Desde Washington, la posibilidad de una intervención militar en Irán no se explica únicamente por el programa nuclear del régimen islámico ni por su antagonismo histórico con Israel. Detrás de la creciente tensión subyace una ecuación mucho más amplia: la disputa por la hegemonía global con China, la arquitectura de seguridad de Oriente Próximo, el control de rutas energéticas críticas y la necesidad estadounidense de impedir la consolidación de polos de poder hostiles capaces de desafiar el orden internacional surgido tras la Guerra Fría. Hace un año, al arribar nuevamente a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos comenzaba a mostrar signos evidentes de desgaste en su competencia por la primacía global frente a China. No se trataba solo de indicadores económicos o comerciales, sino de una percepción estratégica más profunda: el avance sostenido de Pekín sobre áreas tradicionalmente consideradas parte del perímetro de influencia estadounidense. El gigante asiático ha construido su proyección internacional sobre una combinación de expansión económica, aseguramiento de materias primas estratégicas y penetración financiera en mercados emergentes. América Latina, África y, en menor medida, la Unión Europea se convirtieron en escenarios privilegiados de esa ofensiva silenciosa. A través de inversiones en infraestructura, créditos blandos y acuerdos energéticos, China fue consolidando una red de dependencias que inquietó crecientemente a Washington. Sin embargo, Pekín nunca concibió su expansión como un fenómeno exclusivamente económico. Como advirtió hace más de un siglo el almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan, “las factorías y las flotas comerciales solo prosperan cuando están respaldadas por el poder naval”. China pareció asumir esa máxima al pie de la letra: mientras extendía sus rutas comerciales, desarrollaba de forma acelerada su capacidad militar, en especial su flota oceánica, y tejía alianzas estratégicas con regímenes dispuestos a cuestionar el orden liderado por Estados Unidos. En el plano militar, esa arquitectura se apoyó fundamentalmente en la Rusia de Vladímir Putin, pero también en Irán, Corea del Norte y una constelación de gobiernos hostiles a Washington en América Latina, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el terreno económico, China impulsó el bloque de los BRICS como plataforma alternativa al sistema financiero dominado por el dólar, incorporando a países de peso regional como India, Brasil y Sudáfrica, junto a aliados más alineados con Pekín. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina coqueteó con esa órbita, convirtiéndose además en el único país sudamericano que alberga una base espacial china en su territorio. Convencido de que una confrontación directa con China sería costosa e incierta, Trump optó por una estrategia indirecta: debilitar su entramado de alianzas. En una primera etapa, apuntó a reducir la presencia comercial china en Sudamérica y a disminuir la dependencia estadounidense de las tierras raras provenientes del gigante asiático, consideradas insumos críticos para la industria tecnológica y militar. Para ello, no dudó en recurrir a todo el instrumental de las guerras híbridas combinando presión diplomática, aranceles selectivos y demostraciones de fuerza. Washington forzó a Panamá a revisar los acuerdos que permitían a empresas chinas operar infraestructuras vinculadas al canal interoceánico, respaldó con decisión al presidente argentino Javier Milei —en un país clave por sus reservas de litio y minerales estratégicos— y endureció su política hacia Venezuela y Cuba, dos aliados históricos de Pekín en el hemisferio occidental. Como resumió en su momento el exsecretario de Estado Mike Pompeo, “no se puede permitir que China controle los recursos y las rutas que sostienen la economía global”. Ese activismo regional no impidió a Trump proyectar poder en otros escenarios. Presionó a sus socios de la OTAN para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una exigencia que, según él mismo declaró, buscaba “corregir décadas de desequilibrios”. Autorizó ataques selectivos contra instalaciones iraníes, impulsó un plan de paz para Gaza, respaldó el nuevo equilibrio de poder en Siria —que redujo drásticamente la presencia militar rusa en Tartus y Jmeimim— y desempeñó un papel relevante en las negociaciones entre Moscú y Kiev. A ello se sumó una venta de armamento sin precedentes a Taiwán, desafiando abiertamente las advertencias de Pekín. El patrón es claro: detrás de muchas de las maniobras internacionales de la Administración Trump subyace un denominador común, la erosión sistemática de la influencia china. En lugar de un choque frontal entre superpotencias, Washington optó por debilitar los eslabones más frágiles de la red tejida por Pekín, al tiempo que intentaba atraer a Rusia hacia una posición más ambigua respecto de Occidente. En ese marco debe leerse la creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán. Pero reducirla a la lógica de la rivalidad con China sería insuficiente. Existen factores regionales y estratégicos propios que convierten a Teherán en un objetivo central de la política exterior estadounidense. El Irán chií es, desde hace décadas, un actor profundamente desestabilizador en Oriente Próximo y el enemigo declarado del Estado de Israel, principal aliado de Washington en la región. Durante más de veinte años, Teherán construyó una red de milicias y organizaciones armadas destinadas a cercar a Israel mediante lo que sus propios estrategas denominaron un “círculo de fuego”: Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza, milicias chiíes en Irak, los hutíes en Yemen y fuerzas de la Guardia Revolucionaria desplegadas en Siria. Ese corredor estratégico, que conectaba Irán con el Mediterráneo, comenzó a resquebrajarse en 2024, tras la derrota de Hezbollah, la caída del régimen de Bashar al Asad y los bombardeos israelíes que dañaron severamente los sistemas de defensa iraníes. A ello se suma el programa nuclear iraní, considerado por Israel como una amenaza existencial. El acuerdo internacional para supervisar las actividades nucleares de Teherán quedó virtualmente desactivado, y en 2024 el entonces secretario de Estado Antony Blinken advirtió que Irán podría producir material fisible suficiente para un arma nuclear en cuestión de semanas. “La situación actual no es positiva”, afirmó entonces. Para Jerusalén, el riesgo no reside solo en una eventual bomba iraní, sino en el efecto dominó que desencadenaría en la región: Arabia Saudí, Egipto y Turquía podrían verse empujados a desarrollar sus propios arsenales nucleares. La posibilidad de un
