Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se vieron este lunes en Washington en una reunión, la tercera entre ambos desde el regreso del republicano al poder en enero, celebrada con la urgencia de Trump por lograr que salga adelante el acuerdo de paz que propuso la semana pasada para poner fin a la guerra en Gaza. Este recibió a su invitado en el Salón Azul de la Casa Blanca para cenar alrededor de una mesa a la que se sentaron, a un lado, varios miembros de su Administración, y, al otro, la delegación israelí. Nada más comenzar, Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad, entregó a Trump una carta con la que claramente perseguía halagarlo. En ella, propone al presidente estadounidense para el premio Nobel de la Paz. Trump considera desde hace años que merece esa distinción. “Está construyendo la paz alrededor del mundo, ahora mismo, mientras hablamos”, afirmó el primer ministro israelí, “[y lo está haciendo con] un país detrás de otro”. Netanyahu compartió con los periodistas, presentes durante unos 20 minutos antes de que comenzara la cena, que continuó a puerta cerrada, que ha enviado esa carta al comité noruego del Nobel. Era la primera ocasión en la que ambos líderes se veían desde que el presidente de Estados Unidos ordenó hace algo más de dos semanas un bombardeo de alto riesgo sobre tres instalaciones nucleares iraníes que rompió con cuatro décadas y media de política de contención estadounidense con el viejo rival. Y los dos coincidieron en vender esa operación militar como un éxito compartido. Una “victoria increíble” e “histórica”, según Netanyahu. Era la primera vez en que ambos coincidían, también, desde que Trump anunció por su cuenta un alto el fuego de 60 días entre Israel y Hamás. Lleva días presionando a ambos enemigos para que firmen ese pacto y poder así apuntarse un tanto diplomático. Netanyahu se mostró abierto a un acuerdo de paz, pero aclaró que este no puede incluir el reconocimiento del Estado palestino. “Construiremos la paz con nuestros vecinos, con aquellos que no quieren destruirnos”, dijo, “y construiremos una paz en la que nuestra seguridad, siempre esté en nuestras manos. Habrá quien diga: ‘No es un Estado completo. No es eso’; y no nos importa”. Trump, que se hizo acompañar de algunos de los miembros de su Gobierno, como Steve Witkoff, su enviado a Oriente Próximo, o los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, consideró “que la situación en Oriente Próximo se va a calmar bastante. [Los países de la región] Nos respetan a nosotros y a Israel”, añadió. Entre los temas previstos para tratar en la cena en la Casa Blanca estaban, además de la brutal ofensiva militar en Gaza, el estado del programa nuclear iraní tras el final de la guerra lanzada por Israel —que Trump bautizó “de los 12 días”, por el tiempo que duraron los ataques cruzados entre ambos enemigos e iniciados por Netanyahu— y la situación general en Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos confía en que la demostración de fuerza en Irán empujará a otros países a sumarse a los Acuerdos de Abraham, que permitieron la normalización de las relaciones diplomáticas de varias capitales árabes con Israel al final de la primera Administración del republicano, durante la que Netanyahu visitó hasta en cinco ocasiones la Casa Blanca. (EL PAÍS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo por la noche con imponer “un arancel ADICIONAL del 10% a cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS”, en un mensaje publicado en su red Truth. Esto ocurrió pocas horas después de que el bloque geopolítico del Sur Global cerrara la primera jornada de la cumbre que celebra en Río de Janeiro. En su declaración final, este foro integrado por 11 países miembros que suponen el 40% del PIB mundial criticaron la guerra arancelaria de Trump, sin mencionarlo directamente por temor a sus represalias. El presidente Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, le ha replicado en una conferencia de prensa una vez clausurada la reunión: “El mundo cambió. No queremos un emperador, somos países soberanos”. Lula ha señalado que los afectados podrían responder con sus propios aranceles y ha criticado los modos de Trump. “No me parece responsable que un presidente se dedique a amenazar al mundo a través de Internet”. El documento pactado en Río por el grupo que fundaron en 2009 Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica y al que se incorporaron Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Indonesia e Irán en 2023 afirma que “la proliferación de medidas restrictivas del comercio, ya sea mediante el aumento indiscriminado de aranceles (…) o mediante proteccionismo bajo el pretexto de objetivos ambientales, amenaza con reducir aún más el comercio mundial, perturbar las cadenas de suministro globales, (…) exacerbar las disparidades económicas existentes y afectar las perspectivas de desarrollo económico mundial”. El Ministerio de Exteriores chino ha respondido a Trump que “el uso de aranceles no beneficia a nadie”, según ha declarado un portavoz. El Kremlin, por