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Parlamentarios piden a Evo que se suspendan los bloqueos en carreteras del país

Cansados de los perjuicios ocasionados por las movilizaciones y bloqueos, asambleístas de diferentes corrientes exigieron a Evo Morales para que ordene y se suspendan los bloqueos. El diputado Alberto Astorga señaló que si queremos recuperar la tranquilidad y garantizar las elecciones solo queda un camino: proceder a la aprehensión de Morales. Pese a que los perjuicios son evidentes y el malestar de la gente contra los bloqueos crece cada día, sus seguidores reiteran una y otra vez que el Gobierno es culpable de todo. Ante los pedidos de implementar un estado de excepción en las regiones conflictivas, el abogado constitucionalista William Bascope, descartó esta posibilidad y recomendó agotar todas las instancias para solucionar el conflicto en base al dialogo.

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Supremo de Argentina deja en firme la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández

La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales. Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial y política.  “Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional”, dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Y añade: “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, agrega.  La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días. La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado. El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre. Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra. La causa por la que fue condenada, conocida como ‘Vialidad’, investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).  La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.  En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo. En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como “guardia pretoriana del poder económico” y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan “libres” por las calles, por lo que, para ella, “estar presa es un certificado de dignidad”. (CORREO DEL SUR/EFE)

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Robert F. Kennedy destituye a los 17 miembros del comité científico sobre vacunas de Estados Unidos

El secretario de Salud de #EstadosUnidos, #RobertKennedy Jr., destituyó este lunes a los 17 miembros del comité científico que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades #CDC sobre el uso de #vacunas. “Es necesario hacer tabla rasa para restablecer la confianza del público en la ciencia de las vacunas”, escribió Kennedy Jr, en un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal en el que comunicó su decisión. La página web en la que figuraban los miembros del comité fue eliminada el lunes, poco después del anuncio de Kennedy. “Las vacunas se han convertido en un tema divisivo en la política estadounidense, pero hay una cosa en la que todas las partes están de acuerdo: Estados Unidos se enfrenta a una crisis de confianza pública. Ya sea hacia las agencias sanitarias, las empresas farmacéuticas o las propias vacunas, la confianza de la población está decayendo”, sostiene el secretario de Salud en su artículo. Kennedy argumenta que culpar a la desinformación —como la que él mismo ha propagado— y a las actitudes anticientíficas sería un error porque, en su opinión con ello se ignora “una historia de conflictos de intereses, persecución de disidentes, falta de curiosidad y ciencia sesgada que ha plagado el aparato regulador de las vacunas durante décadas”. “En la década de 1960, el mundo buscó orientación en los reguladores sanitarios estadounidenses, que gozaban de una reputación de integridad, imparcialidad científica y defensa entusiasta del bienestar de los pacientes. Desde entonces, la confianza pública se ha derrumbado, pero la recuperaremos”, añade. Todos los miembros del comité ahora apartados habían sido nombrados durante la presidencia de Joe Biden. “Sin destituir a los miembros actuales, la actual Administración Trump no habría podido nombrar a la mayoría de los nuevos miembros hasta 2028″, escribió Kennedy, que afirmó que los miembros del comité tenían demasiados conflictos de intereses. En su comparecencia en el Senado para lograr su confirmación, senadores demócratas le afearon cómo él se había beneficiado financieramente de sus actividades antivacunas y podía seguir haciéndolo incluso como secretario de Salud, en virtud de una demanda contra la farmacéutica Merck. Antes de ser secretario de Salud, Kennedy esparció bulos y falsedades anticientíficas y pidió a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que rescindiera la autorización que había otorgado a las vacunas contra la covid, que salvaron millones de vidas en todo el mundo y ayudaron a superar la pandemia. Afirmó que “no hay ninguna vacuna que sea segura y eficaz” y pidió repetidamente que se estudien más a fondo las vacunaciones infantiles rutinarias, a pesar de décadas de investigación y uso en el mundo real que demuestran que han prevenido enfermedades de forma segura. Sostuvo que las vacunas provocan autismo y alergias. Además, participa en una demanda contra Merck por la vacuna contra el virus del papiloma humano que se administra para proteger contra el cáncer de cuello uterino. Pese a todo ello, cuando compareció en una comisión del Senado para buscar su confirmación en el cargo, afirmó: “No soy un antivacunas”. Recientemente, tomó la inusual medida de cambiar las recomendaciones sobre la covid sin consultar primero al panel. La decisión del secretario de Salud recibió críticas inmediatas de la comunidad médica. “Durante generaciones, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) ha sido una fuente nacional fiable de asesoramiento y orientación basados en la ciencia y los datos sobre el uso de vacunas para prevenir y controlar enfermedades”, indicó en un comunicado Bruce A. Scott, presidente de la Asociación Médica Estadounidense. “Los médicos, los padres, los líderes comunitarios y los funcionarios de salud pública confían en ellos para obtener orientación clínica, información sobre salud pública y conocimientos. La medida tomada hoy de destituir a los 17 miembros actuales del ACIP socava esa confianza y trastoca un proceso transparente que ha salvado innumerables vidas. Con un brote de sarampión en curso y la disminución de las tasas de vacunación infantil rutinaria, esta medida alimentará aún más la propagación de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas”, argumentó. El doctor Georges Benjamin, director de la Asociación Americana de Salud Pública, calificó la destitución masiva de Kennedy como “un golpe de Estado”. “No es así como funcionan las democracias. No es bueno para la salud de la nación”, declaró a la agencia AP. Según Benjamin, la medida suscita serias dudas sobre si los futuros miembros del comité serán considerados imparciales. Añadió que Kennedy está actuando en contra de lo que dijo a los legisladores y al público, y que la asociación de salud pública tiene previsto vigilar a Kennedy. (El País)

