonelada de dióxido de carbono se mide en bonos de carbono o certificados de emisiones reducidas (CER) con un valor que depende del mercado y las empresas que quieran ofertarlos deben contar con proyectos validados y verificados por entidades acreditadas. Existen dos tipos de mercados, uno de ellos obligatorio y utilizado por los países que deben compensar sus emisiones tras haber aceptado los límites establecidos en los compromisos internacionales y otro voluntario en el que no existen esas obligaciones. El exembajador de Bolivia en la ONU y director del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, Pablo Solón, dijo a EFE que es necesario desprenderse de la “visión romántica” de que los bonos de carbono implican una protección de la naturaleza. Los mercados de carbono buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alentando a las empresas a que reduzcan sus emisiones, lo que les permitirá ahorrar o vender algunos de sus derechos de emisión, con multas para las excedan sus límites. Aunque también las poblaciones indígenas, municipios y gobernaciones pueden certificar zonas de bosque con biodiversidad para captar cuotas de bonos de carbono a cambio de su conservación e impedir asentamientos ilegales o actividades extractivas. Solón mencionó que se trata de un “mecanismo especulativo”, que tiene una “cadena de intermediarios muy grande” y que genera una dinámica de “falsa compensación” por parte de las grandes empresas que no reducen sus emisiones de carbono, pero que adquieren los bonos en sitios alejados de sus operaciones. “El grueso de los fondos acaban en manos de los intermediarios, llega poco a las organizaciones indígenas” y que la emisión de bonos verdes son fuente de confrontaciones en los países, dijo. Mientras que el abogado ambientalista André Tejerina, indicó a EFE que “la certificación de bonos de carbono que significaría tener un control mayor sobre estas áreas, impedir que hayan asentamientos ilegales o extractivismo como la minería ilegal”. Tejerina asegura que la apertura a los bonos de carbono en Bolivia da posibilidades a los sectores indígenas de captar ingresos, justamente porque muchos de los territorios nativos están dentro de áreas protegidas y que podrían captar ingresos. El abogado defendió que el mayor objetivo de los mercados de carbono es “mantener la naturaleza en su mejor estado” y que en este proceso intervienen “actores internacionales” que hacen esa verificación. Quienes promueven las certificaciones deben elaborar “planes exhaustivos” con mediciones de disminución de carbono que pasan a un “verificador externo”, que genera reportes que luego son sometidos a “auditorías externas” para finalmente hacer la emisión de los bonos y colocarlos a la venta, dijo. “La comunidad es dueña del certificado de emisiones, entonces lo vende y es una empresa la que paga a la comunidad mediante un acuerdo en el que se fijan plazo y objetivos”, añadió Tejerina. La apertura de Bolivia a los mercados de carbono se suma a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de Luis Arce, que son cuestionadas por los sectores medioambientalistas, como los incentivos a la producción de biocombustibles o el debate sobre la posibilidad de que en el país se utilice biotecnología para potenciar la agroindustria. (EFE)

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Contaminación de aguas con cianuro: Cabildo en Viacha determina expulsar a empresas mineras y “que se vaya el alcalde” Yahuasi

