Internacional

La persistente crisis política en Perú parecía haber dado un respiro al país andino justo antes de sus elecciones en abril, pero los nuevos escándalos que rodean al presidente interino, el derechista José Jerí, abren la puerta a que este sea destituido este martes y que, por tanto, haya un nuevo mandatario, el octavo desde que hace 10 años comenzó esta trituradora de mandatarios. Jerí asumió la banda presidencial hace apenas cuatro meses, al ser el presidente del Congreso en el momento en que la expresidenta Dina Boluarte fue destituida por el Legislativo, y durante los primeros meses en el cargo, este parlamentario que había pasado desapercibido hasta entonces tuvo buena aceptación por los peruanos, ya que encaró la lucha contra la delincuencia como prioridad. Las investigaciones Pero pronto todo se torció para el abogado de 39 años, pues salieron a la luz reuniones no oficiales de Jerí con empresarios chinos; la más polémica fue a la que acudió encapuchado a un restaurante propiedad de uno de estos empresarios, lo que motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. Además, ha sido muy sonado en la prensa local que al menos cinco mujeres jóvenes consiguieron contratos con el Estado después de reunirse con Jerí en Palacio de Gobierno, una de ellas tras pasar ahí toda la noche de Halloween y salir de la sede presidencial a la mañana siguiente. Hasta ahora, Jerí ha rechazado haber cometido algún acto ilícito. La votación de censura Estas revelaciones motivaron la presentación de una serie de mociones de censura contra Jerí que no podían tramitarse hasta marzo al encontrarse el Congreso en receso, a menos de que se reuniesen las firmas de 78 de los 130 miembros del Congreso, lo que se logró el jueves debido a falta de explicaciones claras por parte de Jerí. Al tratarse de un congresista que ejerce interinamente la Presidencia del país, su salida puede darse con la mitad más uno de los votos que se registran en la sesión que tendrá lugar este martes 17 de febrero en el Parlamento, ya que sería censurado como presidente del Congreso, lo que automáticamente le invalida para seguir ejerciendo la Presidencia. Elecciones a la vista Esta situación se da a menos de dos meses de las elecciones generales convocadas para el domingo 12 de abril, donde varios partidos, que desde el Congreso apoyaron a llegada de Jerí al sillón presidencial, no quieren ahora verse contagiados en las urnas de la impopularidad en la que ha caído el mandatario en las últimas semanas. La única fuerza que mantiene abiertamente su apoyo a Jerí es el fujimorismo, que apuesta por mantenerlo hasta la investidura presidencial del gobernante que salga elegido en estos comicios, con el argumento de darle estabilidad al país. ¿Octavo presidente? Ollanta Humala (2011-2016) fue el último presidente en completar un mandato. Desde entonces, en casi una década han pasado siete presidentes por el Palacio de Gobierno de Lima, y de triunfar las mociones de censura contra Jerí, habría un octavo esta próxima semana para estar en el poder cinco meses. En este sentido, es un misterio quién sería el nuevo presidente interino si Jerí es destituido, porque la gran mayoría de congresistas se presentan a la reelección y la fama de los parlamentarios está deteriorada por polémicas entre los legisladores. (CNN)

El presidente Donald Trump ha convocado para el próximo 7 de marzo, en el hotel Doral de Miami, a varios mandatarios latinoamericanos afines a su Administración con el objetivo de formalizar una nueva alianza regional que respalde internacionalmente la agenda estratégica de Washington. La iniciativa, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, aspira a consolidar un bloque hemisférico capaz de contrapesar la creciente influencia de China en América Latina y de garantizar el control político y económico de un espacio que Estados Unidos consideró históricamente bajo su esfera natural de influencia. El “destino manifiesto” y la tradición hemisférica Desde su consolidación como nación independiente, Estados Unidos cultivó la idea de poseer un “destino manifiesto” de grandeza. Esa convicción impulsó su expansión territorial durante el siglo XIX y cimentó una cultura estratégica que combinó pragmatismo comercial y proyección militar. El sociólogo francés Raymond Aron definió en 1973 a Estados Unidos como una “República Imperial”: una democracia interna con ambiciones y responsabilidades globales. Para convertirse en ese “imperio” singular, Washington recurrió tanto a la compra como a la guerra para ampliar su territorio, incorporando espacios que habían pertenecido al Reino Unido, España, Francia, México o Rusia. Pero más allá