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Abrogación del Decreto 5503: Cabildo determina radicalizar protestas

Cabildo ratifica demandas de la marcha denominada “Bolivia no se vende”, encabezada por la COB, Magisterio y otros sectores: exigen al Gobierno nacional abrogación del Descreto 5503 y la redacción de otra disposición en consenso. Determinan radicalizar las protestas hasta conseguir su objetivo. La Central Obrera Boliviana (COB) concretó el día 15 de protestas y el tercero de la marcha que partió desde la localidad de Calamarca, donde también se concentraron la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB). En medio de un cabildo en El Alto, junto a otros sectores ratificaron la demanda de abrogación del Decreto Supremo 5503 y elaboración de una nueva disposición en base a diálogo. Mario Argollo, ejecutivo de la COB, apuntó que son portavoces de sectores populares, ya que varios artículos del decreto son observados. Piden “construir el país en unidad” porque “Bolivia no se vende”, señaló Claudio Choque, secretario general de la COB. En la misma postura el Magisterio urbano de los nueve departamentos, quienes expresaron su disconformidad por el congelamiento de salarios. “Es la venta de recursos naturales sin valor adquisitivo exponencial”, apuntó Wilfredo Ajllahuanca, ejecutivo del sector. Sin embargo en la movilización también se registraron abucheos hacia la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) por los vínculos con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en los 20 años de gestión. Gueri Garcia, secretario de actas, puntualizó que su sector es orgánico y no se inmiscuirán en temas políticos rechazan la disposición por avasallamientos en tierra y territorio. YENNY TICONA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Ministerio de Educación prohíbe el uso de celulares y actos de graduación en inicial y primaria

El Gobierno Nacional estableció nuevas reglas para la gestión escolar 2026 mediante la Resolución Ministerial 001, donde resalta la prohibición estricta de teléfonos móviles en las aulas. Esta restricción aplica tanto para alumnos como para docentes con el objetivo de eliminar distracciones, frenar la dependencia tecnológica y prevenir el acoso cibernético. El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, aclaró que la medida no afecta el empleo de otras herramientas pedagógicas como computadoras, televisores o plataformas digitales educativas. La normativa también elimina las ceremonias de graduación para los niveles inicial y primario, de modo que estos eventos sociales quedan autorizados exclusivamente para el sexto de secundaria. Según las autoridades, este tipo de celebraciones generaba gastos excesivos a las familias y desvirtuaba el proceso formativo a edades tempranas. La cartera de Estado busca priorizar el tiempo efectivo de aprendizaje y evitar interrupciones por festejos, aniversarios, competencias deportivas o actividades de carácter sindical. El calendario académico 2026 contempla 200 días de labores escolares, con fecha de inicio el 2 de febrero y cierre el 2 de diciembre. Dentro de la planificación, el Ministerio impulsará el retorno a la lectura en formato físico y la práctica de la escritura manual para potenciar las habilidades cognitivas del estudiantado. Respecto al descanso pedagógico de invierno, las direcciones distritales gozarán de autonomía para definir las fechas según las condiciones climáticas y sanitarias de cada región. (LA PRENSA)

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Suiza congela las cuentas de Nicolás Maduro por cuatro años

El Gobierno de Suiza ha anunciado este lunes que ha congelado los activos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de otras personas vinculadas a él durante los próximos cuatro años, a fin de evitar la transferencia de “bienes adquiridos ilícitamente” fuera del país, que se suman a las sanciones vigentes desde 2018. El Consejo Federal ha informado de que en caso de que se demuestre que dichos bienes fueron adquiridos de manera ilícita, serán utilizados en favor del pueblo venezolano. Asimismo, ha matizado que la actual medida no afecta al resto de miembros que aún conforman el Gobierno de Venezuela tras la caída de Maduro. Las autoridades helvéticas han explicado que ante la “volátil situación”, donde “varios escenarios son posibles”, se ha optado por esta medida cautelar para evitar que “puedan transferirse fuera de Suiza bienes adquiridos ilícitamente”. Suiza ha argumentado que la medida no se basa en el derrocamiento de Maduro y si esta maniobra se produjo violando el Derecho Internacional. “El factor decisivo”, sostiene, es que tras su caída, es posible que Venezuela inicie procedimientos legales en el futuro “con respecto a los activos adquiridos ilícitamente”. “La congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano”, ha explicado el Consejo Federal suizo. (EUROPA PRESS)

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Petro amenaza con “volver a tomar las armas” para defender la soberanía de su país de las amenazas de Trump

