Economía

Desarrollar la industria del oro blanco saldrá caro. De acuerdo con los contratos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las dos empresas que fueron directamente adjudicatarias del desarrollo de la industria del litio en  Bolivia, el país deberá pagar a estas compañías de origen chino y ruso más de $us 2.000 millones, además de intereses y compensación por inflación. Ambas empresas gozarán de preferencias en la comercialización del carbonato de litio que producirá el Estado boliviano. Incluso, las firmas recibirán el pago de patentes. Así lo establecen los contratos entre la estatal YLB con la china Hong Kong CBC Investment Limited y la compañía rusa Uranium One Group (una subsidiaria de la Corporación estatal Rosatom). El contrato con la firma china fue aprobado por la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, de la Cámara de Diputados, de forma sorpresiva. Desde la estatal YLB justifican los acuerdos y sostienen que el costo se debe pagar por las plantas que construirán estas compañías y que quedarán en manos del Estado. Mientras tanto, legisladores, especialistas, organizaciones como el Club de Ginebra y entidades cívicos de Potosí, rechazan el acuerdo. Observan el interés que debe pagar el país por las Capex (costo de inversión) a las compañías rusas y chinas, además de las preferencias que tendrán para comercializar el carbonato de litio. También cuestionan la rentabilidad, dado que se proyectan ingresos con precio de $us 30.000 por tonelada, cuando el precio de este producto está a 10.000 en el mercado global. CONTRATO CON CHINA El diputado Guillermo Benavídez afirmó que el contrato firmado por la empresa China vulnera la legislación nacional y representa un pésimo negocio para Bolivia. Sostuvo que “este contrato es ilegal, porque va contra el parágrafo 3 de la ley 928” y vulnera “varios artículos de la Constitución”, entre ellos lo referente a la consulta previa y a la prohibición de recorrer impuestos a empresas extranjeras. Según el legislador, la falta de control estatal y de transferencia tecnológica evidencian un grave perjuicio para el país. El año pasado YLB firmó un contrato de servicios con la empresa Hong Kong CBC Investment Limited para la implementación de dos plantas de producción de carbonato de litio grado batería, con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, y una inversión de $us 1.030 millones. Según el diputado, la carga financiera del contrato por el pago de la Capex a esta empresa es “altísima”. Indicó que este pago se realizará con un interés del 12% con una compensación de inflación del 2,5%, situación que pone en riesgo los costos operativos. “No están definidos los costos de producción ni el flujo de caja, lo que hace imposible calcular los rendimientos de la empresa”, dijo. Además, cuestionó la viabilidad de proyectar ganancias basándose en escenarios en que el precio del litio alcance cifras irreales, como los $us 30.000 por tonelada, cuando actualmente se cotiza a $us 10.000 y se espera que llegue a $us 17.000 en 2030. CONTRATO CON RUSIA Ricardo Alba Balderrama, fundador del Club de Ginebra, observó el contrato rubricado entre YLB y Uranium One Group. Sostiene con este acuerdo el país concede a la empresa rusa el control sobre la zona de mayor concentración de litio en el suroeste del Salar de Uyuni por 22 años (prorrogables), a cambio de una inversión $us 1.000 millones. Tras la construcción de la planta, se prevé que la firma recupere su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización, lo que, según Alba Balderrama, deja a  Bolivia en una posición de bajo beneficio, cumpliendo meramente con el pago de un “excedente” que apenas cubre los costos estatales. Advierte que el contrato no sólo va en contra de la normativa constitucional, que exige que el Estado tenga el control y dirección de los recursos naturales, sino que también podría poner en riesgo la rentabilidad del sector. “Con precios internacionales del litio que probablemente no alcancen los niveles necesarios para una producción rentable –se estima que se requieren precios superiores a 20 mil dólares por tonelada y una producción de más de 100 mil toneladas anuales–, el contrato actual no se perfila como la “salvación” económica que muchos esperan”, sostiene. En Potosí (donde está el salar de Uyuni) también rechazan los contratos con estas compañías extranjeras. El lunes varias organizaciones salieron a las calles rechazando los acuerdos por considerar que no dejan ningún beneficio económico para el país. En la urbe paceña, se movilizaron residentes potosinos quienes exigieron que se anulen los contratos firmados por el Gobierno. Carlos Dellius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) señaló que el “pecado original” del contrato radica en la exclusión de los potosinos de las negociaciones. “Sin los potosinos no salen en ningún contrato, deberían tener la oportunidad de participar o incluso hacer el contrato”, afirmó. Asimismo, el experto puntualizó que, aunque se anuncian inversiones de actores extranjeros como rusos y chinos, en la práctica el riesgo recae en el Estado, que termina decidiendo el destino de cada gasto y, en última instancia, asumiendo la cuenta. POSTURA DE YLB Pablo Nina, gerente Legal de YLB, desmintió algunas cifras difundidas por opositores y expertos. Sobre el supuesto interés fijo del 12,5% y una compensación inflacionaria del 2,5%, Nina señaló que “eso es algo falso”. Según explicó, el anexo financiero del contrato contempla porcentajes parciales y variables, por lo que no existe un interés fijo sino referenciales. Enfatizó que la inversión realizada por el operador se asume bajo riesgo, tanto económico como tecnológico, y que no se trata de una deuda clásica. “Si la planta durante las pruebas no cumple con los parámetros, la empresa deberá desmantelarla y se cerraría la obligación de pago”, dijo. Confirmó el pago de patentes y que se establecerá en $us 1.700 por tonelada producida, tarifa que se considera normal en la industria para compensar el desarrollo tecnológico. Admitió, las empresas tienen un derecho preferente, este se ejerce bajo condiciones específicas establecidas en el