3 de febrero de 2026

Desde Washington, la posibilidad de una intervención militar en Irán no se explica únicamente por el programa nuclear del régimen islámico ni por su antagonismo histórico con Israel. Detrás de la creciente tensión subyace una ecuación mucho más amplia: la disputa por la hegemonía global con China, la arquitectura de seguridad de Oriente Próximo, el control de rutas energéticas críticas y la necesidad estadounidense de impedir la consolidación de polos de poder hostiles capaces de desafiar el orden internacional surgido tras la Guerra Fría. Hace un año, al arribar nuevamente a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos comenzaba a mostrar signos evidentes de desgaste en su competencia por la primacía global frente a China. No se trataba solo de indicadores económicos o comerciales, sino de una percepción estratégica más profunda: el avance sostenido de Pekín sobre áreas tradicionalmente consideradas parte del perímetro de influencia estadounidense. El gigante asiático ha construido su proyección internacional sobre una combinación de expansión económica, aseguramiento de materias primas estratégicas y penetración financiera en mercados emergentes. América Latina, África y, en menor medida, la Unión Europea se convirtieron en escenarios privilegiados de esa ofensiva silenciosa. A través de inversiones en infraestructura, créditos blandos y acuerdos energéticos, China fue consolidando una red de dependencias que inquietó crecientemente a Washington. Sin embargo, Pekín nunca concibió su expansión como un fenómeno exclusivamente económico. Como advirtió hace más de un siglo el almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan, “las factorías y las flotas comerciales solo prosperan cuando están respaldadas por el poder naval”. China pareció asumir esa máxima al pie de la letra: mientras extendía sus rutas comerciales, desarrollaba de forma acelerada su capacidad militar, en especial su flota oceánica, y tejía alianzas estratégicas con regímenes dispuestos a cuestionar el orden liderado por Estados Unidos. En el plano militar, esa arquitectura se apoyó fundamentalmente en la Rusia de Vladímir Putin, pero también en Irán, Corea del Norte y una constelación de gobiernos hostiles a Washington en América Latina, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el terreno económico, China impulsó el bloque de los BRICS como plataforma alternativa al sistema financiero dominado por el dólar, incorporando a países de peso regional como India, Brasil y Sudáfrica, junto a aliados más alineados con Pekín. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina coqueteó con esa órbita, convirtiéndose además en el único país sudamericano que alberga una base espacial china en su territorio. Convencido de que una confrontación directa con China sería costosa e incierta, Trump optó por una estrategia indirecta: debilitar su entramado de alianzas. En una primera etapa, apuntó a reducir la presencia comercial china en Sudamérica y a disminuir la dependencia estadounidense de las tierras raras provenientes del gigante asiático, consideradas insumos críticos para la industria tecnológica y militar. Para ello, no dudó en recurrir a todo el instrumental de las guerras híbridas combinando presión diplomática, aranceles selectivos y demostraciones de fuerza. Washington forzó a Panamá a revisar los acuerdos que permitían a empresas chinas operar infraestructuras vinculadas al canal interoceánico, respaldó con decisión al presidente argentino Javier Milei —en un país clave por sus reservas de litio y minerales estratégicos— y endureció su política hacia Venezuela y Cuba, dos aliados históricos de Pekín en el hemisferio occidental. Como resumió en su momento el exsecretario de Estado Mike Pompeo, “no se puede permitir que China controle los recursos y las rutas que sostienen la economía global”. Ese activismo regional no impidió a Trump proyectar poder en otros escenarios. Presionó a sus socios de la OTAN para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una exigencia que, según él mismo declaró, buscaba “corregir décadas de desequilibrios”. Autorizó ataques selectivos contra