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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta este miércoles tres puntos de bloqueo de rutas por protestas sociales contra la aplicación del ajuste en el precio de los carburantes en Santa Cruz, Oruro y Beni. Desde el bloqueo en San Julián, avisan que no retrocederán y que incluso pasarán la Nochebuena en las protestas. Los sitios que registran cortes son: San Julián (km 143), en Santa Cruz; el puente Florida de Riberalta, en Beni; y Machamarquita, sector Playa Verde, en Oruro. Ayer, martes, había seis bloqueos en Sucre, pero este miércoles está todo despejado, al igual que en Cochabamba, tradicional centro de movilizaciones, donde no se reportan protestas. Según la radio cocalera Kawsachun Coca, la Policía intervino esta madrugada un bloqueo en Tarabuco, en Sucre. “Ni un paso atrás” en San Julián Desde San Julián, el líder del comité de bloqueo, Pastor Vargas, advirtió que “no darán un paso atrás”. “Hemos formado un equipo técnico y los abogados están revisando el decreto supremo (5503), pero nosotros continuamos, no hay un levantamiento de nada. Vamos a esperar que los ministros nos llamen y nos expliquen”, declaró el dirigente a la red América. Vargas también descartó un cuarto intermedio en la medida: “No hay ningún cuarto intermedio; no por el feriado vamos a perjudicar a nuestros compañeros”. La promulgación del ajuste en el precio de los hidrocarburos ha desatado una ola de protestas en el país. Mientras el Gobierno ha logrado acuerdos con varios sectores, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene las medidas de presión. Una marcha convocada por ese ente ayer y compuesta principalmente por mineros generó enfrentamientos en La Paz, que terminaron con cuatro policías heridos y dos manifestantes detenidos. El presidente Rodrigo Paz expresó el martes que “un grupo de desaforados” intenta generar violencia, mientras continúa socializando la medida con todos los sectores. (VISIÓN 360)

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, afirmó el día martes que la ejecución de cualquier orden de aprehensión entre ellas la que se tiene en contra del expresidente Evo Morales por el delito de trata con agravante, es responsabilidad de la Policía Boliviana.  Al ser consultado sobre la orden de aprehensión contra Morales, el fiscal dijo: “Yo he manifestado siempre la predisposición de poder trabajar con relación a la ejecución de cualquier mandamiento de aprehensión. Nótese que es un trabajo de la Policía boliviana el ejecutar cualquier orden de aprehensión, sea laboral, sea por asistencia familiar, sea por una resolución emitida por una autoridad judicial o fiscal”.  Sin embargo, indicó que en el caso de Morales, la Fiscalía está “con la predisposición de cualquier momento cuando se considere que el Ministerio Público tenga que realizar un allanamiento para ir y ejecutar dicha orden, ahí vamos a estar”. La autoridad explicó que el Ministerio Público cumple el rol de coordinación y acompañamiento dentro del debido proceso y que cualquier actuación debe ser con respaldo legal y garantías constitucionales. “Tenemos que tener todas las garantías constitucionales y toda clase de actividad que realice el Ministerio Público tiene que estar respaldada en este caso por la Policía boliviana quienes son los directos mandados a ejecutar esta orden de aprehensión contra esta persona”, agregó Mariaca. Asimismo explicó que las ordenes de aprehensión son emitidas a los comandos departamentales de la Policía, a través de sus grupos especiales y de inteligencia, evalúan y proceden a su ejecución conforme a los protocolos establecidos. “Todas llegan a los comandos departamentales y son ellos que a través de sus grupos especiales de inteligencia primero consideran para luego dar cumplimiento a la misma. Nosotros vamos a continuar trabajando”. El Fiscal General recordó que Evo Morales ya se encuentra acusado por el Ministerio Público y que actualmente se aguarda que el tribunal de sentencia competente emita el auto de apertura de juicio, instancia en la que la Fiscalía sostendrá su acusación ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. (BRÚJULA DIGITAL)

Un hombre de la tercera edad perdió la vida dentro de un micro de transporte público tras un violento altercado con el conductor, originado por una discusión sobre el precio del pasaje, en un hecho que ha generado conmoción e indignación. El incidente ocurrió cuando el pasajero y su esposa, ambos adultos mayores, viajaban en la ruta Cotoca–Santa Cruz de la Sierra, a bordo de un micro intermunicipal que circula por la avenida Virgen de Cotoca. Al abordar el vehículo, la pareja entregó Bs 10 al chofer, lo que desató la molestia del conductor, quien exigió Bs 2 adicionales, argumentando que la tarifa era de Bs 6 por persona. Según el relato de testigos, el chofer reaccionó con gritos, arrojó el billete al suelo y les dijo que viajarían “gratis”. El micro avanzó algunos metros, pero minutos después el conductor se detuvo, se dirigió al asiento del adulto mayor y le exigió que se bajara del vehículo o que viajara de pie para ceder su asiento a otros pasajeros. El chofer alegaba que, al no haber pagado el pasaje completo, el hombre no tenía derecho a sentarse, mientras que el pasajero insistía en que el conductor le había devuelto el dinero. En medio de la discusión, el adulto mayor comenzó a convulsionar. Su esposa y otros pasajeros intentaron auxiliarlo de inmediato: le dieron agua, lo hicieron oler alcohol y rogaron al conductor que dejara de recoger pasajeros y se dirigiera con urgencia a un centro de salud cercano. Sin embargo, el chofer se negó inicialmente, de acuerdo con la denuncia realizada por el hijo de la víctima a un medio digital. Tras varios minutos y al notar que el hombre no reaccionaba, el conductor finalmente emprendió marcha hacia una clínica ubicada sobre la misma vía. No obstante, la ayuda llegó tarde: el adulto mayor ya había fallecido dentro del vehículo. Testigos relataron que algunos pasajeros advirtieron al chofer que la situación “le iba a salir más cara”, al cuestionar que por una discusión de Bs 2 no se haya brindado auxilio inmediato a una persona en evidente estado de emergencia. El hecho está siendo investigado por las autoridades para determinar responsabilidades. (EL DEBER)

La región del trópico de Cochabamba enfrenta una situación crítica este miércoles tras el desborde del río Magareño, fenómeno que sumergió gran parte de la localidad de Ivirgarzama. El ingreso del agua a las zonas urbanas y rurales dejó un saldo preliminar de dos mil familias damnificadas y cerca de 650 viviendas con daños estructurales. Imágenes captadas en el lugar muestran vehículos anegados y ciudadanos que realizan labores de rescate en medio de calles convertidas en caudales. El impacto económico es severo debido a la destrucción de aproximadamente 2.500 hectáreas de cultivos frutales, entre los que destacan plantaciones de banano, piña y cítricos. Aunque el nivel del líquido muestra un leve descenso en ciertos puntos, las zonas bajas permanecen cubiertas por el lodo, lo que complica el acceso de los equipos de auxilio. La Unidad de Gestión de Riesgos local mantiene el monitoreo constante ante la persistencia de las precipitaciones en la cuenca alta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología elevó la alerta a nivel rojo para los próximos días, ante la amenaza de desbordes adicionales en los ríos Ichilo y Chapare. La advertencia rige hasta el 26 de diciembre y señala un riesgo extremo para poblaciones como Chimoré, Puerto Villarroel y Villa Tunari. Las autoridades instan a la población a tomar prevenciones máximas, dado que se esperan fenómenos climatológicos de intensidad excepcional en toda la zona subtropical. (LA PRENSA)