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Tipuani y Guanay «en riesgo de desaparecer» por minería ilegal y descontrolada

» Es la la tercera vez que voy a perder mi casa. Este año fue lo peor. Ha durado seis meses la inundación. El agua llegaba hasta mi segundo piso. Para entrar y salir de mi casa, por la calle, igual que los vecinos de esos cinco barrios, me he construido una balsa con maderas y plastoformos. Venía todos los días para darle comida a los gatos de mi mamá. Ahora ya no puedo regresar, porque cualquier rato se cae. Mi mujer y mi hijo se tuvieron que ir a La Paz”, dice Fidel Véliz, dirigente del Comité de Emergencias de Tipuani, un municipio paceño, distante a 256 kilómetros de la sede de Gobierno A 35 kilómetros de esa zona, el alcalde de Guanay, Víctor Ticona, teme porque algo similar vuelva a pasar en el área urbana de su municipio. En 2023, las calles de esa comuna se convirtieron en ríos por los que vecinos navegaban en lanchas tratando de salvar sus pertenencias del desborde del río Mapiri. El temor en Guanay, revive debido a que desde inicios de 2024 una cooperativa minera, en complicidad con dirigentes vecinales, comenzó a operar de forma ilegal en la zona San Juan Durán Playa, a poca distancia del poblado principal. Iniciaron las excavaciones con el pretexto de hacer trabajos de prevención, pero al final generaron nuevos desmontes para la explotación de oro. Los datos se desprenden del proceso penal que Ticona sigue en la Fiscalía contra mineros y comunarios implicados, quienes se valieron de permisos adulterados para iniciar las excavaciones, y para los que no se cumplió con la “consulta previa”. Si bien la investigación de la Fiscalía no tiene avances para conocer quiénes adulteraron los documentos, el tema generó imputaciones y encarcelamientos que derivaron en disputas entre los pobladores.  Ahora, el alcalde Ticona, quien se niega dar detalles del caso, se ve presionado por las protestas de sectores vecinales afectados con la paralización de los trabajos mineros, y por el otro extremo, por las manifestaciones de quienes piden auditorías sobre el ingreso económico que no beneficia a la población. Un río sobre el pueblo En el municipio de Tipuani, el pueblo estaba construido sobre el nivel del río, pero ahora el río está sobre el pueblo. «Por eso se dio la inundación de este año, se levantaron más infecciones (estomacales) por las aguas servidas estancadas (…) Porque el río Tipuani no solo ha rebalsado de su caudal, se ha metido al pueblo y ha hecho reventar los tubos del alcantarillado, todos estos meses la gente respiró el olor de las aguas servidas, con heces (fecales) y orines”, lamenta el presidente de la junta de vecinos de Tipuani, Rufino Chambi. Pero no se trata de solo temores o la opinión de damnificados. En enero de este año, el alcalde de Tipuani, Fernando Vera, le dijo a la prensa: “entenderán que si seguimos al mismo ritmo de trabajo (de explotación minera), en tres años ya no va a haber Tipuani. Por más que hagamos un puente o que llevemos el pueblo arriba (del cerro) igual vamos a desaparecer”. El burgomaestre y su equipo técnico y jurídico lanzaron estas conclusiones en una reunión de emergencia exigida por los damnificados en la Defensoría del Pueblo. Allí se presentaron los vecinos de Tipuani y de otras cinco comunidades afectadas, además de los representantes de los ministerios de Minería, Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Gobernación de La Paz. Vera, luego alegar que la ley solo le faculta a informar y que no tiene el poder administrativo para detener la explotación minera, mostró varias fotografías sobre el avance de los desmontes, estima que las cooperativas arrojan al río 35.000 metros cúbicos de desmontes, cada año. El alcalde advirtió que las consecuencias del cambio de curso del río Tipuani podrían ser más amplios. «Esto (la desaparición del pueblo) va a ocurrir (también con los municipios de) Guanay y Teoponte. Guanay después nos va a iniciar un proceso, y nos van a trancar (los caminos), con los famosos bloqueos”. En la reunión también estuvieron presentes los representantes de lo que se denomina el “actor productivo minero”, liderados por abogados y dirigentes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), señalados como los principales responsables de los desastres pasados y los que se avecinan sino se pone freno a los “desmontes industrializados”. Pérdidas En Tipuani, durante las inundaciones, Veliz fue vocero de más de 400 familias de ocho distritos, que soportaron los daños provocados por el desborde del río, desde el 9 de diciembre de 2024 hasta junio de este este año. Comunidades como Chima, Cangallí y Gritado fueron las más afectadas por los derrumbes de al menos 35 casas, inundaciones de tres escuelas, caída de dos puentes e incluso la muerte por ahogamiento de tres mineros. No se conocen los datos oficiales de la Alcaldía debido a que el burgomaestre simplemente no respondió a las varias peticiones de informe e interpelaciones que hizo el Concejo Municipal, como lo aseveró la presidente de esa instancia, Angélica Alejandro.  Si bien las inundaciones han disminuido considerablemente, el dirigente Veliz aún habla a nombre de más de 100 familias que no pueden regresar a sus casas. Cuenta que existe el riesgo de que estas colapsen, por las rajaduras y el daño que las aguas servidas causaron a los cimientos de las viviendas durante estos meses. Veliz, de oficio veterinario, relató que durante uno de los sorpresivos desbordes del río Tipuani, en febrero, perdió costosos aparatos, medicamentos, alimentos y otros insumos que nadie le repondrá, como les pasó a los otros vecinos que se quedaron sin muebles, electrodomésticos y objetos personales, ya que ninguna cooperativa minera, autoridad municipal, departamental o del Estado se ha hecho cargo de lo sucedido. Desplazados “No queremos pelear con nadie, pero ya se ha hecho inspecciones con gente de la Gobernación, la Alcaldía, los ministerios (de Minería, Salud y Defensa), la Defensoría del Pueblo, todos ya saben. Esto es culpa de