Un multitudinario cabildo que contó con la participación de comunidades originarias, juntas vecinales, asambleístas departamentales y miembros del Concejo Municipal, determinó exigir la renuncia del alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi. La población que se declaró en emergencia, también determinó crear una ley de expulsión de las empresas mineras que operan irregularmente en ese municipio, además de iniciar una auditoría ambiental. “Hermanos, se ha tratado que se vaya el alcalde (Yahuasi). ¿Aprobado?”, consultó la autoridad originaria que dirigió el cabildo realizado ayer en el municipio de Viacha. Inmediatamente y a viva voz, los centenares de asistentes respondieron: “¡Aprobado!”. La determinación fue una de las cinco que asumió la población a causa de varias irregularidades en la gestión de Yahuasi quien hasta la fecha no atendió los pedidos de contraparte de Visión 360, que envió cartas y lo llamó en varias oportunidades al funcionario, desde el mes de julio, sin obtener respuesta. Ayer, el cabildo de Viacha aprobó otras tres resoluciones sobre a la contaminación: una auditoría ambiental; la redacción de una ley para la expulsión de las empresas mineras, para declarar a Viacha un territorio libre de contaminación. Por último, también se aprobó iniciar procesos contra el alcalde Yahuasi y los funcionarios municipales que permitieron el asentamiento y no controlaron la contaminación minera. La presidente del Concejo Municipal de Viacha, Lizeth Villagómez, presente en el cabildo, explicó a la población que esa instancia “realiza los procesos administrativos correspondientes, en la vía administrativa y civil, pero las resoluciones aprobadas en este cabildo serán elevadas a las autoridades departamentales y nacionales, porque las resoluciones de este cabildo deben ser de cumplimiento obligatorio”. Visión 360 publicó el domingo un informe oficial, de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, en la que se confirma que 23 empresas dedicadas al reciclaje de minerales, operan de forma irregular en las comunidades Mamani, Contorno Bajo y Seke Jahuira. En esta última población, en julio, los funcionarios ediles se vieron obligados a cerrar un pozo de agua porque la empresa Jacha Kollo, provocó un derrame de cianuro que contaminó los bolsones de agua subterránea. Durante el cabildo, la autoridad originaria y presidente del “Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca del río Pallina”, Juan Pablo Yujra, desmintió la información que la Alcaldía de Viacha dio un día antes a las autoridades originarias, sobre que se habían clausurado ocho empresas mineras ilegales. “El alcalde (Yahuasi) nos informa que hay ocho mineras selladas (clausuradas), pero solo han clausurado un pozo de agua, de la empresa Jacha Kollo, esa empresa sigue trabajando, eso es lo que queremos desmentir, nos está engañando. Nuestro alcalde nunca ha hecho nada por nosotros, desde 2021 nosotros hemos presentado diferentes notas, pero nunca nos dio una resolución, gracias a la prensa él (Yahuasi) ahora se mueve como un gran defensor del medioambiente, pero no es así”, manifestó Yujra. (Visión 360)

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Sancionan con Bs 2.459 quemas ilegales por hectárea; ABT anuncia hasta 10 años de cárcel por incendios

A partir de la segunda semana de septiembre, la población que infrinja en el delito de quemas ilegales en el territorio nacional tendrá que pagar una multa de hasta Bs 2,459 por hectárea incendiada. En entrevista con La Razón Radio, el jefe de Asuntos Judiciales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Robin Justiniano, explicó que, tras la aprobación del Decreto Supremo 5203, su despacho debe aprobar el reglamento en un lapso de 10 días hábiles; así, la sanción entrará en vigencia de manera inmediata. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial el 21 de agosto y establece: “Con la finalidad de implementar medidas correctivas sobre contravenciones al régimen forestal, el presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Reglamento General de la Ley Forestal, aprobado por Decreto Supremo 24453, de 21 de diciembre de 1996”. Asimismo, la ABT y el Ministerio de Justicia trabajan en la modificación de la sanción penal por el delito de incendios. Se pretende incrementar los años de prisión, ahora de cuatro a seis años, hasta 10 años. “Estamos trabajado con el Ministerio de Justicia, preparando una modificación para la sanción en el tipo penal de incendios”, adelantó el jefe de Asuntos Judiciales de la ABT, Robin Justiniano, en entrevista con un medio local. Indicó que se pretende incrementar la sanción con la modificación del artículo 206 del Código Penal. Dicha norma establece, actualmente: “El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años”. No obstante, las autoridades pretenden incrementar la sanción hasta 10 años, “sin discriminación ni favoritismos”. Las autoridades han trabajado en las penas y sanciones para los ciudadanos que propicien incendios en zonas boscosas del país, debido a que la Chiquitana atraviesa por una situación crítica; producto de las llamas descontroladas que arrasan con la flora y fauna. (Agencias)

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Estudio revela que los aportes de jubilación y ahorros bancarios financian la deforestación de los bosques en Bolivia