El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la «amenaza ilegítima» del mandatario estadounidense, Donald Trump. «Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero», dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X. En su juventud, Petro formó parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990). El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma» y, en referencia a Petro, dijo que el país está «gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo». Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia Flores y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: «A mí me suena bien eso». «No soy ilegítimo ni soy narco» «No soy ilegítimo ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso», afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra. El mandatario, que tiene un enfrentamiento verbal con Trump prácticamente desde que éste comenzó su segundo periodo en la Casa Blanca, hace casi un año, señaló que tiene «una enorme confianza» en que el pueblo colombiano le defenderá. «La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor», subrayó. Según Petro, si Estados Unidos «detiene al presidente», como lo hizo el pasado sábado en Caracas con Maduro y Flores tras un bombardeo en varios puntos de Venezuela, enfrentará una reacción popular. «Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular», agregó.

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Saucedo le dice a Paz que “el dictamen del Decreto 5503 es constitucional” y que lo está haciendo “por el bien de Bolivia”

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, destacó las acciones de Rodrigo Paz en sus primeros días en la Presidencia de Bolivia, en medio de los cuestionamientos por los decretos que se aprobaron recientemente. “Nadie está obligado a hacer lo que la Constitución Política no manda; en otras palabras, lo que la Constitución Política no prohíbe, está permitido”, indicó Saucedo durante su discurso en el acto de inauguración del Año Judicial 2026, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la ciudad de Sucre. Con este argumento, Saucedo validó las decisiones de Paz y afirmó que las está tomando por el bien del país. “Lo que usted hizo, Presidente, es constitucional y lo está haciendo por el bien de Bolivia”, indicó. Paz es cuestionado por la emisión de los Decretos Supremos 5503 y 5515, que sectores sociales como la Central Obrera Boliviana (COB) considera inconstitucionales. El primero establece medidas de ajuste económico y el segundo permite al Presidente ejercer el cargo a distancia. (CORREO DEL SUR)

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Fiscalía admite denuncia contra Evo y 11 cómplices por trata de Noemí en 2015

La Fiscalía de La Paz admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras once personas, a quienes se les acusa de “autores y cómplices” de trata de personas. De acuerdo con el memorial —admitido el 30 de diciembre—  los hechos se produjeron entre 2015 y 2020. La presunta víctima fue identificada como Noemí Meneses Chávez, quien —según la acusación— fue trasladada por vía aérea desde los 14 años a distintos destinos del país para sostener encuentros íntimos con el entonces jefe de Estado. EL DEBER tuvo acceso a la denuncia, registrada con el Código Único de Caso (CUD) N° 201102012509349. El documento fue presentado en 2020 por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), quien se declaró “perseguido político” por haber impulsado la investigación durante el gobierno de Jeanine Áñez. En su exposición ante el Ministerio Público, Alcázar sostuvo que, tras iniciar las indagaciones, fue apartado de sus funciones y sometido a presiones por tocar un caso que involucraba directamente al mandatario de entonces. En el memorial, el exfuncionario describió la existencia de una presunta “organización criminal” integrada por quienes, en su tiempo, fueron autoridades y funcionarios públicos. El objetivo de esa red —según la acusación— era garantizar la logística, el traslado y el encubrimiento de los encuentros entre Morales y la adolescente. Según la denuncia, Meneses realizó al menos 37 viajes aéreos para reunirse con el exmandatario mientras él se encontraba en funciones. Varios de esos viajes se hicieron sin cumplir los requisitos legales exigidos para menores de edad. Alcázar acusó al actual dirigente cocalero de estupro tras señalar que él pudo abusar de una adolescente. En ese punto, el documento sostiene que la propia víctima reconoció ante la Policía el vínculo con Morales, aunque afirmó que la relación formal comenzó el 24 de mayo de 2020, cuando ella tenía 19 años, ya mayor de edad. Hizo esa declaración a pesar de la diferencia de edad de más de cuatro décadas con el exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS). Para el denunciante, ese argumento no desvirtúa los hechos previos ni los cargos de trata y tráfico de personas que deben ser esclarecidos. La denuncia solicita que Morales y los demás involucrados sean procesados y sancionados con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de cárcel, conforme a la legislación penal boliviana vigente para este tipo de delitos. Entre los cómplices, el memorial menciona al exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, además de otras diez personas que, según Alcázar, facilitaron el traslado de la entonces menor desde Cochabamba hacia otros departamentos del país. En la lista figuran funcionarios y exfuncionarios públicos, así como personas vinculadas a distintas reparticiones estatales. También se menciona a Rodolfo Castro, actual funcionario de Mi Teleférico; a Luis Hernán Soliz Morales, quien en 2020 figuraba como asistente personal del exmandatario, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y a servidores públicos relacionados con la Gobernación de Cochabamba y la Caja de Salud. Uno de los nombres que resalta en el documento es el de Carla Lorena Sandy, abogada que ocupó diversos cargos durante los gobiernos del MAS, entre ellos el de viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022 y directora de unidad en el Ministerio de Educación. Actualmente, según la denuncia, se desempeñaría como segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad en la que recientemente impulsó la declaración del “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas”. Respecto a Casso, la denuncia recuerda que fue gerente de BoA durante las gestiones de Morales y de Luis Arce, y menciona además que su hermano, un excoronel de la Policía, fue asesor del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, lo que, en criterio del denunciante, refuerza la hipótesis de una red de influencias que permitió facilitar los traslados. Alcázar sostuvo que allegados a Morales compraron los pasajes para Meneses y que, con apoyo interno, se burlaron los protocolos de seguridad. La denuncia señala que ni BoA ni las terminales aéreas de Cochabamba, Santa Cruz y, principalmente, La Paz exigieron el permiso para esos viajes. (EL DEBER)