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Aprehenden a directora y músico tras muerte en Saracho Fest

El director distrital de Educación de Oruro, Raúl Villca, informó este lunes que dos personas fueron aprehendidas por la avalancha humana que causó la muerte de una menor de edad. Se trata de la directora del Colegio Nacional Juan Misael Saracho y uno de los integrantes del grupo musical que se presentó en el evento. «Tenemos la información de que se ha hecho la aprehensión de la (responsable de la) dirección de la unidad educativa, como también del vocalista, uno de los integrantes del grupo que en ese momento estaba tocando. Entendemos que ambas personas han sido aprehendidas”, señaló Villca en entrevista con Bolivia TV. La tragedia ocurrió durante una fiesta estudiantil organizada por el colegio. Una adolescente falleció y otra quedó en estado crítico. El evento, que se realizó el domingo por la noche, fue provocado por la sobreventa de entradas y la falta de medidas de seguridad. Villca reiteró que el evento no contaba con la autorización de la Dirección Distrital y que su realización fue responsabilidad de la administración del colegio, la Junta Escolar de Padres de Familia y una comisión de maestros y estudiantes. «El evento no cuenta con autorización. Está bajo responsabilidad de la unidad educativa y de los padres de familia. Nosotros ya nos hemos constituido en calidad de denunciantes», indicó Villca. El director distrital fue testigo presencial del hecho y relató que acudió a los hospitales para verificar el estado de las víctimas. «En el Obrero encontramos a una menor en terapia intensiva y, lamentablemente, en la clínica Urme se confirmó el fallecimiento de otra estudiante», relató. Las investigaciones preliminares indican que las dos menores afectadas tendrían un grado de parentesco. Las autoridades recordaron que este tipo de eventos masivos están prohibidos en las unidades educativas. «Si se hace de forma irresponsable, los implicados deberán asumir las consecuencias. Ya se iniciaron procesos administrativos disciplinarios contra los responsables”, añadió Villca. ABI

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Paz asegura que en EEUU estuvo con números ‘uno’ del Departamento de Estado, BM, BID y FMI

Tras su llegada de Estados Unidos, el candidato del PDC, Rodrigo Paz, aseguró este lunes que le fue muy bien en su viaje porque tuvo la oportunidad de reunirse con números «uno» de instancias del Gobierno estadounidense y de organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dijo que tuvo el «más alto nivel de contactos con el gobierno americano» y que se reunió con el segundo al mando del Departamento de Estado, lo cual consideró como un hecho inédito porque en estas situaciones sólo atiende el despacho referente a Bolivia. «Nosotros hemos estado con el número uno del Departamento (de Estado), hemos estado con los ‘unos’ del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID, a su vez también con varias fundaciones que representan intereses europeos que quieren también ver en Bolivia una oportunidad de inversión», sostuvo en declaraciones a DTV. Recalcó que su intención es retomar relaciones con EEUU, que se rompieron por razones ideológicas. Afirmó que ha consolidado el servicio de los hidrocarburos para los siguientes tres meses despues de la asunción del 8 de noviembre. «Es una gran noticia para que sepa, sobre todo, el agro, la campaña de invierno, que no va a faltar diésel y gasolina para el trabajo», afirmó.  Consultado sobre las afirmaciones polémicas de su compañero de binomio, Edmand Lara, Paz negó estar al tanto de «alguna declaración agresiva», más que un enconamiento del expolicía con un periodista. «La verdad que Edmand tiene una forma de decir las cosas, que a veces a alguna gente le molesta, pero creo que ahora es momento de hablar de las cosas grandes de la patria y espero que en eso nos enfoquemos todos», indicó. ERBOL