su parte, ha recalcado que la “cooperación dentro de los BRICS nunca ha estado ni estará dirigida contra terceros países”, en palabras de su portavoz, Dimitri Peskov, informa Reuters. El portavoz ruso ha añadido que los BRICS pretenden “compartir una visión común del mundo sobre cómo cooperar en función de sus propios intereses” Trump ha advertido en su mensaje de que “no habrá excepciones a esta política”, en referencia a un arancel extra del 10%. No ha señalado a países concretos, pero en su proceso de expansión los BRICS crearon el año pasado la categoría de países asociados, que son Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. Una treintena de países ha expresado su interés en sumarse al club. A la acusación de que el bloque del Sur Global es antiestadounidense, Lula ha reiterado que “no nació para confrontar a nadie”, sino como “una nueva manera de organizar el mundo”. Por ejemplo, parar las guerras. “Desde Irak, ya nadie pide permiso para hacer la guerra. La ONU ha perdido credibilidad. Ya no hay interlocutores para negociar el fin de los conflictos”, ha dicho y ha acusado al Consejo de Seguridad, “menos China” de atizarlos. Lula ha atribuido el ataque frontal de Trump a que “los BRICS están incomodando”, pero, sostiene, son los únicos que pueden salvar el multilateralismo. Y pese a la respuesta furiosa que Trump dio hace meses ante la idea de que el bloque del Sur Global creara una moneda —amenazó con un 100% de aranceles a los socios—, Lula ha defendido ir dando la espalda a la divisa de EE UU. “Creo que necesitamos encontrar una manera de que nuestras relaciones comerciales no tengan que pasar por el dólar”. De todos modos, Los BRICS también han acordado en la reunión anual de su banco, el Nuevo Banco de Desarrollo, celebrada también en Río, impulsar el uso de monedas locales, pero sin dar el paso de emprender la creación de una divisa propia. Los BRICS apoyan la entrada de dos de sus socios, Etiopía e Irán, a la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyas normas Trump ha dinamitado mientras, paradójicamente, China, que entró en 2001, y los BRICS se han convertido en sus grandes defensores. A la cumbre de los BRICS en Río no ha asistido el presidente Xi Jinping, lo que ha restado empaque el encuentro. Mientras, su homólogo ruso, Vladímir Putin, intervino a través de vídeo desde Rusia en vista de la orden de arresto internacional que pesa sobre él por crímenes de guerra en Ucrania. La principal demanda que comparten los BRICS es la exigencia de emprender una reforma profunda de las instituciones multilaterales para que los países del llamado Sur Global, que desde 1945 han multiplicado su importancia desde entonces, aumenten su cuota de poder en las organizaciones internacionales para que refleje su peso económico y demográfico actual. Y ejercer así un contrapeso al histórico dominio de Occidente. Lula ha usado el FMI como ejemplo: “No es que queramos cambiarlo porque no nos gusta, sino para que atienda a los países pobres y no los lleve a la ruina mediante políticas de austeridad, como ha ocurrido en ocasiones”. (EL PAÍS)

Las personas en la Franja de Gaza siguen debatiéndose a diario entre morir de inanición o por fuego israelí. Desde que el Gobierno de Benjamin Netanyahu empezó a permitir la entrada de ayuda humanitaria a cuenta gotas, desde finales de mayo y hasta el pasado 27 de junio, 613 palestinos han sido asesinados en los centros de distribución de ayuda humanitaria, aseguró este 4 de julio la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, en Ginebra. Los hechos, resaltó la funcionaria, han tenido lugar tanto en puntos de ayuda gestionados por la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF por sus siglas en inglés)-la cuestionada entidad privada, respaldada por Estados Unidos e Israel- como cerca de convoyes humanitarios gestionados por otros grupos de ayuda, incluida la ONU. “Es evidente que el Ejército israelí ha bombardeado y disparado contra los palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución” Shamdasani afirmó que aunque la organización no pudo atribuir la responsabilidad de los asesinatos, sí “es evidente que el Ejército israelí ha bombardeado y disparado contra palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución” operados por la Fundación Humanitaria de Gaza. “Es evidente que el Ejército israelí ha bombardeado y disparado contra los palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución”, aseveró Ravina Shamdasani. Entre las víctimas mortales, la ONU cuenta a 509 palestinos que murieron cerca de las instalaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza. “¿Cuántos asesinatos se han producido? ¿Quién es el responsable? Necesitamos una investigación. Necesitamos acceso”, remarcó Shamdasani. La Fundación ha negado que se haya registrado heridos graves o muertos  en sus instalaciones y sostiene que los tiroteos fuera de sus inmediaciones son competencia del Ejército de Israel. La GHF está ligada a exmilitares y antiguos responsables de inteligencia de EE. UU. y en los últimos dos meses sus centros de