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8 de abril de 2024

Strong Foot Ball Club fue el primer nombre de The Strongest

Por sugerencia de Víctor Franco, quien era estudiante de inglés, se decidió añadir el artículo “The”; mientras que, por iniciativa de Ramón “Pachacha” Gonzales, se le agregó a Strong el superlativo “est”. Entonces el nombre sonó fuerte, como deseaban los fundadores: “The Strongest Foot Ball Club”, que traducido al español quiere decir “el más fuerte”. Poco tiempo después de su fundación, jugó su primer partido amistoso frente al Dread Football Club y su primer triunfo se produjo ante La Paz Sport, fue una goleada por 4 a 1. ¿POR QUÉ TIGRE? El Tigre, así se conoce al club desde el siglo pasado (1941). Max de la Vega, entonces presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), fue quien le dio ese denominativo, que desde entonces ha perdurado en el tiempo. Los motivos fueron sus colores (amarillo y negro), también por la garra y el tesón en los momentos adversos. En sus 116 años de vida, que se conmemoran este lunes, The Strongest ganó 16 títulos nacionales, tres entre 1950 y 1976, la denominada “era profesional”; y 13, el último en diciembre de 2023, desde 1977 cuando nació la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, que ahora se denomina División Profesional. LA GUERRA DEL CHACO En la rica historia de The Strongest destaca también la presencia del club en la Guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó al país contra Paraguay. Según datos de la época, el club estuvo representado en la contienda por unos 600 de sus miembros, entre dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas. LA TRAGEDIA DE VILOCO En 1969, en un accidente aéreo que se conoce como la Tragedia de Viloco, The Strongest perdió a casi todo su plantel profesional, sembrando de luto el fútbol y el deporte boliviano. La delegación atigrada retornaba de Santa Cruz, donde jugó un torneo cuadrangular internacional. El avión del Lloyd Aéreo Boliviano se estrelló en la cordillera de los Andes, en el sector denominado La Cancha, cerca de la población minera de Viloco. Se salvaron el entonces presidente Alberto Alarcón y los jugadores Rolando Vargas, el paraguayo Luis Gini y el cruceño Marco Antonio Velasco. (SPORTS 360)

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Por 10 años, el Gobierno incumple promesa de construir Planta de Tratamiento de Aguas