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Tuto: “Nacionalizaré los mercados de coca para evitar desvíos”

El candidato de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, planteó la «nacionalización» de los mercados legales de la coca. «Yo voy a nacionalizar los mercados de coca. Evo Morales le gustaba nacionalizar, espero que respalde para el Estado controle que no se desvíe ni una hojita al narcotráfico». «Afuera nos dicen lo que aquí ya sabemos, ¿o alguien que no está mirando duda de que hay narcos pesados acá por la cocaína que viene del Chapare?», señaló en una entrevista con la red Unitel. «La coca de los Yungas ha sido, es y siempre será legal, milenaria, tradicional para el acullico», señaló el candidato de la alianza Libre. En su criterio, la coca del Chapare «tiene un solo fin, ir al narcotráfico». Según la ley, en Bolivia hay dos mercados legales de la coca: El de Villa Fátima, en La Paz, y el de Sacaba, en Cochabamba. Estos centros son administrados por los productores de la hoja tanto de los Yungas como del trópico de Cochabamba. El monitoreo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) en 2023 reveló un incremento del 4% en la superficie de cultivos de coca en Bolivia, con lo que se alcanzaron las 31.000 hectáreas (ha). Esto significaba que había 9.000 ha excedentarias o ilegales, considerando que el límite legal es de 22.000 ha. EJU TV

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Rusia acusada por la ONU por crímenes en Ucrania

Una Comisión Internacional Investigadora de la ONU acusó este lunes a Rusia del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población ucraniana de los territorios donde ha asentado su ocupación o a los que se está expandiendo, a través de infundir terror entre sus habitantes. “El terror infundido en la población ha obligado a miles a huir”, denunció el presidente de la Comisión, Erik Mose, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra. De acuerdo a las investigaciones que ha realizado esta Comisión, los ataques con drones y deportaciones “revelan esfuerzos coordinados y organizados por parte de las autoridades rusas para capturar más territorio, así como para consolidar su control sobre las zonas que ya ocupan en Ucrania”. Forma parte de esta estrategia obligar a las poblaciones locales a marcharse, agregó el responsable. De manera detallada, Mose expuso que la evidencia confirma que las localidades atacadas por Rusia ahora se extienden a lo largo de más de 300 kilómetros en la orilla derecha del río Dniéper, que está bajo control de Ucrania. En esa línea del frente, las fuerzas armadas rusas atacan a civiles que caminan o utilizan algún medio de transporte, así como bienes civiles, incluidas viviendas, infraestructura vital y edificios diversos en las provincias de Jersón, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, precisó la Comisión. Desde posiciones al lado izquierdo de la orilla donde se encuentran, las fuerzas armadas rusas utilizan para sus ataques drones que les permiten la observación y el seguimiento de objetivos en tiempo real. Con esas armas persiguen a las víctimas y les lanzan explosivos. “Canales de Telegram administrados por las propias unidades responsables de las fuerzas armadas rusas o por personas cercanas a ellas han difundido cientos de videos de civiles siendo asesinados o heridos, lo cual constituye el crimen de guerra de ultrajes contra la dignidad”, señaló la Comisión. Moser agregó que los drones también han sido dirigidos contra socorristas, ambulancias y camiones de bomberos con marcas distintivas, impidiéndoles intervenir tras los ataques. Asimismo, confirmó que los ataques con armas explosivas en zonas pobladas siguen siendo la principal causa de víctimas entre los civiles, que han aumentado considerablemente este año con respecto a 2024, al menos un 40%. Nuevo ataque de drones La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 132 drones enviados por Rusia en un ataque durante la noche del domingo a este lunes y en el que se produjeron nueve impactos en siete localizaciones, mientras que en Zaporiyia, en el este ucraniano, hubo tres muertos por bombas guiadas. En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros. El parte también dio cuenta de que en la madrugada de este lunes Rusia lanzó un ataque aéreo contra la infraestructura de la ciudad de Zaporiyia, en el este ucraniano, donde se lamentaron “víctimas y heridos entre la población civil” por bombas guiadas. Ivan Fedorov, responsable de la Administración Regional de Zaporiyia, informó en su canal de Telegram que tres personas murieron en el ataque contra la ciudad. “El enemigo lanzó ataques masivos contra Zaporiyia” y “durante casi 40 minutos, los rusos aterrorizaron la ciudad”, señaló Fedorov, que precisó que los objetivos rusos fueron un aparcamiento, una zona cercana a centros comerciales e infraestructuras críticas y edificios residenciales. “Ninguno de los objetivos tenía relación con la infraestructura militar. Se trató de un ataque terrorista deliberado contra una ciudad pacífica y sus habitantes”, denunció Fedorov. infobae

