Raúl Mayta, viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, informó que actualmente se movilizan equipos para realizar pruebas de producción en el pozo Mayaya X1, ubicado en una nueva cuenca al norte del país. No obstante, este no es el único proyecto: campos como Margarita, Incahuasi, Sábalo, Pitiacua y Domo Oso en Tarija, representan más del 70% de la producción nacional y más del 80% del gas destinado al mercado interno.
En este contexto, el Gobierno impulsa el proyecto de ley 001/2024-2025, que modifica la Ley 767 con el objetivo de incentivar la producción en campos maduros y atraer inversión privada para nuevas exploraciones. La norma cuenta con el respaldo de operadoras privadas y de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.
Sin embargo, el debate legislativo quedó interrumpido por disputas políticas. El ministro del área lamentó el bloqueo y advirtió que la falta de consenso afecta a todo el país, no solo al gobierno de turno. Explicó que la ley busca ganar un margen de hasta cinco años para garantizar el abastecimiento interno, además de dar paso a reformas estructurales relacionadas con el precio del gas, la subvención a los combustibles y el régimen económico del sector.
Desde el Ejecutivo insisten en que Bolivia tiene potencial en nuevas cuencas, pero sin un marco legal que brinde seguridad a las inversiones, el desarrollo energético del país podría quedar estancado.
WILMA CATARI
PERIODISTA DEL SISTEMA RTP