distribución de ayuda humanitaria han sido el escenario frecuente en el que los palestinos mueren por fuego israelí, razón por las que la ONU rechaza colaborar con esa organización. Se trata de hechos que en reiteradas ocasiones funcionarios de Naciones Unidas han descrito como una “trampa mortal”. Son cientos de civiles, mujeres, hombres y niños, que han perdido la vida en un intento por conseguir alimentos para sus familias en esos lugares. Como si fuera poco, una investigación del diario israelí ‘Haaretz’ reveló el pasado 27 de junio, según las declaraciones de soldados que entrevistó, que los militares reciben órdenes de sus comandantes para disparar a las multitudes mientras se acercan a los centros de ayuda a tratar de conseguir comida. “Es una zona de matar”, afirmó uno de ellos. El Gobierno de Israel negó las acusaciones. La ONU recalca que la cantidad de asesinados en esas circunstancias puede ser aún mayor. “La cifra de los 613 corresponde al 27 de junio. Desde entonces, mientras leía nuestro último informe de situación, se han producido más incidentes”, agregó Shamdasani. Shamdasani señaló que la organización está haciendo todo lo posible para verificar las cifras, pero hay un desfase temporal y, debido a la falta de acceso a la información en el terreno, “quizá nunca podamos comprender la magnitud de lo que está sucediendo”. En la misma rueda de prensa, el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en palestina, Rik Peeperkorn, indicó que una misión de esa agencia en Gaza ha podido visitar a víctimas de este tipo de hecho. “El jueves vimos a un niño de 13 años al que habían disparado en la cabeza, luchando por su vida en emergencias, y a dos jóvenes de 16 y 21 años, los dos con disparos en la espina dorsal y ahora totalmente paralizados sin posibilidad de recuperación”, aseguró. (FRANCE 24)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, animó este jueves a la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner a «seguir luchando con la misma firmeza» tras visitarla en su casa de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria. «Me alegró mucho volver a verla y encontrarla tan bien, tan fuerte y con ganas de luchar. Mi amistad con Cristina es de larga data y va mucho más allá de la relación institucional», afirmó el jefe de Estado brasileño en sus redes sociales. «Fuerza para seguir luchando» El líder progresista, de visita en Buenos Aires tras haber participado en la cumbre semestral del Mercosur, en la que tomó el liderazgo del bloque de manos de presidente argentino, Javier Milei, expresó su solidaridad con Fernández «por todo lo que ha vivido». «Le deseé toda la fuerza para seguir luchando con la misma determinación que ha caracterizado su trayectoria vital y política», indicó en el mensaje, que acompañó con una fotografía en la que aparecen ambos sonrientes en una sala repleta de libros y recuerdos.Lula aseguró haber sentido en las calles «el apoyo popular» hacia su aliada política, con la que comparte «ideales de justicia social y lucha contra la desigualdad», según destacó, y declaró ser consciente de «lo importante que es este reconocimiento en los momentos más difíciles». «Que estés bien y continúes tu lucha por la justicia», zanjó. Lula, familiarizado con la situación de Cristina Fernández En un gesto de enorme simbolismo político, Lula logró visitar a Fernández, de 72 años, después de obtener una autorización judicial. La expresidenta argentina está en prisión domiciliaria desde el pasado 17 de junio, después de que la Justicia ratificara una condena de seis años de cárcel en el marco de un caso de corrupción. Fernández fue condenada en una causa por irregularidades en la concesión de obras viales entre 2003 y 2015, durante la gestión de su esposo fallecido, Néstor Kirchner, y sus dos mandatos posteriores. Lula estuvo en prisión 580 días en Brasil por un proceso también de corrupción que más tarde la Corte Suprema anuló, momento a partir del cual recuperó su libertad y sus derechos políticos, lo que le permitió ganar las elecciones presidenciales de 2022. (EFE)

Aprobado en el Senado el denominado “gran y hermoso” proyecto de ley de Donald Trump sobre recortes fiscales, tras largas jornadas de discusión y divisiones. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, rompió un empate 50-50 para imponer la medida.  El aval llegó después de que los republicanos tuvieran que sortear un camino estrecho mientras guiaban el proyecto de ley de 940 páginas, en un Congreso que controlan por un estrecho margen. Con los demócratas alineados en la oposición de la iniciativa, los republicanos solo han tenido tres votos de ventaja tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado,  mientras discutían sobre exenciones fiscales específicas y políticas de salud que podrían transformar industrias enteras y dejar a millones de personas sin seguro médico. Sin embargo, hasta ahora han logrado mantenerse prácticamente unidos. Solo tres de los 53 republicanos de la Cámara Alta se unieron a la bancada azul para votar en contra del paquete, que se aprobó por 51 a 50 después de que Vance emitiera el voto decisivo. Los tres republicanos que se opusieron a la iniciativa de ley fueron los senadores Thom Tillis de Carolina del Norte, Susan Collins de Maine y el senador Rand Paul de Kentucky. Sin embargo, tras su aval en la Cámara Alta, ahora el proyecto de ley debe regresar a la Cámara de Representantes para su aprobación final.  