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Una estudiante muere y otra se encuentra en terapia intensiva tras avalancha humana en festival en Oruro

Una menor perdió la vida y otra permanece en estado crítico tras una avalancha humana ocurrida durante el “Saracho Fest”, actividad organizada el domingo por el Colegio Juan Misael Saracho en Oruro. El evento habría excedido su capacidad, provocando el colapso en los accesos y una aglomeración masiva durante la presentación del grupo musical “Sangre Cumbiera”. Karina Gutiérrez, directora interina de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Municipal, confirmó que la menor fallecida fue aplastada por la multitud y que otra estudiante se encuentra entubada en terapia intensiva en el Hospital Obrero. “La menor está en coma. Esperamos que pueda superar esta situación”, declaró Gutiérrez, quien lamentó profundamente el hecho. Desde la Dirección Distrital de Educación se confirmó que el evento se realizó sin autorización oficial. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público iniciaron la recolección de pruebas para identificar a los responsables. El vocalista del grupo fue aprehendido para declarar, mientras padres de familia exigen sanciones y revisión de protocolos en actividades escolares. ABI

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Arce cerrará su participación internacional con discurso en la ONU

El presidente Luis Arce participará por última vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas antes de concluir su mandato el próximo 8 de noviembre. Su presencia está confirmada para el 80° período de sesiones, que se desarrollará los días 24 y 25 de septiembre en Nueva York, y marcará su última gran intervención en el escenario multilateral más importante del mundo El evento reunirá a jefes de Estado y de Gobierno para debatir sobre los principales desafíos globales, en un momento en que Bolivia atraviesa una etapa de transición política de cara a la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre. Durante su estadía, Arce cumplirá una agenda intensa que incluye reuniones bilaterales el martes 24 con mandatarios y representantes de países como Brasil, India, China, Rusia, España, Chile y México, así como con autoridades de organismos multilaterales. El miércoles 25 pronunciará su discurso oficial ante el plenario, en el que abordará los logros del denominado Proceso de Cambio y fijará la posición boliviana frente a temas como la crisis climática, la lucha contra los incendios forestales, el respeto a los derechos humanos y la defensa del derecho internacional. La participación de Bolivia en esta Asamblea General estuvo en duda meses atrás debido a la mora en el pago de las cuotas ante la ONU, lo que había dejado al país sin derecho a voto. Según el vicecanciller Elmer Catarina, el Gobierno logró regularizar la deuda —que superaba los 770 mil dólares— tras una negociación en la que intervinieron el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Cancillería. Esto permitió recuperar el derecho a voz y voto y asegurar la presencia del mandatario en el foro. El Gobierno busca aprovechar el espacio para presentar propuestas desde el sur global y reafirmar una postura soberana en asuntos clave. Además, la agenda en Nueva York servirá para afianzar vínculos bilaterales y multilaterales que podrían tener continuidad en la próxima administración Con datos de ABI, EL DEBER, EL DÍA

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Estonia denuncia una violación “sin precedentes” de su espacio aéreo por parte de Rusia

Tres cazas rusos MiG-31 ingresaron este viernes sin autorización al espacio aéreo de Estonia, específicamente sobre la isla de Vaindloo, en el golfo de Finlandia. Las aeronaves permanecieron casi 12 minutos en territorio estonio, sin planes de vuelo, con los transpondedores apagados y sin comunicación con el control aéreo. nte esta incursión, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados en la base aérea de Ämari como parte de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, intervinieron para escoltar a los aviones rusos fuera del espacio aéreo estonio. El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, calificó el hecho como una acción “descarada y sin precedentes”, y afirmó que Rusia ha violado el espacio aéreo estonio en cuatro ocasiones en lo que va del año El gobierno estonio convocó al encargado de negocios de la embajada rusa en Tallin y entregó una nota de protesta formal Este incidente ocurre apenas diez días después de que drones rusos violaran el espacio aéreo de Polonia, lo que llevó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado. AGENCIAS