El proyecto anhelado por Tarija de la Macro Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (MPTAR) continúa siendo un tema pendiente por cumplir a pocos días del 15 de abril, fecha en la que se conmemora la Batalla de La Tablada. Desde la gestión de Evo Morales Ayma, el gobierno ha prometido el proyecto a Tarija, pero desde hace casi 10 años que el proyecto aún no puede concretarse. En enero del 2016, Evo Morales, en ese entonces presidente de Bolivia, en conferencia de prensa en el hotel Los Parrales de Tarija dijo que el gobierno nacional se haría cargo de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. “Vamos hacer realidad esta nueva planta de tratamiento tan anhelada por los tarijeños. (…) Estamos convencidos que este es un tema prioritario”, expresó Morales en ese entonces, a tiempo de comprometer mejorar los servicios básicos en Tarija. La promesa de consolidar la PTAR para Tarija por parte del gobierno nacional, data desde el 2015 pasado y para este 2024 aún no se tiene algo concreto para iniciar con el proceso de licitación para su ejecución. El 2019 en una reunión, instituciones de Tarija exigieron al gobierno cumplir con el compromiso de la Planta de Tratamiento. En diciembre del 2022 se anunció por parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) que se alistaba el contrato para la ejecución del anhelado proyecto. Se trata de una obra que se prometió el 2015 en la campaña electoral de Evo Morales y también se lo hizo en la campaña electoral del 2019. En abril del 2023, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora en su visita al departamento de Tarija, comprometió concretar el proyecto. Desde el nivel central del Estado se pidió que para concretar la ejecución y el financiamiento del proyecto, las autoridades locales debían primero definir el emplazamiento de la obra y que el saneamiento de esos terrenos. El alcalde de Tarija, Johnny Torres anunció de manera oficial que el proyecto se emplazará en la zona denominada Cabeza de Toro, en 18 hectáreas. En septiembre del año pasado se informó que la Alcaldía concluyó con el registro y saneamiento de los terrenos. Otro de los requisitos solicitados, fue la readecuación del estudio, siendo que el estudio realizad por la empresa AETOS tiene como emplazamiento el barrio San Luis. El Gobierno Municipal cumplió con la readecuación del estudio. Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua se observó el tipo de tecnología establecido para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, indicando que se trata de una tecnología muy costosa. En diciembre del año pasado, se anunció un trabajo conjunto en mesas técnicas, entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, para establecer una nueva alternativa sobre el tipo de tecnología para reducir los costos, pero hasta la fecha no se ha concretado ese tema. La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero indicó que el Gobierno Municipal de Tarija cumplió con todo lo requerido por el gobierno nacional, pero a pesar de ello, el proyecto continúa siendo solo una promesa incumplida. NUEVO COMPROMISO En los últimos días, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua se ha garantizado la ejecución del proyecto y se anunció que en los próximos días se hará conocer el tipo de tecnología en la readecuación del estudio para la ejecución física de la obra. La presidenta del barrio San Luis, Gabriela Panique indicó a El Andaluz que el pasado sábado los vecinos tuvieron una asamblea general y habían dispuesto manifestarse sobre el proyecto. Panique dijo que se debe rescatar que el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno Municipal de Tarija lleguen a un acuerdo para concretar el proyecto. Según la dirigente del barrio San Luis, las autoridades anunciaron que este 15 de abril se hará conocer resultados de la readecuación del estudio de un proyecto tan esperado por la población. Dijo que esperan que el proyecto se pueda concretar y se pueda dar solución al problema de las aguas residuales. Recordó que cada 15 de abril, las autoridades prometen la ejecución del proyecto y esperan que esta vez se pueda hacer realidad. A 36 AÑOS DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN SAN LUIS Por otra parte, Panique dijo que son 36 años de las lagunas de oxidación en el barrio San Luis y que se genera contaminación por las aguas residuales. Esperan que se concrete el proyecto de la Macro Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el margen izquierdo del río Guadalquivir y de esa manera se pueda concretar el cierre y abandono de las lagunas de oxidación. Remarcó, la necesidad grande que se tiene de contar con la planta de tratamiento, por la contaminación que se genera, no solo en el barrio San Luis, sino en toda la ciudad de Tarija. Gabriela Panique indicó que están esperanzados en que se concrete el proyecto en este año y al final se pueda resolver este tema. “Año a año se nos hacen promesas, pero estamos esperanzados que de una vez por todas se cumpla”, expresó. CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO La diputada Campero dijo que el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija cumplió con la presentación de documentación para que de una vez se ejecuta la Macro Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tarija (MPTAR). Señaló que el ministro de Medio Ambiente salió a decir que no se han presentado todo lo solicitado y que además no se tendría plata para su ejecución. La diputada dijo que hace seguimiento, el trabajo de fiscalización en un lapso de tiempo de 10 años y dijo que en los últimos 10 años, el gobierno le dio a Tarija solamente falsas promesas. Según Campero, el gobierno solo le pidió al Gobierno Municipal la documentación, la readecuación del estudio y el saneamiento de los terrenos en donde se emplazará el proyecto. Remarcó que son 10 años de estudios que no se concretan en proyectos físicos. Que después del Proyecto Múltiple de San Jacinto

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Encuesta: Para 2 tercios de la población la acusación contra Villegas es “persecución judicial”