de la expansión física, lo decisivo fue la construcción de una doctrina hemisférica que consideraba al continente americano como área prioritaria de seguridad. En 1823, el presidente James Monroe formuló el principio que pasaría a la historia como Doctrina Monroe: “América para los americanos”. En Washington significaba la exclusión de potencias europeas; en América Latina se interpretó como la afirmación de una tutela estadounidense. Ocho décadas después, en 1904, Theodore Roosevelt añadió su célebre corolario, que legitimaba la intervención directa de Estados Unidos ante situaciones de “inestabilidad crónica” o incumplimiento de obligaciones financieras en la región. El llamado “Big Stick” se tradujo en ocupaciones y desembarcos en Cuba, Nicaragua, Haití o República Dominicana. De la Guerra Fría al desinterés estratégico La Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, la Guerra Fría desplazaron el centro de gravedad de la política exterior estadounidense hacia Europa y Asia. América Latina dejó de ser prioridad salvo en momentos de crisis. La Revolución Cubana de 1959 y la crisis de los misiles de 1962 reactivaron la atención de Washington, al igual que el triunfo sandinista en Nicaragua en 1979. Sin embargo, aquellas respuestas —Bahía de Cochinos, la Alianza para el Progreso o el respaldo a la “Contra”— fueron episodios coyunturales. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la llamada “guerra contra el terror” concentró los recursos estratégicos estadounidenses en Oriente Próximo. Mientras tanto, la presencia económica de China en América Latina creció de forma sostenida y discreta. El avance chino en el hemisferio occidental En las dos últimas décadas, Pekín se convirtió en el principal socio comercial de varias economías sudamericanas. Invirtió en infraestructuras estratégicas, financió proyectos energéticos y amplió su presencia tecnológica. Empresas chinas participan en la gestión de terminales del Canal de Panamá, construyeron el megapuerto de Chancay en Perú y establecieron en la Patagonia argentina una estación espacial de observación de uso civil administrada por la Agencia China de Lanzamiento y Control de Satélites. En paralelo, China consolidó su proyección naval en el mar de China Meridional y profundizó su coordinación política en el marco de los BRICS, grupo que explora alternativas al predominio del dólar en el comercio internacional. Además, controla segmentos críticos de la producción mundial de minerales estratégicos esenciales para la transición energética y las nuevas tecnologías. Este contexto es el que explica el renovado interés de Trump por el hemisferio. La “Doctrina Donroe” y la presión sobre la región Con la consigna de “Make America Great Again”, Trump interpreta que Estados Unidos ha perdido terreno frente a China en el plano comercial, tecnológico y geopolítico. América Latina reaparece así como escenario prioritario de competencia estratégica. Algunos analistas estadounidenses han bautizado su enfoque como la “Doctrina Donroe”, una reinterpretación de la tradición monroísta adaptada al siglo XXI. En su Estrategia Nacional de Seguridad 2025, la Casa Blanca subraya la necesidad de impedir que potencias “hostiles” consoliden posiciones en el hemisferio occidental. En ese marco, Washington ha desplegado una combinación de incentivos y presiones. El respaldo político y financiero al presidente argentino Javier Milei fue acompañado de gestiones ante organismos multilaterales de crédito. Simultáneamente, la Administración estadounidense dejó claro que la continuidad de su apoyo dependería de la estabilidad política y la alineación estratégica de Buenos Aires. En Centroamérica y el Caribe, la Casa Blanca reforzó vínculos con gobiernos ideológicamente afines, mientras endurecía su postura frente a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Venezuela como pieza central La relación con Caracas ha sido uno de los ejes más controvertidos. Trump intensificó las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de narcotráfico y violaciones sistemáticas de derechos humanos. La política estadounidense ha combinado presión económica con intentos de reconfigurar el control sobre el sector petrolero venezolano, el mayor del mundo en reservas probadas. Para la Casa Blanca, el petróleo y la influencia estratégica pesan más que la retórica democrática. El cálculo geopolítico parece priorizar el control energético y la contención de actores como Rusia, China e Irán, presentes en el país sudamericano. Tensiones con México, Brasil y Colombia El presidente colombiano Gustavo Petro ha mantenido una relación ambivalente con Washington, oscilando entre la cooperación y la crítica. México y Brasil, por su parte, han defendido una política exterior más autónoma. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han evitado una confrontación abierta, pero resisten alinearse plenamente con la estrategia estadounidense frente a China y Venezuela. El resultado es una América Latina dividida en dos grandes sensibilidades: gobiernos que apuestan por una integración estrecha con Washington y otros que privilegian una diplomacia más equidistante o multipolar. La cumbre de Miami La reunión del 7 de marzo busca institucionalizar el bloque afín a Washington. Según fuentes diplomáticas, el objetivo sería coordinar posiciones en foros internacionales, garantizar el acceso preferente a recursos estratégicos —litio, petróleo, alimentos— y reforzar la cooperación en materia de seguridad. Queda por ver cuál será el alcance real del encuentro y qué contraprestaciones ofrecerá Estados Unidos a sus aliados. La historia demuestra que el

El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre del año pasado, ascendió este domingo a 601, después de que los bombardeos mataran a 10 personas esta madrugada, informó el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás. “Número total de víctimas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza (…) 10 nuevos mártires y 9 heridos”, detalló el Ministerio en un comunicado, en el que eleva a 601 los fallecidos y a 1.607 los heridos durante al alto el fuego. Esta madrugada, el Ejército israelí mató a diez gazatíes en dos ataques separados en el norte y sur de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes hospitalarias. Al menos cuatro palestinos perdieron la vida en un ataque israelí con drones contra un grupo de personas y una tienda de campaña en la zona de Falouja, al oeste del campo de refugiados de Yabalia (norte), de acuerdo con una fuente del Hospital Shifa. En otro ataque con drones, seis personas más murieron en la zona de Al Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Nasser y un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil. Bomberos diarios Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave. En un comunicado, un oficial del Ejército israelí justificó estos últimos ataques mortales contra supuestos “objetivos de Hamás” como una respuesta al cruce ayer por parte de milicianos de la línea amarilla en la zona de Beit Hanún (norte), lo que describió como una “violación explícita del alto el fuego”. Al menos 72.060 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según del Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó “actos de genocidio” contra los palestinos. BRÚJULA DIGITAL

El presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, enfrentará el próximo martes en el Congreso una serie de mociones de destitución cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales en el país andino, y tras cuatro meses en el poder de manera transitoria marcados por una serie de polémicas. Con 38 años, Jerí ascendió a la Presidencia de Perú el pasado 10 de octubre en su condición de presidente del Congreso, en el momento en que fue destituida su predecesora, Dina Boluarte (2022-2025), que a su vez reemplazó al encarcelado presidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), de quien era su vicepresidenta. Tras acceder al Congreso en 2021 en sustitución del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2022) con apenas 11.600 votos, en pocos meses este abogado formado como político en Somos Perú, un partido de derechas especializado en la esfera municipal, pasó de ser congresista raso a presidir comisiones parlamentarias, luego el Legislativo, y de ahí alcanzar el sillón presidencial. Su ascensión como jefe de Estado estuvo marcada desde un inicio por una denuncia de violación presuntamente ocurrida a finales del año pasado que fue archivada por el fiscal general interino, Tomás Gálvez, pocas semanas antes de que Jerí fuese elegido en agosto pasado. También fue acusado de un presunto enriquecimiento ilícito, al ser señalado de supuestamente haber cobrado dinero por sacar adelante proyectos de ley en la Comisión de Presupuesto del Congreso que llegó a presidir. Durante sus primeros días se volvieron virales sus antiguos tuits, en los que mostraba una predilección por “sexo” y “mujeres”, mientras que en su cuenta de Instagram seguía a centenares de perfiles de mujeres con álbumes donde se mostraban ligeras de ropa. ‘Modelo Bukele’ Pronto quiso marcar distancia con su predecesora, que fue destituida por “permanente incapacidad moral” para enfrentar al crimen organizado, que se ha vuelto la principal preocupación de los peruanos para estas elecciones. Su estilo buscó asemejarse