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Campesinos denuncian presión y autoritarismo para asistir a bloqueos ordenados por Evo

El testimonio de un campesino de la tercera edad refleja la impotencia y el grado de amedrentamiento y autoritarismo que ejerce Evo Morales en el trópico de Cochabamba, donde la gente está prácticamente obligada a salir a bloquear los caminos, trasladándose varios kilómetros de sus comunidades bajo sanción de 200 bolivianos o lo que es peor perder sus tierras, mientras que ellos, los líderes, están cómodos en sus casas o divirtiéndose. Para el analista político Vladimir Torres, esta actitud de violencia se promueve porque Morales y sus seguidores no tienen nada que perder y generar conflicto es la única vía para conseguir sus intereses personales. Para ello usan a sus bases con el pretexto de que están luchando contra la crisis económica. Desde el momento en que se ordenan bloqueos, se impide la libre circulación, se ataca ambulancias, se cerca las ciudades y no se permite el paso de alimentos las demandas pasan a ser delitos que atentan contra la integridad del país y son considerados como terrorismo y sedición. Su ambición por el poder lo llevó a un desgaste de su liderazgo y si a este componente le sumamos el factor económico, la gente ahora está más preocupada por su economía y en ese sentido sus movilizaciones no tendrán apoyo. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Analista económico plantea cercar Lauca Ñ por asfixia económica causada por bloqueos