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Human Rights Watch: «Ataques de EE. UU. en El Caribe son ejecuciones extrajudiciales ilegales»

Los ataques militares de Estados Unidos contra dos embarcaciones presuntamente utilizadas por personas narcotraficantes, que según la administración Trump dejaron al menos 14 personas muertas, constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales, señaló hoy Human Rights Watch. Los ataques se producen en el marco de los esfuerzos de la Casa Blanca por ampliar sus atribuciones para atacar a los llamados “narcoterroristas”, lo que podría facilitar más violaciones de derechos humanos. “Las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas”, afirmó Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de Human Rights Watch. “El problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado, y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario”. El 2 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció que fuerzas militares estadounidenses habían atacado una lancha rápida procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a 11 personas que, según indicó, eran integrantes del Tren de Aragua, un grupo del crimen organizado venezolano designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como organización terrorista extranjera. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió la embarcación como operada por una “organización narcoterrorista” que transportaba drogas hacia Estados Unidos. Ese mismo día, Trump publicó en la red social Truth Social imágenes aéreas de la explosión de la lancha. A partir del video, aunque de baja resolución, Human Rights Watch pudo confirmar visualmente que había al menos seis personas a bordo en el momento del ataque. La ubicación exacta de la embarcación y la hora del ataque no han sido verificadas. Según The New York Times, un alto funcionario estadounidense señaló que el ataque fue perpetrado por una aeronave de operaciones especiales —ya sea un helicóptero de ataque o un dron MQ-9 Reaper—. El 15 de septiembre, Trump anunció que las fuerzas militares estadounidenses habían llevado a cabo un segundo ataque contra otra lancha procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a tres hombres. Las imágenes del ataque muestran la embarcación inmóvil con al menos dos personas a bordo antes de que fuera envuelta por una explosión. Human Rights Watch no pudo verificar dónde ni cuándo se produjo el ataque. En su publicación sobre este segundo ataque, Trump afirmó: “¡ESTÁS ADVERTIDO: SI ESTÁS TRANSPORTANDO DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, TE VAMOS A CAZAR!” El uso de fuerza letal por parte del ejército estadounidense contra presuntos narcotraficantes en estos dos ataques violó el derecho internacional de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado, protege el derecho a la vida. Según las normas del derecho internacional de los derechos humanos, quienes participan en tareas de seguridad, incluidas las fuerzas militares, deben actuar buscando siempre minimizar los daños y preservar la vida humana. Solo se puede recurrir al uso de la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente. En ambos ataques, las autoridades estadounidenses no hicieron ningún esfuerzo por minimizar el daño ni han demostrado que las personas a bordo de las embarcaciones representaran un riesgo inminente para la vida. Tampoco se intentaron alternativas no letales, como la intercepción o el arresto. Por el contrario, los funcionarios del gobierno han descrito los ataques en términos que los vuelven ejecuciones selectivas ilegales. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, junto con otras dos personas expertas en derechos humanos de la ONU, ha condenado en una declaración conjunta ambos ataques calificándolos de ejecuciones extrajudiciales. El derecho internacional humanitario, que regula la conducción de hostilidades en situaciones de conflicto armado, no se aplica en este contexto. Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado con Venezuela ni con los grupos delictivos implicados. Los gobiernos de otros países deberían condenar estos ataques, tanto en público como en privado, señaló Human Rights Watch. Estos ataques se han producido en el contexto del desmantelamiento, por parte de la administración Trump, de los mecanismos internos de supervisión legal dentro del ejército estadounidense. Las principales garantías para asegurar el cumplimiento del derecho internacional han sido debilitadas, afirmó Human Rights Watch. En febrero, la administración removió de sus funciones a altos oficiales del cuerpo jurídico militar —los denominados judge advocates, encargados de revisar la legalidad de las operaciones—en la toma de decisiones clave. Ese mismo mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmó una directiva que redujo considerablemente la supervisión de los ataques aéreos y las operaciones especiales, otorgando a los comandantes mayor margen para autorizar el uso de la fuerza letal sin la revisión legal de varios niveles que antes era requerida. Esta erosión de las garantías legales incrementa el riesgo de ataques ilegales y socava la capacidad del ejército de cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. “El ejército de Estados Unidos debería cancelar de inmediato cualquier plan de futuros ataques ilegales y garantizar que todas sus operaciones militares cumplan con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, afirmó Yager. “El Congreso debe iniciar una investigación inmediata y transparente sobre el proceso de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluida la justificación legal y la cadena de mando”. AGENCIAS