Trump ha impulsado la legislación para que llegue a su despacho y se convierta en ley antes del 4 de julio, feriado por el Día de la Independencia. Lo que hay que saber del “gran y hermoso proyecto” de Donald Trump Se trata de un extenso conjunto de prioridades republicanas: recortes de impuestos, disminuciones de gastos y nuevos fondos para la defensa nacional y las deportaciones se encuentran entre los principales focos del partido gobernante. Además, un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) considera que el proyecto de ley añadiría casi 3,3 billones de dólares a la deuda nacional entre 2025 y 2034, lo que representa un aumento de casi 1 billón de dólares con respecto a la versión aprobada por la Cámara de Representantes.  Muchos republicanos refutan esta afirmación, argumentando que extender la política actual no aumentará la deuda. No obstante, los inversores internacionales en bonos ven incentivos para diversificar sus inversiones fuera de los mercados del Tesoro estadounidense. A los demócratas les preocupa que las reducciones a Medicaid que incluye el proyecto de ley dejen a millones de personas sin atención médica. Y es que el estudio también reveló que, de aprobarse el proyecto de ley, 11,8 millones de estadounidenses quedarían sin seguro para 2034, lo que representa un aumento de aproximadamente 1 millón de personas con respecto a la versión aprobada por la Cámara Baja. De finalmente aprobarse, la medida haría permanentes los recortes de impuestos sobre la renta empresarial y personal que Trump implementó en 2017, que vencen a finales de este año. También otorgaría nuevas exenciones fiscales para los ingresos por propinas, las horas extras y las personas mayores, que prometió durante las elecciones de 2024. Asigna decenas de miles de millones de dólares para la represión migratoria de Trump y derogaría muchos de los incentivos para energías renovables del expresidente demócrata Joe Biden. El proyecto de ley también restringiría la elegibilidad para los programas de seguridad alimentaria y sanitaria, lo que, según analistas independientes, reduciría los ingresos de los estadounidenses más pobres, quienes tendrían que pagar una mayor parte de esos costos. ¿Qué se espera ahora en la Cámara de Representantes? La votación en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría de 220 frente a 212, probablemente también será reñida. Allí deberá volver el texto para un voto final antes de que Trump pueda promulgarlo y no se espera que la dificultad para los republicanos disminuya. Una versión inicial se aprobó con solo dos votos de diferencia el pasado mayo y varios republicanos en esa Cámara han señalado que no apoyan la versión surgida del Senado, que la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad independiente, estima que añadirá 800.000 millones de dólares más a la deuda nacional que la versión de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió a los senadores que no se desviaran demasiado de lo que su Cámara ya había aprobado. Sin embargo, la Cámara Alta sí realizó cambios, en particular a Medicaid, lo que podría generar más problemas a medida que se apresuren a terminar antes de la fecha límite autoimpuesta por Trump, el 4 de julio. El Caucus de Libertad de la Cámara, un grupo de conservadores de línea dura que amenazaron repetidamente con retirar su apoyo a la reforma fiscal, presiona para que se implementen mayores recortes de gastos que los ofrecidos por el Senado. “La versión del Senado añade 651.000 millones de dólares al déficit y eso es antes de los costos de intereses, que casi duplican el total (…) Eso no es responsabilidad fiscal. No es lo que acordamos”. Un grupo de republicanos más moderados de la Cámara de Representantes, especialmente aquellos que representan a las zonas de bajos ingresos, se opone a los recortes más drásticos a Medicaid en el plan del Senado. “No apoyaré un proyecto de ley final que elimine fuentes de financiación vitales de las que dependen nuestros hospitales”, declaró el representante David Valadao, republicano de California, durante el debate del fin de semana. Ante este panorama, es probable que los republicanos de la Cámara de Representantes se enfrenten a una enorme presión para alinearse con Trump en los próximos días. (FRANCE 24)