instalaciones iraníes, impulsó un plan de paz para Gaza, respaldó el nuevo equilibrio de poder en Siria —que redujo drásticamente la presencia militar rusa en Tartus y Jmeimim— y desempeñó un papel relevante en las negociaciones entre Moscú y Kiev. A ello se sumó una venta de armamento sin precedentes a Taiwán, desafiando abiertamente las advertencias de Pekín. El patrón es claro: detrás de muchas de las maniobras internacionales de la Administración Trump subyace un denominador común, la erosión sistemática de la influencia china. En lugar de un choque frontal entre superpotencias, Washington optó por debilitar los eslabones más frágiles de la red tejida por Pekín, al tiempo que intentaba atraer a Rusia hacia una posición más ambigua respecto de Occidente. En ese marco debe leerse la creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán. Pero reducirla a la lógica de la rivalidad con China sería insuficiente. Existen factores regionales y estratégicos propios que convierten a Teherán en un objetivo central de la política exterior estadounidense. El Irán chií es, desde hace décadas, un actor profundamente desestabilizador en Oriente Próximo y el enemigo declarado del Estado de Israel, principal aliado de Washington en la región. Durante más de veinte años, Teherán construyó una red de milicias y organizaciones armadas destinadas a cercar a Israel mediante lo que sus propios estrategas denominaron un “círculo de fuego”: Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza, milicias chiíes en Irak, los hutíes en Yemen y fuerzas de la Guardia Revolucionaria desplegadas en Siria. Ese corredor estratégico, que conectaba Irán con el Mediterráneo, comenzó a resquebrajarse en 2024, tras la derrota de Hezbollah, la caída del régimen de Bashar al Asad y los bombardeos israelíes que dañaron severamente los sistemas de defensa iraníes. A ello se suma el programa nuclear iraní, considerado por Israel como una amenaza existencial. El acuerdo internacional para supervisar las actividades nucleares de Teherán quedó virtualmente desactivado, y en 2024 el entonces secretario de Estado Antony Blinken advirtió que Irán podría producir material fisible suficiente para un arma nuclear en cuestión de semanas. “La situación actual no es positiva”, afirmó entonces. Para Jerusalén, el riesgo no reside solo en una eventual bomba iraní, sino en el efecto dominó que desencadenaría en la región: Arabia Saudí, Egipto y Turquía podrían verse empujados a desarrollar sus propios arsenales nucleares. La posibilidad de un

Los brasileños se han familiarizado a toda prisa con el acrónimo Enamed. Corresponde a las iniciales en portugués de un examen nacional con el que el Ministerio de Educación ha evaluado por primera vez la formación de los futuros médicos. Los resultados han escandalizado. Resulta que un tercio de las licenciaturas de medicina analizadas no prepara a los alumnos para ejercer la profesión en unas condiciones mínimas aceptables para el ministerio. También suspende un 25% del alumnado. Resultados que causan alarma y aprensión entre la ciudadanía además de un intenso debate sobre dos cuestiones: la facilidad para implantar facultades universitarias y cómo lograr médicos aceptablemente formados para atender a 212 millones de habitantes en un territorio con muchas regiones de difícil acceso y tan grande como Estados Unidos sin Alaska. Ningún otro país tiene un sistema de sanidad pública mayor que el brasileño. La primera edición del examen Enamed evaluó 350 cursos de medicina, impartidos por instituciones públicas y privadas, a través de un examen a casi 90.000 alumnos. Suspendieron aquellas universidades con menos del 40% de los estudiantes capaces de demostrar los conocimientos básicos para ejercer como médico. Especial temor y preocupación ha causado el dato de que 13.000 estudiantes del último semestre de Medicina suspendieron el examen oficial. Es decir, si nada cambia, en breve estarán pasando consulta. El Consejo Federal de Medicina busca cómo impedirlo. Las facultades con las peores notas son, sobre todo, de titularidad municipal (creadas y gestionadas por los ayuntamientos) o dependientes de entidades privadas