El video de un orangután que lucha contra una excavadora para defender su hábitat en Indonesia conmocionó a millones de personas en todo el mundo en 2018. Estas imágenes muestran el poder destructivo que genera la deforestación de los bosques y plantea una interrogante: ¿quiénes están detrás de la destrucción de los bosques? En Bolivia, un estudio realizado por el economista ambiental Stasiek Czaplicki revela que los aportes de los bolivianos para su jubilación y los ahorros bancarios son utilizados para financiar la deforestación en el país. La investigación establece también que más del 10% de los ahorros de los bolivianos manejados por los fondos de pensiones están invertidos en tres sectores empresariales que se dedican a la agroindustria. Lo más alarmante de esta investigación es que la deforestación no es resultado de los incendios forestales, sino son producto de una deforestación planificada y muy bien estructurada. En conclusión, el informe plantea la urgente necesidad de cambiar el extractivismo por mecanismos alternativos para producir nuestros alimentos, de lo contrario estaremos poniendo en riesgo el futuro de las próximas generaciones. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Gobierno espera informe sobre contaminación de ríos en Viacha

El ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, ha expresado su preocupación por la falta de acción de la alcaldía de Viacha en relación con la contaminación de varios ríos en la región. Hasta la fecha, dicha alcaldía no ha emitido el informe necesario que permita al Ministerio asumir acciones legales contra las presuntas fuentes de contaminación. Según información preliminar, se ha detectado un derrame de cianuro, un metal pesado conocido por su alto grado de toxicidad para el medio ambiente y la salud pública. Las investigaciones sugieren que este incidente podría estar vinculado a las operaciones de empresas mineras que, de manera extraoficial, se estarían llevando a cabo de forma irregular. Lisperguer ha señalado que es imperativo que se tomen medidas inmediatas para evaluar y mitigar el impacto ambiental de esta contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente está en espera del informe oficial de la alcaldía de Viacha para poder avanzar con las medidas necesarias. Mientras tanto, se mantienen abiertos los canales de comunicación con las autoridades locales para garantizar una pronta resolución de la situación. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Sobreexplotación de agua pone en riesgo las reservas subterráneas del altiplano

La escasez de agua en la región del altiplano es una problemática que cada año empeora y uno de los factores que incide de manera negativa es la sobreexplotación del recurso hídrico. Un estudio realizado por el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA reveló que existen tres regiones en el altiplano que consumen más de 100 millones de metros cúbicos de agua cada año de fuentes subterráneas que no son repuestas. El altiplano en Bolivia es una de las regiones más vulnerables a las sequías y depende en su gran mayoría de las reservas de agua subterránea, que lamentablemente no son repuestas y corren el riesgo de agotarse. Si no se implementan políticas enfocadas a la recarga o reposición de estas reservas de agua subterráneas, estaremos condenando al altiplano a un proceso de desertificación que pondría en riesgo la vida en esa región. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Confirman el derrame de cianuro en una zona de Viacha en la que operan 23 empresas mineras