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador decidió por unanimidad condenar este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente correísta Jorge Glas por peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, el caso que le llevó a solicitar asilo a la Embajada de México en Quito y que lo detuvieran en una invasión a la sede diplomática cuando se lo concedieron. Junto a Glas, que estuvo en la sala de audiencias de manera presencial, también recibió los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados (28.200 dólares) y una indemnización de 250 millones de dólares. El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para “abusar de dineros públicos” que debían utilizarse “para la atención a las víctimas del terremoto”. Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio del caso denominado como Reconstrucción de Manabí, aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares. La Fiscalía de Ecuador pidió este domingo que se declare culpable al exvicepresidente por supuesta malversación de fondos públicos durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en la provincia de Manabí, y que se le imponga una pena de 13 años de prisión. Este domingo, Glas se defendió de las acusaciones aseverando que él no manejó personalmente el dinero del proceso: “Yo no administré ni un solo dólar y este juicio se trata de peculado, no pude yo haber distraído fondos porque nunca tuve dinero bajo mi administración”, dijo en la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). “Yo no me he robado un centavo porque yo no he asignado un dólar ni lo he administrado. Priorizar proyectos no es igual a contratarlos. Señores magistrados, me estoy jugando la vida, la Fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo”, subrayó Glas. Durante el alegato de apertura en el llamado caso ‘Reconstrucción’, el pasado martes la Fiscalía aseguró que “no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto” y que, en su lugar, “se destinaron los fondos para la construcción de otras obras no contempladas en esa categoría”, como el Parque Las Vegas y el tramo de acceso al puerto de Manta, el redondel del Imperio-Colisa, según informó en un comunicado. Los investigadores concluyeron, después de indagar sobre nueve proyectos más, que la financiación de estas obras provenía de fondos de la Ley de Solidaridad, creada para paliar los daños del sismo. Esa norma se creó con el propósito de “recaudar contribuciones sobre la remuneración de todos los trabajadores ecuatorianos” y así reconstruir las infraestructuras públicas y privadas afectadas por el terremoto, al igual que reimpulsar la actividad productiva y económica de las zonas más afectadas. “Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización”, señaló  el Ministerio Público. Otras causas Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cumple en la cárcel una pena ocho años de privación de libertad a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, donde Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente. A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por el caso ‘Reconstrucción’. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó asaltar la sede diplomática de México para detener a Glas el 5 de abril de 2024, una vez que el Gobierno mexicano del entonces gobernante Andrés Manuel López Obrador le había concedido el asilo al considerarlo un “perseguido político” ante los procesos de corrupción acumula desde 2017. Este episodio llevó a la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país nortemericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático. (EFE)

Seis ciudadanos estadounidenses fueron detenidos el viernes en Corea del Sur cuando intentaban lanzar al mar más de un millar de botellas de plástico con arroz, billetes de un dólar y biblias, en un aparente intento por hacerlas llegar a Corea del Norte, según informaron las autoridades surcoreanas. Los hechos ocurrieron en la isla de Ganghwa, unos 50 kilómetros al oeste de Seúl, en una zona costera restringida donde está prohibido el acceso público desde noviembre por motivos de seguridad. La policía dijo que recibió la alerta de una unidad militar que vigila el área y que los sospechosos tienen entre 20 y 50 años, según fue citada por la agencia local de noticias Yonhap. Los estadounidenses, que habrían preparado unas 1.300 botellas con alimentos y textos religiosos, se enfrentan a posibles cargos por violar la ley surcoreana sobre gestión de desastres y seguridad. La policía informó que, posteriormente, los dejó en libertad porque consideraron que la situación no justifica una orden de arresto; sin embargo, el objetivo es continuar la investigación sin custodia física. Práctica habitual Los estadounidenses no están afiliados a ninguna organización cívica o religiosa registrada en la ciudad de Incheon, y ahora las investigaciones buscan determinar si tienen vínculos con grupos dentro o fuera del país. El envío de botellas o globos hacia Corea del Norte con este tipo de contenidos o panfletos contra el régimen de Pyongyang ha sido una práctica habitual de algunas organizaciones de desertores norcoreanos en Corea del Sur. Estas acciones han generado repetidas tensiones con el régimen norcoreano, que las considera una violación de su soberanía. El nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha prometido tomar medidas para impedir estos lanzamientos y castigar a sus responsables, en el marco de sus esfuerzos por mejorar las relaciones intercoreanas. (DW)