Un informe técnico revela que entre enero y agosto de 2025, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S. A. (Entel) habilitó al menos 1.053 celulares que, en su mayoría, fueron reportados por sus propietarios como robados. Los registros a los que EL DEBER tuvo acceso, detallan que el IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) de estos equipos, fueron rehabilitados o “liberados” de las listas negras, de forma ilegal. Este tipo de trabajo técnico, comúnmente es gestionado por antisociales que pretenden vender celulares robados. La Regulación Administrativa TL N° 0115/2009, artículo 15, inciso b (procedimiento de restitución), de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), indica que solo el titular del móvil con el IMEI registrado como robado, podrá restituir este servicio. En caso de incumplimiento de esta norma, se establece una serie de sanciones, como la suspensión de la empresa telefónica y la imposición de millonarias multas. Según la nota codificada como ENT-GNC-SGEC-E-086/2025, emitida por el subgerente de “Experiencia del Cliente”, Carlos Alberto Sánchez, el 20 de agosto de este año se advirtió la rehabilitación del IMEI de celulares, sin autorización de los propietarios y sin documentación de respaldo, por parte de operadores de Datacom S. R. L. la empresa que presta los servicios de atención al cliente, instalaciones y otros a Entel. EL DEBER visitó las oficinas y buscó la contraparte del presidente el directorio de Entel, Henrry Mario Casaba Aliaga y del gerente general de Datacom, Luis Mario Charcas Viscarra, además del responsable de Transparencia de Entel, ninguno quiso atender las consultas, llamadas y mensajes de textos en los que se les explicó el tema de la publicación. Investigación “Se tiene información que Datacom S. R. L. realizó la liberación de IMEI de equipos celulares en los multicentros, efectuando una cantidad considerables de liberaciones durante la gestión 2025. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 353, cada liberación de IMEI debe contar con respaldo correspondiente. Por lo tanto, solicitamos se emitan y se adjunten los respaldos respectivos, conforme al cuadro y anexos adjunto”, señala la nota emitida por Sánchez y dirigida a Charcas el 20 de agosto. El plazo para la entrega de esos respaldos era de 48 horas. En respuesta, se recibieron informes de las oficinas de Datacom de La Paz, El Alto, Tarija, Potosí, Chuquisaca, Pando y Cochabamba. Resultados Una vez verificado la falta de respaldos documentales para la habilitación de los IMEI de celulares denunciados como robados, el 8 de septiembre, en La Paz, Charcas y Casana fueron informados sobre la grave situación y los perjuicios legales y económicos que esto representaba para Entel. No obstante, de acuerdo con las denuncias de trabajadores y directores de Datacom y Entel, los gerentes y ejecutivos no asumieron acciones de ningún tipo. Según la explicación que figura en el informe del personal técnico y jurídico, se identificaron, con nombres, apellidos y ubicación de sus oficinas, a 21 operadores de Datacom, quienes intervinieron en 1.051 casos y en otros dos, trabajadores de Entel, los que son señalados como los responsables de habilitar IMEI de celulares que fueron bloqueados a pedido de los dueños de los aparatos. Explicación a gerentes El informe técnico menciona que el 8 de septiembre se informó a los directivos y gerentes de ambas empresas, que en los reportes de los 21 trabajadores de Datacom, no se cuenta con respaldos documentales sobre la baja del IMEI, “acción errónea del personal, que puede conllevar a multas contra Entel S.A.”, cita parte del texto. “Un claro ejemplo son los 184 registros realizados por Isaac A. M., que revelan que los IMEI fueron denunciados por los propietarios por Robo/Hurto en gestiones pasadas, y en la presente gestión (2025), los mismos fueron liberados y registrados el mismo día por terceras personas, para que puedan continuar con el uso del equipo”, detalla otra parte del informe. Corrupción sindical Asimismo, EL DEBER tomó contacto con trabajadores de base de Datacom, quienes por el momento piden reserva de sus identidades. Los mismo afirmaron que estas denuncias se conocían hace ya varios meses, pero que son solo una parte de varias otras de corrupción, acoso sexual, despidos injustificados y acoso laboral atribuidos a parte de los directivos, gerentes y dirigentes sindicales de esa empresa. Entel es accionista mayoritaria de Datacom S. R. L., una empresa creada hace 17 años, en el Gobierno de Evo Morales, que brinda servicios de atención al cliente presencial y no presencial, más la instalación de fibra óptica y mantenimiento de las terminales. Datacom fue creada con la idea de dar el mismo servicio a otras empresas. Según la explicación de los funcionarios, en algún momento llegaron a atender la línea gratuita de la ATT, entidades bancarias y una automovilística, pero estos contratos se cerraron debido a la mala administración. “Son 1.600 personas que tienen un sustento gracias a Datacom, son 1.600 familias que dependen de este trabajo, pero que desde hace varios años nos hemos visto denigrados y agredidos por parte de quienes son parte de la Federación Sindical de Datacom”, afirmó uno de los representantes. Explicó que los trabajadores de base libran una batalla legal contra los dirigentes, quienes se han prorrogado en el cargo, con la complicidad de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Ministerio de Trabajo, que no atienden las varias denuncias documentadas que se entregaron y que llegaron al Ministerio de la Presidencia e incluso al expresidente Luis Arce. Uno de los factores que dan lugar a los abusos de los que son víctimas los trabajadores, es la relación política que tienen los dirigentes, gerentes generales y directivos de Datacom, con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los ministros de Obras Públicas durante este régimen. En relación a las denuncias de la habilitación ilegal del IMEI de celulares robados, afirman que, una vez que se conocieron las mismas, el exgerente de Entel, Roy Méndez y los responsables de Transparencia no asumieron ninguna medida legal o administrativa. Se conoce que el último comunicado interno que se emitió para