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Eurodiputados piden expulsar a Israel de Eurovisión por situación de Gaza

La controversia sobre la participación deIsraelen el Festival de Eurovisión ha escalado en el Parlamento Europeo, donde más de 50 eurodiputados han solicitado formalmente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la exclusión del país del certamen. Los firmantes, entre los que figuran representantes de Sumar, Compromís, PNV, BNG, ERC, Podemos, Bildu, PSOE y otros partidos europeos, argumentan que permitir la presencia de Israel en la competición supone un “blanqueamiento” en medio de investigaciones internacionales por crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza. Esta petición, recogida por Europa Press, compara la situación actual con la expulsión de Rusia en 2022 tras la invasión de Ucrania y subraya la implicación de eurodiputados españoles en la iniciativa. La carta, impulsada por Jaume Asens y Estrella Galán (Sumar),Vicent Marzà(Compromís) y respaldada por otros 52 eurodiputados de una quincena de países, reúne principalmente a miembros de la Izquierda europea y de los Verdes, aunque también cuenta con apoyos de socialistas y liberales. Entre los firmantes españoles se encuentran Oihane Agirregoitia (PNV), Ana Miranda (BNG), Diana Riba (ERC), Irene Montero e Isa Serra (Podemos), Pernando Barrena (Bildu) y, por parte del PSOE, César Luena, Cristina Maestre, Laura Ballarín y Leire Pajín. En el escrito, los eurodiputados expresan su “profunda preocupación” por la posible participación de Israel en Eurovisión mientras el país enfrenta procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra y genocidio en Gaza. Los firmantes solicitan la suspensión de Israel en el festival “hasta que se garantice el pleno respeto” del Derecho humanitario internacional y de los Derechos Humanos por parte del Estado. Además, recuerdan el precedente de 2022, cuando Rusia fue expulsada tras la invasión de Ucrania, y reclaman la creación de criterios “claros y transparentes” basados en los Derechos Humanos para decidir la admisión o exclusión de países en futuras ediciones del certamen. En su argumentación, los eurodiputados advierten que mantener a Israel en la competición mientras prosigue la ofensiva en Gaza y existen investigaciones internacionales abiertas permitiría al país “usar” Eurovisión como “plataforma para el blanqueo y la normalización cultural” de la situación en la Franja. Según la carta, esta circunstancia “contradice el espíritu” del evento y podría tener un “impacto en la opinión pública internacional”. Los firmantes recuerdan que la suspensión de Rusia en 2022 se debió a que su participación habría “desacreditado la reputación” del festival, y sostienen que, si se aplicaran los mismos criterios en el contexto actual, Israel también debería ser apartado. El documento denuncia que Israel mantiene bombardeos indiscriminados sobre la población civil en Gaza y subraya que la aplicación de los criterios utilizados con Rusia en un contexto “análogo” justificaría la exclusión de Israel. Los eurodiputados insisten en que Eurovisión no debe servir para “normalizar” situaciones que vulneran los principios y valores de la Unión Europea. Presión sobre la UER La presión política ha tenido eco en las decisiones de varios países europeos. El Consejo de Administración de RTVE acordó el martes retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, previsto en Viena (Austria), si Israel participa en el certamen. Esta postura se suma a la adoptada por Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, que también han anunciado su intención de boicotear el evento en caso de que Israel no sea excluido. No obstante, la respuesta institucional europea no ha sido unánime. LaAlta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, se distanció de la iniciativa de boicot. En declaraciones recogidas por Europa Press, Kallas calificó de “error” que los Estados miembro opten por este tipo de medidas, argumentando que “castigan al pueblo israelí” y no resultan efectivas para aumentar la presión sobre el Gobierno responsable de la ofensiva en Gaza. En el trasfondo de este debate, los eurodiputados apelan a los principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos, invocando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y diversas resoluciones del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa sobre la protección de civiles en conflictos armados. Para los firmantes, la organización de Eurovisión y sus valores deben reflejar estos compromisos, reafirmando el papel del certamen como evento cultural europeo con proyección global y responsabilidad ética. INFOBAE

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