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) y la Alcaldía de Viacha confirmaron el derrame de cianuro, lo que afectó a uno de los acuíferos en ese municipio, en una zona en la que 23 empresas mineras operan en medio de irregularidades, la mayoría sin licencia ambiental ni funcionamiento, además de la acumulación de residuos tóxicos abandonados cerca de los reservorios de agua y sobre los caminos comunales. Los efectos de la contaminación ya fueron denunciados por los pobladores de nueve comunidades que habitan en las orillas del río Pallina, cuyas aguas turbias traen a Viacha los desechos industriales, hospitalarios y basura arrojada por los habitantes de la ciudad de El Alto. Al no poder consumir el agua de ese río, los campesinos viacheños se abastecen de pozos, de donde sacan agua también para su ganado y los cultivos que, se ha verificado, también estarían contaminados, pero por la minería ilegal. Por medio de la Resolución Nº 227 de la AAPS, el 9 de julio se dispuso el sellado del pozo de agua usado para la actividad de la Empresa Procesadora Jacha Kollo SRL, la cual opera en jurisdicción de la comunidad Seke Jahuira, en Viacha. Según un informe municipal, esta empresa incurrió en “delitos ambientales”, no solo por el derrame de cianuro (se desconoce la cantidad) que contaminó fuentes de agua subterránea, sino por las filtraciones de residuos tóxicos en las colas de mina que creó, que no cumplen con especificaciones técnicas. Asimismo, un estudio de laboratorio realizado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Empav), al que Visión 360 tuvo acceso, revela que el porcentaje de contaminación en el pozo de agua ubicado en la comunidad Seke Jahuira, generado por el derrame de cianuro en la empresa Jacha Kollo, es de 1.000% lo que provocaría la muerte de personas o animales en caso de su consumo. “Existe contaminación en los acuíferos, los pobladores presentaron la denuncia y luego de una inspección se verificó que en los predios de la empresa ocurrió un derrame de material con cianuro, lo que se ha filtrado hasta los bolsones de agua. Según los análisis, la contaminación sobrepasó los límites autorizados, hasta un 1.000%”, informó a Visión 360 una fuente oficial de la Alcaldía de Viacha, la que pidió reserva de su identidad. La misma fuente, con base en los documentos emitidos por la AAPS, hizo referencia a que el operativo en el que se selló el pozo de agua fue reportado por la Alcaldía de Viacha, y su clausura estuvo a cargo del gerente de la Empav, Eddy Gutiérrez, y el exdirector de Gestión Ambiental y Riesgos, Álvaro Manzaneda. Los datos de la AAPS señalan que la Empresa Jacha Kollo es una de las cuatro que tienen autorización de esa institución desde 2020, para la perforación de pozos de agua que usaban para su actividad. Dos de las entidades autorizadas están catalogadas en el rubro de “industrial” y dos, como “mineras”. Desde julio, por medio de visitas a sus oficinas, cartas, mensajes y llamadas telefónicas, Visión 360 buscó la contraparte del alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, pero no hubo respuesta del edil. Sin embargo, este medio de comunicación accedió a un informe municipal sobre el empadronamiento de 23 recicladoras de mineral, las cuales están asentadas sobre 231 hectáreas de un área clasificada como “urbana”, en el municipio de Viacha. Varias de ellas están asentadas sobre los torrentes de agua subterránea y los residuos que generan están acumulados al aire libre, sobre caminos comunales y a pocos metros de los pozos de agua, de los cuales se abastecen los habitantes de las nueve comunidades de la cuenca del río Pallina. Las denuncias de los comunarios señalan que el material que estas empresas reciclan proviene de los residuos mineros generados por minas en los departamentos de Oruro y Potosí, los que son internados en volquetas. En ese sentido, el informe recomienda que “se deberá establecer organismos de control comunal”, con el fin de evitar que el desecho final continúe siendo acumulado en sectores no autorizados. No obstante, en la visita que Visión de 360 realizó en la zona, la autoridad originaria y presidente del “Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca Pallina”, Juan Pablo Yujra, relató que, por ejemplo, en la comunidad Mamani existían amplios “bateones” o excavaciones de hasta seis metros de profundidad, de donde las empresas ladrilleras y las de cerámica extraían arcilla. “Son como las colas de minas, pero sin ningún tipo de control técnico; no tienen esas capas impermeables para encapsular la tierra llena de químicos”, dijo el dirigente de Viacha, Juan Pablo Yujra. Ahora, esas enormes fosas están desapareciendo, debido a que, paulatinamente, son rellenadas con los residuos tóxicos y colas de minas de las empresas explotadoras, “esas que funcionan de forma ilegal en Viacha. Estas son como las colas de minas, pero sin ningún tipo de control técnico; no tienen esas capas impermeables para encapsular toda esa tierra llena de químicos. Esto pasa ante la vista de los funcionarios de la Alcaldía, la Gobernación y ni qué decir del Ministerio de Medio Ambiente. Venimos denunciando esta matanza de nuestra tierra desde hace 10 años, pero lo de la minería se ha agravado hace cuatro años”, relató Yujra. Entre los datos relevantes del informe ambiental de la Alcaldía se menciona que el derrame de cianuro en Seke Jahuira evidencia que el suelo de ese sector es “muy permeable”, lo que hace que las infiltraciones de tóxicos mineros lleguen con mayor facilidad a los bolsones subterráneos de los acuíferos. Por otra parte, se constató que dichas fuentes de agua están a una profundidad de hasta 35 metros y no a 60 metros como se pensaba. Esto, según el informe municipal, se considera como un segundo elemento que comprueba el riesgo para la salud de la población, que se genera al autorizar el funcionamiento de las recicladoras de mineral en Viacha, las que depositan sus desechos cerca de las reservas de agua subterráneas, sin ningún tipo

