El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha sido sentenciado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria, una pena que será de aplicación inmediata. Es la decisión de la jueza Sandra Heredia, que el lunes condenó al exmandatario en el caso judicial más trascendente en la historia reciente de Colombia. La sentencia, que sido filtrada poco antes de la lectura pública convocada por la magistrada, podrá ser recurrida por la defensa de Uribe. La jurista ha tenido a cargo la enorme responsabilidad esta semana de dar un fallo en primera instancia contra el exmandatario de derechas, quien gobernó del 2002 al 2010 e impulsó dos presidentes más en 2010 y 2018. Un caso que tiene al país pegado a la pantalla, siguiendo largas audiencias públicas durante más de un año, como si se tratara de la mejor serie en Netflix. El lunes Heredia había anunciado su fallo, que señala al exmandatario como culpable de fraude procesal, en dos situaciones, y de soborno de testigos en actuación penal, en tres instancias. En otras palabras, Uribe Vélez intentó de distintas formas burlar a la justicia, en 2017 y 2018, cuando sus emisarios ofrecieron beneficios a exparamilitares para que declararan a su favor en tribunales. La noticia es una sorpresa por dos frentes. Primero, porque la pena impuesta por Heredia es sustancialmente mayor a la que había pedido la Fiscalía, de 9 años. Segundo, porque será de cumplimiento inmediato, sin esperar a que la condena quede en firme tras el proceso de apelación, lo usual a menos de que la justicia vea el riesgo de que el acusado salga a la fuga. Puesto que la jueza había reconocido la disciplina de Uribe Vélez durante todo el juicio, la defensa argumentó que debería quedar en libertad hasta agotar todos los recursos legales. La jueza, sin embargo, tomó la posición más dura. El texto filtrado de su sentencia pide que Uribe Vélez se dirija a su finca del municipio de Rionegro, en el departamento de Antioquia. Argumentó que la visibilidad y reconocimiento del expresidente hacen necesario limitar su libertad “para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”. La imagen del expresidente detenido es una que impacta inmediatamente a la política colombiana de cara a las elecciones del 2026, y especialmente golpea a su partido, el Centro Democrático. El senador y precandidato presidencial favorito en las encuestas de aquella colectividad, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado a principios de junio, y sigue en recuperación en una clínica de Bogotá. Ahora el partido mira a las legislativas y presidenciales del próximo año sin la posibilidad de que su máximo líder y fundador pueda salir a los municipios a hacer campaña. Sus militantes consideran ahora si la mejor estrategia en los meses que viene será agarrarse a la narrativa de lawfare, señalando una persecución política en la justicia, un discurso que ya ha tenido eco en el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero esta no es la última palabra. Por ser un fallo en primera instancia, la defensa del expresidente ya ha anunciado que apelará y el caso pasa ahora a manos del Tribunal Superior de Bogotá, que debe pronunciarse antes de mediados de octubre para que no prescriba. Juristas consultados por EL PAÍS creen que, si bien el tiempo es corto, el tribunal le dará prioridad a uno de los casos más sensibles para la política colombiana. Además, recuerdan que sus magistrados ya han estudiado filones del caso por otras apelaciones a lo largo del proceso, lo que les facilitaría tomar una decisión. Uribe Vélez, por su parte, contó el viernes que no se pronunció frente a la decisión de Heredia porque viene preparándose para la carrera judicial que tiene por delante, con oraciones y la ayuda de quienes le han apoyado siempre. “Las crisis más difíciles son las de afectación personal”, dijo en redes sociales. “Hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material”, añadió. Si el Tribunal Superior de Bogotá mantiene en pie el fallo de Heredia, la defensa tiene incluso la posibilidad de seguir escalando su apelación hasta la Corte Suprema de Justicia, donde, curiosamente, empezó esta historia. El expresidente había denunciado allí al congresista de izquierdas Iván Cepeda, que lo señalaba de tener vínculos con grupos paramilitares, de sobornar a testigos para que se fueran contra el presidente de derechas. En 2018, la Corte Suprema cerró el caso contra Cepeda y lo abrió contra Uribe Vélez, alegando que fue él quien buscó sobornar testigos. El caso de falsos testigos hubiera podido investigarse allí, y ahorrar varios años de enredos judiciales, pero Uribe Vélez, anticipando que le iría mejor en la justicia ordinaria, renunció a su fuero como senador y la investigación pasó a manos de una Fiscalía dirigida por un aliado, Francisco Barbosa. Ahí empezó un camino tortuoso, en que la Fiscalía pedía cerrar la investigación, pero los jueces en dos instancias pidieron que siguiera su camino a un juicio. El fiscal Barbosa terminó su periodo, la nueva Fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por el presidente Gustavo Petro, puso a una nueva encargada del proceso, y finalmente el juicio quedó en manos de Heredia. La jueza le dio la razón a varias pruebas y argumentos que tenía la Fiscalía. Consideró como testigo valido a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar condenado que señaló a varios emisarios de Álvaro Uribe Vélez como aquellos que le ofrecieron beneficios judiciales para que declarara a favor del expresidente. Monsalve grabó a uno de ellos, al abogado de Uribe, Diego Cadena, y también lo grabó su pareja, Dayanira Gómez. Los audios, que la defensa no quería que fueran aceptados como válidos, fueron validados por la jueza Heredia. Ella también tuvo en cuenta conversaciones interceptadas por la Corte Suprema entre Uribe Vélez y su abogado Cadena, centrales en su fallo contra el expresidente. La defensa venía argumentando que Cadena había ofrecido beneficios sin conocimiento del mandatario. La jueza, de acuerdo a varias citas,