al de Nayib Bukele en El Salvador o Daniel Noboa en Ecuador, con una reforma del sistema penitenciario e intervenciones en las cárceles donde se exhibían a los presos en situaciones sumisas a las fuerzas de seguridad, sumado al estado de emergencia para combatir a las bandas criminales. Esto le llevó a tener una popularidad de más del 50 % durante las primeras semanas, pero todo cambió a inicios de este año cuando trascendió que, ya como presidente, había mantenido una serie de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos, algunos de ellos contratistas del Estado y de la propia oficina presidencial. Entre ellos destaca Zhihua ‘Johnny’ Yang, a cuyo chifa – restaurante de comida tusán (peruano-china) – acudió en la noche del 26 de diciembre encapuchado para no ser reconocido, y cuya tienda de productos chinos visitó el 6 de enero cuando horas antes había sido clausurada por las autoridades municipales. Luego saltaron los casos de una serie de funcionarias del Gobierno que fueron contratadas seguidamente después de haber mantenido reuniones con el mandatario en el Palacio de Gobierno, una de ellas tras pasar ahí toda la noche de Halloween y salir de la sede presidencial a la mañana siguiente. Esto llevó a que los partidos en el Congreso busquen distanciarse de Jerí en un momento donde la mayoría de ellos busca buenos resultados en las elecciones convocadas para el 12 de abril, tras haber tenido siete presidentes en los últimos diez años. VISIÓN 360

El Gobierno argentino del presidente Javier Milei presentó una denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal por los incidentes registrados el pasado miércoles durante la protesta contra la reforma laboral frente al Congreso, en la que resultaron detenidas 71 personas. La acusación, a la que accedió EFE este viernes, la impulsó el Ministerio de Seguridad Nacional y encuadra los hechos bajo la Ley Antiterrorista, que prevé penas agravadas cuando los delitos se cometen con la finalidad de sembrar terror o condicionar decisiones de autoridades públicas. «El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso, y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad, instituciones esenciales del sistema democrático argentino», asegura el documento presentado por el representante legal del Ministerio, Lisandro Manuel Franco. La calificación de terrorismo habilita una investigación federal amplia, con penas más severas y sin excarcelación automática, a diferencia de delitos como daños o atentado contra la autoridad. La presentación judicial también menciona los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados. La batalla campal en medio de las protestas La denuncia se presentó inicialmente sin las pruebas ni la identificación formal de los supuestos organizadores. En el apartado probatorio, el Ministerio indicó que se encuentra “en pleno proceso de análisis” para incorporar elementos de convicción durante la instrucción. Al menos 71 personas fueron detenidas y 12 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante la protesta, según afirmó el jueves la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. La cartera de Seguridad difundió un documento con fotos, nombres y números de documento de una veintena de personas señaladas como involucradas en los episodios de violencia. La protesta que habían convocado distintos sindicatos contra la reforma laboral terminó en una batalla campal el miércoles en la ciudad de Buenos Aires y se disolvió cuando columnas de la policía federal y otros cuerpos de seguridad irrumpieron en la Plaza del Congreso y se llevaron a un número indeterminado de personas detenidas, algunas a rastras y otras en volandas, según pudo constatar EFE en el lugar de los hechos. Horas después, durante la madrugada del jueves, el Senado argentino aprobó la Ley de Modernización Laboral, que ahora deberá ir a la Cámara de Diputados para, según aspira el Gobierno, esté lista para promulgarse antes del 1 de marzo. (EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba desde el país si La Habana lo solicita, en el marco del apoyo humanitario que México ha enviado recientemente al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas. “Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa diaria, aunque aclaró que ello depende de una petición formal de La Habana. Esta semana, México envió dos buques cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria hacia Cuba y ha reiterado su disposición a mantener asistencia adicional, al tiempo que ha defendido el diálogo internacional y el respeto a la soberanía cubana. (EFE)