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Unas 40 mineras ilegales explotan oro en el Madidi; la AJAM debería enjuiciarlas y desalojarlas

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es el área protegida con mayor biodiversidad del planeta y debe ser un gran orgullo nacional. Sin embargo, en su interior trabajan al menos 40 operaciones mineras auríferas, todas ellas ilegales, que explotan oro primordialmente en la cabecera y curso del río Tuichi por lo que corresponde a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) enjuiciarlas por el daño al patrimonio natural del país y desalojarlas con ayuda de la fuerza pública. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), como autoridad competente en áreas protegidas bolivianas, les inició procesos administrativos a la mayoría de ellas, pero esto llega sólo a una infracción, y en el mejor de los casos al cobro de una multa, pero no permite paralizar la actividad ilícita en la región. Existe la documentación que evidencia las vulneraciones a las normas ambientales vigentes. “Además la AJAM no pudo demostrar que alguna de estas actividades mineras sea preconstituida, es decir que haya obtenido su derecho minero y ambiental antes de la creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, que fue el 21 de septiembre de 1995 a través del Decreto Supremo 24123”, según el Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (COPDEABO). Las aproximadamente 40 operaciones mineras auríferas se encuentran en las cabeceras y curso del río Tuichi, un afluente del río Beni, con unos 260 kilómetros de extensión, se origina en la cima de la cordillera de Apolobamba y conecta los Andes con la Amazonía. Atraviesa por el corazón del Madidi, un área protegida con cerca de dos millones de hectáreas y considerada la más biodiversa del planeta. Según información proporcionada por guardaparques, que prefirieron no ser identificados, las operaciones mineras auríferas ilegales que tienen procesos administrativos establecidos por el Sernap, “se les anunció con la respectiva notificación de paralización de actividades como la apertura de caminos y minería mecanizada, pero ninguna cumplió, y es más, el número se ha ido incrementando cada vez, superando inclusive la cuarentena de operaciones identificadas, todas ilegales”. En otras operaciones mineras no se puede realizar la verificación en el lugar, porque tienen instaladas trancas y acuerdos con las comunidades locales para evitar el paso del personal de protección, además la “amenaza permanente de conflicto social y la intimidación inacabable a la integridad personal de los guardaparques”. En una entrevista anterior el dirigente de la Federación Regional de Cooperativistas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, afirmó que existe el compromiso con el presidente Luis Arce de “no realizar ninguna operación minera dentro de las áreas protegidas”. Pero es muy evidente que esto no se ha cumplido, en el caso del Madidi y otras áreas protegidas como Apolobamba, Cotapata, Manuripi, hay más en otras regiones, que también están sufriendo el embate de la actividad minera ilegal en sus jurisdicciones. Por otra parte, el dirigente Raúl Silva de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), anunció públicamente la semana pasada que, su sector apoyará la candidatura del expresidente Evo Morales porque “extrañan el bajo precio del mercurio” y otros beneficios que existían en su gestión. PROCESOS ADMINISTRATIVOS El Sernap en aplicación del artículo 99 de la Ley del Medio Ambiente y en la sustanciación de los procedimientos de infracciones o contravenciones, tiene la potestad de dictar resoluciones administrativas fundamentadas en base a un informe técnico, imponiendo sanciones administrativas, cuando se demuestre la responsabilidad del infractor y dictaminar resoluciones disponiendo medidas precautorias para evitar perjuicios o mayores daños al área protegida y sus recursos naturales. Los procesos administrativos que siguió el Sernap a las operaciones mineras ilegales que explotan oro al interior del Madidi, no posibilitaron paralizar sus actividades ilegítimas, porque las sanciones administrativas implican sólo el cobro de una multa. “Se hace imprescindible que la AJAM con auxilio de la fuerza pública proceda al desalojo de toda operación minera por encontrarse en la ilegalidad y por tener acciones administrativas previas. También es primordial que se inicien los procesos penales en contra de los titulares de estas operaciones por el daño al patrimonio natural de los bolivianos”, sentenció COPDEAPBO. Al margen de ello, en la Resolución Judicial de la Acción Popular que favoreció a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), el Juez de Garantías Constitucionales de Rurrenabaque, determinó la paralización de todas las actividades mineras ilegales y de todas aquellas que no cuenten con licencias ambientales en el río Beni y sus afluentes, entre los que se encuentra el río Tuichi. ¿Y EL MINISTERIO? Algunos juristas ambientalistas recuerdan que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene entre sus más de cuarenta funciones y atribuciones específicas, la de “formular e implementar políticas generales, planes, normas, programas y proyectos para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente, y recursos hídricos articulados con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico”. Asumen que es necesario que el MMAyA asuma la responsabilidad en los impactos negativos en contra del medio ambiente, la contaminación hídrica con mercurio y otros contaminantes, la deforestación, la remoción y vertido de ingentes cantidades de sedimentos y material (tierra, arena y rocas) que ocasionan impactos negativos y significativos en los cauces y cursos de los ríos de la Amazonía boliviana. (ANF)