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Delcy Rodríguez invita a Trump a trabajar conjuntamente “en una agenda de cooperación” entre Venezuela y Estados Unidos

En un giro de tono con respecto a sus declaraciones anteriores, Delcy Rodríguez, quien hoy asumirá la presidencia interina de Venezuela, publicó en la noche del domingo un mensaje conciliador hacia Estados Unidos y Donald Trump tras encabezar su primer consejo de ministros. “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, arranca diciendo el mensaje publicado en su cuenta de Instagram. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, prosigue el texto. “Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”, agrega la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva de la nación sudamericana. “Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”. En el mensaje también hace un llamado directo a Trump: “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”. “Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”. Rodríguez remata el mensaje diciendo que su país “tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”. “Un precio muy alto” El mensaje de ayer, domingo, implica un claro cambio de tono con respecto a sus declaraciones anteriores. Y llega horas después de que Trump le lanzara un mensaje amenazador durante una entrevista con la revista The Atlantic. En la entrevista telefónica, Trump dijo que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de [Nicolás] Maduro”. Rodríguez será juramentada como presidenta encargada de Venezuela este lunes, después de que el sábado el Tribunal Supremo de Justicia ordenara que sea ella quien asuma la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa Cilia Flores por las fuerzas estadounidenses y llevado a Nueva York, donde este lunes responderán por acusaciones de “narcoterrorismo”. Horas antes del pronunciamiento del TSJ, Rodríguez, en un mensaje televisado desde Caracas, condenó la acción de EE.UU. y calificó la captura de Maduro y su esposa de “secuestro ilegal e ilegítimo”. “Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró Rodríguez, durante una alocución que dio al país en cadena nacional de radio y televisión. “Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez, quien llamó a sus compatriotas a salir en defensa de su país y afirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”. Con esas palabras respondió a lo dicho por Trump durante la primera rueda de prensa tras la captura de Maduro. En la comparecencia convocada para explicar la operación militar realizada en la mañana del sábado, Trump ya sugirió que Rodríguez podría ser la persona que estaría al frente del gobierno tras la salida de Maduro, pero que trabajaría alineada con el gobierno de EE.UU. en la recuperación de Venezuela. El mandatario estadounidense aseguró que Rodríguez había estado en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y dio a entender que aparentemente ella estaría dispuesta a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, apuntó. Sin embargo, poco después de la rueda de prensa de Trump, Rodríguez realizó una alocución en cadena nacional de radio y televisión en la que ratificó su posición de considerar a Maduro como “el único presidente de Venezuela”, denunció su captura como un “secuestro” y agregó que Venezuela “no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie”. (OPINIÓN/BBC MUNDO)

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Gobierno le responde a Evo y le asegura que “no existe ni se evalúa la aplicación de ningún estado de sitio” en el país