Naciones Unidas ha señalado este viernes el impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba, como el acceso a alimentos, agua y sanidad, indicando que esta medida está agravando la situación de los Derechos Humanos de la población de la isla y reiterando que “los objetivos políticos no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los Derechos Humanos”. “Estamos extremadamente preocupados por la profundización de la crisis socioeconómica en Cuba, en medio de un embargo financiero y comercial que se ha prolongado durante décadas, fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los Derechos Humanos de las personas en Cuba”, ha señalado la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En este sentido, ha avisado de las consecuencias de la “escasez de petróleo” en Cuba, señalando que este bloqueo pone en riesgo “la disponibilidad de servicios esenciales en todo el país”. En su comunicado, el Alto Comisionado ha reiterado la llamada a que “todos los Estados levanten las medidas sectoriales unilaterales”, insistiendo en “su impacto amplio e indiscriminado” en la población local. “Los objetivos de política no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los Derechos Humanos”, ha agregado. Según ha alertado, el bloqueo del petróleo en la isla afecta a las unidades de cuidados intensivos, a las salas de emergencia se han visto comprometidas, también la producción, distribución y almacenamiento de vacunas, trasfusión de sangre y medicamentos sensibles a la temperatura. Recordando que “más del 80% de los equipos de bombeo de agua dependen de la electricidad”, la ONU ha alertado de que los cortes de energía afectan al acceso “al agua potable segura, al saneamiento y a la higiene”. En lo que respecta a la alimentación, la falta de combustible ha impactado en el sistema de racionamiento y la canasta básica regulada, influye negativamente en las redes de protección social. “El acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos, agua, medicamentos y un suministro adecuado de combustible y electricidad, debe salvaguardarse siempre, ya que son fundamentales en las sociedades modernas para el derecho a la vida y la posibilidad de disfrutar de muchos otros derechos”, ha recalcado la portavoz de Turk. En este sentido, ha advertido del “impacto sostenido a largo plazo” de las sanciones contra Cuba, indicando que disminuye la capacidad del Estado para prestar servicios de protección y asistencia. “Esto aumenta el riesgo de alimentar la perturbación social en Cuba”, apunta. La ONU ha pedido, en todo caso, que las autoridades de La Habana estén preparadas para “responder de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, prestando atención a las necesidades de los más vulnerables y priorizando la mediación, la desescalada y la salvaguardia de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión para todos”. ERBOL

El Pentágono enviará a Medio Oriente un segundo grupo de portaaviones, el USS Gerald Ford, según un alto funcionario de la administración y una fuente familiarizada con el asunto. Esta medida suma presión a Irán, incluso cuando el presidente Donald Trump ha declarado que las conversaciones con Teherán continúan. El grupo de ataque del portaaviones Ford, el más avanzado de Estados Unidos, ha estado estacionado en el mar Caribe durante varios meses en medio de la campaña de Trump en Venezuela, que ha incluido ataques contra presuntos barcos con narcotraficantes en el Caribe y que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas. Ahora se unirá al USS Abraham Lincoln en Medio Oriente, lo que amplía las opciones de Trump para un posible ataque contra Irán. La medida fue reportada por primera vez por The New York Times. El cambio se produce incluso después de que Trump le comunicara al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita a la Casa Blanca el miércoles, que tiene la intención de lograr un acuerdo con Irán. “Quieren llegar a un acuerdo, como deberían”, declaró Trump la semana pasada. “Saben sobre las consecuencias si no lo hacen. Si no llegan a un acuerdo, las consecuencias serán muy graves. Así que veremos qué sucede”. Trump declaró el jueves que espera llegar a un acuerdo con Irán “durante el próximo mes”. Sin embargo, el presidente no ha descartado nuevos ataques y ha ordenado un aumento de activos que podría permitir una importante campaña aérea estadounidense contra los activos nucleares y de misiles de Irán. Además del USS Abraham Lincoln, varios buques de guerra estadounidenses se han posicionado en la región, conformando lo que Trump ha llamado una “flotilla”. El USS Abraham Lincoln llegó al océano Índico el mes pasado, lo que lo acerca para ayudar en cualquier posible operación estadounidense contra Irán. Días después, el portaaviones