Venezuela

El próximo viernes 10 de enero, en medio de enormes tensiones políticas, Nicolás Maduro planea jurar para un tercer mandato sin que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral hayan sido publicados. La página web del organismo, casi seis meses después de haberse realizado los comicios, sigue sin funcionar, supuestamente producto de un ataque informático. Por esta opacidad que ha cubierto las elecciones del pasado 28 de julio y, en general, por las violaciones de derechos humanos registradas durante el proceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), ha señalado que no puede considerarse que “la reelección de Maduro goza de legitimidad democrática”, según recoge un informe difundido este martes. El documento resalta que las prácticas de represión sobre más de 300 manifestaciones surgidas a raíz de la opacidad electoral y las denuncias de fraude, constituyen terrorismo de Estado. “La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes. Entre las violaciones documentadas están: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas, y un sinfín de violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión”, enumera la CIDH que pide formalmente en este informe al Estado venezolano visitar el país para constatar la situación y el cumplimiento de una serie de recomendaciones. De acuerdo con la CIDH, el Gobierno de Venezuela “ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”. Esto llevó a “proclamar ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia”. El informe recuerda que el CNE suspendió las auditorías posteriores al proceso electoral y se ha negado, hasta el momento, a publicar las actas de votación que respaldan los resultados anunciados. “Anticipando un fraude electoral, la oposición recopiló más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional, con el objetivo de asegurar transparencia y credibilidad de los resultados de la contienda. La totalización de los votos contenidos en estas actas daría la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con un 67% de los sufragios”, recoge el informe sobre la estrategia opositora. Estas denuncias se suman a las ya presentadas por el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, que participaron como observadores del proceso dentro del país y concluyeron que las elecciones no podían considerarse democráticas, y a las de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que alertó sobre la reactivación, con más fuerza, de la maquinaria represiva del chavismo luego de las elecciones. La tensión está a máximo nivel esta semana en Venezuela. El opositor Edmundo González ha empezado una gira por América Latina, y este mismo martes continúa en Washington donde ha estado con el presidente Joe Biden. La intención del dirigente es regresar al país para hacer valer el escrutinio que recogen 80% de las copias de las actas oficiales que sus testigos recogieron el día de la elección y en las que se da ganador. También ha dicho que planea reencontrarse con los venezolanos que votaron por él, luego de haberse ido al exilio en España en septiembre por las amenazas de cárcel que siguen vigentes. La líder María Corina Machado, desde mensajes grabados en la clandestinidad, ha llamado a una manifestación en las calles para el jueves 9 de enero, un día antes de la fecha de la toma de posesión. A la par, el chavismo se ha blindado con su pie de fuerza militar y policial. Ha incrementado la presencia de funcionarios armados en el país y, con ello, la sensación de miedo entre la ciudadanía, y desafía a la oposición llamando a sus militantes a las calles para el mismo día. Los niveles de represión denunciados han aumentado el expediente de violaciones de derechos humanos de Maduro y lo han llevado a otorgar durante las últimas semanas medidas de excarcelación a centenares de los más de 2000 presos que acumularon luego del 28 de julio, incluidos decenas de menores de edad. Pese a las medidas de libertad condicionada, las detenciones y la persecución no han cesado. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha dicho que hay más de 125 ciudadanos extranjeros presos por estar supuestamente involucrados en “planes de desestabilización” contra el Gobierno de Maduro. La CIDH resalta que “la crisis política y derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”. Añaden que, en el caso venezolano, esto ha facilitado “el establecimiento de un régimen de facto” y que las circunstancias que rodearon la elección del pasado 28 de julio implican una alteración grave del orden constitucional. En el informe piden a la comunidad internacional a “mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia” en Venezuela. (EL PAÍS)

La Misión de Naciones Unidas para Venezuela acusó este martes al Gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La Misión de determinación de hechos de la ONU publicó un informe de 158 páginas en el que describe serias violaciones a los derechos humanos, cometidas por organismos de seguridad y grupos civiles armados contra la población en el contexto de una oleada represiva tras la celebración de los comicios, cuyos resultados son disputados por la oposición y la comunidad internacional. El informe, que abarca el periodo comprendido entre el primero de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, detalla que se cometieron asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, violencia sexual y de género. Pese a que la Misión de la ONU para Venezuela ya ha hecho este tipo de señalamientos en el pasado, es la primera vez que apunta a una ampliación del perfil de las víctimas, que en esta ocasión —según señala— incluyó no solo a opositores y disidentes, sino a población en general, entre la que se incluyen niños, niñas y adolescentes. Según la ONU, las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes. Además, señala como responsables al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El mandato de la misión fue prorrogado el pasado 11 de octubre por dos años más, con 23 votos a favor, 18 abstenciones y seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam). Participación del Estado en pleno Pero la Misión de la ONU no solo señala a los organismos y cuerpos de seguridad de implementar políticas represivas y violatorias de derechos humanos. También apunta a las máximas autoridades del Estado: Las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia También indica que instancias del Estado participaron de manera activa en estas acciones, que buscaban acallar a la disidencia y sofocar el descontento tras el anuncio de resultados electorales.  El informe señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”; el Parlamento venezolano —la Asamblea Nacional— cumplió un papel que fue “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”; y finalmente, el sistema de justicia, o Poder Judicial, que continuó actuando de manera sesgada y “siguió operando con falta de independencia”. En el contexto electoral, los abusos también fueron sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”, indicó. Según datos de la ONG local de derechos humanos Foro Penal, el número de “presos políticos” en Venezuela llegó a 1.916 a nivel nacional. Setenta de los detenidos tienen entre 14 y 17 años. Desde el 29 de julio, un día después de las elecciones, 1.784 personas han sido detenidas en Venezuela, según Foro Penal, que podrían enfrentar cargos de “terrorismo” o “incitación al odio” y entre 10 y 30 años de prisión. Detenciones, amenazas y muertes El informe también documenta las circunstancias en las cuales se cometieron cientos de detenciones consideradas arbitrarias, así como la desaparición forzada de estas personas sin que sus abogados o familiares conocieran durante días o semanas su paradero o centro de detención. También se acusa al gobierno de dirigir campañas de intimidación y persecución a la disidencia, y contra civiles por participar en actos de la oposición. La misión, que es presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y que también integran el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, destaca que las campañas contra la disidencia “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”. Entre las violaciones de derechos humanos que destaca el informe figura la detención en el periodo postelectoral de 158 menores de edad “acusados de graves delitos como terrorismo“, detenidos en la mayor parte de los casos sin informar a sus familiares o a abogados, por lo que permanecieron incomunicados durante días. Además, se detalla que ocurrieron al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad, durante los primeros días de protestas electorales. Al menos ocho de estos incidentes ocurrieron durante manifestaciones, en las que las fuerzas de seguridad del Estado o grupos de civiles afines al Gobierno hicieron uso de armas de fuego. También se denunciaron numerosos casos de torturas y de violencia sexual. Estos últimos no sólo contra detenidos sino también mujeres y niñas, que habían acudido a centros de detención para visitar a sus familiares. Las torturas incluyeron “puñetazos, golpes con planchas de madera o con botes envueltos en espuma, descargas eléctricas incluso en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño“, precisa el documento. (FRANCE 24)