El 67% de la población encuestada por la empresa Diagnosis asegura que la acusación contra el ingeniero Édgar Villegas es una “persecución judicial”. El experto destapó en 2019 el caso fraude electoral que terminó con la renuncia de Evo Morales, después que este anulara las elecciones generales, antes de huir a México. La encuesta, realizada entre el 16 y 17 de marzo del presente año, señala que el 24% cree que Villegas supuestamente presentó pruebas falsas y ayudó al denominado golpe en noviembre de 2019. El 9% de los encuestados respondió que no sabe no responde. Un total de 1.800 personas fue parte de la muestra en las áreas urbana y rural de los nueve departamentos del país, con un método presencial en hogares con soporte digital. El error muestral es del +/- 2,31%. Villegas aseguró que “soy un perseguido político” y recordó que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitada por Evo Morales y antes de renunciar, concluyó que entonces hubo “manipulación dolosa” en las elecciones del 20 de octubre de ese año y que se alteró “la voluntad expresada en las urnas”. El diputado evista Renán Cabezas presentó en octubre de 2023 una denuncia contra Villegas y pidió cárcel para el experto en sistemas. En marzo pasado, la Fiscalía presentó la imputación formal por el presunto delito de instigación a delinquir. En respuesta, Villegas dijo que es inocente de las acusaciones de Cabezas y que se defenderá con el apoyo de los bolivianos. “¿Cuál fue mi delito en 2019? Simplemente decir la verdad, salir en los medios de comunicación mostrando un estudio técnico sobre las irregularidades que habíamos encontrado (…) Quiero recalcar que dicho estudio se basó en los datos publicados por el mismo Órgano Electoral Plurinacional”. El fiscal departamental William Alave informó el miércoles (3) que el juez quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz realizó tres observaciones a la imputación formal que hizo el Ministerio Público contra Villegas. Además, aseguró que no hay un plazo ni fecha para subsanar dichos errores. “Esta imputación (por los delitos de instigación pública a delinquir) fue observada para que se subsanen algunos elementos de fecha, tiempos y momentos del delito. Estamos trabajando en ello”, declaró Alave. El mismo miércoles, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que se inició una investigación para esclarecer la veracidad de la denuncia por instigación pública a delinquir que pesa sobre Villegas. El Ministerio Público tomó en cuenta el estudio realizado por la Universidad de Salamanca, que negó irregularidades en el cómputo electoral del 2019, para imputar al ingeniero Villegas e ignoró el informe de auditoría solicitado por Evo Morales y elaborado por 36 expertos de la OEA. El profesor universitario de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quien en 2021 fue contratado por la Fiscalía General del Estado de Bolivia, emitió un informe en el que dijo que no hubo fraude en las elecciones anuladas de 2019. Ahora enfrenta una investigación en su país, acusado de fraude académico y de hacer trampa para “inflar”, con perfiles falsos, su influencia en el mundo científico. (Brújula Digital)

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Silencio y terror: El narcotráfico se cobra más de un muerto por semana en San Matías