Lincoln transitaba por el mar Arábigo a unas 800 millas (Casi 1.300 km) de la costa sur de Irán cuando derribó un dron iraní. Mientras tanto, delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunieron a principios de este mes en Omán para la primera ronda de negociaciones desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el verano pasado. Las conversaciones se produjeron después de que Trump suspendiera los ataques contra Irán tras considerar seriamente una acción militar en respuesta a la brutal represión del país contra los manifestantes. Tras finalizar las conversaciones, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, visitaron el portaaviones Lincoln. Un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en el hemisferio occidental, declaró a CNN que el cambio en la postura de fuerza no disminuirá las capacidades de Estados Unidos en el Caribe. “Si bien la posición de fuerza evoluciona, nuestra capacidad operativa no lo hace. Las fuerzas del Comando Sur permanecen plenamente preparadas para proyectar poder, defenderse y proteger los intereses estadounidenses en la región. Bajo la dirección del presidente y el secretario de Guerra, continuamos con las operaciones centradas en la misión para contrarrestar las actividades ilícitas y los actores malignos en el hemisferio occidental”. CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este jueves que no ha hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la posible suspensión del diálogo con Irán por su programa nuclear, pero advirtió que, de no cerrarse un pacto, Washington activará una segunda fase «muy dura» para Teherán. Preguntado en una rueda de prensa sobre la reunión que mantuvo en la Casa Blanca un día antes con Netanyahu y si este le pidió suspender las conversaciones con el Gobierno iraní, Trump dijo que no «habían hablando sobre eso». «Hablaré con ellos (los iraníes) todo lo que quiera y veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos», afirmó. Trump insistió en la necesidad de llegar a un pacto nuclear con Irán, porque «de lo contrario, será muy traumático» para Irán. «No quiero que eso suceda, pero tenemos que llegar a un acuerdo», agregó. Añadió que Teherán debería «haber llegado a un acuerdo la primera vez. En cambio sufrieron el ‘Midnight Hammer’», dijo en referencia a la Operación ‘Martillo de Medianoche’, en la que EE.UU. bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes en junio pasado. Reunión con Netanyahu sobre pacto nuclear «Si (los iraníes) no llegan a un acuerdo, será otra historia. Pero ayer tuvimos una muy buena reunión con Bibi Netanyahu, y él lo entiende, pero en última instancia, depende de mí si el acuerdo es justo», indicó. El presidente estadounidense reiteró su respaldo a la gestión de Netanyahu y criticó al presidente israelí, Isaac Herzog, por no conceder un indulto al primer ministro, enjuiciado por corrupción. «Él (Herzog) no quiere hacerlo (conceder el indulto) porque, supongo, perdería su poder. Creo que el pueblo de Israel debería realmente hacerle sentir vergüenza. Es vergonzoso que no lo conceda. Debería concederlo. Pero Bibi ha sido un gran primer ministro en tiempos de guerra y yo he sido el mejor amigo de Israel», sentenció. Las negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada, en la primera reunión desde la guerra de los doce días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en la que Washington participó y bombardeó instalaciones nucleares iraníes en junio pasado. Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región. Teherán rechaza estas exigencias y afirma que solo aceptará ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales. (EFE)

Este jueves, el presidente Donald Trump calificó las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela como “extraordinarias”, y destacó los avances en el sector energético venezolano un día después de la visita del secretario de Energía, Chris Wright, a Caracas. “Estamos llevando muy bien la relación con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. El petróleo está comenzando a fluir, y grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”, añadió Trump, sugiriendo que la reanudación de la actividad petrolera podría impulsar financieramente la economía del país en crisis. Wright es el funcionario estadounidense de mayor rango que ha visitado Venezuela en casi tres décadas. Trump también elogió al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Además, el presidente abordó los informes sobre el magnate energético Harry Sargeant III, quien busca liberar las reservas petroleras de Venezuela, ya afirmó que “no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América”. (CNN)