La crisis política y social en Bolivia ha alcanzado un punto crítico. El analista económico Martín Moreira advierte que el país enfrenta lo que califica como una “acción terrorista interna”, con graves consecuencias para la economía y la estabilidad nacional. Según Moreira, los bloqueos en distintas regiones no solo impiden el paso de alimentos e insumos esenciales para la producción y exportación, sino que también generan violencia contra ciudadanos atrapados en las rutas. Afirma que estas medidas tienen una motivación política y un alto costo para la población. El analista identifica a Lauca Ñ como el punto desde donde, presuntamente, se emiten las órdenes —por parte de Evo Morales— para coordinar los bloqueos. En ese sentido, propone que las Fuerzas Armadas y la Policía intervengan la zona, la incomuniquen y protejan a los pobladores, que —según señala— estarían siendo sometidos por grupos que buscan desestabilizar al país. En términos económicos, el impacto es alarmante: se estima una pérdida diaria de entre 100 y 150 millones de dólares. Sectores clave como el turismo y la agricultura —especialmente en Cochabamba— ya acumulan pérdidas superiores a los 1.200 millones de bolivianos. Además, la inflación se ha disparado, alcanzando un 3,6 % en mayo, y podría superar el 4 % si continúan los bloqueos. Moreira advierte que las tensiones político-partidarias están llevando al país a un punto de quiebre, y critica la pasividad de ciertos bloques legislativos que, según él, han alentado este escenario desde la Asamblea Plurinacional. Finalmente, hace un llamado urgente a desbloquear las rutas y reactivar el aparato productivo y exportador, como única vía para evitar que la crisis se agrave aún más. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Gobierno analiza acudir a la CIDH y a la ONU para que se investiguen las vulneraciones a los derechos en los bloques evistas

Los hechos de violencia y los atropellos cometidos por los bloqueadores afines a Evo Morales no quedarán en la impunidad. El presidente Luis Arce anunció que serán denunciados ante instancias internacionales como la CIDH y la ONU. El ministro de Justicia, César Siles, no descartó que se solicite la conformación de una misión de observadores para que se investiguen estos atropellos y la vulneración de los derechos de las personas. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Gobierno pedirá la deportación de Arturo Murillo luego de que cumpla su condena en Estados Unidos este 21 de junio

El ministro de Justicia, Cesar Siles, anunció este lunes que el exministro de Gobierno Arturo Murillo será puesto a disposición de un juez migratorio este 21 de junio para que el país realice los trámites para su deportación. La autoridad explicó que se enviaron a EEUU varias solicitudes de extradición a través del Departamento de Estado y Justicia, pero señaló que al país de conviene más la figura de deportación porque es un trámite inmediato. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Asambleístas repudian advertencia de Evo, donde señala que esta será una “semana decisiva en su lucha contra el Gobierno”

Las últimas declaraciones emitidas por Evo Morales generaron el repudio de los asambleístas. Alberto Astorga, diputado por Comunidad Ciudadana, las calificó como advertencias de un terrorista que solo busca convulsionar el país. El senador del MAS “arcista” Santos Ramos señaló que la actitud de confrontación es normal en Morales, todas sus luchas fueron en base a la violencia, pero en este caso no son legales ni tienen legitimidad. Para el senador del MAS “androniquista” Félix Ajpi, Morales perdió el rumbo, su ambición por el poder lo están cegando y lo único decisivo será el 17 de agosto día de las elecciones. Coincidieron en solicitar al gobierno que intervenga en estos conflictos y lo aprehendan para garantizar la estabilidad del país. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Abogado advierte que obstaculizar o impedir el proceso electoral tiene cárcel de 2 a 5 años

En la Ley de Régimen Electoral 026 existen 16 delitos electorales en el que se cuenta que si alguna persona obstaculiza o impide el proceso electoral o el día de las elecciones tiene una sanción de 2 a 5 años, informó el abogado Raul Rosales, quién lamentó que Ruth Nina, de PAN-Bol, en diferentes medios de comunicación afirme que “si Evo Morales no participa en las elecciones presidenciales ningún partido político podrá ingresar al área rural hacer campaña electoral”. Según Rosales, este delito electoral también ingresa en delitos penales tipificados en el Código Penal como asociación delictuosa, instigación a delinquir y otros que por oficio debiera el Ministerio Público iniciar una investigación o los vocales del TSE debieran presentar una denuncia. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en conferencia de prensa este lunes señaló que en los siguientes días se reunirá no sólo con vocales departamentales electorales, sino también con los vocales del TSE para coordinar acciones que garanticen la libre realización de las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto.

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