Pocos se animan a hablar y quienes lo hacen, incluso autoridades del lugar, esquivan detalles. No es para menos. En los primeros tres meses de 2024, según datos de la Policía, 17 personas han sido ejecutadas por cuenta con el narcotráfico y eso quiere decir que al menos un ciudadano murió a tiros cada semana en el municipio cruceño de San Matías. Es más, las muertes son cada vez más violentas y dejan mensajes de parte de organizaciones criminales como el brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), cuyos emisarios se han hecho más visibles y eso preocupa a la Policía, según pudo constatar EL DEBER tras varias consultas en esa entidad. Por ejemplo, el reciente asesinato de dos jóvenes, de 20 y 23 años de edad, se dio luego de que ambos fueran secuestrados y torturados. Poco antes, ellos habían compartido con sus asesinos —El ‘Gordiño’ y otros dos conocidos emisarios del PCC en San Matías— un churrasco y bebidas alcohólicas. Esa fue una señal para los “amigos”, comentó un policía. Además, según reveló luego el comandante de la Policía cruceña, Erick Holguín, el crimen llevaba el sello de un ajuste de cuentas por un alijo de 79 kilos de cocaína que no había sido entregado al destinatario. Así, el 2024 despertó más violento. Si la tendencia de violencia se mantiene, el próximo trimestre puede superar el indicador de 2023, cuando 25 personas fueron ejecutadas, pero en todo ese año. Exmilitares, pero también desde la misma policía ven “ausencia del Estado”. Por ejemplo, los uniformados piden mayor dotación de equipos y armamento para operar en esa región que tiene una frontera de más de 300 kilómetros totalmente desguarnecidos con el estado brasileño de Mato Grosso. En junio de 2018, el cuartel de la Unidad de Patrullaje Rural (Umopar) de San Matías fue incendiado y sus vehículos vandalizados.  Detrás del ataque se ve el influjo del PCC y el Comando Vermelho, que se disputan una ruta para el trasiego internacional de estupefacientes, precisamente por la zona que es geográficamente estratégica. Para constatarlo, basta ver el mapa de esa región del país. Ubicación de San Matías Hasta la fecha, esas instalaciones policiales no se han repuesto. Pero, un año antes, en 2017, el gobernador cruceño y el ministro de Gobierno de entonces, Rubén Costas y Carlos Romero, entregaron la Estación Policial Integral (EPI) de San Matías. Las instalaciones tienen ambientes para Policía, Tránsito, Diprove, Felcc, Ministerio Público, Migración y otras dependencias. Esta infraestructura no ayudó a bajar la violencia que golpea a esa región. El 21 de marzo del presente año, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, junto con jefes policiales de diversas reparticiones, aterrizaron en Chimoré, el bastión de Evo Morales, para entregar armamento, avionetas, un hércules y equipamiento a fuerzas tácticas con el objetivo de fortalecer la lucha antidroga y el crimen organizado. Este equipamiento bélico aún no ha llegado a San Matías, comentaron uniformados de zona. Wilfredo Peinado, asambleísta por la provincia Ángel Sandoval que tiene a San Matías como capital, dijo que tras los últimos hechos violentos se vio un intenso operativo policial en busca de los sicarios, aunque reconoció que luego de algunos días, el contingente retornó a Santa Cruz y el poblado quedó bajo custodia de unos 50 agentes en las instalaciones que se inauguraron en 2017. En la gran línea de frontera con Brasil existen varias comunidades como Ascensión y San Vicente, además de Las Petas, que forman parte del área rural del municipio matieño. Allí también se han reportado casos de violencia. Informó que presentará un proyecto de ley para la instalación de cámaras de seguridad para, al menos, tener vigilada las zonas céntricas y puestos fronterizos. “Debemos tener un convenio entre el municipio, Gobierno y Gobernación para contar con estos dispositivos. ¿Quién protege al ciudadano? Después estaremos como Colombia, controlado por mafias”, se lamentó el legislador. El 2 de abril, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) inauguró una oficina en el municipio de San Matías, acto que contó con la presencia del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Alpacino Mojica, director del Segip en Santa Cruz, informó que la decisión de habilitar una oficina en ese municipio se produjo pensando en los más necesitados que requieren de una cédula de identidad, por el gasto que implica viajar hasta Santa Cruz de la Sierra. Además, señaló que esta apertura también se da para controlar a los extranjeros mediante biometría y evitar doble nacionalización. “Serán 70 personas que se beneficiarán por día con la cédula de identidad en San Matías. Nos ayudará bastante para mostrar la transparencia y esclarecer muchos casos como en la múltiple identidad y la suplantación”, indicó. Mojica comentó que, a partir de esa habilitación, se desplazarán operativos en conjunto con Migración y la Policía por las zonas fronterizas y localidades próximas al Brasil para realizar el debido control de la legalidad y estadía de ciudadanos brasileños. Para el director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), Franklin Alcaraz, los narcotraficantes han aprovechado la distancia y la falta de comunicación que tiene San Matías con el comando departamental para delinquir, convirtiéndose ahora en un lugar de contrabando de droga y otros ilícitos. “Siempre dije que San Matías es una pequeña ciudad Juárez (haciendo alusión a la ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, donde el narcotráfico asentó sus raíces). Lo mismo pasa acá, los narcotraficantes aprovecharon muchas ventajas”, indicó. Además, hay el temor que esa región cruceña se convierta en un centro logístico para las bandas del crimen organizado. (El Deber)

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