El Gobierno nacional negó de forma categórica que esté preparando la declaratoria de un estado de sitio o de excepción, en respuesta a denuncias públicas del expresidente Evo Morales, y aseguró que no existe ni se evalúa la aplicación de medidas represivas. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa afirmó que el camino del Estado es el diálogo, la ley y la preservación de la paz social, en un contexto que exige orden y madurez política. “El Gobierno nacional aclara a la opinión pública que no existe ni se evalúa la aplicación de ningún estado de excepción, ni medidas de represión”, señala el pronunciamiento difundido este domingo. La cartera de Defensa calificó las afirmaciones del exmandatario como desinformación deliberada, orientada a generar alarma, tensión y confrontación entre organizaciones sociales y sectores laborales. La reacción oficial se produjo luego de que Morales denunciara que el presidente Rodrigo Paz estaría preparando un “estado de sitio” mediante Decreto Supremo, supuestamente respaldado por miembros de las Fuerzas Armadas. Según el exmandatario, “generales patriotas” le habrían advertido de la intención de aplicar medidas excepcionales frente a las movilizaciones en el país. En su respuesta, el Ministerio de Defensa consideró irresponsable que se difundan versiones falsas sobre supuestas acciones represivas y cuestionó que Morales evite referirse a un problema estructural: el crecimiento “indiscriminado y fuera de control” de los cocales. El comunicado recuerda que durante gestiones pasadas se ampliaron las hectáreas “legales” sin cumplir los límites y denuncia que, en la coyuntura actual, se habría impedido el ingreso de fuerzas de erradicación al Chapare, debilitando la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno alertó que, de mantenerse esta situación, Bolivia podría superar las 40.000 hectáreas de coca y alcanzar niveles de producción cercanos a 300 toneladas de cocaína, lo que representaría una amenaza directa a la paz, la seguridad y la imagen internacional del país. Asimismo, el Ministerio de Defensa exhortó al expresidente a actuar con responsabilidad, dejar de difundir “mentiras” y no utilizar a las organizaciones sociales como instrumentos de presión o confrontación. “La mentira desestabiliza. La verdad, el orden y la ley fortalecen la Patria”, concluye el comunicado, ratificando el compromiso gubernamental con el orden democrático, la lucha frontal contra el narcotráfico y la paz social. (EL DEBER)

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Intervención militar de EE. UU. en otros países: ¿Dónde está el límite legal?

El 3 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de sus redes sociales que Estados Unidos había lanzado un ataque militar a gran escala contra Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Esta acción ha colocado la controversia sobre la legalidad de la “intervención militar en los asuntos internos de otro país” en el centro de la opinión pública internacional. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró el 3 de enero que China está profundamente conmocionada por el flagrante uso de la fuerza por parte de EE. UU. contra un Estado soberano y las acciones tomadas contra su presidente, y las condena enérgicamente. Tales actos hegemónicos de EE. UU. violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y la región del Caribe. Ante la falta de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y dado que el país objetivo no representa una “amenaza inmediata”, ¿qué base legal sustenta la acción militar unilateral de EE. UU.? ¿Implica esto un resurgimiento violento de la Doctrina Monroe en el siglo XXI? Lo más alarmante: ¿podría este precedente erosionar los cimientos mismos del orden internacional de la posguerra, abriendo potencialmente la caja de Pandora para que las potencias hegemónicas interfieran arbitrariamente en los asuntos internos de otras naciones? La “legitimidad” de la operación estadounidense descansa enteramente en una lógica de construcción propia. Según el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, los Estados soberanos no deben “amenazar o hacer uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, a menos que sea en “defensa propia” o con la autorización del Consejo de Seguridad. Sin embargo, Venezuela ni lanzó ataques armados contra EE. UU. ni se ha demostrado que posea “armas de destrucción masiva” o represente “amenazas terroristas”, motivos comunes para tal autorización. EE. UU. simplemente invocó “operaciones antidrogas”, pero no presentó pruebas concretas de la participación directa del gobierno de Maduro en redes internacionales de narcotráfico. Una encuesta de CBS News realizada del 19 al 21 de noviembre reveló que solo el 13% de los encuestados consideraba a Venezuela una amenaza importante para la seguridad de los Estados Unidos. Otro 48% la consideraba una amenaza secundaria, mientras que el 39% consideraba que no era una amenaza en absoluto. Cabe destacar que el 70% de los encuestados expresó su oposición a una acción militar estadounidense. A los ojos de muchos observadores internacionales, la acción de EE. UU. en esta ocasión es una variante de la “Doctrina Monroe” del siglo XIX en el siglo XXI. La “Doctrina Monroe” surgió a principios del siglo XIX, declarando inicialmente que “América es para los americanos”, pero en realidad, consideraba a América Latina como el “patio trasero” de EE. UU., prohibiendo la interferencia de las potencias europeas mientras proporcionaba un pretexto para que EE. UU. interviniera en los asuntos internos latinoamericanos. Sin embargo, a medida que avanzó la historia, este principio evolucionó gradualmente hasta convertirse en una herramienta para que Estados Unidos dominara el hemisferio occidental e interfiriera arbitrariamente en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Las estadísticas muestran que, desde el golpe respaldado por la CIA en Guatemala en 1954, que derrocó al presidente electo Jacobo Árbenz, hasta la invasión militar de Panamá en 1989 que capturó al entonces presidente Manuel Noriega, EE. UU. llevó a cabo un total de 13 operaciones de intervención en América Latina durante la Guerra Fría. En diciembre de 2025, la administración Trump dio a conocer el Informe de la Estrategia de Seguridad Nacional, que por primera vez introdujo el “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe, estableciéndolo como el marco para la nueva era de la política de “Estados Unidos Primero” (America First). El informe definió al hemisferio occidental como la “primera línea de la seguridad fronteriza, las cadenas de suministro críticas y la competencia geopolítica de EE. UU.”, enfatizando la necesidad de evitar que “adversarios externos” desplieguen fuerzas militares o controlen activos estratégicos en América Latina mediante despliegues militares, intervenciones económicas y presión política. Sin duda, esta operación militar se convirtió en un campo de pruebas para la ideología del Corolario Trump. La renovada intervención militar de Estados Unidos contra una nación soberana latinoamericana refleja la lógica de la histórica Doctrina Monroe. Este movimiento ha desdibujado inequívocamente la línea roja entre la soberanía estatal y la interferencia externa en el derecho internacional. Envía una señal peligrosa al mundo: la soberanía de una nación ya no es absoluta. Si sus asuntos internos no cumplen con los estándares de una potencia externa importante, esa potencia puede intervenir militarmente o incluso derrocar a su gobierno. Esta flagrante provocación contra todos los Estados soberanos socavará severamente la estabilidad y la seguridad global. Aún más alarmante es que este movimiento descarado de los Estados Unidos sienta un precedente extremadamente peligroso. Si una potencia global puede imponer arbitrariamente “cambios de régimen” en otras naciones a través de su propia fuerza, ignorando los marcos legales internacionales y la autoridad de la ONU, todo el orden internacional de la posguerra corre el riesgo de colapsar. Tales acciones alentarían a otras grandes potencias a seguir su ejemplo, juzgando e interfiriendo en otros países según sus propios estándares, sumergiendo al mundo en una ley de la selva de la supervivencia del más apto. Las naciones débiles nunca encontrarán la paz, ya que pueden convertirse en víctimas de la competencia entre grandes potencias en cualquier momento. Si esto continúa, el sistema internacional basado en la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos se convertirá en una mera formalidad, empujando al mundo de nuevo al borde del caos y la guerra. Si la comunidad internacional permite que Estados Unidos pisotee el derecho internacional, el costo final será la paz y el futuro de toda la humanidad. La Venezuela de hoy podría convertirse en cualquier país el día de mañana. CGTN