con ánimo de lucro. Más allá del escarnio público, los alumnos no serán sancionados, pero sus escuelas universitarias sí. Tienen prohibido ampliar su oferta de plazas, podrán mantenerlas o tendrán que reducirlas en función de lo mala que es su nota. En 1988, acabada la dictadura, Brasil creó el Sistema Único de Salud (el SUS), la mayor sanidad pública del mundo. Un proyecto extremadamente ambicioso que, con todas sus imperfecciones, significa que la atención médica básica alcanza hasta en el rincón más remoto del territorio mediante un humilde puesto sanitario o un profesional que llega por tierra, mar o aire. “Ningún otro país con más de 100 millones de habitantes osó ofrecer acceso universal a la salud”, recuerda en Folha de S.Paulo Drauzio Varella, uno de los médicos más influyentes del país. Descomunal es el desafío de surtir de médicos ese amplio sistema, sobre todo en las plazas menos apetecibles. La falta de médicos llegó a ser tan acuciante que hubo un tiempo en que había un agitado mercado de fichajes. Los ayuntamientos más alejados competían ferozmente a golpe de chequera. El corporativismo y la politización contaminan muchas discusiones sobre la sanidad brasileña. Como este es un país tremendamente desigual, el extenso brazo público convive con un potente y puntero sector privado. En la pandemia algunos colegios profesionales avalaron la postura negacionista del presidente Jair Bolsonaro. Pero antes de eso, el programa Mais Médicos, con médicos cubanos, levantó ampollas. Incluso en los pueblitos brasileños peor comunicados suele haber un puesto de salud con por lo menos un enfermero. Más difícil es llevar médicos de familia y, peor aún, especialistas a esos municipios. Por eso, en 2013, la entonces presidenta Dilma Rousseff creó el programa Mais Medicos, con el que reclutó a miles de profesionales cubanos dispuestos a instalarse en regiones despreciadas por los profesionales locales, que se concentran en las zonas más ricas. El programa cerró con Bolsonaro, que criticaba que el régimen cubano se quedaba con buena parte del salario de los médicos. Cuando Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder, en 2023, reformuló y amplío el programa Mais Médicos, con preferencia para profesionales brasileños. En estos tres años ha logrado duplicar la cifra de médicos desplegados hasta más de 27.000. Los resultados del examen Enamed ha llevado a los colegios de médicos y otras organizaciones profesionales a poner el grito en el cielo ante lo que consideran “un escenario alarmante”. Un médico sin la formación mínima imprescindible “solicita pruebas incorrectas, hace recetas inadecuadas y, a menudo, recomienda procedimientos [médicos] innecesarios”. “Además de malgastar dinero, perjudica al paciente y aumenta el riesgo de demandas [judiciales] contra los hospitales”, declaró a Folha Francisco Balestrin, presidente de Sindhosp, el sindicato de hospitales, clínicas y laboratorios privados de São Paulo. Ante la polémica abierta, el ministro de Educación, Camilo Santana, defendió que el examen oficial es positivo pese a los malos resultados obtenidos por uno de cada tres cursos. “No se trata de perjudicar a nadie, y menos a los estudiantes, sino de garantizar que las universidades reflexionen sobre la calidad de sus laboratorios y de sus profesionales, para que tengamos buenos profesionales formados en el país”, dijo Santana, del Partido de los Trabajadores. “Para que ustedes se hagan una idea, entre 2016 y 2022, prácticamente se duplicó el número de plazas en cursos privados de medicina en Brasil”, reveló el ministro. A nadie le ha sorprendido que las universidades públicas federales hayan sacado las mejores notas, son universalmente reconocidas como las de mayor calidad. Pero la evaluación de los cursos de medicina también ha puesto en evidencia que el precio de la matrícula puede ser inversamente proporcional a la calidad ofrecida. Las facultades que sacaron 1 o 2 (en una escala 1-5) cobran a cada alumno entre 1.100 y 2.600 dólares al mes, según el detallado análisis de la revista Veja. Una auténtica fortuna en un país donde el salario mínimo es de 313 dólares mensuales. EL PAÍS DE ESPAÑA