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ABT inicia en Santa Cruz y Beni 48 procesos penales por incendios forestales

Los incendios, desmontes y quemas ilegales llevaron a los responsables de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) iniciar 48 procesos penales en el país, denuncias que se concentran en solo dos departamentos: Santa Cruz y Beni. Además de las acciones penales, suman a 227 comparendos o citaciones entregadas en todo el territorio boliviano, procesos registrados durante lo que va de este año. El director ejecutivo nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Luis Roberto Flores Orellana, indicó que en la presente gestión se ha registrado el inicio de 48 procesos penales por el delito de incendio, de los cuales 42 corresponden al departamento de Santa Cruz y seis a Beni. Según el registro de los procesos iniciados en la ABT, de las 48 denuncias, 26 fueron en contra de personas plenamente identificadas, de ellas solo una fue enviada a prisión con detención preventiva; las otras 22 denuncias se sentaron en contra de presuntos autores. “No nos tiembla la mano para procesar a los autores y/o participes de los graves daños a nuestro medio ambiente, que de gran manera están afectando la salud de un pueblo, la naturaleza y la vida de los animalitos. Que la población sepa que los culpables serán sancionados ante la Justicia”, advirtió Flores. Detalló que en cuanto a los procesos administrativos sancionadores por quema ilegal, existen 227 citaciones de comparendo emitidas, de las cuales 135 se realizaron en el departamento de Santa Cruz, 36 en Beni, 16 en Cochabamba, 15 en Pando, nueve en Chuquisaca, siete en Tarija, tres en Potosí y dos en La Paz. Dos de los procesos cuentan con recursos de apelación a las medidas cautelares, además se identificó en 41 predios o comunidades incendios forestales, en dos de ellos se iniciaron las acciones penales por afectación a la reserva forestal y otros dos procesos penales por afectación a las áreas protegidas. Hasta la fecha se reportan 32 eventos activos, entre ellos 18 de magnitud, siendo la región chiquitana la más afectada; los incendios de mayor magnitud no se originaron dentro del territorio nacional sino del vecino país de Brasil. El Código de Procedimiento Penal establece entre dos a seis años de cárcel a quienes ocasionen y provoquen incendios forestales, con agravante en reservas forestales y áreas protegidas, de tres a ocho años. (EL DEBER)

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