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Rubio asegura que Estados Unidos “está en guerra contra las organizaciones de narcotráfico, no contra Venezuela”

Estados Unidos insistió que no mantiene una guerra contra Venezuela, aunque en los hechos ejecutó la operación militar más audaz de su historia reciente en el hemisferio occidental, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos están bajo custodia federal en Nueva York. En una entrevista concedida a la cadena NBC, el secretario de Estado Marco Rubio fue categórico: “No hay una guerra. Estamos en guerra contra las organizaciones de narcotráfico, no contra Venezuela”. Rubio sostuvo que Washington aplica las leyes estadounidenses en materia de sanciones petroleras y narcotráfico, lo que incluye la incautación de buques con cargamentos ilícitos y la interdicción de embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales transnacionales. En ese marco, volvió a señalar que Maduro es, para la justicia estadounidense, el líder del llamado Cartel de los Soles y que enfrenta cargos ante tribunales federales en Nueva York. “Hicimos un gran progreso en ese aspecto”, aseguró. Hace apenas un mes, la postura de Washington era menos matizada. El 13 de noviembre de 2025, anunció el inicio de la Operación Lanza del Sur, una nueva fase de su ofensiva antidrogas tras la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo. “El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos”, afirmó entonces el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien definió la misión como un esfuerzo para “eliminar a los narcoterroristas” y frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. En ese contexto, Rubio calificó a Venezuela como “un régimen ilegítimo, básicamente una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder”, aunque aclaró que se trataba de una operación antidrogas y no de una guerra convencional. El propio presidente Donald Trump fue ambiguo en entrevistas televisivas: dijo no querer una guerra con Caracas, pero dejó entrever que los días de Maduro en el poder “estaban contados”. Maduro enfrenta una acusación sustitutiva ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. El caso está bajo supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya conocía la causa abierta en 2020. La investigación de la DEA lo señala como presunto líder del Cartel de los Soles, integrado por altos mandos militares venezolanos. En el pasado, el FBI ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura y de 25 millones por Diosdado Cabello, quien está libre. Reapareció en videos llamando a la “resistencia”. (EL DEBER)

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